Periódico Hoy

Las recomendaciones del grupo de trabajo creado por el Poder Ejecutivo para emprender reformas en la Policía Nacional son la radiografía de una institución de orden público y protección ciudadana internamente desarreglada, sometida a una anterior ley supuestamente reformadora, inaplicable por ausencia de los reglamentos que ordena para la diversidad de operaciones y funciones administrativas.

Letras muertas que no entran en vigor como patrón de conductas incluso para el uso de la fuerza. Por omisión de límites a las actuaciones, oprimir el gatillo de las armas irresponsablemente ha tenido poca disuasión en el cuerpo de que más dispone el Estado para ejercer la violencia con legalidad, legitimidad y moderación. Hay que tomarle la palabra al Gobierno: la reforma policial debe ser imparable.

Ningún jefe policial, aun de buena hoja de servicios y decisión de actuar correctamente, ha podido llegar lejos rigiendo a esa institución sin el apoyo de reglas internas y profesionalidad que se hace representar en algunas ciudades y pueblos en locales inapropiados o desvencijados y hasta con pisos de tierra, habitados por agentes desmotivados y con poco entrenamiento.

Escasos de medios para el patrullaje eficiente, de oficiales del día que ni de papel disponen para registrar denuncias de ciudadanos afectados por la delincuencia. Han faltado recursos humanos y materiales para proteger vidas y patrimonios.

Políticamente Haití es hoy territorio de confrontaciones con reducida y confusa representatividad para los ejercicios de autoridad, en el trance de hacer valer una institucionalidad muy desdibujada desde antes del horrendo asesinato de su presidente Juvenel Moïse.

Quién lo mató y por qué y hacia dónde debe derivar el poder, que muy maltrecho andaba, son interrogantes que todavía no obtienen respuestas precisas para el pueblo haitiano ni para la comunidad internacional.

Lo que más urgentemente procede es que organismos multilaterales como las organizaciones de las Naciones Unidas, de Estados Americanos, la Unión Europea y la comunidad Caribeña enfilen el peso de su diplomacia, su influencia y capacidad de actuar hacia el propio escenario de sombríos acontecimientos.

Hoy nos presenta cinco pilares de las finanzas personales para que puedas tener un control de las mismas.

Una excusa para la pobreza de escrutinios a cargo de órganos competentes, regidos antes por dirigencias de notoria incondicionalidad al poder, era la limitación de recursos para sufragar auditorías sobre dependencias estatales que por ética y profesionalidad deberían estar a cargo de calificados y suficientes revisores para peritajes de todo tipo.

Hoy, en función de visiones diferentes que pregonan tolerancia cero a la corrupción administrativa desde la jefatura del Estado, deben darse por desaparecidos los condicionantes adversos a la transparencia.

Rige una Cámara para el control contable que nació sin objeciones y sin evidencia de aspiración a que sus miembros vinieran a ser marionetas.

Una curación en salud aconseja, a fin de garantizar futuros cierres impecables de gestiones, que desde ya se perciba a un Congreso Nacional recurriendo a sus facultades de contrapeso del Poder Ejecutivo, que no tarde en auscultar memorias ni escatimar solicitudes de información interna de entes gubernamentales, algo que además, pueden procurar bajo garantías legales los particulares y la prensa.

La Contraloría General de la República debe también brillar con independencia e iniciativas de vigilancia sobre actos administrativos y el juicio propio que muestra la Dirección de Compras y Contrataciones. Y la Cámara de Cuentas deben estar pertrechada idóneamente para certificar honestidad o lo contrario.

No hay varita mágica ante el indeseable efecto de la pandemia del coronavirus sobre los sistemas productivos, el transporte marítimo internacional trastornado por inmovilizaciones forzosas y escasez de naves y furgones, subidas de precios del petróleo y sus derivados y de las materias primas estratégicas para la alimentación.

Pocas opciones quedan para países y gobiernos por las repercusiones estructurales de la crisis que comenzó siendo sanitaria.

El asistencialismo es, más que antes, el camino expedito. Las autoridades están conscientes de que procede mitigar la pérdida de poder adquisitivo al tiempo de prodigar estímulos a las actividades agrícolas e industriales que incluyan facilidades crediticias.

Agilizar las operaciones de carga y descarga para reducir costos portuarios y aduanales, al tiempo de atraer más inversiones hacia las auspiciosas zonas francas.

Enfrentar la inflación implica no demorarse en elevar los salarios de menor nivel en busca de un efecto dominó que incremente la capacidad de compra de las clases media y baja, un camino hacia el que debe dirigirse el sector privado sin contradecir aspiraciones de los sectores más perjudicados en este momento.

Mejorando la remuneración del trabajo fomentaría consumos con un flujo mayor de circulante que dinamizaría al renglón fabril y al comercio, procurando la satisfacción de necesidades primarias a los trabajadores.

República Dominicana trilla con buenos resultados el camino que conduce a la reafirmación de sus condiciones seguras para visitantes del exterior y en los hoteles y contextos que incluyen playas y transportes colectivos, es notorio el funcionamiento de prevenciones poco comunes incluso en los países de procedencia de los viajeros.

Es por ello que Alemania coloca a este hospitalario lugar caribeño entre los destinos a los que sus ciudadanos pueden viajar sin temor a la enfermedad del SARS-CoV-2. El combate al virus de pandemia que libra esta república es, en sentido general, uno de los mejor llevados en el mundo, dirigido por autoridades abiertas a recomendaciones para mejorarlo.

