El Presidente de la República Juan Manuel Santos -entre otras cosas, atribuyendo palabras a una sentencia de la Corte Constitucional que no ha sido firmada ni divulgada- dijo el miércoles textualmente

“Como ustedes se acordarán, desde el comienzo hemos dicho que nada está acordado hasta que todo esté acordado. Cuando todo esté acordado, y yo espero que el fallo final de la Corte Constitucional se publique esta semana (…) ahí debe decir claramente que cuando esté todo acordado no se requiere la firma oficial, sino el hecho de decir: ya está todo acordado, para poder enviarle al Congreso los acuerdos y convocar el plebiscito”.

La Comisión designada para proyectar la respuesta que debe dar el Senado de la República a la acusación de la Cámara de Representes contra el Magistrado Jorge Pretelt, de la Corte Constitucional, encontró que no había lugar a la nulidad propuesta por uno de sus integrantes, y estima que hasta ahora no ha habido violación del debido proceso.

Por tanto, el asunto pasa ahora a la Plenaria del Senado para que decida públicamente si admite o no la acusación formulada por la Cámara. Según lo dispuesto en la Constitución, en el evento en que la acusación sea públicamente admitida, el Magistrado quedará de hecho suspendido en el ejercicio de su cargo. Eso no significa que haya sido condenado, ni -como se ha dicho erróneamente en algunos medios- que ya vaya a ser juzgado por la Corte Suprema de Justicia. No. En tal caso, el proceso seguiría su curso en el Senado y éste solamente podría resolver si encuentra responsable por indignidad por mala conducta al funcionario judicial o no. Si lo encuentra inocente, lo absuelve, y regresa a su cargo. No podría ser juzgado dos veces por los mismos hechos.

El país está polarizado, inclusive ahora con ataques e insultos personales, entre quienes están por el SÍ y quienes invitan a votar por el NO. Es una polarización peligrosa que los dirigentes políticos, los gobernantes y los medios de comunicación no deberían estimular. No demoran los actos de violencia y las agresiones físicas que nos pueden llevar a una inconcebible situación de enfrentamiento totalmente opuesto a la paz que proclama el artículo 22 de la Constitución.

Chocan los partidarios del SÍ y los del NO, pero todos ignoramos cuál es el objeto de la controversia.

Ha generado polémica la iniciativa del congresista Roy Barreras en el sentido de modificar la Constitución para que los miembros de la fuerza pública en servicio activo puedan votar.

El artículo 219 de la Constitución de 1991, reiterando principios que se acogieron legislativamente desde 1930 y que fueron consignados en la Carta Política anterior mediante Acto Legislativo 1 de 1945, dispone:

"La Fuerza Pública no es deliberante; no podrá reunirse sino por orden de autoridad legítima, ni dirigir peticiones, excepto sobre asuntos que se relacionen con el servicio y la moralidad del respectivo cuerpo y con arreglo a la ley.

Registramos con pesar la prematura desaparición del economista, analista y político Juan Mario Laserna, en accidente de carretera, cuando viajaba entre Ibagué y Bogotá. Un ciudadano honesto, un político serio, fue buen Senador de la República y atinado codirector del Banco de la República.

Si hay algo indispensable cuando se acude al pueblo para que se pronuncie en las urnas, en desarrollo de cualquiera de los mecanismos de participación democrática, es la claridad. La certeza del votante acerca de aquello que se le consulta y en torno a la posición que, ante eso, debe asumir. Decidir sin entender es algo que no se puede exigir a seres inteligentes.

El artículo 43 de la Constitución señala textualmente:

"La mujer y el hombre tienen iguales derechos y oportunidades. La mujer no podrá ser sometida a ninguna clase de discriminación. Durante el embarazo y después del parto gozará de especial asistencia y protección del Estado, y recibirá de éste subsidio alimentario si entonces estuviere desempleada o desamparada.

El Estado apoyará de manera especial a la mujer cabeza de familia".

El terrorismo no da tregua. Tras los atentados de París, Bruselas, Miami, Estambul, Daka y Bagdad, entre otros, ha hecho de nuevo su aparición en Niza, precisamente el día en que los franceses celebraban su Día Nacional, recordando el martes 14 de julio de 1789, cuando se produjo la toma de La Bastilla.

Por otra parte en Colombia, como lo habíamos pronosticado con base en el fallo anterior sobre el Consejo Superior de Gobierno Judicial, la Corte Constitucional ha declarado inexequible la Comisión de Aforados, que implicaba un cambio en el sistema de investigación y juzgamiento de los magistrados de las altas corporaciones de justicia y del Fiscal General de la Nación. Para la Corte, el Acto Legislativo 2 de 2015 no podía sustituir al Congreso, elegido popularmente, por un cuerpo que no lo era, para consagrar un sistema extraño al concepto democrático precalenté en la Carta Política de 1991.

El paro de camioneros en el país, en especial en algunas regiones, que lleva más de un mes, ha tomado en los últimos días un giro verdaderamente preocupante. No solamente por las pérdidas económicas que ha generado y por las dificultades para que los alimentos y productos de primera necesidad lleguen al comercio y a los consumidores, sino porque ya se ha producido la muerte de una persona en circunstancias que se investigan, y por si fuera poco, también en el curso de unos hechos no muy claros, sufrió un accidente el vehículo en que viajaba el Gobernador de Boyacá, quien se encuentra herido y sometido a intervenciones quirúrgicas.

El Presidente de la República, Juan Manuel Santos, está dedicado por completo a adelantar una campaña por el SÍ en el plebiscito. Aunque puede hacerla y con hacerla no viola norma alguna, vale la pena llamar la atención sobre dos aspectos del asunto.