Monitoreo Asamblea Nacional del Ecuador

ENTREVISTA VICENTE TAIANO, ASAMBLEÍSTA POR EL PSC-MG TEMA: COYUNTURA POLÍTICA Y AGENDA LEGISLATIVA

ENTREVISTA: LOURDES CUESTA, ELIZABETH CABEZAS Y RAFAEL OYARTE - FORMULACIÓN DE JUICIOS POLÍTICOS

PEDIDO DE JUICIO POLÍTICO CONTRA LA MINISTRA DEL INTERIOR - DEBATE DE PROYECTO DE LEY ANTICORRUPCIÓN Y PROTECCIÓN DEL DENUNCIANTE

PEDIDO DE JUICIO POLÍTICO CONTRA LA MINISTRA DEL INTERIOR - DEBATE DE PROYECTO DE LEY ANTICORRUPCIÓN Y PROTECCIÓN DEL DENUNCIANTE

Entrevista a Fernando Flores, asambleísta del Movimiento CREO y presidente de Asuntos Internacionales. Tema: Los procesos deben seguir en el ámbito judicial, sin la intervención de la estructura Legislativa. El entrevistado nos comenta que la inmunidad Parlamentaria no sirve para tapar los hechos ocurridos cuando no se está en funciones, por tal motivo no es procedente levantar esa inmunidad ya que la misma para el delito que se está investigando el asambleísta Viviana Bonilla no se encontraba en funciones, por tanto la justicia ecuatoriana puede continuar con sus investigaciones; dijo que se debe recordar que la separación de poderes es muy importante y se debe enviar un mensaje que la Asamblea Nacional siempre va actuar de acuerdo a lo que diga la Constitución, la Ley Orgánica, la función Legislativa para que se mantenga la separación de poderes y el encubrimiento no sea materia de discusión, todos los ecuatorianos siempre deben estar sometidos a lo que diga la disposición legal y dar la cara frente a la justicia, pero siempre manteniendo el derecho a la defensa y la asambleísta tendrá la oportunidad de defenderse como corresponde. Señaló que es muy importante que la jueza penal, Daniella Camacho, envíe la solicitud a la Asamblea Nacional para que el procedimiento que se va a seguir sea el correcto, no se aleguen fallas al procedimiento y al final se logre la justicia. Manifestó que el correismo hizo un buen trabajo en ocultar los gastos desmedidos de las campañas y lo que más llama la atención es que el sector privado esté involucrado en esto, donde grandes empresas y contratistas del estado ecuatoriano se encuentren asociadas a este gran chantaje y manipulación. Indicó que Rafael Correa dijo en alguna ocasión que la metida de mano en la justicia era necesaria para poder cambiarla y se termino con un control absoluto por parte del Gobierno de Correa, cuando todo tenía que pasar por sus manos y ser reconocido por él, resalto que por eso hoy en día se reconoció como se manejo la gran mafia de Alianza PAIS, en el tema electoral y de corrupción. Flores menciono que cuando se tiene un desplazamiento tan grande, como lo está sufriendo Venezuela, se debe recordar que es una migración forzosa huyendo de la dictadura de Nicolás Maduro y ven como mejor opción el Continente Sub-Americano, muchos acudieron a Chile, Perú y Ecuador, dijo actualmente en Ecuador tiene 330.000 ciudadanos venezolanos regularizados y más de 200.000 que no se encuentran regularizados, manifestó estar de acuerdo con el Decreto que dio el presidente, Lenin Moreno, recordando que la Constitución garantiza derechos y reconoce la libre movilidad; dijo que a través de la reforma de la Ley de de Movilidad Humana ya se ha reformado con una propuesta de 25 reformas, hoy se tomará lo que envió el Ejecutivo para el análisis tanto de la Comisión como el resto de los 137 Legisladores; señaló que ayer el presidente de la Asamblea Nacional, Cesar Litardo ya difundió el documento, están a la espera de los Legisladores de los distintos partidos políticos y les hagan llegar sus observaciones, comentarios y propuestas, para iniciar el primer debate en el Pleno de la Asamblea.

