El Congreso colombiano avanza esta semana hacia el sexto de ocho debates de una reforma constitucional que, de aprobarse, flexibilizaría las normas de transfuguismo político. Esta iniciativa, pensada para aplicarse en la selección de candidatos incluso para las elecciones de 2026 y cada cuatro años subsiguientes, abriría la posibilidad para que los actuales congresistas cambien de partido sin la obligación de renunciar a su curul, como lo exige la ley vigente.

Según el doctor en derecho público, profesor y analista político Ángel Tuirán, esta reforma busca eliminar el impedimento actual que obliga a los congresistas que deseen aspirar a un cargo de elección popular por otro partido a renunciar a su curul con un año de antelación. De aprobarse, se facilitaría el escenario conocido coloquialmente como transfuguismo político, donde actores que militan en un partido podrían cambiar a otro con el que sientan mayor afinidad sin perder su investidura.

Tuirán señaló que estas reformas electorales recurrentes evidencian la inestabilidad del sistema electoral colombiano. Explicó que la norma actual busca asegurar una coherencia ideológica entre el representante y el partido por el que fue elegido. La flexibilización propuesta permitiría a congresistas ejercer su cargo actual mientras se postulan por otra agrupación política para las próximas elecciones.

El analista también mencionó que esta reforma podría beneficiar a partidos como el Verde, que enfrenta diferencias internas y donde una corriente podría separarse para formar un nuevo partido, utilizando esta modificación como una vía para superar las trabas normativas existentes. Asimismo, el Pacto Histórico, en su transición de coalición a partido político único, también podría verse favorecido por esta normativa.

Tuirán recordó el intento fallido de aprobar el transfuguismo en la reforma política impulsada por el presidente Petro y liderada por Roy Barreras, la cual se hundió en el quinto debate en la Comisión Primera del Senado. A diferencia de entonces, el analista sugiere que la cercanía del calendario electoral para las elecciones de Congreso del próximo año podría estar acelerando el debate y la posible aprobación de esta iniciativa, ante la posibilidad de que algunos congresistas vean sus intereses favorecidos.

Finalmente, Tuirán cuestionó la priorización de este tipo de reformas, que calificó de "operativas" y recurrentes, en contraste con otros proyectos de reforma constitucional de mayor necesidad para el país que no logran ser aprobados.

En un Consejo de Seguridad Departamental de alto nivel, que contó con la participación de los ministros del Interior, Armando Benedetti, y de Defensa, Pedro Sánchez, la cúpula militar, el director de la Policía Nacional, representantes del Gobierno Nacional, autoridades judiciales y alcaldes del Atlántico, se discutieron temas cruciales para la seguridad del departamento, incluyendo homicidios, extorsión, hacinamiento carcelario y, de manera prioritaria, la presencia del Clan del Golfo y el denominado plan pistola que afecta a policías y soldados.

José Antonio Luque, secretario del Interior del Atlántico, destacó la importancia de la reunión celebrada en Cacom, donde se abordaron delitos del orden nacional que trascienden la convivencia ciudadana, ámbito de competencia de alcaldes y el gobernador. Luque señaló que, si bien el Atlántico figuraba en el "pódium de los homicidios", las estrategias de inteligencia implementadas desde diciembre por la Policía Metropolitana y departamental, con apoyo de Bogotá, lograron romper esa tendencia, mostrando una disminución progresiva en los índices de homicidios.

En el encuentro, se acordó reforzar las capacidades de inteligencia y policía judicial con 50 funcionarios adicionales, buscando prevenir homicidios a través de la colaboración ciudadana y el trabajo de inteligencia. Se resaltó la prevención de dos atentados del plan pistola contra policías del departamento, donde integrantes del Clan del Golfo fueron capturados en Barranquilla la semana pasada.

