Hace 26 años, por estas fechas, deliberaba la Asamblea Nacional Constituyente, convocada por el pueblo colombiano el 9 de diciembre de 1990. Sus tareas culminaron el 4 de julio de 1991, y el 7 de julio fue promulgada la Constitución, mediante la publicación de su texto en la Gaceta Constitucional, órgano oficial de la Asamblea.

Se esperaba que, desarrollados como lo han sido por la Corte Constitucional, sus valores y postulados -en una nutrida jurisprudencia-, la Constitución se arraigara definitivamente, y fuera acatada y respetada por el Estado y por todos los órganos e instituciones, para garantizar una pacífica convivencia, y que, al amparo de ese estatuto -en cuyo artículo 22 se consagra la paz como un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento-, se llevaran a cabo procesos de paz con las organizaciones alzadas en armas para vincularrlas a la institucionalidad. Por eso fuimos partidarios del proceso iniciado hace ya 5 años, por iniciativa del actual gobierno.

Sin embargo, a medida que el proceso avanzó, fuimos viendo que la Mesa de diálogo de La Habana se fue entendiendo por las partes, en particular por el Gobierno, como una especie de Constituyente, capaz de reformar todo el sistema jurídico, comenzando por la Constitución, y de implantar un sistema de justicia superpuesto a los órganos y tribunales previstos en la Carta de 1991. Se firmó, entre el Presidente de la República y el máximo jefe de las Farc, un voluminoso Acuerdo de 297 páginas cuyo contenido no alcanzaron a conocer ni a dimensionar los colombianos, que de todas maneras fueron convocados a un plebiscito en que, por la propaganda oficial, se confundió la paz como valor -en cuyo logro todos estábamos de acuerdo- con ese extenso y en muchos aspectos incomprensible documento que pocos leímos. Como si fuera lo mismo.

El Senado de la República acaba de aprobar -por la vía del denominado “Fast track”- algo que, desde el punto de vista constitucional, es un verdadero adefesio: un artículo mediante el cual “se reforma” –en realidad se sustituye- la Constitución de 1991 en el sentido de incorporar el Acuerdo de Paz firmado entre el Gobierno y las Farc como referente de constitucionalidad y haciéndolo inmodificable durante doce años, es decir, a lo largo de los próximos tres períodos presidenciales. Serían quince si el período se aumenta a cinco años.

Así que las trescientas diez páginas del Acuerdo de Paz –completamente desconocidas por el pueblo colombiano- ingresan a la Constitución. Harán parte de ella, cambiando por completo la Carta Política aprobada en 1991 por la Asamblea Nacional Constituyente. Más aún: aunque no se diga -para no alarmar a los ciudadanos-, se integra el Acuerdo de Paz como parte del bloque de constitucionalidad, contrariando la voluntad popular expresada en el plebiscito del 2 de octubre de 2016, que mayoritariamente votó NO a esa posibilidad.

Hemos señalado varias veces que, para mal del sistema jurídico y debilitando o haciendo incierto el imperio de la Constitución, en Colombia se la modifica -o se la vulnera- de manera permanente. Diríase que nuestros dirigentes y los órganos constituidos que pueden tomar parte en los procesos de reforma constitucional le perdieron el respeto a la Carta Política, y que, de estatuto máximo que es -resultado del ejercicio del poder constituyente, emanado de la soberanía-, está pasando a convertirse en abultada cartilla teórica, manipulable y "manoseable" por quienes ejercen el poder real. Ya no es -o ya no quieren que sea- la norma de normas, de la que habla su artículo 4, en virtud del principio esencial conocido como supra legalidad o supremacía de la Constitución.

Con el denominado “Fast track”, fue desconocida la Constitución y perdieron intangibilidad las reglas que consagraban los requisitos y pasos indispensables para su reforma, y ello ocurrió -infortunadamente- sin que se percatara la Corte Constitucional, guardiana de su integridad y supremacía.

El tema del día en Colombia es el relativo a posibles impedimentos del Fiscal General de la Nación, por haber sido asesor de personas y empresas involucradas en el escándalo de los sobornos de la firma brasilera ODEBRECHT.

Como aquí lo dijimos, resulta necesario que las investigaciones sobre ese asunto se lleven a cabo de manera pronta y dentro de la mayor transparencia, pues los colombianos tenemos derecho a saber qué ocurrió y a pedir que los responsables sean sancionados de manera drástica, sin beneficios ni concesiones, pues ha llegado el momento de atacar de manera decidida la corrupción, como el propio Fiscal, Dr. Néstor Humberto Martínez, lo ha proclamado desde su posesión. De suerte que, si él se siente impedido -esa es una decisión suya- debería declararlo así, para que se haga cargo del proceso un Fiscal ad hoc. Al parecer, si no lo hace, congresistas procederán a recusarlo.

