He observado que el documento titulado “Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera”, divulgado esta semana por el Gobierno, lleva las firmas de unos delegados del Ejecutivo y de unos representantes de la organización guerrillera de las FARC, pero no la firma del Presidente de la República.

Entonces, me han preguntado quién puede firmar un documento final de esta naturaleza a nombre del Estado colombiano.

Los colombianos queremos la paz. Una paz negociada, tras medio siglo de violencia. Más aún, en nuestro criterio, un proceso de diálogo -bien orientado por el Gobierno, con reglas de juego claras y públicas, y con un cronograma respetado por las partes- nos habría podido conducir al objetivo nacional de legar a las nuevas generaciones una Colombia distinta, pacífica y ajustada a los postulados del Estado Social de Derecho.

El trámite del proceso iniciado contra el magistrado Jorge Pretelt, además de su excesiva e inexplicable demora -la denuncia fue presentada por el ex magistrado Mauricio González el 27 de febrero de 2015 y hasta ahora, el 24 de agosto de 2016 apenas se inicia en el Senado-, ha sido un proceso accidentado, por decir lo menos. Ello ha perjudicado a las instituciones, pues la Corte Constitucional lleva todo este tiempo cuestionada e infortunadamente, pese a la idoneidad de la mayoría de sus integrantes, ha perdido credibilidad y se le ha faltado al respeto. Y también ha perjudicado al Congreso, cuyo desprestigio aumenta.

Los colombianos queremos la paz. Una paz negociada, tras medio siglo de violencia. Más aún, en nuestro criterio, un proceso de diálogo -bien orientado por el Gobierno, con reglas de juego claras y públicas, y con un cronograma respetado por las partes- nos habría podido conducir al objetivo nacional de legar a las nuevas generaciones una Colombia distinta, pacífica y ajustada a los postulados del Estado Social de Derecho.

Colombia obtuvo ocho medallas en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, que -dicho sea de paso- presentaron en general un balance positivo, pese a las dificultades políticas y económicas del Brasil.

Ocho medallas que, debemos repetirlo, se lograron gracias al esfuerzo, la constancia, el valor y la capacidad de nuestros deportistas, no al Estado, que carece de una política en la materia. Que no apoya el deporte. Que, en vez de incrementar, recorta las partidas presupuestales para el efecto.

Vale la pena recordar que el plebiscito, aun con los cambios que -para el proceso de paz- ha introducido el Congreso a la legislación estatutaria, sigue siendo un mecanismo de participación con sus propias características. La Ley 134 de 1994 lo define así: "Artículo 7º.- El plebiscito. El plebiscito es el pronunciamiento del pueblo convocado por el Presidente de la República, mediante el cual apoya o rechaza una determinada decisión del Ejecutivo".

Una vez se ha conocido el texto definitivo de la sentencia mediante la cual la Corte Constitucional resolvió acerca de la exequibilidad de las normas estatutarias sobre plebiscito, ha quedado claro que lo que se aprueba o rechaza por los votantes no es “la paz” como tal, ni el derecho a la paz -de origen constitucional (art. 22 C.P.)-, sino lo que ha sido pactado en La Habana, su contenido, su materia, lo que hayan convenido y suscrito las partes, que deberá ser conocido públicamente para poder ser votado.

El Presidente Juan Manuel Santos ha sostenido en las últimas horas que el Gobierno nacional no va a promover la denominada ideología de género; que el Ejecutivo no ha implementado ni va a implementar documentos como el que, al parecer, se había elaborado sobre el tema por parte de las Naciones Unidas, y que se divulgó sin la autorización del Ministerio de Educación.

Muy importante la sentencia dictada ayer por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, mediante la cual anuló el acto administrativo por el cual la Procuraduría General de la Nación, en 2010, había destituido e inhabilitado por dieciocho años para ejercer cargos públicos a la entonces senadora Piedad Córdoba.

No somos precisamente defensores de las encuestas. No les tenemos fe. Aunque no se puede generalizar, es frecuente que, más que la realidad, expongan lo que favorece intereses específicos y determinados. Acaban de fracasar tanto en Gran Bretaña, con el Brexit, como en España, con las últimas elecciones. No obstante, hemos venido observando las encuestas en lo relativo al plebiscito y las distintas posiciones de los ciudadanos ante él. Los resultados son variados; en unas -la mayoría- gana el NO; en otras gana el SÍ. Ello demuestra, a la vez que la distancia entre lo que dicen las encuestas -que se contradicen- y la realidad, una gran confusión del país en la materia. El país está polarizado, como aquí hemos señalado, si bien no se sabe todavía qué se preguntará a los votantes en el plebiscito.