Entrevista a Marcelo Simbaña asambleísta del movimiento CREO. Tema: Propuesta de la asamblea a la jueza Daniella Camacho para enjuiciar a Viviana Bonilla, Rafael Correa y Jorge Glas dentro del caso sobornos 201-2016. Una vez tomada esta decisión que sigue en ese proceso? Respuesta: El procedimiento normal según las leyes ecuatorianas, tendrá que llamar a competencias y asistir a los llamamiento de la justicia y en caso de conseguir los documentos comprobatorios que puedan culpar al señor ex presidente y ex vicepresidente. Pregunta: ¿Del lado legislativo hay alguna posibilidad que el correísmo pida reconsideración de esto que se ha decidido? Respuesta: Claro, cabe porque es una potestad bajo los artículo de la Ley Orgánica de la Función Legislativa se puede hacer en la misma sesión o en la siguientes deben estar los asambleístas que votaron es decir que los 68 voluntades que tuvieron la votación debe estar presente. Ha pasado esto que una autoridad judicial en un proceso en cuanto un funcionario va y pide permiso a la asamblea si ya ha pasado esto antes porque no se presenta un jurisprudente? Respuesta: Lo que pasa es que hay vacíos en las normas, sucedió cuando se presentó el juicio político a Jorge Glas entonces se pidió la casación a la asamblea algo parecido sucedió en el caso con el asambleísta Washington Paredes pero el si estaba en el ejercicio de funciones la ley es clara, dice que los asambleísta pueden gozar de inmunidad, en el tema de una autoridad a nivel de presidente ya hubo el precedente este, y en los ajustes que se está haciendo en la reforma de la Ley Orgánica de la Función Legislativa se deberá tomar en cuenta estos elementos que han generado cierta duda, pero más allá de un análisis los operadores de justicia quieren estar seguro de las variantes y no se trata de ciertas personas que han ocupado importante cargo en ese sentido se debe hacer un análisis en sentido común y práctico. Realmente la ley era muy clara y no hay que divagar en esto, en el caso de Viviana Bonilla es muy clara y más sobre la inmunidad y hay una interpretación pragmática y por eso se devuelve el trámite explicando lo que le acabo de decir. Cómo avanza el juicio en contra José Tuárez y otros 3 miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).

El canciller de la República, conjuntamente con la ministra del Interior, remitieron a la Asamblea Nacional, un proyecto de reformas a la Ley de Movilidad, esto en el marco del anuncio del Presidente de la nación, Lenín Moreno, en cuanto a la regularización del pueblo venezolano; el asambleísta Fernando Flores, de las filas de CREO, y presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales, el Dr. Alfredo López, de la Asociación Civil Venezolanos En Ecuador, (ACVE) y Elena Graterol, fundadora de la ACVE, en diálogo sobre el alcance y expectativas de estas reformas. En un primer momento, Flores, recordó que Ecuador es un país de migrantes, "tenemos casi 3 millones de compatriotas fuera de nuestras filas y en Venezuela existe una comunidad que supera los 250 mil ecuatorianos". López, apuntó que el Decreto 826, era necesario, porque la comunidad de venezolanos desea estar regulares en el país. Graterol, refirió que se encuentran en un proceso de expectativa, en pro de saber cuáles serán los mecanismos de diligencia, "una gran cantidad de ciudadanos aplicaban a la visa UNASUR". Referente a las declaraciones de la ministra del Interior, María Paula Romo, la cual indicó que las reformas van en la línea de minimizar los plazos de tiempo cuando un venezolano comete alguna infracción, el legislador dijo que "hay que premiar al ciudadano extranjero que ingresó por los caminos regulares...pero sabemos que el dictador Nicolás Maduro, dentro de las filas de la migración, que vino a Ecuador, Chile y Perú, mandó delincuentes", aunado apuntó que es relevante la visa humanitaria, ya que se podrá llevar un registro, además de poder cotejar con la data de Interpol. La fundadora de la Asociación, indicó que aún existen empresarios que vulneran los derechos de las personas necesitadas de trabajo, "son elementos que afecta el incremento de la economía informal". "En Venezuela estamos acostumbrados a que nada funcione a nivel de Estado, y en Ecuador guste o no, las leyes marchan y existen mecanismos para denunciar", acotó Fernando Flores, quien plasmó que la crisis humanitaria de país revolucionario se venía denunciando, "tarde o temprano nos iba a resultar un daño colateral". La fundadora de la Asociación, trajo a colación que "hay 30 mil niños venezolanos en el Ecuador y sólo 12 mil están en el sistema educativo". "Estas reformas afianzará a los que tienen su propósito lo más arraigado y está propiciando la movilidad para aquellas personas que no tienen la consecución de todos los requisitos", enfatizó Alfredo López. Finalmente, el asambleísta, conversó sobre la necesidad de contar con asociaciones de ecuatorianos, "principalmente migrantes retornados, porque la vivencia de quienes hemos estado afuera es relevante, igualmente invitaremos al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y a una de las asociaciones de venezolanos para que emitan su criterio", de igual forma subrayó que el presidente de la Asamblea César Litardo, está comprometido en darle el marco jurídico a estas disposiciones. Por su parte la educadora, culminó manifestando que "Ecuador le ha permitido estar dentro del proceso de incorporación", se hizo ahínco en el respaldo del embajador de Venezuela en Ecuador, René De Sola.

