Monitoreo Asamblea Nacional del Ecuador

El asambleísta de CREO, Roberto Gómez, se refirió al juicio político contra el ministro de finanzas, Richard Martínez. Se requieren 90 votos para este planteamiento, para el Consejo de Participación Ciudadana CPCCS, eran 60. Un juicio político, es una opción, herramienta legal que tienen los asambleístas como función de fiscalización, para remover del cargo a un funcionario que constituye un entorpecimiento del normal desarrollo de la nación o de la vida de los ciudadanos, ya sea por incumplimiento de funciones, por hacer cosas indebidas y la pena es la remoción del cargo y no poder ejercer ejercicio público durante dos años. Quienes impulsan el juicio (la oposición) iniciaron con 22 votos y nunca fue determinante para iniciar una tarea, este proceso impulsado por Raúl Tello, tienen que ver con el incumplimiento de la palabra del ministro, en relación al pago a los maestros jubilados, pero al ver que el gobierno tiene huecos como TAME, pérdidas por casi 400 millones, el tema de la corrupción y quieren pagarles a los jubilados por bonos, entonces se tomó la decisión de plantear el juicio político. Gómez, piensa que si van a obtener el apoyo de los votos para la realización del juicio, poniendo como ejemplo, el juicio contra el vicepresidente de la república, que llegó un momento que hasta la Corte Constitucional lo apoyó. El problema de los políticos es que, no cumplen lo que ofrecen, en segundo lugar, cuando la Ministra del Interior, que es llamada a ser buen uso de los recursos públicos y el secretario anticorrupción, usan el avión de la Policía, porque dicen que no tienen dinero, ellos no están cumpliendo con su tarea y continúan en sus cargos, por ejemplo, la moral manda a que ellos renuncien. Entonces el uso de juicio político no se desgasta, sino, que es necesaria su utilización.

Lourdes Cuesta, asambleísta, indica que tienen en cuenta que son vehículos de patrullaje, son helicópteros en este caso, que están solo para ciertos casos no para transporte de pasajeros, y peor aún ciertos temas como privados, porque si Roberto Gómez y yo habíamos dado declaraciones al respecto, lo que hicimos es recibir esa información al respecto y como es mi caso como funcionaria publica remití esa información que es lo que me manda la ley, fue la ministra en primera instancia quien califico de mala fe la solicitud de Contraloría diciendo que había estado en Salinas el 2 de marzo por el evento del presidente Guaidò. Posterior a eso, obviamente muchos aclararon que la información que se requería no era ni al 2 de marzo, sino al 3 y 4 de marzo feriado de carnaval. Posterior a eso, Granda afirma que como no tiene plata, se ha trasladado a casa blanca y la ministra dice ahora que no hay plata. La parlamentaria asegura que los funcionarios habrían hecho uso arbitrario de la aeronave Beechcraft King Air y helicóptero Airbus B2, perteneciente al Servicio Aeropolicial de la Policía Nacional, siendo trasladados por temas no oficiales, sino personas, específicamente para vacacionar en el club. Según la normativa vigente, Granda de no es susceptible a juicio político, pero Romo sí, por lo que desde el pasado 23 de julio, Cuesta y el también asambleísta Roberto Gómez (CREO) emprendieron la recolección de firmas para que se le abra el proceso a la titular de Interior.

