Erin McNulty, coordinadora de la Delegación de Justicia Alimentaria en Andalucía, ha alertado sobre la situación de los comedores escolares, asegurando que “es un modelo que está privatizado, el 82% de los comedores están privatizados y el resultado es que los niños no están teniendo una alimentación adecuada”.

Ha señalado que los menores “salen con hambre del comedor y no reciben una dieta saludable” al recibir asegura, alimentos de baja calidad. En esta línea, ha incidido en que el núcleo del problema reside en el auge de la privatización de los comedores escolares, haciendo hincapié en la necesidad de que este servicio “vuelva a manos públicas”.

Según ha explicado, la organización ha llevado a cabo encuestas a más de 4.000 usuarios de comedores, obteniendo como respuesta el descontento de numerosas familias que, según explica la coordinadora, “les gustaría que volviese a haber cocina en el propio centro” antes que mantener la contratación de caterings escolares.

McNulty ha insistido además en que el comedor escolar es una parte esencial de la educación alimentaria. “Consideramos que el comedor es una parte más de su etapa educativa, es parte de esa educación, y en esta etapa esto debe favorecer a que tengan mejores hábitos alimentarios. No está ocurriendo”.

Además, ha advertido de las consecuencias para la salud y el desarrollo del consumo local: “Con un sistema público que podría ser la compra de productos locales en nuestra comunidad se podría fomentar el tejido andaluz”.

En materia de acciones que realizan los centros escolares para fomentar una adecuada educación alimentaria, ha reconocido que aunque se realizan actividades o prácticas para desarrollar estos hábitos en los más pequeños (como la incorporación de huertos en los centros escolares u otros proyectos educativos), ha criticado que al llegar el momento de la comida, “se deje en manos de empresas que educan de todo lo contrario“.

Por último, ha recordado la situación de muchas familias y colectivos vulnerables: “Hay muchas familias donde los niños y niñas son su comida principal, al no ser de calidad les estamos privando al derecho de una alimentación adecuada”.

ERIN MACNULTY – COORDINADORA DE LA DELEGACIÓN DE JUSTICIA ALIMENTARIA EN ANDALUCIA

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La Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO Andalucía (FSS-CCOO) ha presentado un estudio diagnóstico que ha puesto de manifiesto importantes carencias en la atención sanitaria a personas trans. Asunción Castro, adjunta a la Secretaría de Mujeres, Políticas LGTBI+ e Igualdad de la organización y autora del informe, ha explicado que existe “una necesidad urgente de formación especializada por parte de profesionales desde el punto de vista de la salud inclusiva y estudios específicos acerca de diversidad de género”.

Castro ha señalado además que el primer contacto con el sistema sanitario suele producirse en atención primaria, pero “muchas veces hay barreras de desconocimiento” que dificultan el acceso a una atención adecuada.

El estudio ha advertido también de la falta de un enfoque interseccional que tenga en cuenta las múltiples discriminaciones que pueden sufrir las personas trans. En este sentido, la representante sindical ha afirmado que “nos hemos encontrado además con una resistencia institucional y cierta falta de voluntad política”.

Respecto a los protocolos sanitarios, Castro ha criticado que los que están en uso “datan de 2018 el más nuevo, que enmarca unas pautas totalmente distintas a las que se está aplicando hoy en día”. Ha añadido que la coordinación de estas unidades “no cuenta con una formación específica para diversidad de género”, lo que afecta directamente a la calidad de la atención.

Preguntada sobre si esta falta de formación se traduce en falta de sensibilidad, la autora del estudio ha subrayado que “es algo que no está normalizado todavía, ellos esperan que se les dé la mano de alguna forma, no es culpa de los profesionales, sino de la administración que debería formarles correctamente para ello”.

Por todo ello, la FSS-CCOO Andalucía ha exigido a la Junta de Andalucía una actualización urgente de los protocolos, la implantación de programas de formación para los profesionales del Servicio Andaluz de Salud y la creación de unidades de atención trans accesibles en toda la comunidad.

ASUNCIÓN CASTRO – AUTORA DEL INFORME

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La Junta de Andalucía ha asumido el servicio para paliar la falta de transporte público en el municipio tras el traslado provisional del centro de salud de la localidad al Hospital de Alta Resolución Sierra de Cazorla (HARE), ubicado a 2,5 km del casco urbano y que tiene un tramo de carretera de por medio que no cuenta con acceso peatonal. En esta línea, el alcalde José Luis Olivares ha pedido soluciones estructurales y ha agradecido el diálogo mantenido este lunes con la consejera del ramo, Rocío Hernández. Olivares se ha mostrado agradecido por la actuación de la titular de Salud, quien asegura les “atendió de forma muy correcta” y ha dicho que “quiere valorar positivamente las medidas que se van adoptando”.

