Se avecina la primera sentencia de la Corte Constitucional sobre el Acto Legislativo 1 de 2016, que contempla el procedimiento especial legislativo y de reforma constitucional para la Paz.

No sabemos cuál vaya a ser el sustento de la decisión, pero todo indica que entrará a regir el Acto Legislativo, al menos en lo que toca con el procedimiento abreviado -el mal denominado "Fast-track"- y las facultades extraordinarias concedidas al Presidente Santos.

Como aquí lo hemos dicho, el artículo 5 de la misma reforma constitucional condicionó su entrada en vigencia al éxito de un mecanismo de refrendación popular, que fue el plebiscito del 2 de octubre, cuyos resultados fueron adversos al Acuerdo Final de Paz firmado en Cartagena el 26 de septiembre. El nuevo Acuerdo no ha ido a refrendación popular sino apenas al Congreso, a control político -que no es refrendación-, y su implementación, mientras no entre a regir el Acto Legislativo, deberá someterse a los procedimientos ordinarios, hoy vigentes, que demandan un tiempo mucho más prolongado.

Como lo hemos afirmado en columnas anteriores, si bien el Congreso ejerce control político sobre el Gobierno y por tanto lo actuado por las cámaras en relación con el Acuerdo Final de Paz es desarrollo de esa función constitucional (Art. 114 C.P.), una cosa es el control político y otra muy distinta sustituir al pueblo en el ejercicio de un mecanismo de participación con el objeto de "refrendar" un documento como el firmado entre el Presidente de la República y las Farc-E.P.

En efecto, aunque los congresistas representan al pueblo para el ejercicio de su soberanía, el artículo 3 de la Constitución señala de manera perentoria que solamente lo pueden hacer "en los términos que la Constitución establece". Y la Constitución no prevé, en cabeza del Congreso, la función de refrendar acuerdos de paz ni de obrar como apoderado del pueblo para un mecanismo de participación como el plebiscito o el referendo. Éstos son expresión de la democracia directa o participativa. Las atribuciones del Congreso contempladas en la Carta Política son propias de la democracia representativa o indirecta, y no las tiene sin texto constitucional taxativo y preciso.

La indignación por el crimen cometido en la persona de la niña YULIANA SAMBONÍ es muy grande en todo el país, y crece a medida que se conocen los detalles de la actuación previa y posterior del sujeto señalado por la Fiscalía como responsable de los hechos, RAFAEL URIBE NOGUERA.

Hay en este caso muchos elementos que deben hacer reflexionar a la sociedad y que deben ser tenidos en cuenta por la administración de justicia:

-Este hombre cometió un crimen atroz. Raptó, según expuso la Fiscalía al formular cargos, a una niña, cuya familia se encontraba en Bogotá desplazada por la violencia del Cauca; la violó, la golpeó, la torturó y la mató.

-La camioneta en que se trasladó en búsqueda de su víctima había sido vista varias veces en la zona de residencia de la menor

-Con la pretensión de encubrir y proteger al delincuente, terceras personas manipularon la escena del crimen, como lo señaló el Fiscal General, bañaron el cuerpo de la niña con el objeto de desaparecer pruebas; y querían hacer pasar el caso como de un accidente.

-Todo indica que el crimen se cometió estando en pleno juicio el agresor, quien después consumió droga para ser llevado a un centro asistencial. Una clínica especializada no lo recibió y se fue a una especializada en otro tipo de afecciones: las cardiovasculares.

-Sin duda, el hombre no quería responder, y anoche ante el juez se declaró inocente.

-Al parecer, este individuo ha pretendido valerse del poder, la influencia y el dinero para escapar a la acción de la justicia.

El pasado viernes no hubo una sentencia muy esperada. Se pensaba, según la expectativa creada por los medios, que la Corte Constitucional, en sesión extraordinaria de su Sala Plena, resolviera acerca de una de las demandas instauradas contra el Acto Legislativo 1 de 2016, particularmente en lo que toca con la exequibilidad o inexequibilidad de las normas que consagraron el denominado "Fast Track" -que en castellano, idioma que deberíamos usar, no es nada distinto de un procedimiento abreviado- para tramitar las reformas de orden constitucional y legal que se requieran con el objeto desarrollar el Acuerdo Final de Paz suscrito entre el Gobierno y las Farc.

Empero, los magistrados no pudieron llegar a un acuerdo sobre la ponencia presentada por la Presidenta María Victoria Calle.