Entrevista: Roberto Gómez - juicio político en contra de María Paula Romo. Hay un proceso de juicio contra Romo, no contra Iván Granda por no ser sujeto al mismo, sobre esto, el asambleísta de CREO explica que un juicio político es una herramienta que tiene la legislatura para remover de su cargo a un funcionario cuya permanencia en el mismo constituye un impedimento para el normal desarrollo de la nación y la vida de los ciudadanos y cuando un gobierno insiste en mantener un ciudadano incompetente, que ha causado daños a la ciudadanía y hacen actos inmorales, la Asamblea Nacional puede intervenir y sacar la autoridad. Gómez cuenta que la ministra del interior, al ser responsable políticamente y operativamente de la seguridad de los ecuatorianos pero vemos que hay un fiscal abaleado, asesinado y acribillado, un defensor público baleado hasta cuando un padre de familia recibiera disparos dentro de una escuela, hasta cuando mataron a un concejal, entre otros casos, Gómez cuenta que cuando no se puede prevenir estos casos es una gran incompetencia. El señor Raúl de la Torre, sobrino del contralor, fue detenido llevando $250 mil acompañado de una policía, sobre esto, Gómez cuenta que es un tema que tiene que ver con la ministra del Interior y el funcionario que tenía custodia, entonces como hay muchísimos casos, aquí se escogerán 2 o 3 casos porque si un linchamiento en Posorja en personas estaban en custodia de la policía es más o no relevante que el asesinato de una mujer en vivo por Facebook cuando la ministra después de 1 hora ni se enteró, se pregunta qué pasa. Gómez añade que cualquier ciudadano, cualquier persona que no pueda ver que estamos en crisis de salud y empleo, es alguien que debe tener una grave ceguera y sobre una muerte cruzada para el presidente Lenín Moreno, explica que todos queremos que cada gobierno termine los periodos para los cuales son y por eso, el acuerdo que existió tiene unos hitos importantes, por lo que se opuso y explica que la próxima semana no se censuró a la ex canciller María Fernanda Espinosa porque dentro del acuerdo no estaba la fiscalización entonces cuenta que César Litardo representaba una duda y ante esto, Guillermo Lasso, se ha mantenido coherente respetando su decisión.

Lourdes Cuesta, asambleísta, indica que tienen en cuenta que son vehículos de patrullaje, son helicópteros en este caso, que están solo para ciertos casos no para transporte de pasajeros, y peor aún ciertos temas como privados, porque si Roberto Gómez y yo habíamos dado declaraciones al respecto, lo que hicimos es recibir esa información al respecto y como es mi caso como funcionaria publica remití esa información que es lo que me manda la ley, fue la ministra en primera instancia quien califico de mala fe la solicitud de Contraloría diciendo que había estado en Salinas el 2 de marzo por el evento del presidente Guaidò. Posterior a eso, obviamente muchos aclararon que la información que se requería no era ni al 2 de marzo, sino al 3 y 4 de marzo feriado de carnaval. Posterior a eso, Granda afirma que como no tiene plata, se ha trasladado a casa blanca y la ministra dice ahora que no hay plata. La parlamentaria asegura que los funcionarios habrían hecho uso arbitrario de la aeronave Beechcraft King Air y helicóptero Airbus B2, perteneciente al Servicio Aeropolicial de la Policía Nacional, siendo trasladados por temas no oficiales, sino personas, específicamente para vacacionar en el club. Según la normativa vigente, Granda de no es susceptible a juicio político, pero Romo sí, por lo que desde el pasado 23 de julio, Cuesta y el también asambleísta Roberto Gómez (CREO) emprendieron la recolección de firmas para que se le abra el proceso a la titular de Interior.