El gobernador del Atlántico planteó la necesidad de fortalecer la presencia de la fuerza pública en zonas estratégicas como Siape y Santa Verónica, importantes rutas del narcotráfico. El secretario Luque enfatizó que atacar estas rutas es fundamental para debilitar las rentas criminales de los grupos al margen de la ley y lograr su desarticulación en el departamento.

En cuanto a infraestructura de seguridad, se anunció la reparación del comando de policía de Los Almendros en Soledad, con el objetivo de establecer un distrito exclusivo para este municipio. Si bien la alcaldesa solicitó una metropolitana, se priorizará la mejora de la infraestructura existente con tecnología. Respecto al proyecto de la regional ocho en Puerto Colombia, se informó que se modificará para construir una estación de carabineros metropolitana en un lote donado por el Club Caujaral, buscando fortalecer la seguridad en la zona rural costera del área metropolitana. Se espera que este proyecto, financiado con recursos de la tasa de seguridad y convivencia ciudadana, esté en funcionamiento antes de la finalización del mandato del gobernador Eduardo Verano.

El secretario Luque subrayó que todos los avances en seguridad, incluyendo la dotación de equipos a la fuerza pública, son posibles gracias a la tasa de seguridad y convivencia ciudadana, un recurso local invertido en fortalecer la seguridad y promover la convivencia a través de entornos seguros para jóvenes y niños.

Finalmente, se hizo un llamado a la comunidad a proteger y rodear a la fuerza pública, suministrando información crucial para prevenir actos criminales, especialmente en el contexto del plan pistola, que se ha manifestado en ataques cobardes contra policías en sus días de descanso. Se enfatizó que la seguridad es una responsabilidad compartida entre el Estado y la ciudadanía, y que la Secretaría del Interior está abierta a escuchar e implementar estrategias conjuntas para enfrentar la delincuencia.

El Instituto de Tránsito del departamento del Atlántico fue reconocido a nivel nacional por lograr la mayor reducción de la siniestralidad vial durante el año 2024. Este logro fue destacado por la Universidad de los Andes, la Agencia Nacional de Seguridad Vial y El Tiempo, quienes otorgaron un premio al departamento por disminuir en un 7.5% las víctimas fatales en accidentes de tránsito, lo que significó salvar 22 vidas más en comparación con 2023. El director del Tránsito del Atlántico, Carlos Granados, resaltó el esfuerzo de la administración departamental, liderada por el gobernador Eduardo Verano, para bajar estos índices.

Granados explicó que, a pesar de este reconocimiento por la gestión en 2024, el primer trimestre de 2025 registró un aumento del 5.7% en las víctimas fatales, aunque hubo una disminución en el número total de accidentes. El director atribuyó este incremento, en parte, al alto flujo vehicular durante los precarnavales y el Carnaval, así como a una mayor accidentalidad los lunes y martes en municipios fuera del área metropolitana, relacionada con el esparcimiento nocturno de los habitantes. Sin embargo, destacó que durante la Semana Santa se logró un balance positivo sin accidentes fatales en la jurisdicción del departamento.

Un tema preocupante para las autoridades sigue siendo la alta participación de motocicletas en los accidentes de tránsito, siendo los motociclistas las principales víctimas fatales en lo que va de 2025. Granados señaló que el problema radica más en la conducción que en el vehículo en sí.

Adicionalmente, el Tránsito del Atlántico ha puesto la lupa sobre la creciente circulación de motocicletas eléctricas, cuya regulación aún no es clara a nivel nacional. Estos vehículos, que a menudo se comercializan sin los mismos requisitos que las motocicletas convencionales (sin licencia ni matrícula), representan un desafío para la aplicación de las normas de tránsito. El instituto ha solicitado una consulta a la Superintendencia de Tránsito y Transporte para definir estrategias de control efectivas ante esta nueva realidad vehicular.

Carlos Granados enfatizó la importancia de la operatividad, la educación vial y el uso de tecnologías como las fotomultas para generar conciencia y cumplimiento de las normas, especialmente en lo referente al Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) y la revisión técnico-mecánica, cuya evasión aún es alta. El director agradeció la oportunidad de informar a la ciudadanía y reafirmó el compromiso del Tránsito del Atlántico con la seguridad vial.

