• Por Gustavo Dovis
Existe una gran parte de la sociedad que ignora cómo se desarrolla la actividad judicial, y necesitamos que la sociedad en su conjunto se involucre, que sepa, que tenga noción de qué pasa puertas adentro de tribunales. Debería darse una mayor participación ciudadana en los juicios, ya que está la posibilidad de ingresar a los juicios y poder verlos, dado que son públicos.
El ciudadano que nunca ha participado de un conflicto penal, cree que está protegido por un conjunto de leyes de manera efectiva, en realidad esas leyes existen, pero el problema es su aplicación real.
Hoy nos encontramos que el principio de inocencia ha cedido en gran parte ante la cantidad escandalosa de prisiones preventivas dictadas y que mantienen privadas de la libertad a un número exagerado de personas.
También se desconocen las reales posibilidades de enfrentar un juicio penal, en los cuales las absoluciones son una excepcionalidad absoluta. Si tenemos en cuenta los dichos del doctor Andruet –a modo de ejemplo-, refirió que el 95% de las causas que ingresan se resolvieron con juicios abreviados. Es decir, de piso tenemos un 95% de personas que fueron condenadas. Nos queda un 5% que va a juicio común, donde la mayoría de las personas también son condenadas.
La pregunta que queda flotando es si esa eficiencia es real, si el poder judicial tiene semejante eficiente a la hora de resolver los conflictos penales y castigar a quien quebrantó alguna de las conductas tipificadas en el código penal. O por el contrario, si todos estamos en peligro al ser acusados -aun injustamente- con este tipo de modalidad. O si solamente en algunos procesos penales, de tipo elitista, como hemos tenido últimamente en la ciudad de Río Cuarto, se cumple con las garantías que todos deberíamos tener.
Son preguntas que quedan flotando y que estaría bueno responderlas con hechos. Hechos que acerque la justicia a una sociedad que cada vez la mira con más desconfianza.