Por otro lado, el regidor ha recordado que “el presidente de la Junta anunciaba taxis gratuitos, que se ha convertido en una ambulancia para el transporte colectivo” y ha advertido de que “hay muchas personas que se quedan fuera de estas medidas”, aunque se hayan querido “poner en valor”. En este sentido, ha señalado su felicidad ante la escucha por parte de las administraciones, expresando que se “encuentra contento de que ayer se les escuchara por primera vez”. Además, ha apuntado que “Cazorla contará con un centro de salud a futuro” por el que, según explica el alcalde, se mostrará plenamente dispuesto a ofrecer “el mejor espacio posible”.

Finalmente, ha recordado que la falta de medios y recursos para poder acudir a una atención primaria cercana “es un derecho que ellos entienden y está siendo vulnerado“. En esa línea, ha lamentado que los recursos y servicios actualmente disponibles para facilitar su acceso no sean suficientes, señalando que “aunque se ha construido un carril peatonal, y las instalaciones son excelentes, siguen encontrándose muy lejos“. Como mensaje final, ha trasladado “esperanza” en que la Atención Primaria volverá a corto plazo a encontrarse en el casco urbano.

JOSÉ LUIS OLIVARES – ALCALDE DE CAZORLA

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El municipio sevillano de Valencina de la Concepción vuelve a celebrar un homenaje a las víctimas del franquismo, una iniciativa que está en marcha desde el año 2012. Es la decimotercera edición de un evento organizado por el Colectivo de Memoria Histórica de la localidad aljarafeña, que de nuevo vuelve a contar con la participación de sus homólogos de Gines. El acto tendrá lugar el jueves 24 a partir de las 19:15 h en la sala de exposiciones del Ayuntamiento de Valencina de la Concepción. Con motivo del evento, hemos charlado en la Onda Local de Andalucía con representantes de los colectivos de ambas localidades: Trinidad Zapata, componente del grupo de Valencina, y Rogelia Beltrán Pérez y Juan Alba Ramos, que forman parte del los vecinos de Gines que participan del acto.

Durante la entrevista han hecho alusión a la memoria. “Siempre la tenemos que recuperar”, dice Trinidad. Rogelia tiene hasta a siete familiares represaliados por los golpistas: “Emocionalmente te produce un shock saber que a tu bisabuelo, abuelo y a tus tíos abuelos se los llevaron” para no volver “nunca más”. “Queremos reparar sus vidas: no fueron delincuentes, ladrones o asesinos. Simplemente eran hombres y mujeres que luchaban por la legalidad de la II República y dieron sus vidas por ello”, añade. Juan lamenta que administraciones como el ayuntamiento ginense “no colabora” con este colectivo, siendo “un muro continuo” para sus investigaciones.

Trinidad muestra sus esperanzas en las actuaciones que se puedan llevar a cabo en la fosa de Monumento de Sevilla, que recientemente ha visto cómo se pone en marcha un protocolo de actuación. “Es muy importante”, indica. Por ello destaca que es “fundamental” que se lleve a cabo “y se cumpla lo que se firme” para personas que, como ella, están seguras de tener allí los restos de su abuelo. Juan recuerda que un 24 de julio, fecha en la que se realiza el homenaje, se produjo “la entrada de los golpistas en Valencina de la Concepción” y el inicio de los asesinatos de sus ciudadanos y ciudadanas. “Fue una represión enorme”, añade Trinidad.

En el acto del jueves se presentarán dos obras: un Trabajo de Fin de Grado a cargo de la periodista Pilar Barba titulado “Rastreando la simbología franquista: un photozine sobre la comarca del Aljarafe” y el libro “Querida mía”, escrito por Paqui Maqueda, activista del movimiento memorialista. A ello le seguirá un coloquio. Más adelante se procederá a la lectura de las víctimas de los dos municipios y se realizará una ofrenda floral.

