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Que "no ve motivo para suspender los diálogos de paz" dice uno de los dirigentes del ELN, como si lo ocurrido en Barranquilla, en Soledad, en Santa Rosa, en Tumaco, En Buenaventura fuera apenas un juego, una película o una telenovela. Como si no hubieran continuado los secuestros, las extorsiones, las voladuras de oleoductos, los asesinatos de policías y líderes sociales.

Tampoco existe esa voluntad de paz cuando, como ha ocurrido en el caso colombiano, la organización guerrillera persiste en los secuestros o mantiene a personas secuestradas, o cuando sigue incurriendo en la abominable práctica de reclutar a menores de edad. Los gobiernos no deben proseguir las negociaciones , y menos suscribir los acuerdos, ni comenzar a cumplir lo que le corresponde, mientras la organización subversiva, pese al proceso iniciado y su manifiesta intención de someterse a la legalidad –un supuesto sine qua non de cualquier proceso de paz-, se niega a liberar a secuestrados y a menores reclutados".

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La inseguridad que se ha adueñado de las ciudades colombianas tiene, entre otras causas, la perniciosa tendencia de muchos jueces a dejar en libertad por razones formales a personas que han sido capturadas en flagrancia, que han reincidido y siguen reincidiendo.

La revisión es urgente; de las normas y de su interpretación.

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Nuestro Director: Dr. José Gregorio Hernández Galindo (http://lavozdelderecho.com/index.php/de-interes/nuestro-director)

Los múltiples delitos cometidos durante el fin de semana en Colombia, comenzando por los cobardes ataques a la Policía Nacional en el barrio San José de Barranquilla -con un resultado de cinco policías muertos y cuarenta y dos heridos-, en Soledad, Atlántico -varios heridos-, en Santa Rosa, sur de Bolívar -dos policías muertos y el CAI totalmente destruido- y en Tumaco -un policía asesinado-, y por el no menos cobarde asesinato de otro líder social -Temístocles Machado- en Buenaventura, nos muestran los efectos nefastos de la impunidad y de la incapacidad real del Estado para perseguir y sancionar el delito y para garantizar, como lo exige la Constitución, la vida, honra, bienes, derechos, creencias y libertades de todas las personas residentes en Colombia.

Un propósito nacional debe ser la aplicación real y efectiva del Derecho. Otro: acabar con la impunidad.

Sabemos bien que estamos en época electoral y que en época electoral van y vienen los ataques, las sindicaciones, los reclamos y las promesas.

Diríamos que ello es inevitable, en Colombia y en todas partes, como lo hemos visto en la última campaña presidencial en los Estados Unidos. Pero, en este como en todos los campos, los comportamientos están sometidos a la ética y a la lealtad, a unos principios mínimos, al juego limpio. No todo vale para vencer al contrincante. No todo procedimiento es lícito, ni lo deberían usar los dirigentes políticos aunque asesores sin escrúpulos lo recomienden

Ahora más que nunca, aunque no somos optimistas sobre sus resultados, pensamos que la investigación penal se debe llevar a cabo.

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Una vez más debemos recordar que, hoy por hoy, delitos tan graves como el maltrato a la mujer o la violencia sexual deben ser investigados de oficio. Es decir, ha sido superada la regla anterior, que exigía querella de parte de la persona afectada, y además bastaba con el desistimiento para que hubiera impunidad.

No somos muy optimistas, pero hacemos votos porque la investigación permita descubrir al delincuente, se le adelante proceso y se aplique con todo rigor la ley penal vigente.

Se ha promulgado el Acto Legislativo 01 de 2018, "POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICAN LOS ARTÍCULOS 186, 234 Y 235 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y SE IMPLEMENTAN EL DERECHO A LA DOBLE INSTANCIA Y A IMPUGNAR LA PRIMERA SENTENCIA CONDENATORIA".

Es, sin duda, una importante reforma de la Constitución que -siguiendo una tendencia universal que reconoce a todo condenado el derecho de buscar que un juez distinto al inicial examine su caso- llena un vacío que presentaba nuestro ordenamiento jurídico, ya que, respecto de aquellos funcionarios con fuero ante la Corte Suprema de Justicia, se preveía una instancia única. Vale decir, no se les aplicaba lo previsto por regla general en el artículo 31 de la Carta Política de 1991, a cuyo tenor "toda sentencia judicial podrá ser apelada o consultada, salvo las excepciones que consagre la ley". La excepción en estos casos provenía de la misma Constitución, cuyo artículo 235, al fijar la competencia de la Corte Suprema de Justicia, hasta el pasado 18 de enero de 2018, se limitaba a señalar que algunos de tales funcionarios -los congresistas- serían investigados y juzgados por ella. Los demás eran acusados por la Fiscalía General de la Nación y juzgados en única instancia por la Sala de Casación Penal.

A nuestro juicio, respecto de los procesos que ya se habían iniciado, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia conserva la competencia, mientras se designan los magistrados de las salas especiales. Para garantizar desde ya el derecho a la doble instancia, podrían ser separadas transitoriamente las funciones, en el interior de la Sala Penal, como ya se hizo en 2008, mediante modificación temporal del reglamento de la Corte Suprema.

El artículo 1 de la Ley 1874 de 2017, aprobada por unanimidad en el Congreso siguiendo la afortunada iniciativa de la Senadora Viviane Morales, dice textualmente:

"La presente ley tiene por objeto restablecer la enseñanza obligatoria de la Historia de Colombia como una disciplina integrada en los lineamientos curriculares de las ciencias sociales en la educación básica y media...".

Entre tanto sugerimos acción de cumplimiento. Artículo 87 de la Constitución: "Toda persona podrá acudir ante la autoridad judicial para hacer efectivo el cumplimiento de una ley o un acto administrativo. En caso de prosperar la acción, la sentencia ordenará a la autoridad renuente el cumplimiento del deber omitido".

El cumplimiento estricto de los términos judiciales constituye elemento esencial para el correcto y oportuno funcionamiento de la administración de justicia y para que sea efectivo el derecho constitucional de acceso a la misma.

Repetimos: los términos judiciales son para cumplirlos y su incumplimiento debe ser sancionado.

En los últimos días se han formulado varias denuncias ante las autoridades por casos de maltrato a la mujer. Y sobre el mismo tema se han publicado en los medios de comunicación las versiones de mujeres, según las cuales en el pasado han sido golpeadas, ultrajadas y humilladas por sus compañeros permanentes.

Normas hay, Que las autoridades, so pena de incurrir en prevaricato por omisión, las cumplan.

El censo de población programado por el DANE, por internet y a las malas -con amenazas de altas multas para quienes no resulten censados-, es otra gran equivocación del gobierno y está muy mal planificado.

Un censo de población no se debe programar con tantas inseguridades y dificultades, ni con criterios discriminatorios.