Entrevista a la asambleísta Lourdes Cuesta. Tema: denuncia sobre el uso personal de los bienes del Estado. A través de un oficio a la Contraloría General del Estado se pedía que se investigue el mal uso de bienes públicos y la posibilidad de que esto vaya y esté atado a la movilización de Iván Granda y María Paula Romo, para comenzar, Cuesta cuenta que los padres de Granda tienen un domicilio al lado del de la mamá de José Serrano entonces explica que esto se da tras una insinuación fue por el lado de que él le pudo entregar información por lo que el periodista Carlos Vera está equivocado y cuenta que el mismo señor Iván Granda dijo que no conocer que vivía al frente pero es mentira porque el padre de Serrano fue su profesor en la universidad entonces muchas veces, momentos, la gente de Alianza País y Rafael Correa estuvieron allí. Sobre este tema, Cuesta dijo que llega la información a su despacho denuncias por parte de personas que tienen miedo y ante esto, cumpliendo la ley, lo que hizo fue trasladar esta información al ente competente para revisar el buen uso de los fondos y los bienes públicos pero este oficio de la Contraloría General del Estado se filtró en redes sociales. Cuesta explica que todo este revuelo se arma la ministra como el secretario Anticorrupción, porque la primera dijo que hubo mala fe pero el secretario salió a decir que sí utilizaron el Aeropolicial porque no tenían dinero, entonces, entre ellos dan declaraciones contradictorias. La asambleísta cuenta que ningún funcionario público puede haber uso de los bienes del Estado como mejor crea y si se ingresa a la página de Aeropolicial, se verá los fines específicos que tienen este tipo de aeronave, en ningún lado se pueden trasladar pasajeros pero aquí se habla que se fueron por feriado con sus hijos menores de edad. Cuesta cuenta que han firmado asambleístas de la Revolución Ciudadana, Partido Social Cristiano, SUMA, independientes para interpelar a la ministra María Paula Romo y explica que Roberto Gómez y su persona están presentando esta solicitud de juicio político. Para terminar, Cuesta cuenta que lo que se quiere que quienes estén en el gobierno sean personas capaces de responder a los ciudadanos y cubrir las necesidades que tenga el país.