Aunque mucho ha afanado el Gobierno, la Corte Constitucional está dentro de los términos constitucionales, y su función no es tramitar de manera precipitada, afanada por los voceros oficiales o por el propio Presidente de la República, los asuntos a su cargo como guardiana de la integridad y supremacía de la Carta Política. Menos aún cuando se trata de un tema tan trascendental como el mencionado.

El compromiso de los magistrados es con la Constitución, cuya salvaguarda se le confía, y ellos tienen que deliberar y examinar los distintos aspectos de la decisión objeto de examen, antes de votar. No deben ni pueden improvisar. Ni fallar con criterio político. Deben sentenciar lo pertinente en Derecho.

Las más recientes decisiones de la Corte Suprema de Justicia han significado la reivindicación de la libertad de personas injustamente vinculadas a procesos con base en declaraciones de falsos testigos.

Estos casos, que cada vez -en lugar de reducirse a situaciones excepcionales- se van multiplicando, preocupan en alto grado a quienes consideramos que varios principios de orden constitucional y los tratados internacionales sobre derechos humanos están siendo vulnerados:

Anoche, tras un largo debate, el Senado aprobó el nuevo Acuerdo Final para construir una paz estable y duradera. Hoy se pronunciará la Cámara de Representantes.

Se habló de refrendación. Como lo hemos dicho en otras ocasiones, al asunto se le ha debido dar el enfoque de control político, que es lo que prevé la Constitución como una de las atribuciones del Congreso.

El contenido de las intervenciones y discursos no fue, en general, otra cosa que una repetición de argumentos, porque, si bien la etapa del plebiscito ya pasó, siguen empeñados en hablar del SÍ y del NO, y continúa la polarización.

Ahora bien, el apoyo del que se trata es un apoyo político, pero debemos dejar en claro que el Congreso no puede sustituir al pueblo, ni el apoyo político del Congreso equivale a una refrendación popular. Como hemos reiterado, si bien el Presidente no estaba obligado a convocar a un plebiscito, el hecho cierto es que lo convocó, y la decisión mayoritaria se inclinó por negar el Acuerdo del 26 de septiembre, luego es también el pueblo el que debería pronunciarse acerca del nuevo Acuerdo.

Ha muerto, a los 90 años, Fidel Castro Ruz, uno de los más carismáticos líderes del Siglo XX. Adorado por muchos; odiado por otros muchos, su actuación fue definitiva cuando lideró el movimiento guerrillero desde Sierra Maestra para alcanzar -como en efecto lo logró- la liberación de Cuba de la dictadura de Batista.

Ya firmado el Acuerdo Final para la construcción de una paz estable y duradera, estamos ante una realidad: las partes se han comprometido con esas 310 páginas. Ya terminaron los diálogos y las consultas.

Desde el punto de vista del Estado, se trata de un documento mediante el cual, con miras a la paz, el Presidente de la República ha comprometido a su gobierno y al país en un conjunto de obligaciones y cargas de carácter económico, jurídico, social e institucional, y lo que sigue, una vez el Congreso ejerza el control político y refrende el convenio, es el desarrollo e implementación de sus cláusulas.

Será necesario que el Gobierno presente a consideración de las cámaras todo un complejo paquete de proyectos, unos de orden constitucional (proyectos de actos reformatorios de la Constitución), otros de ley, en las materias que contempla el Acuerdo.

Firmado el nuevo Acuerdo de Paz, no cabe diálogo alguno acerca de su contenido. Es un documento que, en cuanto suscrito por el Jefe del Estado, compromete al gobierno y al país en muchos aspectos.

Aunque quien esto escribe tiene muchas reservas sobre los peligros e inconvenientes de varios puntos del Acuerdo -que fueron expuestas oportuna y públicamente-, y aunque muchos colombianos se oponen a lo pactado, lo que se reflejó en la votación y en la abstención del 2 de octubre, no nos debemos engañar: lo cierto es que estamos ante una realidad; ante un compromiso que el Estado colombiano ha asumido y debe cumplir. Con independencia de si en el futuro se adelanta un juicio político al Presidente de la República por haberlo contraído, en principio sus cláusulas deben ser desarrolladas en lo normativo, en lo económico, en lo judicial y en las políticas gubernamentales consiguientes. A no ser que, entre las mismas partes, se acuerde modificar lo convenido -lo que vemos muy difícil-, todo lo consignado en las 310 páginas del Acuerdo debe convertirse en realidad.

En los próximos días las ramas del poder público adoptarán decisiones que tendrán efectos trascendentales en lo relativo a la refrendación y desarrollo del Acuerdo de Paz cuyo nuevo texto, de 310 páginas, será presentado esta semana por el Gobierno al Congreso.