Asambleísta del partido Social Cristiano, Dennys Marín, integrante de la Comisión de Soberanía e Integración y Relaciones Internacionales: Comparto con la ciudadanía el clamor de que este organismo sea totalmente eliminado, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, (CPCCS), es un organismo que busca tener representatividad ciudadana, pero realmente no representa a nada. Para qué seguir manteniendo un organismo que genera un gasto público. Dentro de la Asamblea Nacional se constituyó una Comisión Multipartidista para la revisión de las enmiendas constitucionales. En caso de esta acción de selección de autoridades, vuelva al legislativo, debemos buscar el camino para que haya un control, para que no sean elegidas a dedo. Hay que establecer los mecanismos de control para que el organismo que tenga la competencia de designar estas autoridades, lo hagan de manera transparente, colocando las personas que realmente puedan ejercer estos cargos. Nosotros siempre hemos sido coherentes con lo que decimos y con lo que hacemos y siempre hemos dicho que nunca vamos a estar a favor de una ley que perjudique al ecuatoriano. Dentro de las revisiones que hemos hecho, en revisión a esta ley hemos notado unos impuestos que aparecen de manera escondida, voy a ilustrar con unos ejemplos. A la tecnología se le quiere poner impuestos, en el país hay cerca de 11 millones de líneas prepago, a nivel de pospago, casi 5 millones, se les quiere poner el impuesto a los que tienen plan, planes de 10 dólares, de 8 dólares, afectaría a 5 millones de ciudadanos. Mientras más se castiga al pueblo ecuatoriano con impuestos, menos recauda el estado. Voy a citar otro tema que trae estas medidas. Me he reunido con el gremio de contadores, una de las medidas de esta reforma es que un grupo de micro empresas no tenga la obligatoriedad de llevar la contabilidad, eso significa que no se les contrate como profesionales y afectaría de manera directa a la recaudación de impuestos. Si no tiene control contable de su ingreso y no se registra su utilidad y esto también afecta a los trabajadores del país porque no van a recibir el 15% de su utilidad. No vamos a apoyar en este tema algo que afecte la economía de los trabajadores y dañe el crecimiento del país. La semana pasada se realizó un informe preliminar que bajo comparecencia que tiene que periódicamente tener ciertas personas públicas, los hizo la ministra de Gobierno, María Paula Romo y el ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, hay mucho más que investigar en qué fue lo que ocurrió, voy a tener que investigar las cifras, que me pareció un escándalo que vivió el país. Primero, se tuvieron más de 1500 heridos durante las protestas, 400 policías y militares retenidos en diferentes lugares del país, también podemos citar a periodistas que fueron retenidos, agredidos, uno de ellos fue el periodista de Teleamozonas. Otras cifra fueron los vuelos cancelados en el país, pérdidas de cerca de 80 millones de dólares, la afectación en la educación, daños en el patrimonio, personas que no pudieron atender su salud, personas que no pudieron hacer turismo, son cifras que no se han podido cuantificar, por un decreto que no tuvo las medidas compensatorias, no se socializó con los diferentes sectores, para buscar alternativas de compensación. Esto ocasionó una protesta legítima, pero no pacífica. La Comisión Especializada que se conformó tiene que investigar y determinar responsables políticos, determinar si un ministro u otro tiene responsabilidad y serán sancionados. Igualmente las personas que estuvieron involucradas y enviarlos a Fiscalía para que determine los indicios. No se trata de que se quede en impunidad lo ocurrido. Esto no es muy rápido, pero se hará. A las comparecencias acudiría el director del Centro Estratégica de Inteligencia, para que sirvan de insumo a esta Comisión. En cuanto a la suspensión del sueldo a los asambleístas refugiados en el consulado de México digo: El salario se lo gana trabajando, el que nada debe, nada teme.