XIII HOMENAJE A LAS VÍCTIMAS DEL FRANQUISMO EN VALENCINA Y GINES

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El Barómetro Andaluz de junio elaborado por el Centro de Estudios Andaluces (Centra) ha indicado que el paro ha sido el principal problema identificado por la ciudadanía, seguido de la sanidad en el 16,1 % de las respuestas y del acceso a la vivienda en el 10,9 %. En paralelo, Andalucía ha registrado en los cinco primeros meses del año su mejor dato de compraventa de viviendas desde 2007, con más de 59.500 operaciones inscritas. Este volumen ha representado casi el 20 % del total nacional y ha supuesto un crecimiento interanual del 22,1 %. Andrés Piñero, miembro del Sindicato por la Vivienda en Sevilla ha señalado que en lo referente al acceso a la vivienda, “la realidad de Andalucía no es uniforme“. Ha señalado que en zonas de Jaén o pueblos de Córdoba, incluso de Sevilla, como en El Saucejo, el precio de la vivienda está a unos precios más accesibles, mientras que en áreas como Málaga, Sevilla o la costa de Cádiz “hay una auténtica carestía de vivienda con unos precios muy elevados a los que el ciudadano común tiene muy difícil acceder”.

Para ahondar en esta problemática, ha hecho una comparativa poniendo sobre la mesa la media del ingreso anual del trabajador español en el que, según explica, se encuentra en torno a unos 15.000 euros anuales para el 80 % de la población. Al comparar con otros territorios, ha indicado que se han visto alquileres “a más de 1 100 euros” frente a otros “a precios de 500 o 600 euros“, destacando que en la provincia de Sevilla hay un stock de vivienda libre de “en torno a 16 000”.

En el plano político, Piñero ha afirmado que “la gente está ya un poco cansada de una política de gestos” y que “todos son gestos, pero no hay hechos concretos”. Sobre la regulación estatal, ha sostenido que “no sirven absolutamente para nada las políticas de fijación de precios de la vivienda“. Finalmente, ha detallado que la vivienda protegida “pesaba en torno a un 30 o un 40 %, y hoy está en un 1,7“, y que el actual Gobierno andaluz “la ha bajado solo a 10 años”.

ANDRÉS PIÑERO – INTEGRANTE DEL SINDICATO POR LA VIVIENDA DE SEVILLA

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Hace una semana, dos operarios de 33 y 44 años fallecieron en la Casa Ibarra de Alcalá de Guadaíra (Sevilla). Ambos se desplazaban a diario desde Huétor Tájar (Granada) y uno de ellos era padre de dos hijos. En esta línea, CCOO Sevilla recuerda que son 25 los trabajadores fallecidos en los primeros 199 días del año en la provincia, o que lo que es lo mismo, una muerte cada ocho días por accidente laboral. El abogado laboralista Alberto López Vela se ha pronunciado ante esta cuestión en la Onda Local de Andalucía. “Existen varias vías de reclamación para los familiares de los fallecidos por accidente de trabajo“, ha explicado.

Además, ha añadido que el importe “puede oscilar en alrededor de seis mensualidades de la base regulada de la pensión de viudedad” y ha precisado que corresponde “a los cónyuges y parejas de hecho”. López Vela ha recordado que “también se conceden indemnizaciones a los huérfanos” y “a los ascendientes del fallecido”. Sobre la empresa, ha detalla que “la vía civil podemos accionarla a través de la responsabilidad civil patronal“. En un plano más general, ha recordado que la normativa española “no obliga a las empresas a la contratación de un seguro de responsabilidad patronal” y que “se puede reclamar a la empresa una indemnización por importe de 47 000 euros“. Además, en materia penal, ha advertido que “la empresa podría cometer un delito tipificado en el artículo 316 del Código Penal”.

En lo referente a medidas de prevención, López Vela ha insistido en que “el trabajador tendrá derecho a interrumpir su actividad y abandonar el lugar de trabajo cuando considere que dicha actividad entraña un riesgo grave e inminente para su vida y su salud, sin necesidad de autorización previa”. Además, ha asegurado que en esos casos la empresa “no podrá sancionarte ni despedirte” y que, en todo caso, se consideraría como un “despido nulo”.

ALBERTO LÓPEZ VELA – ABOGADO LABORALISTA

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En la mañana de este lunes y frente al Colegio Público Macarena, en Sevilla, la formación ha comparecido junto a CODAPA, la confederación que agrupa a más de 2800 AMPA de nuestra comunidad, la Unión de Sindicatos de Trabajadoras y Trabajadores en Andalucía (USTEA) y el sindicato CGT para mostrar el apoyo de estos y otros colectivos a la propuesta del texto que registraron en el Parlamento el pasado 28 de marzo. Se trata de una demanda de las AMPA para que los centros educativos públicos cuenten con un servicio de comedor gestionado por la Junta y que este miércoles irá al último Pleno de la cámara antes de la pausa de agosto por las vacaciones de sus señorías. El líder de Adelante Andalucía, José Ignacio García, asegura que el modelo actual de comedores es “nefasto” y que los niños “comen mal” y que su iniciativa viene a solucionar este problema.

