Tras las últimas consultas electorales, con el correspondiente acceso a investiduras del Estado, han salido a la luz atendibles indicios o rotundas evidencias de que se soprepasan, para provecho propio, las fronteras de cargos asumidos por tales y cuales señores, incluso creyéndose en capacidad de tronar y escapar a toda posible sanción futura.

El Poder Ejecutivo, el Ministerio Público y por lo menos uno de los órganos fiscalizadores descentralizados (Compras y Contrataciones), más el liderazgo municipal calificado, han dado hasta ahora muestras de incompatibilidad con los comportamientos irregulares o de abierto desafío a la legalidad.

La intolerancia ahora exhibida desde las cimas del Poder a la desnaturalización de funciones oficiales debe subrayarse con permanencia y cero excepciones si el cambio, demandado por el electorado, ha de ser real.

La percepción de excesos escudados en nombramientos o categorías electivas, tiene terreno ganado a través del periodismo investigativo y documentador en respaldo a los gobernantes que deciden abrazarse a las buenas prácticas administrativas y éticas.

Prolifera en los espacios abiertos la capacidad ciudadana de ser testigo de excepción con el recurso de las tomas fílmicas que repetidamente ponen en la picota a quienes ingenuamente suponen que sus exabruptos pasarán desapercibidos. Verlo todo ya no es exclusividad divina. La ocultación es más difícil.

Existe una deuda con el estudiantado que se refleja en insatisfacciones de familias que no han palpado en la enseñanza a distancia una respuesta apropiada a los esfuerzos por aprender. Para quienes entienden que no debe tardarse más en dirigir pasos hacia el retorno a las aulas, ya existe una apertura hacia el consenso con fecha precisa.

Para el día 24 de este mes está convocado el Consejo Nacional de Educación con la vista puesta en la confección de un protocolo que permita conjugar con gradualidad las actividades docentes tradicionales y los imperativos de evitar contagios del virus SARS-CoV-2.

El vacío de clases convencionales, y las dudas sobre la efectividad y rendimiento de las imparticiones electrónicas, obligan a crear un espacio para el análisis de riesgos y el diseño de un reencuentro entre maestros y alumnos a partir de realidades por existir planteles, públicos y privados, en los que sería posible acogerse con rigor a los distanciamientos, higiene y detección de casos sospechosos para prevenir infecciones. La difusión del germen, que ya tiene la contraposición de un proceso inicial de vacunación, no es homogénea territorialmente y su incidencia en la niñez es diferente notablemente a la que presenta para otros sectores poblacionales. Tampoco debe ser homogéneo el impedimento de asistir a locales escolares que no responden a una misma característica. Abrir brecha hacia lo semipresencial.

Es una epidemia adicional: los confinamientos van con frecuencia acompañados de emisiones abusivas de sonidos generalmente musicales. Mucha gente se recoge con su propia pasión por estruendos de altos decibeles, sin consideración a habitantes de sus cercanías. El pesar de familias que viven bajo la embestida de vecinos que prodigan contaminación sonora ha hallado mucha difusión mediática últimamente.

Contra el historial de batallas exitosas de las vacunas contra enfermedades que la humanidad ha librado, y de espaldas a las autorizadas opiniones certificadoras de la seguridad y efectividad de los inmunizadores ya disponibles, aparece un segmento poblacional oponiéndose a recibirlas.

Su ilógica negación individual va contra la conveniencia de detener la propagación del virus con un efecto masivo de prevención. A menos personas exceptuadas de la medicación protectora, mejor rumbo hacia la normalización del país. Preocupa la ignorancia que motoriza fobias y niega solidaridad hacia los demás. A quienes se eximen se les permite tomar decisión por sí mismos, pero con evidente riesgo al resto de la población.

La resistencia de quienes en encuestas figuran numéricamente importantes convierte en urgencia desplegar una campaña de mensajes para reafirmar comunitariamente que la vacunación es la única opción para las naciones, hoy de rodillas por el virus SARS-CoV-2, para incorporarse a múltiples actividades sin miedo a enfermar o morir. De un lado está el derecho personal a medicarse o no, y de otro está lo más importante, pues mantenerse sin motivos válidos en capacidad de transmitir la infección pone en peligro al prójimo. Por decisión administrativa debería requerirse estar vacunado para ocupar lugares en centros laborales y de servicios de mucho contacto con el público.

Cuestionar el origen de fortunas bajo indicios de haber sido amasadas desde funciones públicas o mediante complicidades con prestadores de servicios y proveedores, confiere máxima importancia a las obligaciones de certificar lo adquirido ante órganos de fiscalización. El Ministerio Público, que vive época de verdadera independencia, está demostrando que las cuantificaciones de patrimonios, aun siendo insuficientemente aplicadas o burladas, son eficientes para lograr la justificación de haberes, que siempre debe serles posible a los sujetos de investigación. Presunción de inocencia hasta que hable la Justicia. Arreciada la búsqueda de lo mal habido para conducir a esclarecimientos, se reafirma la necesidad de fortalecer cada órgano revisor de las administraciones de recursos desde ejercicios de poder, como se ha propuesto el Gobierno.