Lidiando con los incumplimientos de proveedores de vacunas pagadas previamente para obtener, con satisfactorias improvisaciones, flujos desde otros orígenes solidarios. Alternativas a la falta de apoyo desde el contexto internacional que le corresponde.

A la confianza en los enclaves turísticos y a las gerencias que hacen valer las precauciones sanitarias en cada sitio, contribuyen colectivamente los propios ciudadanos dominicanos que los frecuentan en asuetos cortos y largos.

República Dominicana ha dado lecciones en adhesión a controles epidémicos de alto costo para su economía que ha sido reactivada con pragmática lentitud, con medidas monetarias y fiscales reconocidas como eficaces por el Fondo Monetario Internacional.

Aunque no haya desaparecido el riesgo de rebrotes, República Dominicana ha seguido fuera de los niveles de contagios y mortalidad por la covid-19 que caracterizan a otros países más avanzados en vacunar pero más dados a saltar las restricciones que aquí tienen atenuada a la enfermedad.

Un año de toque de queda, dos semanas santas de asuetos restringidos, largos periodos de aulas vacías y sitios turísticos reducidos a mínimas ocupaciones han negado al temido virus mucha oportunidad de infectar sin que esto sea para cantar victoria ni hayan cesado los duelos por la pérdida de vidas muy valiosas.

La reanudación moderada y calculada de actividades vislumbra un mejor panorama a mediano plazo que resultaría más tranquilizador si llegaran nuevas vacunas.

El país ha tenido un proceso inmunizador satisfactorio pero se mantiene en riesgo por retrasos en arribo de dosis de los biológicos.

En nombre de todos los dominicanos, el presidente Luis Abinader levantó su voz en Europa contra el desequilibrio que a los suministros médicos han impreso los grandes poderes económicos y políticos del orbe.

Estados Unidos nada en abundancia de los patentizados que refuerzan organismos mientras sanciona o rechaza a los viajeros que le llegan de las latitudes frenadas de abastecimientos. Está dicho: una terrible enfermedad global debe ser combatida globalmente, cuidándose de males de allende las fronteras.

Los cuestionamientos al Estado como empleador no se circunscriben a los criterios a veces seguidos para nombrar y destituir funcionarios y hasta simples miembros de la burocracia en atención a vínculos ajenos a la naturaleza de los cargos a los que en ocasiones «botan» llanamente con el verbo «desvincular».

También registran desconocimientos de esquemas dispuestos por ley para que las remuneraciones guarden proporción con la trascendencia de las labores asignadas y con la competencia de quienes pasan a desempeñarlas bajo específicos o diferentes requisitos de los órganos administrativos. A iguales deberes, iguales sueldos.

La antigüedad y fiel complimiento de los roles asignados deben ser aval de permanencia en jerarquías oficiales y generar reconocimiento, siempre bajo los mandatos de la Carrera Administrativa, para salvar del estancamiento o de la destitución caprichosa a padres y madres de familia.

Las regulaciones salariales vigentes desaprueban que decenas de ejecutivos devenguen retribuciones que superan las de categorías superiores incluyendo la de presidente de la República, sin que se vea que sus atribuciones merezcan un tratamiento extraordinario y superior a los usos que solo se justificarían cuando el Estado requiera de urgencia encaminar gestiones altamente cotizadas en el marco internacional, imprescindibles para defender el interés nacional a cualquier nivel.

Efectivamente, y «cueste lo que cueste», debe penetrarse en el funcionamiento de la Policía hasta llegar a los puntos de partida de las inducciones a actuar brutalmente con subordinación de tropas a órdenes superiores y tendencia a matar sin protocolos. La meta es evitar víctimas inocentes.

El método escogido para proceder es apropiado y reúne en comisión capacidades para trazar camino hacia la profesionalidad y el respeto a los derechos humanos.

La Policía necesita una redefinición de roles inspirada en criterios éticos, legales y técnicos que pueden muy bien ser puestos en primer plano por la junta que al efecto ha sido conformada.

Nació en cuna cuartelaria y es evidente que, aun contando con oficiales académicos y clases distanciados de los esquemas de arbitrariedad de una dictadura, en la PN quedan alineaciones y compulsiones del pretérito influyendo en actuaciones.

En mayor medida incluso que en los cuerpos armados de la República cuyos mandos posteriores a Trujillo, al Balaguerismo y a la guerra de 1965, han procurado la apoliticidad no deliberante que reduce conflictos con la colectividad.

Poniendo énfasis en la capacitación para servir a la nación y contribuir a la convivencia. No cabe duda de que los policías, obligados a proteger ciudadanos y combatir el crimen, pueden ser llevados a la calidad de desempeño que se necesita aprovechando la actual parte valiosa de sus filas.

Los motivos para considerar inoportuno adentrarse en una reforma tributaria nunca han faltado porque, como reconoce el presidente Abinader, en este país se rehúye abordar el tema. Existe, decimos nosotros, un rechazo visceral a las acciones recaudadoras, por demás eludidas y evadidas cuando son lanzadas hacia potenciales contribuyentes, sobre todo cuando se trata de entes de ingresos altos, como razones sociales o individualidades. El ingreso más asegurado del fisco dominicano es el que proviene de gravar consumos, con efectos más gravosos sobre la masa ciudadana que comprende a toda la gente pobre y de clase media baja. Existe un comercio de exoneraciones para autos lujosos que fomenta el dispendio sin sacrifico de bolsillos a personajes privilegiados. Enllavados y sagaces, exitosos en fallarle al fisco.