La reunión que afortunadamente se convocó y tuvo lugar entre el Fiscal General de la Nación y la señora presidenta de la JEP, con la mediación de la Comisión de Paz del Senado. Si las disposiciones hubiesen sido claras y precisas, como lo solicitamos desde la Academia varias veces, no se habría requerido mediación, ni reunión, para distribuir, como en una especie de negociación entre poderes, funciones y competencias.

Como lo decíamos en anterior columna, el proyecto de reforma constitucional que extiende hasta 2022 los períodos de los actuales gobernadores y alcaldes -ya aprobado en primer debate en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes- riñe con el principio democrático -de la esencia de nuestras instituciones- y, por tanto, sustituye la Constitución.

Aunque la Corte Constitucional no ha sido coherente al aplicarla, sigue siendo válida la tesis que ella misma sostuvo en la Sentencia C-551 de 2003, mediante la cual abrió la puerta para el control de constitucionalidad y para la eventual declaración de inexequibilidad de reformas constitucionales, ya no solamente por vicios de procedimiento en la formación del respectivo acto (Art. 241, numeral 1, C.P.), sino por falta de competencia de quien ejerce el poder de reforma cuando entra a modificar o a sustituir valores o principios esenciales de la Constitución.

El Gobierno sabrá seguramente que hace días otro niño fue víctima de la delincuencia, inclusive con ribetes de mayor gravedad. Los hechos se sucedieron en los alrededores de la Sierra Nevada de Santa Marta. Es un niño de apenas seis años; su padre fue asesinado a tiros; se encontró el cadáver, y el paradero del niño se desconoce.

¿Cómo no va a despertar este hecho la indignación y la solidaridad de la sociedad, del Gobierno, de la Fuerza Pública?

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Gracias a la presión y la solidaridad de la sociedad y los medios de comunicación, se produjo finalmente -tras una semana de secuestro- la liberación del niño Cristo José, quien ya está con sus padres, sano y salvo. “Me robaron”, dijo el menor. Así fue.

Punto de Referencia: Una mirada imparcial y objetiva al acontecer Nacional y Mundial. Columna del Dr. José Gregorio Hernández Galindo, expresidente de la Corte Constitucional de Colombia y director de la emisora virtual dedicada a temas juridicos "lavozdelderecho.com".

Es necesario que sigamos refiriéndonos al abominable acto perpetrado en el municipio de El Carmen -Norte de Santander-. El secuestro del niño Cristo José, hijo del alcalde municipal, quien lleva ya 6 días separado violentamente de su familia y quién sabe en qué condiciones, en manos de los delincuentes.

No por ser hijo del burgomaestre, sino por ser niño, el delito ha despertado la reacción de todo el país, inclusive con repercusiones internacionales.

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El país se ha estremecido con las recientes noticias sobre crímenes contra menores. Así, el de Génesis, la niña de nueve años, brutalmente asesinada y quemada en Fundación -Magdalena- por un criminal que ahora llora, confiesa su delito y pide perdón, creyendo que tendrá rebaja de pena; y la niña de pocos meses, violada y asesinada en Buenaventura por otro sádico.

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Apoyados en el pretexto del derecho al libre desarrollo de la personalidad, los narcotraficantes han invadido las ciudades colombianas y han convertido a miles de niños y adolescentes en consumidores de sustancias alucinógenas, a ciencia y paciencia de las autoridades.

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Más que en las disposiciones constitucionales vigentes -a muchas de las cuales se propone introducir innecesarias reformas- el principal problema de nuestra administración de justicia radica en la perniciosa tendencia a la corrupción que se acusa en muchos jueces y abogados, la cual está acompañada, casi siempre, de una débil formación jurídica.

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El artículo 20 de la Constitución señala como uno de los derechos fundamentales el que tiene toda persona a recibir información veraz e imparcial. Más todavía cuando esa información proviene de los organismos públicos, respecto a sus actividades.

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