Es imprescindible mantener sobre firmes bases y herramientas efectivas la aplicación de auditorías a compras, inversiones y gastos. La exigencia de declaraciones juradas de patrimonios debe estar acompañada de medidas administrativas rigurosas de suspensiones y despidos cada vez que proceda. Con leyes de cero tolerancia a evadir la rendición de cuentas, pasando a la vía penal cuando resulten evidentes las intenciones criminosas de ocultar apropiaciones para el enriquecimiento. La opinión pública espera ver llegar la recuperación de valores frutos del peculado.

Con poco más de cien millones de ejemplares vendidos en todo el mundo, Diez negritos de Agatha Christie se encuentra en los listados de los libros más vendidos. Un libro que desde su publicación ha dejado mucho de que hablar tanto por su intensa trama como por un título que ha tenido que ser adaptado en diversos países para evitar afrontas con el público, como es el caso de Francia donde ha pasado a llamarse Eran diez o en Estados Unidos And Then There Were None.

Esta novela corta transcurre mayormente en una isla de las costas inglesas donde diez personas de diversos estratos sociales son citadas por un personaje aparentemente influyente, rico e importante. Desde la primera noche que deben pasar en una mansión solitaria en esta isla, empiezan a morir uno por uno en situaciones extrañas que ponen de manifiesto la duda y culpabilidad de cada uno de los personajes.

Desde un juez importante, una institutriz, un explorador, una mujer soltera con arraigo religioso, un militar de alto rango, un médico, un joven rico, hasta una pareja de sirvientes, conforman la lista de invitados que guardan algo en común, todos han sido vinculados a algún tipo de crimen y no han pagado por ello.

Agatha Christie no solo nos entrega una historia interesante y que nos mantendrá pegados a las páginas de inicio a fin, también nos da en Diez negritos una lección sobre el comportamiento humano, la culpa, la inocencia, la ira y la traición. Es normal que como lector terminemos identificándonos con uno de los personajes de esta historia y por supuesto, cada uno de nosotros seleccionará a una personaje distinto ya que estas diez personas son mostradas en la historia con comportamientos particulares que bien pueden coincidir con los nuestros. Y claro está, como toda novela de Agatha Christie, empezaremos a crear teorías en nuestra mente que en más de una ocasión nos hará señalar al supuesto asesino, hasta que este muera y encausemos la culpabilidad a otro.

Pollo, huevos y pan son alimentos po- líticos; alzas no se pueden descuidar

Gobernar en una pandemia es un acontecimiento inédito. A los ya difíciles y tradicionales cartones que hay que atender siempre, se suman asuntos que, por el contexto de crisis económica y sanitaria, demandan atención inmediata.

Hoy día, la agenda, más que nunca, la ponen las circunstancias y no, necesariamente, las promesas de campaña o el plan de gobierno prometido.

El aumento del precio del pollo, de los huevos, la amenaza que suba el pan … no se puede descuidar porque son “alimentos políticos” que le ocasionan una crisis a cualquier gestión.

Y es que es alta su incidencia en las poblaciones de clase media baja y baja, que adquieren estos productos al detalle, en el día a día, por lo que resienten cualquier alza en condiciones normales, máxime en las actuales.

La diferencia es que ahora, en este mundo pandémico, estamos ante un contexto internacional que ha explicado la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) se caracteriza por aumentos consecutivos en los precios mundiales de los alimentos: cereales, aceites, vegetales, azúcar y, pero en mucho menor proporción, productos lácteos y carnes (HOY, 5 de febrero, 2021).

La FAO explica que inciden, dependiendo del alimento que sea, bajas en producción, condiciones meteorológicas no favorables, compras cuantiosas de naciones particulares que limitan la oferta mundial, huelgas, escasez de mano de obra inmigrante, entre muchas otras condiciones.

Esto es bueno que la ciudadanía lo domine y tal vez sería interesante que las autoridades lo expliquen. De todos modos, es válido no quitarle el ojo a lo que pasa en el patio, incluyendo comportamientos de sectores empresariales que deben colaborar en este y otros temas.

Pero no todo está hecho y esta crisis, como todas, genera oportunidades orientadas a, por ejemplo, mientras se desaparece el INESPRE, como se prometió en campaña, recuperar los mercaditos y popularizarlos; hacer campañas desde Proconsumidor, hasta ideas más variopintas como aumentar siembra de productos de ciclo corto y estimular el consumo de víveres.

Y es que uno siempre debe desear que los gobiernos marchen bien porque eso ayuda a la ciudadanía general, más tras una pandemia donde se debe evitar que una joven gestión con tanto que hacer aún en lucha contra corrupción, impunidad y por fortalecimiento institucional, pierda tiempo y fuerzas en una crisis social y que le griten: ¡Es la economía! ¡Es la economía!