La Alcaldía de Soledad intensificará durante este viernes y sábado su jornada de vacunación, con el lema "Tu decisión marca la diferencia". Hoy se realizará una "vacuna nocturna" y mañana la gran jornada nacional de vacunación, con 18 puntos fijos habilitados en diversas IPS y centros de salud del municipio, además de puntos especiales en la terminal de transporte y el aeropuerto. Para el sábado, se habilitarán cinco puntos adicionales en barrios como Nuevo Horizonte, Oasis, Pumarejo, Villa del Rey y Ciudad Camelot, donde también se realizarán actividades lúdicas por el Día del Niño. La jornada de vacunación nocturna de hoy se extenderá hasta las 8:00 p.m.

El secretario de Salud de Soledad, Edison Barrera, informó sobre la emergencia por fiebre amarilla y los barridos que se están realizando en todos los barrios para garantizar la vacunación de la población. Hasta el momento, Soledad ha vacunado a 6.508 personas contra la fiebre amarilla, con una meta de 238.000. Barrera destacó la buena respuesta de la comunidad, con más de 40 colegios y varias clínicas sumándose a la campaña.

El secretario también alertó sobre la presencia de otras enfermedades como sarampión y tosferina. Precisamente, anoche se reportó un nuevo caso de tosferina en el municipio, una enfermedad que se previene con la vacuna pentavalente. Barrera hizo un llamado a los padres a vacunar a sus hijos, recordando la alerta por sarampión debido a la situación en Venezuela. En Colombia se ha reportado un brote de tosferina con más de 100 casos, y Soledad ya suma tres en lo que va del año, algo inusual. Los casos de tosferina en Soledad corresponden a niños menores de 5 años no vacunados o vacunados tardíamente, siendo uno de los casos actual un niño de 2 años hospitalizado en Barranquilla.

Otro tema de preocupación es el aumento de casos de dengue, con 27.000 registrados en Soledad en lo que va del año, superando ampliamente las proyecciones. También se ha observado un incremento de infecciones respiratorias (11.751 casos) y brotes de varicela en algunos colegios. Ante esta situación, se emitió una circular a los rectores con recomendaciones sobre limpieza, higiene, ventilación y el monitoreo diario de los estudiantes, instándolos a enviar a casa a aquellos con síntomas. Barrera recordó que la vacuna contra la varicela también está disponible y gratuita para niños menores de 5 años.

Finalmente, el secretario Barrera enfatizó la importancia de la vacunación y la precaución ante la alta movilidad de personas en Soledad, especialmente en puntos como la terminal y el aeropuerto, donde circulan alrededor de 100.000 personas diariamente, lo que aumenta el riesgo de contagio de diversas enfermedades. Hizo un llamado a la ciudadanía a protegerse y vacunarse.

Tras la declaratoria de emergencia sanitaria a nivel nacional por el Gobierno Nacional ante la alerta de fiebre amarilla, la Subsecretaria de Salud del Departamento del Atlántico, Dra. Olinda Uñoro, explicó las acciones intensivas de prevención y vigilancia epidemiológica que se están llevando a cabo en el territorio departamental.

La Dra. Uñoro señaló que el Atlántico ha estado trabajando en el fortalecimiento de la prevención contra la fiebre amarilla desde finales del año pasado, dada la situación inicial en el departamento del Tolima. Sin embargo, a inicios de abril recibieron instrucciones del Ministerio de Salud para intensificar las medidas de contingencia, lo que se formalizó con la declaratoria de emergencia.

