Ya no es extraño que los medios de comunicación del mundo entero registren la ocurrencia de una masacre, ejecutada por uno o más pistoleros que disparan contra personas indefensas, o mediante explosivos atados al cuerpo de terroristas suicidas. París, Bruselas, Miami, Bangladesh, Turquía, Irak..., los escenarios más recientes del crimen. Lo último: en Dallas, cuatro francotiradores disparan contra policías: mueren cinco y hay seis heridos graves. Uno de los atacantes murió y al parecer hay capturados.

¿Hasta qué punto hemos llegado en la crisis del sistema de salud? Vamos "cuesta abajo", a toda velocidad y sin poder parar.

Diariamente -y eso es lo que se sabe, pues no conocemos la mayoría de los casos- los medios de radio y televisión registran acontecimientos dolorosos, causados por la indolencia de las EPS, IPS, generalmente a raíz de la tendencia a no asumir los costos del servicio. Un servicio que no es gratuito. Que pagan los trabajadores y las empresas. Un servicio público esencial. -

El 4 de julio de 1991 culminó sus trabajos la Asamblea Nacional Constituyente, y el 7 del mismo mes se promulgó, mediante su publicación en la Gaceta Constitucional -órgano oficial de aquélla-, la Constitución Política de Colombia. Se sustituía así la centenaria Constitución de 1886 y se entraba en una nueva y decisiva etapa del constitucionalismo colombiano.

Ha sido promulgado, aunque todavía no entra en vigencia, el Acto Legislativo 1 de 2016, sobre el procedimiento especial de aprobación de normas y reformas requeridas para desarrollar los acuerdos de paz adoptados por el Gobierno y las FARC. Debemos recordar que ese Acto Legislativo ya está incorporado a la Constitución pero no entrará en vigencia sino después de que se vote el mecanismo de refrendación popular, bien sea el plebiscito u otro.

Lo primero que debemos advertir es que hemos visto con muy buenos ojos la decisión gubernamental de iniciar hace casi cuetro años los diálogos con la guerrilla de las Farc. El país no puede seguir en guerra. Los colombianos tenemos derecho, de rango constitucional, a lograr la paz. Una paz genuina. Verdadera. Sincera. Y debemos conseguirla para nuestros hijos y nietos, no por la vía de la violencia -que genera más violencia- sino mediante el diálogo. Una paz alcanzada por la vía del intercambio de ideas y propuestas, y no por el camino de la confrontación armada.

Un principio que se deriva directa y claramente de los textos constitucionales, y que alude de manera específica al trámite de aprobación de las normas que corresponde expedir al Congreso de la República, es el de consecutividad. Ha sido aplicado reiteradamente por la Corte Constitucional, y al parecer sus fallos al respecto no han sido suficientes para que los congresistas lo tengan en cuenta en el momento de introducir modificaciones a lo aprobado en las distintas etapas del proceso legislativo.