La portavoz del Ejecutivo andaluz, Carolina España, rechaza el principio de ordinalidad que plantea Hacienda
Temas de mucha actualidad política en el Consejo de Gobierno. Sobre todo, en la rueda de prensa posterior, donde la portavoz del Ejecutivo Carolina España ha sido preguntada por cuestiones como las declaraciones testificales de estas últimas semanas a cuenta de las contrataciones de emergencia a dedo en el SAS en el marco de la pandemia. En este sentido, la también consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, Carolina España, ha recordado como reproche a las críticas de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, sobre la modalidad de control de la contratación sanitaria durante la pandemia de coronavirus que ella introdujo la fiscalización previa para los contratos de emergencia de la Administración del Estado a través de la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2023.
Precisamente en esta jornada se ha conocido que la Fiscalía Anticorrupción ha propuesto en un escrito al titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla, José Antonio Gómez, que cite como testigos tanto a Catalina García, hoy consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente, y entonces número dos de Salud, como a Roberto Ochoa, quien ejerció el cargo de viceconsejero de Hacienda y Financiación Europea entre el 8 de septiembre de 2020 y 9 de agosto de 2022.
Carolina España también ha sido cuestionada por otro tema candente, el de la situación generada en Almería tras las detenciones de la semana pasada dentro del caso Mascarillas que indaga sobre supuestas ‘mordidas’ en contratos públicos de la Diputación de Almería y del Ayuntamiento de Fines. Un caso que la portavoz del Ejecutivo ha contrapuesto al caso Cerdán que afecta al PSOE a nivel nacional y se defiende señalando que Almería no es la Junta de Andalucía, aludiendo a que Santos Cerdán sí era el número 3 dentro de la federación socialista.
La consejera ha defendido, además, la rapidez y contundencia con la que, en su opinión, ha actuado el PP en cuanto tuvo conocimiento de este caso por el que, entre otros, fueron detenidos la semana pasada y están investigados los ya expresidente y vicepresidente de la Diputación almeriense Javier Aureliano García y Fernando Giménez, respectivamente.
Por otro lado, Carolina España ha sido contundente a la hora de abordar el tema de la financiación autonómica. Denuncia que el PSOE-A rechazó hace años en el Parlamento autonómico el principio de ordinalidad que exige, dice, el independentismo catalán para el sistema de financiación autonómica. En este sentido, critica que en el acuerdo de investidura del socialista Salvador Illa como presidente de Cataluña se hacía referencia a una negociación bilateral, algo que rechazan desde la Junta. Añade que esto va en contra de la equidad, de la justicia y de la igualdad prevista en la Constitución y que perjudica a Andalucía.
Declaración Institucional por el 25N
En el Consejo de Gobierno también se ha abordado la declaración institucional con motivo de la celebración este martes, 25 de noviembre, del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres. En ese sentido, la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha recordado que esta lacra ha dejado ya 11 mujeres asesinadas en lo que va de año en nuestra tierra, además de tres menores huérfanos. Una realidad que, dice, hay que combatir desde todos los estamentos y aplicando los recursos necesarios tanto para la prevención como para la detección.
En ese sentido, ha recordado los múltiples recursos de los que disponen las mujeres en Andalucía como la reciente aplicación móvil que han lanzado para detectar el hackeo de los teléfonos o tabletas de las víctimas por parte de sus agresores. También recuerda Loles López las campañas de sensibilización y prevención destinadas sobre todo a la población más joven, como la de este año ‘Red Flag Challenge’, con la que detectar relaciones tóxicas.
Acuerdo en la Función Pública
Al Consejo de Gobierno ha llegado también el acuerdo que se alcanzó el día 12 en la Mesa General de Negociación Común del Personal Funcionario, Estatutario y Laboral para la mejora del empleo público y la prestación de servicios de calidad, como desarrollo a su vez de la Ley de Función Pública de Andalucía. El primer paso legal de esta mejora para los empleados públicos lo rubricó hace 15 días la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública con los sindicatos CSIF, CCOO-A y UGT-A, así como el Sindicato Andaluz de Funcionarios e Iniciativa Sindical Andaluza en ese órgano de interlocución antes de su aval por el propio Consejo de Gobierno, que el consejero José Antonio Nieto ha explicado en la rueda de prensa posterior por el hecho de exceder sus competencias.
El Gobierno andaluz ha señalado que la entrada en vigor de este acuerdo será con carácter retroactivo, desde el 1 de enero de este 2025, una vez que se publique en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y estará en vigor hasta el 31 de diciembre de 2030. Su alcance económico será de 250 millones de euros para un horizonte de cinco años, con un reparto de 50 millones por ejercicio.
CRÓNICA DEL CONSEJO DE GOBIERNO
La entrada La Junta insiste en que el Gobierno cede al independentismo y perjudica a Andalucía con la financiación se publicó primero en Onda Local de Andalucía.