Entrevista a Lourdes Cuesta, de Creo. Tema: juicio político a la ministra María Paula Romo, su viaje con Iván Granda. Cuesta comienza su intervención expresando que con Roberto Gómez, es la proponente del juicio, se tienen las firmas suficientes para presentar la solicitud que se basa en el incumplimiento de funciones, no solamente por el mal uso de los bienes públicos, en este caso los helicópteros de la Policía Nacional, sino por lo referente a la crisis carcelaria, se espera que se califique por parte del Consejo de Administración Legislativa y contar con los 91 votos que se necesitan en la Asamblea Nacional, al momento se tienen firmas de varias bancadas por lo tanto se podría contar con ese apoyo, el incumplimiento que se da es claro, adicional a esto ha sido mentira tras mentira porque cuando llega la información a su despacho se tiene que actuar con los entes correspondientes, se envió a la Contraloría General del Estado y la ministra calificó de mala fe diciendo que había estado el 2 de marzo en la llegada del presidente Juan Guaidó, negando la información, pero la información hacía referencia a 3 y 4 de marzo, habló de la seguridad, que no es lo que se cuestione, se cuestiona el uso de un bien público para un feriado planificado, es muy grave esta situación, hay que recordar el accidente que tuvo una ex ministra en un helicóptero de las Fuerzas Armadas, la ley debe ser para todos. Cuesta argumenta que hay varias pruebas que se van a presentar dentro del proceso, el incumpliendo de funciones en temas de seguridad, si el secretario anticorrupción ha dicho que la Policía Nacional no puede garantizar su seguridad, entonces hay que pensar en manos de quién estamos los ciudadanos, está el tema de la crisis carcelaria. Se culmina exponiendo que cuando califique el Consejo de Administración Legislativa va a depender del tiempo que se tome el presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, esperando que sea tan diligente como ha sido en estos dos últimos juicios políticos; mañana se tendrá el tratamiento del segundo debate del Código Orgánico Integral Penal que no llevará menos de 5 o 6 sesiones, entonces no por acelerarlo se deben hacer las cosas con apuro.

El asambleísta manabita independiente, Carlos Bergman, del Movimiento Unidad Primero, se refirió a varios anuncios en la Asamblea Nacional AN. el movimiento hizo alianza para varios trabajos con Alianza País, pero no tiene ninguna relación con este movimiento. Existen tres pedidos de juicio político contra el Ministro de Finanzas, Richard Martínez, uno Joffre Poma, de la bancada de Revolución Ciudadana y Raúl Tello, presidente de la Comisión de Participación Ciudadana, y ahora el asambleísta Bergman, en representación de la Comisión de Soberanía Alimentaria, Acuacultura y Pesca, han realizado varios llamados al ministro y este no ha asistido a ninguno de ellos, pero otra comisión lo llamó solo una vez y si asistió, y adicionalmente es el presidente de la Junta de Política Económica del Ecuador. Ayer, llegaron varios representantes el sector agropecuario-productivo, a consultar sobre la tasa de interés, que para ellos es una tasa muy pequeña, pero para el sector de pequeños productores la tasa es del 22% y la intención era consultarle al ministro sobre esta diferencia. El hecho de no haber asistido a ninguna de las convocatorias, es un causal de juicio político. Joffre Poma, plantea entre una sus razones, que no se han hecho las asignaciones presupuestarias a los Gobiernos Autónomos Descentralizados de la Amazonía y exigir atención a los jubilados, que llevan más de una semana en huelga de hambre y para ello se ha planteado una solución, que el secretario Juan Roldán también lo dijo, y es plantear una reforma tributaria o una contribución especial. Como parte de la Comisión de Régimen Económico y Tributario, durante el 2017 y se trató el presupuesto y se aprobó una partida para pagar a los jubilados de aproximadamente 360 millones de dólares y la Asamblea Nacional AN, a pesar de que el Ministerio de Finanzas, envió la proforma del 2019, solo 200 millones, en la AN se resolvió mantener el monto anterior y esto no se ha cumplido. Hay sectores, que han cuestionado la solicitud de juicio contra el ministro, Pablo Zambrano, presidente de la Cámara de Industria y Producción, quien señaló que sería un golpe contra la democracia. Roque Sevilla, ex alcalde de Quito, señaló como injusto el inicio de juicio político contra el ministro de finanzas. Estas posiciones, son respetables, pero, se debe revisar lo que decían en años anteriores sobre los ministros de finanzas. El pedido de juicio es por parte de la Comisión, quien deberá enviar la solicitud al presidente de la AN. en cuanto al respaldo de las bancadas: Partido Social Cristiano, CREO, en este caso, por ejemplo, Martínez apoyó la candidatura de Guillermo Lasso, se presenta difícil este apoyo, pero, el hecho de iniciar un proceso de juicio político, no significa que ya este condenado, una vez que el CAL lo califique, pasa a la Comisión de Fiscalización, donde debe presentar sus pruebas y descargos y si lo determina la comisión, iría a juicio, esto simplemente es un proceso político. En relación al juicio contra la ministra del Interior, María Paula Romo, dentro del marco democrático, tanto ella como el secretario anticorrupción están sujetos a fiscalización, hace unos días fue dado de baja el general Espinoza, de la Policía Nacional PN, por utilizar una aeronave de Aeropolicial, entonces, no hay ninguna diferencia. En otro tema, la discusión sobre la palma, esto se está discutiendo en la comisión, el ministro de Agricultura, Javier Laso, compareció en la comisión, hace varias semanas, que además de ser técnico es productor y esto hay que aprovecharlo para sacarle provecho al tema del agro en el país.

