Periódico Hoy

Lo que viene tendrá que ser diferente. Semana Santa 2021 deberá carecer de estrecha cercanía entre vacacionistas sin protección.

Y el estímulo alcohólico que dispara efusividades ha de ser visto como enemigo de la preservación de la salud colectiva. No caben excepciones a «la ley seca», como suele llamarse a la restricción del consumo de bebidas en lugares públicos durante el largo asueto.

Las multitudes para diferentes propósitos, pasado un año electoral con posterior multiplicación de contagios, son antesalas de picos epidémicos.

Es muy real el riesgo de que el virus SARS-CoV-2 encuentre muchas formas de extenderse de persona a persona si los viajeros se entregan, sin que pueda evitarse con autoridad, a aglomeraciones en balnearios, terminales y otros lugares de encuentros en rutas y diversión callejera con piscinas plásticas. Desbordada tendencia a disfrutar y a vengarse del confinamiento.

Todo lo edificado hasta ahora con gran esfuerzo para evitar niveles alarmantes en la transmisión viral que causa afecciones, gravedades y mortalidades, caería en retroceso en medio del contundente y costoso programa de vacunaciones que va a buen ritmo y con respaldo ciudadano, tras los escepticismos y renuencias que han sido sustituidos por confianza colectiva.

En esa misma dimensión debe mostrarse la aceptación generalizada de que la Semana Santa, a diferencia de anteriores, tiene que ser frugal, sin auge de imprudencias.

Si no vives acorde a tus posibilidades o aparentas ser alguien más para encajar en la sociedad, seguro estas siendo

preso de la presión social.  En nuestro primer episodio de Finanzas Personales HOY,  hablaremos sobre las consecuencias 

de vivir bajo esta premisa. 

La no aprobación en el marco del Código Penal, ni en ley aparte, de la despenalización excepcional a la interrupción de embarazos sería negadora de derechos de la mujer sobre su cuerpo y la vida reclamados por un amplio sector del país. Carecería por demás de equidad por acogerse a una oposición absoluta al aborto que resulta innecesaria para aquellos que, por convicción, aceptan con sus hechos y actitudes criminalizarlo por completo.

Nada pierden si tal rigidez va de acuerdo con sus convicciones que es el ámbito en que debe quedar la decisión de hacer o no hacer en ese sentido en aceptación a los sistemas jurídicos que respetan las formas de pensar y de creer de cada quien, con adhesión o no a dogmas religiosos, en un país con libertad de cultos e ideologías.

La inflexibilidad de un código sin las causales solo privaría de opciones a una parte de la sociedad numéricamente respetable que quedaría aplastada por una unilateralidad contraria a principios jurídicos de universal aceptación que no dividen a los pueblos por sus creencias. La legislación dominicana que se parcialice en un asunto fundamental y delicado, como si la nación fuera uniforme en sus sentimientos y albedríos, ensancharía un abismo de posiciones entre dos litorales de la colectividad. Particularmente injusto resultaría no dar oportunidad a que las embarazadas salven la vida. El anticausales contiene un innegable componente homicida.

La subversión en Haití ya incluye a la Policía que se declara con arrogancia dispuesta a quemar el país si los asesinos de agentes no devuelven los cuerpos que retienen tras sus trincheras, lo que supone un incremento de la ingobernabilidad.

Se intensifican los motivos para huir, con tendencia a hacerlo hacia República Dominicana. Y ya el zarandeado gobierno de Möise muestra impotencia y pide ayuda de la OEA y la ONU para controlar la violencia que proviene de ambiciones políticas y activismo delictivo.

No puede permitirse que el caos, las debilidades institucionales y las incapacidades de los haitianos para la convivencia civilizada repercutan nocivamente hacia este lado de la frontera.

En este particular momento, procede acentuar barreras al ingreso de personas desde Haití. Que jamás debería ser en multitudes, sin ver individualmente quién es quién y el peso de motivos para venir.

La libertad de tránsito, como derecho humano, no llega a lo absoluto en la interacción de Estados y naciones.

Las leyes valen. Aquí existe un orden social, legal y político que deben ser respetados. Lo mejor que ha hecho el acosado y débil régimen haitiano es pedir auxilio a organismos transnacionales en este momento de escalada crítica.

El restablecimiento desde fuera de mínimas condiciones de orden público en Haití corresponde a la comunidad internacional que incluye a países grandes con antecedentes de compromiso con esa república.

La posesión por civiles de pistolas y otros instrumentos letales se acaba de evidenciar como escasa de controles.