“Lo que queremos es hacer valer para qué sirve la política. La política tiene que servir para solucionar problemas y hoy en día nadie puede negar que tenemos un problema en los colegios e institutos de Andalucía porque los comedores escolares, cuando están, son de mala calidad. Nuestros niños y niñas en la educación en Andalucía comen mal y eso es porque tenemos un servicio privatizado en manos de multinacionales que lo que hacen es dar comida precocinada”, ha explicado a los medios el portavoz de la formación.

García ha detallado que estiman en unos 100 millones de euros anuales el coste de poner en marcha esta medida construyendo cocinas en los centros educativos que no la tienen y un gasto anual de entre 200 y 300 millones de euros. Adelante Andalucía recuerda que la licitación suscrita actualmente por la Junta supone unos 143 millones y que su medida permitiría apostar por productos de cercanía y crearía unos 7000 puestos de trabajo. Además, ha afirmado que el gobierno del PP en nuestra comunidad ha hecho que se dejen de ingresar “mil millones de euros” como consecuencia de “por “sus rebajas fiscales a las clases más altas”. Por su parte, Rocío Begines, responsable de la Comisión de Comedores de CODAPA, dice que “llevan años denunciando este problema” de la comida en las aulas y que esta es una ley “necesaria” y “de sentido común”. “Desde que el PSOE privatizó el comedor escolar las denuncias han sido continuas. El modelo de comedor no funciona”, ha remarcado.

ADELANTE ANDALUCÍA – LEY DE COMEDORES ESCOLARES

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La líder de Movimiento Sumar en Andalucía y una de las componentes de la coalición Por Andalucía, Esperanza Gómez, ha abordado la situación del personal interino de los servicios públicos de nuestra comunidad durante su entrevista en la Onda Local de Andalucía. Durante su intervención, Gómez ha recordado que “llevan mucho tiempo” trabajando sobre esta cuestión en el Parlamento. La normativa europea dicta que tal condición no puede prolongarse por más de tres años, pero la realidad es bien distinta y por ello ha asegurado que se debe hacer “más esfuerzo” para revertir esta realidad.

“Una persona no puede llevar de interina veinte años, como ha habido casos en la Junta de Andalucía, interinos que iban encadenando contratos durante casi veinte años y que luego se les dice que su plaza no sale a concurso o que si sale no pueden optar a ella”, ha desarrollado. De hecho, no ha dudado en calificar este panorama como el resultado de una “mala gestión de la política de personal por parte de la Junta de Andalucía, de esta y de la anterior, sin duda”. Por ello, Esperanza Gómez ha asegurado que “habría que resolverlo porque está claro que por encima de tres años no se puede dar y habría que hacer una estabilización automática si no, porque no tiene ningún tipo de sentido ni de excusa ni de justificación”.

Gómez ha dedicado parte de su tiempo a valorar las elevadas cifras de muertes por accidente laboral en nuestra comunidad. Hasta el mes de mayo de este 2025 las cifras del Ministerio de Trabajo y de la Consejería de Empleo de la Junta hablaban de 50 fallecimientos en esta circunstancia, pero UGT eleva la cifra a 59. Y está reciente el caso de Alcalá de Guadaira, en Sevilla, con dos obreros a los que se les cayó encima el techo de una obra pública. CCOO cifra en 25 los muertos este año en el trabajo solo en la provincia de Sevilla, cuatro más que en todo 2024 según el sindicato. Una realidad ante la que no se pueden “bajar los brazos” y que no se puede permitir “de ninguna manera” en opinión de la líder de Sumar. Además, Esperanza Gómez ha señalado que se han incrementado las inspecciones de Trabajo pero que deben aumentar todavía más y ha apuntado su preocupación porque las empresas no cumplan las condiciones de seguridad para los trabajadores, algo “absolutamente inadmisible” en las obras públicas.