Según la asambleísta Johanna Cedeño, hay que aclarar cuáles fueron los procesos que llegaron a la comisión en un juicio político presentado por el asambleísta Fabricio Villamar, luego el segundo juicio político presentado por el asambleísta Raúl Tello los cuales llegaron a la misma fecha y la decisión inicial de la comisión fue unificarlos, dentro de este proceso se establecieron las pruebas de cargo y descargo y en ese proceso que termina el 3 de agosto es que ya se ha recibido por los interpelados y las pruebas de cargo y de descargo que ellos han solicitado nuevas comparecencia, está pendiente convocar algunas otras personas que se solicitaron como expertos por el lado de los interpelados con los interpelantes. Asimismo la asambleísta señaló que les interesa que el proceso no se interrumpa, la respuesta que necesita el país es dejar resueltos esos temas, cumplir con el debido proceso dentro de los plazos establecidos y en ese sentido se ha solicitado plazo para que la vacancia puede decidir, la ley es clara en el caso de juicios políticos y eso es algo positivo, lo importante es que la comisión pueda cumplir con sus tratos y les gustaría demorarse un mes máximo.Por otro lado Cedeño manifestó que tienen que garantizar el debido proceso y el derecho a la defensa que tienen las autoridades, en la comparecencia plantaron que dentro del debido proceso a ellos les corresponde presentar pruebas testimoniales, han llegado documentos luego de la comparecencia y hasta el día sábado podrían estar receptando nuevos documentos, ahora no se puede valorar porque la valoración de las pruebas es el proceso siguiente, se sentarán a analizar las pruebas de cargo y descargo y luego poderlas valorar. También indicó que había una tónica en los consejeros insistiendo que fueron elegidos por el voto popular y que es el pueblo quien debería sacarlos de sus cargos o destituirlos, considera que se confundió un poco el proceso pero al final algunos consejeros hicieron la reflexión real del caso, lo que les interesa es que los consejeros aprovechen el espacio para descargar.Finalmente acotó Cedeño que la ley es clara y el CAL solo califica textos formales y es la comisión de fiscalización la que le corresponde fiscalizar ciertos elementos del juicio político, lo que se busca es garantizar el debido proceso, todos son inocentes hasta que no se compruebe lo contrario, se le pidió a la fiscalía que les permita continuar con esos procesos que llevan hasta ahora para poder llegar a la verdad, la carga dentro de la asamblea está a todas luces la comisión ha tenido 32 sesiones y ha sido fuerte el trabajo.