Tras la expedición masiva de decretos con fuerza de ley por parte del Presidente Santos, con el objeto de ejercer las facultades extraordinarias conferidas por el Acto Legislativo 1 de 2016 para implementar los acuerdos celebrados con las Farc, nos han preguntado si, siendo desconocido hasta ahora el contenido de esas normas, existe alguna forma de control sobre ellas.

La respuesta es positiva. Existen dos formas de control: una jurídica, a cargo de la Corte Constitucional, pues, según el propio Acto Legislativo 1 de 2016, dicha corporación revisará los decretos en forma automática para verificar su constitucionalidad. Otra, política, a cargo de la Rama Legislativa, pues. como señaló la Corte Constitucional en la Sentencia C-699 de 2016, al revisar el Acto Legislativo, "por su parte, el Congreso preserva las competencias de control político y jurisdiccional sobre el Gobierno y el Presidente de la República".

De nuevo, en Estados Unidos, un tribunal de apelaciones confirma el bloqueo de la resolución expedida por el Presidente Trump mediante la cual vetaba el ingreso de inmigrantes de varios países a territorio norteamericano. Trump, ante la primera suspensión judicial, había expedido un nuevo acto, cambiando algunas palabras pero ordenando en el fondo lo mismo. Se lo volvieron a suspender.

En Colombia, la Corte Constitucional profirió una sentencia mediante la cual declaró inexequibles dos numerales del Acto Legislativo 1 de 2016 que obligaban a que el Congreso solamente propusiera modificaciones a los proyectos de ley o de acto reformatorio con el aval o permiso del Gobierno, y además obligaban a votar en bloque todo proyecto, con independencia del número y materia de los artículos. Tales normas maniataban al Congreso y la Corte liberó al Congreso en esa materia.

De nuevo, en Estados Unidos, un tribunal de apelaciones confirma el bloqueo de la resolución expedida por el Presidente Trump mediante la cual vetaba el ingreso de inmigrantes de varios países a territorio norteamericano. Trump, ante la primera suspensión judicial, había expedido un nuevo acto, cambiando algunas palabras pero ordenando en el fondo lo mismo. Se lo volvieron a suspender.

En Colombia, la Corte Constitucional profirió una sentencia mediante la cual declaró inexequibles dos numerales del Acto Legislativo 1 de 2016 que obligaban a que el Congreso solamente propusiera modificaciones a los proyectos de ley o de acto reformatorio con el aval o permiso del Gobierno, y además obligaban a votar en bloque todo proyecto, con independencia del número y materia de los artículos. Tales normas maniataban al Congreso y la Corte liberó al Congreso en esa materia.

Han armado un gran escándalo porque la Corte Constitucional hizo valer los mandatos de la Constitución y reivindicó las atribuciones del Congreso en relación con los proyectos de ley y de acto legislativo orientados al desarrollo del Acuerdo de Paz.

Ha dicho el ex negociador de paz Humberto de la Calle Lombana que la Corte Constitucional se equivocó al dictar su fallo sobre inconstitucionalidad de dos literales del Acto Legislativo 1 de 2016, y que esa sentencia pone en peligro la aplicación de los acuerdos de La Habana, y nos puede regresar a la guerra.

Más aún, propone una gran coalición política para defender los acuerdos e impedir entonces que la Constitución rija por encima de ellos.

Al parecer, el Gobierno, algunos congresistas y las FARC esperaban que la Corte Constitucional prevaricara. Que no fallara en Derecho. Que pasara sin examinar su constitucionalidad todas las normas dictadas por el Congreso y por el Presidente en relación con la implementación del Acuerdo de Paz.

Entonces, han salido a decir que el reciente fallo de la Corte sobre disposiciones del Acto Legislativo 1 de 2016 pone en riesgo los acuerdos y el proceso de paz. Nada más inexacto. La Corte se ha limitado a hacer lo que tenía que hacer. Dictó un fallo en Derecho, hizo valer la Constitución y garantizó la función independiente y deliberante del Congreso.

Las más recientes encuestas de opinión muestran, además de una muy baja popularidad del Presidente de la República Juan Manuel Santos -cada vez con menor aceptación-, una pésima visión acerca de lo que hace el Gobierno colombiano.

En el lenguaje jurídico constitucional, se reglamentan las leyes para, mediante reglas específicas que las desarrollen, facilitar y hacer posible su cumplimiento y su aplicación efectiva. El reglamento, entonces, tiene un sentido positivo, en pro de la realización de los objetivos del Constituyente y del legislador; es un instrumento al servicio de las instituciones, para llevar a la práctica sus mandatos, para cristalizar sus cometidos en beneficio de la sociedad. El reglamento lleva a lo concreto aquello que, por definición, es general en la Constitución y en la legislación.

Según el preámbulo de la Constitución y su artículo primero, el trabajo es uno de los fundamentos esenciales del sistema democrático colombiano. El artículo 25 dice, por su parte, que el trabajo es un derecho -fundamental, según reiterada jurisprudencia constitucional- y una obligación social, gozará de la especial protección del Estado, y se prestará en condiciones dignas y justas.

Que la Corte Constitucional tenga a su cargo la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución tiene un profundo significado que a veces pierden de vista las autoridades llamadas a cumplir sus fallos, y, en algunos casos, hasta los mismos integrantes de la Corporación. Por eso es necesario, en especial cuando nuevos magistrados ingresarán a ella, recordar conceptos elementales sobre el sistema y acerca del papel que juega en nuestra democracia el control de constitucionalidad.

La existencia de un tribunal encargado de defender la Constitución, como se enseñó en Austria desde la época de Hans Kelsen -y como también se dijo desde las primeras constituciones colombianas del siglo XIX- se explica por la necesidad de sostener la vigencia efectiva de los fundamentos institucionales, políticos y jurídicos del Estado; los valores y principios en que se basaron los constituyentes; los derechos, garantías y libertades de los asociados.