El tema de hoy no es, ni puede ser otro que la espantosa tragedia de Mocoa. El viernes en la noche, por causa de las lluvias y el desbordamiento de tres ríos, gran parte de la capital del Putumayo fue arrasada. Muchas viviendas quedaron sepultadas bajo el lodo y las piedras. La avalancha arrastró y sepultó a muchos colombianos que no pudieron reaccionar a tiempo ante la fuerza enorme de la naturaleza, que los sorprendió mientras dormían.

En el siglo XX los golpes de Estado los propinaban los militares, quienes instauraron dictaduras odiosas en varios países de América Latina. Se acaba de inaugurar en 2017 una nueva modalidad de golpe de Estado: ahora lo provoca el Ejecutivo y lo ejecuta, contra la rama legislativa elegida por el pueblo, un órgano judicial.

El Tribunal Supremo venezolano acaba de resolver el cierre de la Asamblea Nacional, el equivalente a nuestro Congreso, y ha asumido sus funciones.

La situación económica, social y política del vecino país ha llegado a niveles de insostenibilidad e ingobernabilidad.

Nos parece inapropiado, por decir lo menos, que, desde el Congreso, algunos de sus miembros pretendan descalificar o impedir que el pueblo proteste contra la corrupción.

Como lo hemos dicho aquí varias veces, la corrupción es un cáncer que, infortunadamente, ha hecho metástasis, y que hoy afecta a muchas instituciones; que se ha filtrado y entronizado en entidades públicas y privadas, y que ha afectado inclusive a las campañas electorales por la presidencia de la República.

En la consulta popular relacionada con la explotación minera, votada el pasado domingo 26 de marzo en Cajamarca (Tolima), se pedía a la comunidad responder si quería o no que en territorio del municipio se ejecutaran proyectos o actividades mineras.

El resultado de la votación fue contundente: 6.296 votos por el NO; 76 votos a favor del SÍ.

El Ministro de Minas ha dicho en declaraciones públicas que “esta decisión, de orden político, no tiene la capacidad de afectar un procedimiento administrativo que todavía no se ha adelantado”. Es decir, de poco vale, en su criterio, la decisión popular. Algo ya visto, en el caso del plebiscito.

Los padres de la Constitución de los Estados Unidos, como los autores de las varias constituciones que han regido en Colombia -en especial la actual, de 1991- coincidieron siempre en entender, como lo entendió el Barón De la Bread y Montesquieu, que el poder en el Estado no puede ser concentrado ni absoluto, porque en la medida en que lo sea, se sacrifican los derechos, las libertades y las garantías de los gobernados.

Es indispensable que el poder detenga al poder. Que exista en la Constitución un sistema que, sin perjuicio de la razonable colaboración entre las ramas y órganos del Estado, asegure que, haya entre ellos una clara y explícita separación funcional. El Congreso o Parlamento tiene a cargo expedir las leyes; el Ejecutivo debe ejecutarlas y hacerlas cumplir; los jueces y magistrados deben definir las controversias con base en las leyes y decir el Derecho. Jurisdicción: \"Juris dictio\", \"decir el Derecho\".

l ex presidente de la República y actual Senador Álvaro Uribe Vélez ha propuesto eliminar las actuales corporaciones judiciales de máximo nivel y unificarlas en una sola Corte.

Desde luego, son muchos los que proponen una reforma a la Administración de Justicia, teniendo en cuenta la morosidad, la mala calidad de muchos fallos, la corrupción que hay en algunos despachos judiciales, la congestión de casi todos, la politización, la pérdida de independencia de otros, y el bajo nivel de aprobación de las altas corporaciones. Todo ello se ha reflejado en un gran desprestigio, pero a nuestro juicio, no se debe a la existencia de varias Cortes sino a la equivocada selección y a la mala preparación de algunos jueces y magistrados. No se puede generalizar, pues los hay excelentes. Ha hecho carrera en todo caso la conciencia de la opinión pública en el sentido de que se requiere una reforma.

Cuando las cosas están así -sin el orden, la coherencia y la razonabilidad que deben caracterizar a una constitución política-, se precisa iniciar cuanto antes la reingeniería constitucional. Hay que volver a hacer la Constitución, retomando sus principios básicos y registrando los nuevos hechos, acabando de paso con la polarización hoy existente. Ante la crisis institucional, se necesita con urgencia convocar a una Asamblea Constituyente, claro está, siempre que se quiera establecer un sistema jurídico y un legítimo Estado Social de Derecho.

Definitivamente, no solo se está aplicando el llamado “Fast track” para reformar la Constitución y hasta para sustituirla, sino que el Congreso ya no es libre. Carece de iniciativa en materias que, por su misma naturaleza -como la Justicia- son de su resorte, y no puede modificar las iniciativas a su conocimiento.

El “debate” de este 13 de marzo en el Senado, sobre JEP, fue deplorable. Porque no hubo discusión; porque faltó el intercambio de ideas y criterios -que es algo esencial en todo cuerpo colegiado, más todavía cuando se trata de modificar el Estatuto Fundamental del Estado y la base del orden jurídico-. Porque se declaró arbitrariamente la “suficiente ilustración” cuando era evidente que no la había. Claro está: si algo ha brillado por su ausencia en la recta final del proceso de paz, antes y después de los acuerdos, incluido el caso del plebiscito del 2 de octubre, ha sido la ilustración. Todo ha ocurrido de espaldas a la opinión pública y a los sufragantes, y ahora vemos a los congresistas votando como autómatas, sin entender lo que votan, ejerciendo su función bajo la batuta del Gobierno, sin poderse apartar de sus mandatos. Un Gobierno que, a su vez, está sometido a los acuerdos, como si en La Habana hubiese sesionado una Constituyente, o como si el pueblo hubiese aprobado tales acuerdos -que los negó el 2 de octubre de 2016-.

El 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer. Así se decidió en la Asamblea General de las Naciones Unidas desde 1975.

Aunque ese es el año en que se produjo la declaración y la invitación de la ONU a todos los Estados, en realidad, desde 1908 en los Estados Unidos y en otros países se venía celebrando, en especial como una reivindicación de los derechos de la mujer trabajadora.

Luchaban las mujeres porque se les reconocieran, en justicia e igualdad, condiciones laborales equivalentes a las de los hombres, desde el punto de vista salarial y prestacional.

Se adelanta el proceso mediante el cual serán elegidos cuatro nuevos magistrados de la Corte Constitucional. Han culminado su período de ocho años cinco de los magistrados que venían ejerciendo. Uno de ellos estaba encargado, en reemplazo del Magistrado Pretelt, acusado por la Cámara de Representantes y suspendido por decisión del Senado. Los otros cuatro ya se retiraron y hay magistrados en encargo. Apenas uno en propiedad -el Dr. Lizarazo- ha sido elegido por el Senado, y ya se posesionó.

Nos parece que el trámite de postulación y elección se ha demorado demasiado, y por tanto los nuevos magistrados titulares ya no se posesionaron el 1 de marzo, como siempre había ocurrido desde 1993, y por ende hay una interinidad en cuatro de los despachos.