Actualmente, el Atlántico se encuentra clasificado como un departamento de bajo riesgo de fiebre amarilla, al no haberse presentado casos en lo corrido del año. No obstante, se está implementando un plan de contingencia enfocado en fortalecer la vacunación en la población según la edad indicada (de 9 meses a 59 años) como principal medida preventiva. Para personas mayores de 60 años, la vacuna no se recomienda a menos que viajen a zonas de alto riesgo y previa valoración médica. La subsecretaria enfatizó que una sola dosis de la vacuna protege de por vida y no es necesaria la revacunación.

Para quienes no recuerden si han sido vacunados, la Dra. Uñoro mencionó que el Gobierno Nacional está habilitando la herramienta "Mi Vacuna" para consultar los antecedentes de vacunación contra diversos biológicos.

Respecto al riesgo de transmisión en el Atlántico, la subsecretaria explicó que aunque el mosquito transmisor pueda estar presente, si no porta el virus no hay riesgo de casos autóctonos. Sin embargo, dada la condición del departamento como corredor de la región Caribe y receptor de visitantes de otras zonas, existe un riesgo de casos importados, el cual se mitiga con las acciones del plan de contingencia. Se está realizando vigilancia en todos los municipios a través de la red pública y las secretarías de salud municipales para identificar posibles casos, además de la intensificación de la vacunación.

La Dra. Uñoro informó que, a través de las IPS habilitadas, se ha intensificado la vacunación, incluyendo jornadas especiales como la vacunatón nocturna programada para el viernes 25 de abril en todos los municipios del departamento, como preámbulo a la jornada de las Américas. También se realizarán jornadas centrales el 26 de abril y se han desplegado equipos extramurales para la vacunación casa a casa en zonas rurales.

En cuanto a la vacuna contra la influenza, la subsecretaria indicó que aún no está disponible en el departamento, pero se informará a la comunidad una vez se cuente con ella.

Finalmente, la Dra. Uñoro abordó la situación del dengue en el departamento, señalando que se sigue trabajando permanentemente en su control, recomendando la eliminación de criaderos del mosquito transmisor y la consulta médica oportuna ante síntomas, evitando la automedicación. Si bien la prioridad actual es la alerta por fiebre amarilla, el control del dengue sigue siendo una tarea constante en el departamento.

La reciente carta publicada en redes sociales por el ex canciller Álvaro Leyva, en la que alude a una presunta adicción a las drogas por parte del presidente Gustavo Petro, ha desatado una intensa polémica en la esfera pública colombiana. El presidente Petro respondió a estas acusaciones afirmando ser adicto al amor y manifestando su intención de manejar la situación a través de la misma vía epistolar.

Ante la controversia, diversos sectores de la sociedad han solicitado que el presidente se someta a una prueba toxicológica para esclarecer las acusaciones. Para analizar este tema, se consultó al profesor Ángel Tuirán, experto en política y docente de la Universidad del Norte.

El profesor Tuirán señaló inicialmente que la carta del ex canciller podría ser un reflejo de tensiones internas previas en el gabinete gubernamental, recordando señalamientos anteriores hacia figuras cercanas al presidente. Respecto a la acusación de drogadicción, el analista enfatizó que la carta de Leyva presenta una afirmación sin aportar pruebas concretas, como informes médicos o toxicológicos.

Tuirán explicó que, si bien la Constitución colombiana contempla la posibilidad de investigar y juzgar al presidente por faltas, no existe una norma explícita que obligue a un mandatario a someterse a una prueba de toxicología. En el ámbito de la función pública, si se demostrara que un servidor ejerce sus labores bajo los efectos de sustancias psicoactivas, podrían existir sanciones disciplinarias. Sin embargo, la carga de la prueba y la demostración de tal situación son complejas, especialmente si no existen exámenes médicos concluyentes.

El experto también abordó la posibilidad de que el Congreso apruebe una normativa que obligue a los presidentes a realizarse pruebas toxicológicas. Consideró que esta iniciativa tendría poco apoyo, aunque reconoció la importancia de que quien dirige el país esté en pleno uso de sus facultades. No obstante, enfatizó la necesidad de separar cualquier interpretación moralista del debate y centrarse en si ha existido alguna afectación al ejercicio de las funciones presidenciales. En caso de negligencia comprobada en el desempeño de sus funciones, el Congreso, a través de la Comisión de Acusaciones y un posible juicio político en el Senado, podría determinar sanciones como la suspensión o destitución.