ESPERANZA GÓMEZ – LÍDER DE MOVIMIENTO SUMAR ANDALUCÍA Y MIEMBRO DE POR ANDALUCÍA

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En su paso por la Onda Local de Andalucía, la líder de Movimiento Sumar Andalucía y una de las componentes de la coalición Por Andalucía, Esperanza Gómez, ha compartido su opinión sobre la cuestión de las algas asiáticas invasoras, un problema creciente en las costas andaluzas y que está afectando especialmente al litoral de la provincia de Cádiz. En esta línea, la portavoz ha criticado la postura de la Junta sobre esta problemática, incidiendo en que “no se está haciendo nada”. “Le está echando la culpa al ministerio y dejando que sean los municipios costeros los que inviertan mucho dinero en retirar toneladas de residuos”, ha asegurado.

En la entrevista se ha tocado la situación del Pacto por Doñana firmado en noviembre de 2023 por los ejecutivos regional y central y que, año y medio después, la Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado sostiene que “está roto“, mientras la UNESCO urge a recuperar el acuífero. En este sentido, Gómez incide en que sí es posible una salida equilibrada entre el respeto al entorno del Parque Natural y las explotaciones de la zona: “Hay muchos regantes que están a favor de cumplir lo que ya se acordó hace unos años”. A este respecto ha añadido que “la viabilidad de Doñana tiene que ver con la viabilidad futura de esas producciones agrícolas“. El problema, ha dicho, está en quienes buscan ganancias rápidas. “Lo que están es quemando los pozos y contra los que hay que ir es contra lo que lo están haciendo”, una práctica que genera “competencia desleal frente a los que cuidan y declaran cuánta agua consumen con base a los límites que marca la administración”, según ha apuntado. “Hay una connivencia de la Junta de Andalucía con los empresarios que están haciendo trampa”, ha añadido.

En lo referente a los asentamientos ilegales localizados en el Entorno de Doñana, Gómez ha reclamado más inspecciones y condiciones dignas para la mano de obra agrícola, recordando que esa mano de obra es “imprescindible” para la economía de la zona. Garantizarlo, recalcó, requiere ante todo decisión institucional: “Solo hace falta voluntad política, no hace falta nada más“, ha explicado.

ESPERANZA GÓMEZ – LÍDER DE MOVIMIENTO SUMAR ANDALUCÍA Y MIEMBRO DE POR ANDALUCÍA

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La líder de Movimiento Sumar en Andalucía y portavoz de Por Andalucía, Esperanza Gómez, ha criticado duramente la falta de inversión pública en Atención Temprana y la gestión del gobierno andaluz en materia educativa durante su entrevista en la Onda Local de Andalucía. Según la dirigente, la atención temprana “ha estado muy olvidada en Andalucía” y el Partido Popular, pese a prometer una ley para garantizarla, “no está cumpliendo los plazos establecidos”. Gómez achacó esta situación a una falta de recursos. “Hace falta dinero. La atención temprana requiere inversión pública en horas y en centros”, ha indicado. Además, ha incidido en la falta de una mayor coordinación entre terapeutas y profesores para facilitar el proceso.

En este sentido, ha denunciado que el sistema de Dependencia “está colapsado” por la falta de personal y recursos, lo que provoca que muchas familias esperen meses o años, asegura, para acceder a las prestaciones que les corresponden. “Los servicios públicos se están desmantelando y la dependencia es una de las áreas más castigadas”, ha afirmado. La también miembro de la coalición Por Andalucía ha sido especialmente crítica con la Ley de Atención Temprana, que está dirigida a niños con discapacidad, considerada como un servicio imprescindible para favorecer el desarrollo de los pequeños y pequeñas en su primeros años de vida. “Entre los cero y los seis años existe una gran plasticidad en las células cerebrales. Si no se interviene a tiempo, se pierden oportunidades irreparables para su desarrollo”, ha señalado. Sobre la ley de este ámbito promulgada por la Junta en febrero de 2023, Gómez ha explicado que “no se está cumpliendo, pese a incluir plazos máximos de atención que deberían garantizar la rapidez de las intervenciones”: “Yo misma me empeñé en introducir una enmienda para acortar los plazos, pero la Junta no la cumple”, ha detallado.

Finalmente, Gómez ha lamentado que muchas familias afronten en soledad el cuidado de sus hijos con discapacidad. “La Atención Temprana no puede depender solo del sacrificio familiar. Es necesaria una red pública fuerte, con más profesionales, más horas y mejor coordinación con los centros educativos. Un terapeuta hablando con el profesor puede resolver problemas importantes, pero eso debe estar pautado y, sobre todo, financiado”, ha precisado.

ESPERANZA GÓMEZ – LÍDER DE MOVIMIENTO SUMAR ANDALUCÍA Y MIEMBRO DE POR ANDALUCÍA

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