La regulación que debía impedir su llegada a manos impropias por razones morales y psíquicas, perdió rigor desde años antes, una escapada de límites que las autoridades presentes se comprometen a resolver.

La posesión por civiles de pistolas y otros instrumentos letales se acaba de evidenciar como escasa de controles.

La regulación que debía impedir su llegada a manos impropias por razones morales y psíquicas, perdió rigor desde años antes, una escapada de límites que las autoridades presentes se comprometen a resolver.

Las armas de fuego que circulan sin licencias ni renovaciones hicieron prosperar una clandestinidad que se nutría además por robos y contrabandos.

Las estadísticas anuales de la criminalidad dan constancia de que la mayoría de las agresiones a tiros -muchas con efectos mortales- implican el uso de armas desautorizadas.

Una proliferación respaldada por complicidades descubiertas a lo interno del órgano expedidor de licencias, propiciando una diseminación al estilo del viejo Oeste.

Sin temor a consecuencias de tipo legal, la adquisición de armas de fuego por gente de naturaleza violenta, o de intención delictiva apoyada en la capacidad de matar, ha cobrado dimensiones en nuestro medio.

Además de endurecer los requisitos que deben cumplirse para portes y posesiones, previo examen de aptitudes y antecedentes, procede perseguir sin desmayo a los pasados violadores de regulaciones y a quienes las irrespetaron desde funciones públicas, principales auspiciadores de este auge.

Sus incumplimientos del deber han creado mayores riesgos para la colectividad con la violencia social apertrechada.

El empeño tesonero del Gobierno por continuar el programa de vacunación con la misma activa disponibilidad de dosis con que comenzó, lleva a confiar en el éxito de sus gestiones internacionales para llenar vacíos causados al proceso por incumplimientos de farmacéuticas o retrasos de embarques.

El impacto mundial de la demanda por inmunizadores, y el acaparamiento a que se han lanzado los países grandes, pone en aprietos a otras naciones aunque al final del túnel aparecen más opciones aprobadas por la Organización Mundial de la Salud para protegerse del virus SARS-CoV-2.

Más armas biológicas muestran eficacia, incluyendo la que provee el complejo Johnson and Jhonson de una sola aplicación y la producida por científicos rusos. Ninguna estaría fuera de la posibilidad de reforzar la ofensiva de los dominicanos contra la pandemia.

Ante la elevada capacidad de transmisión y preocupantes índices de letalidad que caracterizan la infección viral, solo queda adelantarse a los imprevistos con apertura a todas las posibilidades de disponer de vacunas, hoy, mañana y pasado mañana.

Bajo el criterio de no abstenerse de gestiones y tocar cada puerta que aparezca en el horizonte.

Fue así que el Estado dominicano se agenció más de 800 mil unidades para entrar de lleno en las primeras inoculaciones a falta de las que adelantadamente había contratado con otras farmacéuticas de entregas inseguras.

Los ataques del virus SARS-CoV-2 a la salud colectiva que incluyen altos riesgos de muerte, han persistido con las angustiantes compañías de trastornos emocionales, estrés y pánico que debilitan defensas orgánicas y una contracción economía que deja a la gente sin empleos para ganarse la vida y a los negocios acumulando pérdidas que amenazan su existencia.

Son tres calamidades a la vez que fuerzan a las autoridades y a los gobernados a emplearse equilibradamente para superarlas.

La reducción del toque de queda, siempre con la posibilidad de volver atrás si resurgen extralimitaciones ciudadanas, llega con una luz al final del túnel encendida por la atenuación de contagios con índices esperanzadores, y el flujo en marcha de la vacunación con extraordinario interés colectivo por las dosis.

Con estos pasos no se está dando autorización para despojarse de mascarillas ni para congestionar locales con ruptura de distancias mínimas entre los concurrentes, inobservancias que será necesario combatir con toda energía aunque se haya reducido el horario de confinamiento.

Procede una disminución gradual de restricciones que todavía tienen aulas vacías que atrasan la educación y una asfixiante parálisis en el entretenimiento que ya lleva un año completo.

Conviene abrir brechas para introducirse en un cauto proceso de normalización. Las privaciones han erosionado la forma ordinaria de vivir.

La decisión de modificar la Ley de Hidrocarburos abre interrogantes sobre lo primordial de que debe convertirse en herramienta favorable al consumidor y a proveedores regulados, ahora que el petróleo experimenta alzas intensificadas localmente por impuestos y tasas adicionales de resultados y destinos finales de escasa transparencia.

