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Un examen global de lo que ocurre día a día en el país -corrupción, impunidad, asesinatos de líderes sociales y de policías, ataques terroristas contra la infraestructura del país, violencia en el interior de las familias, abuso sexual, feminicidios, incremento del micro tráfico, penetración de los narcos en escuelas y colegios, guerra sucia en las campañas políticas, inseguridad, delincuencia exacerbada, para mencionar apenas algunos de nuestros males-, nos permite reafirmar algo que desde hace tiempo hemos sostenido: todo eso muestra a las claras que en Colombia hay una verdadera crisis de valores y una creciente falta de respeto a los principios.

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Lo ocurrido este 20 de febrero en varios municipios del país, así como sus antecedentes inmediatos, además de ser hechos graves, son muy extraños.

Cientos de personas asaltaron de manera simultánea las instalaciones de supermercados que, según la Fiscalía General de la Nación, son de propiedad de testaferros de las Farc. Son supermercados que la Fiscalía ocupó con fines de extinción de dominio.

A propósito, es claro que, en caso de que la Fiscalía logre demostrar que los bienes que ha venido incautando a las Farc, o otros con las mismas características, no figuran en la lista de bienes que, en desarrollo del Acuerdo de Paz, esa organización desmovilizada entregó al Gobierno en julio del año pasado, sus dirigentes y la cúpula del nuevo partido político perderían, por haber metido y engañado al Gobierno y al país,todos los beneficios jurídicos y políticos y las prebendas provenientes del Acuerdo.

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Las sentencias proferidas en las últimas horas por el Consejo de Estado en cuanto a una acción de cumplimiento, y por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en materia de acción de tutela, ambas relativas al trámite del proyecto de acto legislativo que buscaba crear 16 nuevas circunscripciones electorales para las víctimas del conflicto armado, no han hecho nada distinto de aplicar la Constitución y los postulados básicos de nuestra democracia.

Si se quiere sacar adelante esas 16 curules, es necesario tramitar un nuevo acto legislativo en el Congreso, en una asamblea constituyente, o en un referendo. Eso es todo.

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La matanza de San Valentín, como ya se la conoce, corresponde a la categoría de crímenes horrendos, que tienen lugar de manera recurrente en territorio de los Estados Unidos, bajo el mismo esquema: un individuo enloquecido, cruel, implacable, obnubilado, portando un arma de gran poder, ingresa tranquilamente al campus de una escuela, dispara a diestra y siniestra y mata a muchas personas, en este caso 17, completamente indefensas.

En efecto. las circunstancias históricas, en cuyo contexto se escribió el precepto, no son iguales a las del siglo XXI. Tal vez, entonces tuvo asidero esa garantía con la finalidad de brindar posibilidades de defensa a la colectividad. Hoy la situación es la contraria. Las armas actuales son muy sofisticadas y mortíferas. El libre acceso a las armas -cualquier tipo de armas- por parte de cualquiera, inclusive un perturbado mental como Cruz, cuya mirada extraviada y agresiva lo muestra como peligroso, constituye una amenaza grave, latente y permanente para la ciudadanía. El presidente Trump y el Congreso deben revisar - ojalá lo hagan, aunque no lo creemos- su recalcitrante posición al respecto. Lo demandan, cada vez con mayor temor y dolor, muchos estadounidenses.

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Lo que se espera de un sistema democrático en una sociedad civilizada, y de los demócratas que participan en la natural competencia por llegar al poder mediante el voto, es que disputen el favor popular agitando ideas, controvirtiendo acerca de los fundamentos ideológicos y políticos, formulando propuestas y programas con miras a atender las necesidades de la colectividad y de los ciudadanos. Se supone que quien convenza a los sufragantes tendrá de éstos la respuesta favorable en las urnas, no por haber comprado sus votos, sino por haberlos persuadido sobre las ventajas de su elección.

Colombia debe recobrar la dignidad de la política y volver a la esencia de la democracia. El pueblo debe encontrar opciones válidas, entre ciudadanos meritorios y con ideas, que obren con sindéresis y con mutuo respeto, sin perjuicio de las diferencias ideológicas o políticas.

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Una campaña política tiene el sentido y la razón de ser en la comunicación entre los candidatos y sus posibles electores, con el objeto de que los primeros presenten sus ideas, propuestas y programas, así como sus criterios acerca de los problemas que afectan a la comunidad y la manera en que los enfrentarían desde sus cargos, de modo que los segundos, debidamente ilustrados e informados, procedan a decidir por quiénes votarán

Por qué, en vez del ataque al rival, los candidatos no dicen lo que piensan en hacer contra la corrupción, el narcotráfico, el microtráfico, el terrorismo, la inseguridad?. Digan cuáles son sus políticas en materia económica y social. ¿Qué hacer por la ecología y los recursos naturales? ¿Qué proponen hacer con el desempleo, la pobreza, la desigualdad, el abandono de muchas regiones, el ingreso de venezolanos a Colombia?. Se necesitan más programas y planes de desarrollo que guerra sucia.

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Ha venido ocurriendo que en distintos lugares del territorio, por razón de protestas, abucheos y ataques físicos a las caravanas de las campañas, no se han podido llevar a cabo en un clima tranquilo y sosegado las presentaciones públicas de los candidatos a la presidencia de la República y al Congreso, pertenecientes al nuevo partido político de las FARC.

En todo caso, sigue siendo nuestra convicción que lo mejor es un proceso político pacífico, y que cada cual vote según su criterio.

Ante el rechazo de comunidades a las cuales ha concurrido en busca de votos, Rodrigo Londoño -“Timochenko”- ha dicho que “no tiene por qué arrepentirse” de sus delitos, pero que pide perdón por ellos.

Aunque no me quiero referir a su responsabilidad penal, pues definirla corresponde a la Justicia, vale la pena reflexionar sobre los términos usados. Se ha puesto fin a un conflicto en cuyo curso se cometieron crímenes atroces, de lesa humanidad, y se causó inmenso daño a miles de víctimas.

La voluntad de paz de quienes conspiraron contra la sociedad y dejaron víctimas en su camino, comienza por el arrepentimiento.

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Dice el artículo 209 de la Constitución que la función administrativa está al servicio de los intereses generales y que se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones.

Eso está escrito, pero no se cumple.

Improvisación, el grave vicio de nuestros gobiernos.

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Una de las principales virtudes de un administrador (como lo es un alcalde) consiste en su capacidad para adelantarse a los hechos, en especial los que se desencadenarán por decisiones suyas, y por tanto, en la subsiguiente previsión y planificación. Por ello, cuando introduce cambios en el sistema de prestación de servicios públicos, si va sustituir a unos funcionarios o empresas públicas o privadas que tienen a su cargo esa prestación, lo mínimo que se espera de la cabeza de la administración es que programe el tránsito correspondiente, de un sistema a otro, y que no dé lugar, por su decisión, a la interrupción del servicio público.

Los servicios públicos estarán sometidos al régimen jurídico que fije la ley, podrán ser prestados por el Estado, directa o indirectamente, por comunidades organizadas, o por particulares. En todo caso, el Estado mantendrá la regulación, el control y la vigilancia de dichos servicios". Lea la Constitución, señor Alcalde.