Se conoció que el abogado Wilson Ruiz, ex ministro de Justicia, interpuso una solicitud de investigación ante la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes para esclarecer los hechos. Sin embargo, el profesor Tuirán reiteró que, en principio, no existe un marco legal que obligue al presidente a realizarse una prueba toxicológica, tratándose de un ámbito personal. Para avanzar en la investigación, sería necesario aportar pruebas concretas que respalden las afirmaciones del ex canciller.

Finalmente, el profesor Ángel Tuirán también ofreció su análisis sobre la instalación de los Comités Ciudadanos de la consulta popular en Soledad por parte del presidente Petro. Consideró que esta acción es apresurada, ya que el proyecto de consulta aún debe ser aprobado por el Senado. Subrayó que, si bien el gobierno tiene interés en llevar a cabo la consulta sobre la reforma laboral, es necesario esperar la aprobación del Senado. Además, aclaró que la consulta en sí misma no aprobará ninguna ley, sino que consultará la opinión de los ciudadanos, y cualquier marco normativo en materia laboral deberá ser tramitado posteriormente por el Congreso.

La abogada penalista con amplia trayectoria nacional e internacional, Sandra McCollins, presentó oficialmente su precandidatura a la presidencia de la República de Colombia por el partido Digital Colombiano. Esta nueva figura en el panorama político colombiano busca ofrecer una alternativa fresca y con propuestas enfocadas en la lucha contra la corrupción y la transformación del sistema judicial.

McCollins, profesional del derecho graduada de la Universidad Libre de Colombia y abogada de St. John's University en Nueva York, cuenta con experiencia en derechos humanos y una trayectoria de 28 años en el ejercicio profesional del derecho. Previamente, fue candidata al Congreso de la República en 2022 por la circunscripción internacional, defendiendo los derechos de la diáspora colombiana en Norteamérica.

La precandidata expresó que su motivación para aspirar a la presidencia surge de la preocupación por el deterioro de la imagen internacional de Colombia y la necesidad de "ponerse la camiseta" para trabajar por el país. Criticó la actual administración, calificándola de "polémica" y sin avances significativos en la transformación de la política tradicional.

McCollins propone un ataque frontal y profundo a la corrupción mediante la implementación de tecnología para ejercer controles más eficientes en áreas como la salud y la gestión de recursos públicos. En materia de seguridad, aboga por una transformación multidimensional del sistema judicial, que incluya una reforma al sistema penitenciario y programas de resocialización, complementado con el fortalecimiento de las fuerzas armadas con tecnología e inteligencia.

En cuanto al proceso de paz con disidencias de las FARC y el ELN, McCollins se mostró escéptica, prefiriendo un proyecto que permita a estos grupos entender la "real función del sistema judicial" y ofreciendo incentivos judiciales posteriores a la resocialización.

Sobre su candidatura al Congreso por la circunscripción internacional, McCollins destacó su trabajo de 10 años en defensa de los 7.2 millones de colombianos en el exterior, quienes, según ella, se encuentran "totalmente olvidados por el estado" a pesar de su importante contribución a la economía nacional.

Al ser cuestionada sobre su falta de experiencia política tradicional, McCollins argumentó que precisamente se busca sacar a los políticos "corruptos" y dar paso a nuevas figuras. Invitó a todos los ciudadanos a prepararse y participar en la política, sin necesidad de pertenecer a familias políticas tradicionales.

En relación a su representación legal de Carlos Lehder, McCollins aclaró que su labor se centró en aspectos de derecho internacional y derechos de autor para su documental y libro, buscando contar la verdad sobre su historia y enviar un mensaje de no repetición a los jóvenes.

