La Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia ha decidido que, de la terna que envíe el Presidente de la república, ella escogerá un Fiscal Ad hoc para que conduzca al ente investigador y conozca lo pertinente al mayor caso de corrupción del que se tenga noticia: el de Odebrecht.

Punto de Referencia: Una mirada imparcial y objetiva al acontecer Nacional y Mundial. Columna del Dr. José Gregorio Hernández Galindo, expresidente de la Corte Constitucional de Colombia y director de la emisora virtual dedicada a temas juridicos "lavozdelderecho.com".

La presunción de inocencia es uno de los elementos básicos de una organización democrática y de un Estado de Derecho. Es garantía de libertad y de justicia. Según ella, las personas no están obligadas a demostrar que son inocentes. La inocencia se presume por mandato constitucional y en virtud de Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos, de suerte que la carga de la prueba se traslada a quien afirme que alguien ha cometido un delito, y en el proceso respectivo el Estado -por conducto de los jueces competentes-, partiendo de la presunción, no puede condenar sin una plena prueba que la desvirtúe.

El Senador Gustavo Petro se desempeña en tal cargo por mandato constitucional -art. 112 de la Constitución, modificado por Acto Legislativo 2 de 2015, a cuyo tenor el candidato que le siga en votos a quien la autoridad electoral declare elegido en el cargo de Presidente de la República tendrá el derecho personal a ocupar una curul en el Senado durante el período de la correspondiente corporación.

Me parece que sería muy grave para la democracia y el cumplimiento de la Constitución y los tratados internacionales que se admitiera que cualquier funcionario administrativo, solo imponiendo una multa estrafalaria y desproporcionada, pudiera asumir las funciones de juez y suspender a una persona en el ejercicio de los señalados derechos.

Al parecer, COLPENSIONES y sus directivas -o al menos algunos burócratas subalternos en ejercicio- están resueltos a obstaculizar al máximo los derechos de las personas al reconocimiento, al reajuste y al disfrute de las pensiones a que tienen derecho -de naturaleza constitucional-, tras toda una vida de trabajo y de cotizaciones al sistema.

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La Corte Constitucional (Sentencia T-449 de 2018) ha aceptado que los católicos pueden ejercer acción de tutela contra decisiones de las autoridades eclesiásticas, pero sólo aquellas que desconozcan derechos fundamentales, pues, sin perjuicio de su autonomía en lo religioso, la Iglesia debe "garantizar a quienes han optado por esta religión, el respeto de sus garantías constitucionales".

Punto de Referencia: Una mirada imparcial y objetiva al acontecer Nacional y Mundial. Columna del Dr. José Gregorio Hernández Galindo, expresidente de la Corte Constitucional de Colombia y director de la emisora virtual dedicada a temas juridicos "lavozdelderecho.com".

Lo más grave que le puede ocurrir a una sociedad que se considera democrática es la pérdida de confianza del pueblo en sus instituciones. Eso es todavía más grave cuando las instituciones que pierden credibilidad son las judiciales, las encargadas de garantizar que tenga realización el valor fundamental del Derecho: la Justicia.

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Lo más grave que le puede ocurrir a una sociedad que se considera democrática es la pérdida de confianza del pueblo en sus instituciones. Eso es todavía más grave cuando las instituciones que pierden credibilidad son las judiciales, las encargadas de garantizar que tenga realización el valor fundamental del Derecho: la Justicia.

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La Corte Constitucional declaró inexequible la aplicación del IVA a las toallas higiénicas que usan las mujeres. Un fallo justo que reitera los principios constitucionales de igualdad y equidad.

El Congreso debe tenerlo en cuenta al estudiar el arbitrario proyecto del Gobierno que extiende el IVA a los productos de la canasta familiar.

Una mirada imparcial y objetiva al acontecer Nacional y Mundial. Columna del Dr. José Gregorio Hernández Galindo, expresidente de la Corte Constitucional de Colombia y director de la emisora virtual dedicada a temas juridicos "lavozdelderecho.com".

Lo que se ha conocido sobre la extraña muerte de Jorge Enrique Pizano Ponce de León -testigo clave en el caso de corrupción de Odebrecht- y de su hijo Alejandro -quien, proveniente de Barcelona, vino al país para acudir a las exequias de su padre- es de una gravedad extrema y exige urgente, independiente y efectiva investigación a fondo.

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El derecho a la protesta y la libertad de reunión, obviamente no se pueden confundir con los actos de violencia, ni con los que provocan el caos y el daño a la comunidad. Una cosa es el derecho y otra el abuso del derecho. Éste último no se confunde con aquél.

Los estudiantes que reclaman pacíficamente deben ser escuchados por el Gobierno colombiano, pero quienes perpetraron los bloqueos y los actos de violencia -probablemente infiltrados- deben ser identificados, detenidos, procesados y sancionados, sobre la base de establecer su responsabilidad en los hechos.