Lourdes Cuesta, sobre el juicio a la ministra María Paula Romo, comento que efectivamente con el asambleísta Roberto Gómez, hemos planteado una solicitud de juicio político, tanto por el tema de seguridad y por el mal uso de bienes públicos, agrego que se cuenta con las firmas suficientes para la presentación de dicha solicitud, sin embargo no se hizo el día de ayer porque varios legisladores han querido sumarse con su firmas donde han pedido para firmar entre hoy y mañana. Manifestó que el peculado no merece disculpa, no es unanimidad, es el mal uso de bienes públicos por pequeño que quieran hacer el tema. Agrego que autorizaron un avión de Petroecuador para trasladar a su familia en Salina, lo hicieron renunciar en 24 horas, Cuesta recordó que existe una prohibición que funcionarios públicos puedan utilizar los vehículos en horas no laborables como fines de semanas, "no se diga vehículos aeropolicial de la Policía que tienen fines específicos, a decir el Secretario Anticorrupción, lo utilizan para un feriado planificado porque no tenían plata, dijo Cuesta. indico recordar lo que sucedió con la ministra Guadalupe Larriva, en donde su hija tuvo un fatal accidente, en donde el Estado ecuatoriano le toco preparar a la familia de la ministra Larriva; por otro lado agrego que en la misma fecha hubo un accidente con otro helicóptero aeropolicial de la ciudad de Quito, en el parque Bicentenario, en donde un alto general de la Policía estaba en ese helicóptero con su esposa, y la persona que le dio de baja por el mal uso de bienes públicos fue la Ministra del Interior. Cuesta indico si tenían un feriado planificado sea Salina, Casa Blanca, lo que debieron hacer es tomar su vehículo particular y trasladarse a su destino como cualquier ecuatoriano. Por otro lado sobre las firmas agrego que han firmados las Bancadas Social Cristiano, SUMA, Independientes, correístas y morenistas; manifestó que va depender de cuando el presidente de la Asamblea con el conocimiento del CAL, el juicio político, la solicitud, para su calificación. Indico que puede ser que el proceso se termine para finales de agosto o septiembre si el CAL lo califica de inmediato.Sobre el tema de "Arroz Verde" manifestó que en el caso del expresidente Correa y el señor Glas, no cabe pronunciamiento ni siquiera de la Asamblea, hace más de un año que no se encuentran en funciones, por lo tanto no tienen inmunidad, en el caso de la legisladora Bonilla, aclaro que quiere revisar bien los argumentos que tiene Fiscalía para pedir eso mediante la Corte Nacional, ella si tiene inmunidad siendo hoy legisladora.

Entrevista a: José Serrano (asambleísta) tema. Seguridad y crisis carcelaria. Sobre la sensación de inseguridad en las calles como asambleísta y ex ministro del Interior, cuenta que si no se contextualiza que la policía nacional y el Gobierno Nacional cometió el gravísimo error al desaparecer el Ministerio de Justicia y fusionar el Ministerio del Interior y la Secretaría de la Política y en función de esto, licuaron una serie de competencias que ya en un país de 17 millones de habitantes no se resuelven de la misma manera que cuando teníamos un país de 2 millones. Serrano cuenta que cuando iniciaron la gestión en el 2010 en materia de homicidios y asesinatos, la tasa había llegado a ser de 20 casos por 100 mil habitantes en el país pese a que un personaje que dijo que la Policía Nacional se desinstitucionalizó en el gobierno de Rafael Correa y explica que cuando se terminó la gestión en el 2016, la tasa era de 5,6 casos por 100 mil habitantes, es decir, se pasó de ser uno de los países en una franca pérdida de paz y seguridad a recuperar el control de los ciudadanos en las calles y en las cárceles. Serrano cuenta que antes, para ser oficiales de la Policía Nacional, los parientes e hijos de los mismos oficiales eran los que podían optar por los mismos y explica que en este momento es muy difícil destruir todo un proceso que se construyó durante cerca de 10 años porque en primer lugar, hay un nuevo modelo de gestión, teníamos una policía militarizada y se cambió a una doctrina civil y comunitaria, una policía que vea a los ciudadanos para proteger sus derechos, no que los vea como enemigos, la policía pasó a los barrios entonces este discursos que puede ser algo teórico, tiene un concepto sustentados en las cifras, entonces sin estas cifras, el Banco Interamericano de Desarrollo no estuvieran utilizando algunos de los elementos utilizados en su gestión. Para terminar, Serrano dijo que los ministros y la ministra o el novio y la novia, no usaron la aeronave cuando fueron de Salinas a Casa Blanca como ministros, lo utilizaron como pareja y explica que el juicio político es una herramienta constitucional y legal donde el funcionario tiene la posibilidad de ejercer su defensa, pero aquí las falencias son grandes y explica que votará en contra de la autorización de quitar la inmunidad parlamentaria a Viviana Bonilla.

Tema: negociaciones entre los jubilados y el ministro de economía, Richard Martínez.

