Mi actitud ante el plebiscito convocado por el Gobierno en relación con el hasta ahora borrador o proyecto de acuerdo -no lleva todavía la firma del Jefe del Estado- entre los delegados del Ejecutivo y los de las Farc con el objeto de poner fin al conflicto armado ha sido más jurídica que política. He mirado las cosas desde la perspectiva de lo que ha ocurrido y de lo que, según pienso, ocurrirá en Colombia, desde el punto de vista constitucional, cuando entren en vigencia las normas que habrán de ser dictadas en desarrollo de lo convenido en La Habana.

Se nos convoca a votar el 2 de octubre respecto al Acuerdo celebrado entre el Gobierno y las Farc, para la construcción de una paz estable y duradera. No se nos pide escoger entre la paz y la guerra.

Recordemos que la paz es un valor, un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento, y que no se puede reducir a un escrito, por voluminoso que sea, pues la paz es, de suyo, mucho más amplia y ambiciosa.

Cuando faltan pocos días para el 2 de octubre, día en que se votará el plebiscito convocado por el Gobierno, conviene insistir en algunos puntos que deben ser tenidos en cuenta al sufragar en uno u otro sentido:

-Como resulta de la misma pregunta que se formula y que aparecerá en los tarjetones, se votará SÍ o NO en relación con el Acuerdo celebrado entre el Gobierno y las Farc, que tiene 297 páginas y trata diversas materias dignas de análisis.

-Esto significa que no se votará para escoger entre la paz y la guerra, pues la Corte Constitucional en su sentencia C-379 de 2016 exigió que el votante no fuera confundido con esas referencias. Se vota a favor o en contra de un documento entre Gobierno y Farc. No involucra a otras organizaciones como ELN o las Bacrim. Se trata de un documento específico, con las Farc.

Sostengo que en la sociedad colombiana habría menos asaltos al patrimonio público desde los escritorios, una más fácil convivencia -indispensable para la paz-, una mejor destinación de los dineros que hacen parte del erario y una mayor eficiencia en la actividad estatal, si en su seno existiera una conciencia colectiva bien formada acerca de la moral, la ética, los valores jurídicos, la responsabilidad, la honradez, la dignidad y el respeto a los principios y las normas. Si no se hubiera extendido desde los hogares y las bancas escolares la cultura de la trampa, y la acendrada convicción de que ser avivato -o "vivo" o "avispado", como dicen muchos padres elogiando al niño tramposo- es la mejor forma de obtener éxito.

En cuanto a los deportistas colombianos, hay que repetir: el deporte requiere el apoyo del Estado, verdadero, auténtico y tangible, más allá de los emocionados trinos presidenciales y de las incumplidas promesas oficiales cada vez que un colombiano triunfa gracias a su personal esfuerzo.

Pese a su demora -tres inexplicables años y medio-, el fallo del Consejo de Estado en relación con la nulidad de la reelección del ex procurador Alejandro Ordoñez tiene una trascendencia incalculable en cuanto a la necesidad de corregir prácticas inaceptables que se han venido enquistando en el país cuando se trata de los procesos de elección de altos funcionarios judiciales y de control-

Para resumirlo, se trata de la perniciosa tendencia a postular y elegir, no con base en la hoja de servicios, el grado de preparación académica o la experiencia docente o laboral del candidato, sino según el apoyo político -o politiquero- con el que cuente o se consiga, o -peor aún-, a partir de los compromisos que contraiga o de las prebendas y beneficios burocráticos o contractuales que pueda ofrecer. Unas prebendas y unos beneficios que están asegurados cuando el candidato ya está ejerciendo un cargo de gran poder y aspira a su reelección o a saltar de un cargo a otro.

Si estamos hablando de legitimidad de los acuerdos y del proceso de paz -una legitimidad que proviene de la soberana voluntad del pueblo-, ella solamente puede provenir de un ejercicio libre y espontáneo del derecho de cada uno. Aunque es válido hacer campaña en uno y otro sentido, la campaña tiene que ser respetuosa. Sin alardes, sin perturbación, sin atropellar a nadie. Una campaña en virtud de la cual se busca llamar la atención acerca de los puntos favorables o desfavorables del Acuerdo. Frente a eso el ciudadano decidirá libremente si vota sí o no. Con un compromiso implícito: los unos y los otros aceptaremos los resultados de la votación. Hasta ahí llegan las controversias y las discrepancias. De ahí en adelante se debe actuar de conformidad con esos resultados.

El Acto Legislativo 1 de 2016, “por medio del cual se establecen instrumentos jurídicos para facilitar y asegurar la implementación y el desarrollo normativo del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”.

Y si se logra valorar ese contenido, se encuentran muchos elementos del complicado documento con los que la mayoría de los colombianos no estamos de acuerdo, como la impunidad; la vinculación de lo acordado como parte del bloque de constitucionalidad; la asignación de curules sin elección popular; la posibilidad de que el narcotráfico sea delito conexo con el delito político. En fin, tantos puntos discutibles que -diría el Gobierno- fueron aprobados por el pueblo si se obtiene para el SÍ una votación que supere el 13% del censo electoral.

Entonces, el ciudadano al que no convencen las 297 páginas, si las ha leído, o el que prefiere no entrar en ellas por no conocerlas y desconfía, votarán por el NO.

El Presidente ha impartido la orden de cese al fuego bilateral y definitivo. Ello sí ha entrado en vigor desde hoy. Y luego vendrá el plebiscito del 2 de octubre. Pero los menores reclutados, que en realidad están secuestrados si están en los campamentos contra su voluntad, tienen que ser liberados de inmediato. Si el Gobierno cede en esta materia, está llevando el proceso de paz al fracaso, porque estaríamos ante un inaceptable desafío de la otra parte en los acuerdos.