Finalmente, McCollins hizo un llamado a los ciudadanos a conocer sus propuestas a través de sus redes sociales (@sombramacol) y a darle la oportunidad de dirigir el país, prometiendo una gestión diferente y enfocada en la defensa de los intereses de todos los colombianos. Anunció una alianza de centro con diversos partidos y movimientos ciudadanos para impulsar su candidatura.

En los últimos dos años, las motos eléctricas, también conocidas como motocicletas, cuatriciclos o triciclos eléctricos, han ganado gran popularidad en Colombia, especialmente en ciudades como Barranquilla. Isidro Ruiz, experto en seguridad vial, arroja luz sobre la legislación que rige estos vehículos y las razones detrás de su creciente demanda.

Según el experto, las motos eléctricas son vehículos convencionales que cumplen con los mismos estándares de seguridad que las motocicletas de combustión. Al ser importadas o fabricadas en el país, deben pasar por una ficha de homologación que certifica su cumplimiento en cuanto a luces, direccionales, frenos y otros elementos de seguridad. La principal diferencia radica en su fuente de energía: un motor eléctrico en lugar de uno a gasolina.

A pesar de su naturaleza eléctrica, la legislación colombiana, específicamente la Resolución 160 de 2017 del Ministerio de Transporte, establece requisitos claros para su circulación. Esta resolución, aunque fue demandada y suspendida temporalmente en 2018, define que las motos eléctricas que superen los 25 km/h son consideradas motocicletas y, por lo tanto, deben cumplir con las siguientes exigencias:

• Matrícula: Deben estar registradas ante las autoridades de tránsito.
• Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT): Es indispensable contar con una póliza vigente.
• Revisión Técnico-Mecánica: Deben someterse a esta inspección periódicamente (la primera a los dos años de comprada y luego anualmente).
• Licencia de Conducción: El conductor debe poseer una licencia de categoría A1, la cual es para motocicletas con motores de hasta 125 cm³.
• Casco: Tanto el conductor como el acompañante deben utilizar casco de seguridad.

Ruiz aclara que aquellos que adquirieron sus motos eléctricas antes del 7 de febrero de 2017 no están obligados a matricularlas, obtener SOAT ni realizar la revisión técnico-mecánica. Sin embargo, siempre deben contar con la licencia de categoría A1 para poder conducirlas. La misma excepción aplica para las motos compradas durante el periodo en que la resolución estuvo suspendida por el Consejo de Estado.

El experto advierte sobre la importancia de que tanto ciudadanos como autoridades presten atención a la creciente proliferación de estas motos. La falta de SOAT en caso de accidente podría generar problemas de salud pública, ya que la atención de los lesionados recaería en el Administrador de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), fondo que se nutre en parte de los pagos del SOAT.

En cuanto a la popularidad de las motos eléctricas, Ruiz señala que son una excelente alternativa de transporte, contribuyen al cuidado del medio ambiente y funcionan de manera similar a las motocicletas convencionales. Su sistema de carga es sencillo, similar al de un teléfono móvil, pudiendo realizarse en casa o en las estaciones de carga que ya se están implementando en estaciones de servicio y centros comerciales.

Finalmente, el experto también mencionó la creciente presencia de patinetas eléctricas, anticipando una futura regulación por parte del Ministerio de Transporte debido a su circulación por andenes y ciclorutas. Por el momento, recomienda el uso de casco y elementos reflectivos, especialmente durante la noche.

El Carnaval de Barranquilla ha sido reconocido como el primer evento masivo en Colombia en obtener una certificación de sostenibilidad bajo una norma técnica colombiana. Este logro posiciona al Carnaval como un referente nacional en la organización de eventos responsables con el medio ambiente y el patrimonio cultural.