Hoy hace exactamente 25 años, el 17 de febrero de 1992, el Presidente de la República César Gaviria Trujillo y los siete primeros magistrados instalaron solemnemente la Corte Constitucional de Colombia.

Hicieron parte de ella los magistrados Ciro Angarita Barón, Eduardo Cifuentes Muñoz, José Gregorio Hernández Galindo, Alejandro Martínez Caballero, Fabio Morón Díaz, Simón Rodríguez Rodríguez -primer Presidente de la Corporación- y Jaime Sanín Greiffenstein. Cinco de ellos, los doctores Angarita, Martínez, Morón, Rodríguez y Sanín, ya no nos acompañan. Sus aportes fueron invaluables. Sobrevivimos los ex magistrados Eduardo Cifuentes Muñoz y José Gregorio Hernández Galindo.

La Corte tuvo a cargo la no fácil misión de hacer el tránsito entre la Constitución de 1886 y la de 1991; la de organizar todo el sistema de control de constitucionalidad en abstracto para ser en efecto la guardiana de la integridad y supremacía de la Carta; la de poner en vigencia el mecanismo judicial fundado en el ejercicio de la acción de tutela y hacer efectivos los derechos fundamentales; la de expedir su propio reglamento. Tuvo que fallar inclusive sobre las demandas entabladas por algunos reputados juristas contra la propia Constitución.

Improvisando otra vez en materia constitucional, el Gobierno habla de una nueva reforma política, la cual será introducida por la vía abierta del “Fast track”, procedimiento que, de excepcional, está pasando a regla general para modificar, sin límite material, la Carta Política. Por paradoja, sostuvo la Corte Constitucional (Sentencia C-699/16) que el “Fast track” no implicaba una sustitución de la Constitución.

hora el señor Otto Bula, mediante documento enviado al Consejo Nacional Electoral (CNE) desde la cárcel, se ha retractado de su dicho sobre el destino del millón de dólares proveniente de ODEBRECHT. El dinero supuestamente entregado al señor Roberto Prieto no iba, según la nueva versión de Bula, para la campaña de reelección del presidente Santos de 2014.

Ahora más que nunca, el asunto debe regresar a la Fiscalía General. Si el dinero no tenía por destino la campaña, al menos hay un delito porque entonces se perdió un millón de dólares.

hora el señor Otto Bula, mediante documento enviado al Consejo Nacional Electoral (CNE) desde la cárcel, se ha retractado de su dicho sobre el destino del millón de dólares proveniente de ODEBRECHT. El dinero supuestamente entregado al señor Roberto Prieto no iba, según la nueva versión de Bula, para la campaña de reelección del presidente Santos de 2014.

Ahora más que nunca, el asunto debe regresar a la Fiscalía General. Si el dinero no tenía por destino la campaña, al menos hay un delito porque entonces se perdió un millón de dólares.

El artículo 250 de la Constitución, modificado en 2002, no puede ser más claro:

"La Fiscalía General de la Nación está obligada a adelantar el ejercicio de la acción penal y realizar la investigación de los hechos que revistan las características de un delito que lleguen a su conocimiento por medio de denuncia, petición especial, querella o de oficio, siempre y cuando medien suficientes motivos y circunstancias fácticas que indiquen la posible existencia del mismo".

La norma agrega:

"No podrá, en consecuencia, suspender, interrumpir, ni renunciar a la persecución penal, salvo en los casos que establezca la ley para la aplicación del principio de oportunidad regulado dentro del marco de la política criminal del Estado, el cual estará sometido al control de legalidad por parte del juez que ejerza las funciones de control de garantías".

La excepción -como todas en Derecho- es de interpretación estricta; y está nítidamente definida en el mismo texto superior y en la legislación penal.

Hoy se celebra en todos los países el DÍA MUNDIAL DE LA RADIO.

La tradición de la radio es inmensa. Su influjo y los servicios prestados por la radiodifusión sonora, a las personas y a las instituciones en todas partes, a lo largo de varias generaciones han sido y serán inmensos.

Información, diversión, sano esparcimiento, cultura, análisis, crítica...Todo eso lo ha aportado la radio.

Hoy, la radio ha superado los estrechos límites de las frecuencias AM y FM, y se extiende de manera espectacular por medio del satélite y del Internet, a lo largo y ancho del planeta.

LA VOZ DEL DERECHO, que circula en el mundo por la red de Internet, envía a todas nuestras emisoras colegas el más caluroso saludo en el DÍA MUNDIAL DE LA RADIO.