Castanier, luego de saludar y agradecer, afirma que estuvieron más de cuatro horas intentando encontrar un consenso para poder levantar la huelga que hoy cumple 9 días y que ya ha llegado a situaciones de quebranto de salud de seis de los que iniciaron la huelga de hambre, por lo que se necesita una solución de inmediato; Castanier como presidente de la comisión ocasional que se creó para velar por el cumplimiento de las obligaciones del estado, recibieron un documento que envió el ejecutivo por parte del ministro de economía, Richard Martínez, que constaba de ocho puntos, algunos de los cuales eran interesantes como el de acelerar los pagos y pagar en efectivo a los jubilados con enfermedades catastróficas, pero se mantiene que el 60% del presupuesto sería en bonos del estado y a los jubilados no les conviene. Castanier indica que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social no tiene responsabilidad sobre el bono de incentivo laboral, indica que en el 2015 y 2016 la situación se volvió crítica porque el gobierno de Rafael Correa no pagó los incentivos jubilares y se llegó ahora a tener a 22mil jubilados sin pagos en el Ecuador, afirma que la deuda sigue creciendo por lo que la planificación según el acuerdo ministerial reformado recientemente, sea efectiva. Sobre la propuesta de que la ciudadanía contribuya con una tasa para cumplir con los jubilados, Castanier indica que fue propuesta por el gobierno, enviando una ley económica urgente con una reforma legal en la cual se plantearía que por una sola vez se podría realizar un aporte ciudadano, similar a lo ocurrido en el terremoto de Manabí; indica que no se podían comprometer a firmar algo cuando es una expectativa. Afirma que no se trata sólo de los maestros sino de los jubilados del sector de la salud, de la dirección de aviación civil, de todas las funciones públicas, de BanEcuador. El ministro de economía, Martínez, estaba en Cuenca y se conoció que un grupo de jubilados quiso mantener una entrevista con él y recibieron el rechazo de la fuerza policial. Castanier indica que no falta voluntad sino organización por parte de las autoridades, afirma que se debe hacer una priorización y que los jubilados vivan sus mejores años, como lo ha nombrado el Presidente de la República Lenin Moreno. Manifiesta que no considera que una ley vaya a solucionar el problema.

Patricio Donoso, asambleísta por Creando Oportunidades, movimiento CREO y segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, en diálogo sobre la disposición del Consejo de Administración Legislativa (CAL), en donde los presidentes y secretarios relatores de las comisiones del Pleno Legislativo, deberán remitir un informe sobre las convocatorias y asistencias registradas. En un primer momento, reseñó que durante el régimen de Rafael Correa, "en dos minutos se definían todas las dignidades de las comisiones...nadie se quejó, pero hoy día bajo la cara democrática existe mayor participación por parte de los actores de la política y mayor tiempo para discernir". Donoso, indicó que han mejorado la producción legislativa, con la aprobación de proyectos relevantes como la Ley de Aviación Civil, la Ley Eléctrica, la recolección de basura nivel de todos los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), "yo soy el primer legislador de oposición en haber logrado que se apruebe una ley de oposición como es la de los bomberos". Referente a la dinámica de los juicios políticos, refirió que no siempre comulgan con rapidez, caso suscitado con Gustavo Jalk, además indicó que debe existir celeridad en el caso del titular José Carlos Tuárez y demás miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), "el juicio es precisamente el momento idónea para que un funcionario pueda dar a conocer a través de la legislatura sus buenos quehaceres, y la presunción de inocencia siempre está". Mencionó que no puede levantar criterio alguno sobre el juicio político que se está planteando a María Paula Romo. No plasmó juicio alguno sobre las declaraciones de Fabricio Villamar, "lo que haya dicho es responsabilidad de él". Acotó que Jeannine Cruz, interpelante del movimiento CREO, entabló conversaciones con su persona, respecto al juicio. Patricio Donoso, subrayó que no está de acuerdo con un enjuiciamiento al ministro de Finanzas, "el Ministerio de Finanzas, realizó el pago a los jubilados, aquí el problema no es del ministro Martínez...la deuda viene cuando Rafael Correa impidió la cancelación del 40% al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS)". Finalmente, subrayó que hay que firmar acuerdos comerciales con el principal socio que es Estados Unidos, además de ser parte de la Alianza del Pacífico, "hay que reversar lo que hizo Correa...el Ecuador tiene que abrirse al orbe".

Los entrevistados hablan sobre la situación carcelaria del país.

El primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, César Solórzano, se refiere a coyuntura en la Asamblea Nacional.