El director de Carnaval de Barranquilla, Juan José Jaramillo, expresó su orgullo por este reconocimiento, extensivo a todos los barranquilleros amantes de su fiesta más emblemática. Destacó que ahora el Carnaval es una empresa con sello de calidad en sostenibilidad, gracias a la implementación de prácticas que buscan minimizar el impacto ambiental y fortalecer la economía local y el patrimonio cultural.

Jaramillo resaltó diversas acciones implementadas, como la reducción del uso de icopor macizo en las carrozas, reemplazándolo por láminas, y la gestión integral de residuos durante los desfiles, incluyendo la colaboración con una empresa local para el reciclaje de empaques de pasabocas. Mencionó que el domingo de Carnaval se realizó el primer desfile con huella de carbono neutro.

El director enfatizó el propósito superior del Carnaval de "hacer visible lo invisible", trabajando por la sostenibilidad del patrimonio, recordando cómo las danzas tradicionales han transmitido mensajes sobre el medio ambiente a lo largo de la historia.

En cuanto a la gestión de residuos, Jaramillo explicó que durante el Carnaval 2025 se distribuyeron bolsas biodegradables a las danzas y se contó con un equipo entrenado por la Alcaldía para la recolección y disposición adecuada de los residuos generados en los desfiles y palcos.

Mirando hacia el futuro, el Carnaval de Barranquilla se enfocará en fortalecer la economía circular dentro de las danzas, tomando como ejemplo iniciativas como la de las marimondas del barrio de abajo que transforman retazos de sus vestuarios en artesanías para generar ingresos. También se buscará promover la reutilización de vestuarios, considerando el impacto ambiental de la industria de la moda.

Otro aspecto importante es la intención de regular la venta y uso de espuma durante el Carnaval, considerada un contaminante y causante de problemas de seguridad y salud. Jaramillo anunció conversaciones con el Concejo de Barranquilla para revivir un decreto que prohíbe su comercialización.

El Tribunal Superior del Distrito de Barranquilla revocó la sentencia emitida por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Sabanalarga que ordenaba la realización de una consulta previa a las comunidades afrodescendientes para la construcción del peaje de Arroyo de Piedra, ubicado en jurisdicción del municipio de Luruaco, Atlántico.

Humberto Currea, líder de la zona y miembro del comité "No al Peaje", expresó que, si bien respetan la decisión judicial, no la comparten y se reorganizarán para continuar la lucha contra la construcción de la infraestructura. Según Currea, el tribunal justificó su decisión argumentando que el pago del peaje no afecta las condiciones culturales de las comunidades afro que interpusieron la tutela.

Currea señaló que, desde su perspectiva, la decisión no considera el impacto económico que el peaje tendría en las comunidades del área de influencia, las cuales son mayoritariamente afrodescendientes y de bajos recursos. Advirtió que la construcción del peaje representaría un "maltrato financiero y económico" para estas poblaciones.

El líder comunitario enfatizó que el comité "No al Peaje" se prepara para enfrentar cualquier intento de la concesión por iniciar la construcción, afirmando que la instalación del peaje sería "la sentencia de muerte del municipio en todos los aspectos sociales y económicos".

Según Currea, la concesión ha manifestado su intención de seguir adelante con la construcción, incluso enviando maquinaria amarilla a la zona. Sin embargo, el comité se declara preparado para resistir.

El líder comunitario también mencionó que, si bien la decisión judicial es reciente (conocida el día anterior), tienen información de que la concesión enfrenta problemas financieros y contractuales.

Es de anotar que el representante Gersel Pérez fue quien interpuso la acción legal en defensa de las comunidades afro del área de influencia del peaje. El alcalde del municipio de Luruaco ha manifestado en reiteradas ocasiones su desacuerdo y rechazo a la construcción del peaje en su territorio, al considerarlo injusto.

Humberto Currea reiteró que el comité se mantendrá atento y activo en su oposición al peaje. Se espera conocer en los próximos días las acciones que emprenderán y la postura oficial del alcalde de Luruaco frente a esta decisión judicial en segunda instancia.