Los márgenes de rentabilidad por producción, importación y comercio deben ajustarse a la realidad mercadológica. Procede establecer el volumen de distintos derivados dirigidos a sectores de producción y comercio bajo trato privilegiado a una minoría que escapa al fisco y a la estructura formal de distribución.

Una gigantesca tajada que lesiona al comercio formal generando competencia desleal en un marco de denuncias atendibles de que ocurren desvíos sin control de carburantes hacia la venta libre que de todos modos llegan encarecidos a la diversidad del transporte y otras actividades fundamentales de la economía.

El acceso actual a combustibles no está regido en atención a que resultan determinantes en costos para los sectores industrial y agrícola y para brindar buen servicio a pasajeros de medianos y bajos ingresos.

Tomando en cuenta la función social intrínseca, y su influencia en los precios finales de artículos y servicios de primera necesidad, la presión de ningún factor debería ir contra el desarrollo y los suministros básicos sin olvidar el bajo el poder adquisitivo.

Al comparecer ante las cámaras legislativas antier, el presidente Luis Abinader esbozó los pasos consumados en la estada de solo seis meses en la primera magistratura, a la que ascendió en momentos críticos para el país equiparables a los de 1965 y tras un difícil y costoso proceso electoral bajo afán continuista con empleo de recursos públicos.

Testimonió haber hallado arcas vacías, sin planes en marcha para enfrentar los problemas nacionales.

Este sigue siendo un sector público que depende en más de un 65% del endeudamiento para seguir funcionando, resultado de una nómina oficial excesiva y de cuestionables gastos anteriores.

Sus primeras disposiciones se encaminaron al ahorro y a la búsqueda de eficiencia. El hecho de que a esta fecha su Gobierno continúe bajo fuerte presión de partidarios que reclaman cargos, expresa una búsqueda de equilibrio con la realidad fiscal.

Acudió ante el país poniendo en primer plano, en propósito de edificar y generar confianza, los logros que atribuye a su administración con un impacto de palabras que, aun superando lo materialmente concreto, colocó en proyección al futuro para explicar las inversiones a realizar con mayor dimensión y en los mismos contextos.

Su reconocimiento a la diáspora por las significativas remesas que la economía recibe, y al personal médico que lleva sobre hombros combatir el virus SARS-CoV-2, se identifica con un sentimiento colectivo.

Su indignación ante el peaje sombra de la Autopista del Nordeste, a cuyos beneficiarios contractuales se dispone a enfrentar judicialmente, pronostica el fin de una infame herencia de administraciones anteriores nunca escrutadas.

El discurso solo podía contener perfiles de la vasta enumeración de los informes ministeriales llevados al Congreso.

Las obligaciones del Poder Ejecutivo se plasman en sus referencias a esfuerzos por lograr en el menor tiempo una extensa vacunación contra contagios y muertes, las inversiones y gastos para enfrentar el alto costo de la vida, salvar de la inutilidad dispendiosa a la burocracia, impulsar la recuperación del turismo y el desarrollo regional, superar el tranque de la educación por pandemia, llevar eficiencia y aumentar las coberturas sociales, contrarrestar la delincuencia y mejorar el sistema vial.

Un discurso que resalta porque incluyó reafirmar la intención de poner fin a la impunidad vergonzante, tradicional y recrecida en tiempos recientes, en los que la Justicia podía ser doblegada y el Ministerio Público teledirigido en sobresalientes episodios con estallidos de escándalos.

Un número importante de agrónomos está cruzado de brazos, en preocupante inmovilidad en un país que ve subir los precios de los alimentos de origen vegetal más demandados por la población.

Al criterio de ese conglomerado técnico, existe también en muchos campos la inacción de los medianos y pequeños agricultores carentes de apoyo para reasumir sus roles de proveedores.

Excluidos de programas que promuevan siembras de ciclos corto y mediano. Necesitados de simientes en gratuidad o bajo costo y a crédito y de que se sientan la asesoría profesional, el suministro de agroquímicos para cultivos y la perforación de pozos, recursos y protagonismos que debe aportar el Estado.

En particular, los predios de reforma agraria, de anterior importancia en la producción de arroz, necesitan de inmediato la mano amiga del Gobierno.

No es que la explotación agrícola y sus complementos pecuarios agonicen, pues el desarrollo productivo a gran escala a mano de diligentes empresarios contribuye, a partir de gestiones modernas, a la creciente presencia de productos dominicanos en el exterior, renglones llevados a estándares apropiados para mercados de primera.

En crisis están, en gran medida, campesinos de poca tierra y carencias que les obligan a depender de acicates que provengan de instituciones públicas, constituyendo una franja subutilizada como fuente alimentaria para las ciudades dominicanas.