Cabe considerar un punto que, no sin extrañeza, hemos visto incluido en los proyectos de reforma a la justicia hasta ahora presentados, incluido el del Gobierno: el relativo a un deliberado propósito de restringir, limitar y hacer inane la acción de tutela, introducida con fortuna en la Carta Política por la Asamblea Constituyente de 1991 y desarrollada por la abundante doctrina y jurisprudencia de la Corte Constitucional. De paso, quiero resaltar que en los foros internacionales sobre justicia –acabo de participar en uno, llevado a cabo en México-, tanto nuestra regla básica sobre acción de tutela (Art. 86 C.P.) como su desarrollo jurisprudencial son materia de elogio, estudio y análisis por juristas de distintas nacionalidades.

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Hablábamos hace unos días de la creciente violencia desatada contra los niños. Violencia física. Violencia moral. Violencia sexual. Muchos casos no denunciados. Falta de solidaridad. Impunidad y gran indolencia de muchas autoridades.

Ahora los medios se ocupan del caso de una actriz colombiana golpeada en México por su novio -otro actor colombiano-, sin que las autoridades judiciales y de policía de ese país le hubieren hecho justicia.

Punto de Referencia: Una mirada imparcial y objetiva al acontecer Nacional y Mundial. Columna del Dr. José Gregorio Hernández Galindo, expresidente de la Corte Constitucional de Colombia y director de la emisora virtual dedicada a temas juridicos "lavozdelderecho.com".

Sin sustituir a los tribunales que deben resolver sobre la acción de tutela instaurada contra la Superintendencia de Industria y Comercio por la Federación de Fútbol sobre el escándalo de la reventa de boletas para las eliminatorias del Campeonato de Fútbol 2018, cabe formular algunos conceptos generales.

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La Constitución colombiana enseña, desde su primer artículo, que nuestra democracia y el Estado Social de Derecho tienen por fundamentos, entre otros, el respeto a la dignidad humana y el respeto al interés general.

Dice el artículo 2 de la Carta Política que “las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares”.

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La mejor prueba acerca del carácter inoficioso de la costosa consulta “anticorrupción” consiste en que, pese a no haber obtenido el umbral para que produjera algún efecto jurídico vinculante, ya están presentados varios proyectos con ese objeto y ha comenzado su trámite. Además, el Presidente de la República se ha reunido con los promotores y, de manera voluntaria, ha asumido la misión de sacarlos adelante, frente a un verdadero cáncer que ha venido carcomiendo el patrimonio público y la credibilidad institucional.

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Hemos venido sosteniendo que la Constitución colombiana ha perdido estabilidad por culpa del ejercicio desordenado de la competencia de reforma mediante la incesante expedición de actos legislativos carentes de integración y de coherencia. Lo cual, por supuesto, lleva a enormes dificultades en la interpretación del estatuto fundamental, en la aplicación de sus disposiciones y en la enseñanza de su contenido a las nuevas generaciones.

Debemos preservar la estabilidad constitucional y velar porque las normas existentes sean cumplidas, pues son varios los asuntos en que el respeto a la Carta Política y su defensa han brillado por su ausencia.

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Aunque el número de votos depositados no fue suficiente para que las propuestas formuladas en la consulta contra la corrupción se convirtieran en mandatos de forzoso cumplimiento , no se debe desconocer que muchos colombianos participaron. El certamen tuvo un efecto político, y esa alta participación tiene un sentido, en cuanto se trata de un llamado a los órganos estatales y a la sociedad misma para que todos nos empeñemos en rechazar la corrupción y en defender la legalidad como reglas fundamentales de conducta.

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La Consulta denominada "anticorrupción" no pasó el umbral, aunque obtuvo una votación alta. No tendrá efectos jurídicos, pero sí políticos.

Como lo decíamos en esta columna, en cuanto el Presidente de la República se ha comprometido en la lucha contra la corrupción, la consulta no era necesaria, y por tanto su alto costo - más de 300.000 millones de pesos- fue despilfarrado, sin haber sido útil.

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Los jueces fueron establecidos para realizar la justicia, que es el valor supremo del Derecho.

Los jueces ni pueden decidir por compromiso político, ni por gratitud hacia quienes los postularon o eligieron. Su meta consiste únicamente el algo trascendental y muy delicado : en administrar justicia a nombre del Estado. De manera autónoma, ilustrada, imparcial e independiente. En Derecho siempre, jamás con criterio político, ni por afinidad o cercanía con nadie. Al servicio del Derecho. De nadie más.

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Para Colombia es una vergüenza que haya prevalecido la impunidad respecto a crímenes tan graves como los delitos sexuales cometidos contra mujeres, niños, niñas y adolescentes, so pretexto de la paz.

Una reciente sentencia de la Corte Constitucional, no divulgada en su texto final, declara inexequible la norma estatutaria que sometía a miembros de las Farc sindicados de esas aborrecibles conductas a la justicia ordinaria. Van a la Jurisdicción Especial de Paz JEP, a pagar, si acaso, penas propias o penas alternativas - cuyas características también se desconocen, pero seguramente de enorme suavidad y generosidad-, máximo de 5 a 8 años.

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