El país está inmerso en crisis sanitarias y socioeconómicas por la pandemia, y en nada convienen las pugnas sectoriales que estorben y resten atención a las urgencias que ahora embargan. Existe un estado de emergencia nacional para concentrar esfuerzos en metas primordiales, inaplazables y de mayor gravedad. La Universidad Autónoma de Santo Domingo, situada con anterioridad en precariedades y deserciones, ha ido a parar, por embate unilateral de profesores, a un cese docente trastornador. Y como si faltara más, los empleados administrativos elevan una bandera de lucha salarial que paralizaría sus servicios acorralando a las autoridades de la academia.

De otro lado, la violencia ejercida contra la sede del Congreso puso en trauma al órgano mientras permanecía en desacuerdo sobre incentivos para la frontera. El presidente Abinader tuvo que intervenir unificando criterios. Las relaciones entre médicos y el Ministerio de Salud Pública, con la Policía de por medio, se complican por agresiones y apresamientos de médicos y contradicciones sobre inminente aplicación de vacunas contra el coronavirus. A lo radical se pasa fácilmente en esas esferas; aparte de las dificultades para consensuar al sector educativo y a las correspondientes autoridades sobre el dilema de volver o no a las aulas. Las disparidades tienen efectos retardatarios y de distracción cuando más armonía se necesita.

Es notable el efecto que sobre estados emocionales ejercen las privaciones de movimiento, reducción de ingresos familiares por anormalidades asociadas a los confinamientos. Depresiones, estrés y pánico han cobrado intensidad en la población.

Y es preocupante la percepción de una insuficiencia de labor sanitaria para enfrentarlos en la magnitud requerida. Muchos padres reportan ansiedades y desorientación en niños privados de docencia presencial y con tendencia a perder interés porque la que se brinda a distancia es incierta en sus resultados.

No compensa las ausencias en aulas. La violencia con que grupos barriales reaccionan a la Policía mientras violan el toque de queda es manifestación de inconformidad mal manejada por individuos alterados por cambios en su forma de vivir, un malestar general que el Gobierno reconoce.

Es primordial contener el virus con acciones terapéuticas e imposición de límites a los contactos sociales sin dar de lado a las secuelas sobre la psiquis de la población.

Una buena parte de la gran inversión publicitaria que el Gobierno dirige a exaltar su imagen y buscar aprobación pública debería contener un directo propósito motivacional impactante sobre los ciudadanos para que acudan en busca de auxilios preservadores de la salud mental. Imprescindible que la asistencia psiquiátrica y psicológica cobre más extensión en la red hospitalaria de alcance nacional.

Con alguna frecuencia salen a la luz comportamientos cuestionables, o que claramente deben ir a la Justicia, señalando mediante denuncias formuladas responsablemente a funcionarios públicos, elegidos o nombrados. De inmediato se han hecho notorias las reacciones desde el poder con intención de judicializar casos, sumarse con pronunciamientos a la desaprobación o de sancionarlos por vía administrativa. Desde la jefatura de Estado se sientan precedentes que faltaban como expresión de voluntad por esclarecer indelicadezas o supuestos abusos cometidos desde investiduras oficiales, respetando procedimientos que conduzcan al escarmiento.

El presidente Abinader ha expresado discursos y tomado decisiones, en oposición al antiguo vicio de encubrir conductas que deben ser investigadas a profundidad o que por evidencias ameritan medidas contundentes. La ley, definitivamente, debe entrar por casa en este país al que usualmente le cuentan las impunidades escandalosas. El poder no debe prestarse, como ocurría anteriormente, para sacarles las castañas del fuego a los compañeros de partido o a los congraciados por vínculos de amistad, nexos familiares o concertaciones para el enriquecimiento. De todo eso existen antecedentes oprobiosos. La mala opinión sobre políticos, y la todavía vigente impresión de que la corrupción sigue siendo un gran mal, derivan de debilidades institucionales favorables al peculado.

De una vez por todas, el Gobierno debe meter todo el brazo para desarrollar sistemas de transporte urbano abundantes y eficientes en ciudades muy pobladas enlazando las diferentes formas de viajar de que disponga, ejerciendo potestad para asociar lo público y lo privado, incluyendo a sindicatos dispuestos a compartir responsabilidades sin radicalismos.

Lo que el Estado parece dispuesto a hacer en ese renglón coloca al usuario como el ente primordial a beneficiarse de un programa de transporte organizado y suficiente que apoye su derecho al tránsito. Dos beneficios extraordinarios devendrían de convertir las vías públicas en un bien común sobre el que ningún grupo debe comportarse como batuta y constitución. Ese poderío solo corresponde al Estado, único que en base a la Constitución está comprometido con la seguridad y bienestar de los ciudadanos en distintos órdenes.

La colectivización de los servicios a pasajeros es imprescindible para descongestionar las calles y avenidas y, bien llevada en nombre de la ley, sería factor de reducción de accidentes y de consumos excesivos de combustibles, agilizando la circulación. Permitiría la introducción masiva de vehículos energizados amigablemente con el ambiente. Abarataría el costo de operaciones y para acceder a las diferentes unidades de locomoción y así proteger los ingresos del pueblo llano con una disminución de gastos en tiempos de crisis.