Radio Pichincha

Paola Maldonado Tobar,  integrante de Fundación ALDEA, calificó al 2021 como el peor año desde que se tipificó el femicidio como figura legal en el Código Integral Penal, pues ahora ese delito se registra cada 44 horas, a diferencia del 2020 donde fue cada 72 horas.

Señaló que para las organizaciones sociales el concepto es feminicidio porque no solo es responsabilidad del victimario sino del Estado que permite el ejercicio de la violencia y la sociedad cómplice.

“Hay deudas del Estado respecto a la situación de la vida de las mujeres y niñas en todos los niveles en temas de prevención, atención, protección y reparación integral”.

Cuestionó la falta de recursos, la débil institucionalidad para poder abordar el tema de manera eficaz, la falta de coordinación entre instancias de protección de derechos como Policía, Fiscalía, Dinased, Secretaría de Derechos Humanos, entre otros, lo cual se evidencia en las 8 mujeres que murieron pese a tener boleto de auxilio y otras 37 que reportaron violencia: “Eso quiere decir que alguna instancia ya sabía porque llegaron con golpes al sistema de salud, porque fueron a pedir ayuda y no pasó nada. Se lavan las manos entre una Institución y otra”.

“No hay el registro único de violencia ni observatorio para atender violencia. Hay avance en sacar algún nivel de estadística, pero en acción concreta están fallando”.

Explicó que hasta el 15 de noviembre de este año se han registrado 172 casos de muertes violentas de mujeres por razones de género, 7 de las cuales fueron transfeminicidios, 61 por delincuencia organizada, esto último se aumentó en las estadísticas pues se detectó el ejercicio de la violencia contra las mujeres en el marco de conflicto entre bandas delincuenciales: “El cuerpo es usado como un botín de guerra”.

Indicó que en este año la situación de pobreza se ha intensificado, más aún cuando se aplican medidas neoliberales, que descuidan temas como la salud mental, lo cual impacta en la población: “Hay cifras dramáticas, 11 de las muertes eran niñas y adolescentes, 5 de ellas tenían entre 1 y 4 años, cómo se explican esos casos de ejercicio de una relación de poder”.

El urbanista Fernando Carrión se refirió a las encuestas que dan el 21% de aprobación al alcalde de Quito, Santiago Guarderas; porcentaje que, dijo, es el mismo que obtuvo Jorge Yunda en votos cuando ganó la Alcaldía y es casi la mitad de cuando salió del cargo.

Sin embargo, indicó que el dato preocupante es que a más del 33%  le da lo mismo la presencia de Guarderas, lo que da cuenta de un Municipio sin proximidad a la ciudadanía: “No está posesionado ni para bien ni para mal, ese dato es el más complicado”.

Criticó la ausencia de concejales en los medios de comunicación, mismos que previo a la salida de Yunda tenían una expresión impresionante de opinión pública y ahora ni siquiera se ven iniciativas legislativas importantes.

Reprochó que en la sesión donde se debatió el presupuesto del próximo año, la lógica sigue siendo la misma respecto al peso del Metro y la movilidad, es decir que la capital se convirtió en un cabildo que no puede producir más allá de eso: “Y una segunda cosa que llama la atención es el peso que tiene el gasto corriente. Lo que no está en los medios no existe, lo que no está en el presupuesto no se hace”.

Indicó que pese a la bajísima capacidad de inversión en otras áreas, Guarderas asignó 1.3 millones para las fiestas, cosa que no ocurría en la administración de Yunda pero sí de Mauricio Rodas: “La mayoría destinado a conciertos. Se regresó a la misma concepción de no entender que las fiestas son de los barrios, que son básicamente en el espacio público y hoy día son grandes conciertos en los parques de forma gratuita donde la gente no tendrá un rol activo sino pasivo, solo ir a mirar”.

Con esa base, manifestó que no existen cambios sustancias desde que asumió Guarderas, ni proyecto de ciudad, más allá de la represión en el Centro Histórico.

Salvador Quishpe, asambleísta de Pachakutik, desmintió las afirmaciones de ciertos medios de comunicación que aseguraron que ese bloque político votará a favor del proyecto de Ley de Sostenibilidad Fiscal junto con el BAN y la Izquierda Democrática, pues destacó que no hay ninguna posibilidad de unidad en este tema.

Aseveró que no están de acuerdo con algunos artículos que se proponen en la normativa, como el impacto a la clase media, la impunidad a quienes tengan capitales en el exterior e impedir una investigación a futuro de esos dineros, además que no se topa a las grandes empresas que han evadido tributos e incluso a estas últimas se intenta beneficiarles con el 100% de remisión de intereses y multas.

“Estamos conscientes que el Estado necesita cerrar huecos fiscales para los próximo años, pero desde Conaie y PK siempre hemos dicho que deben pagar quienes más tienen”.

Reconoció como positivo que se busque generar impuestos a las personas naturales con un patrimonio de un millón de dólares o empresas con más de cinco millones: “Pero al mismo tiempo ¿cómo es posible que se aplique un impuesto a quien gana dos mil dólares y por otro lado no se dice nada para cobrar los USD1600 millones por evasión tributaria”.

Puntualizó que el Servicio de Rentas Internas ya entregó una lista de las más de 500 empresas que están evadiendo tributos, por ello, mencionó, que si se busca recaudar USD1.900 millones, una buena parte está en esas empresas que no pagan impuestos.

“No es correcto y no estamos de acuerdo que se vaya facilito a la clase media pero no se hace nada frente a lo otro”.

Al ser consultado de si la sesión del miércoles 24 de noviembre se suspendió debido a que el Gobierno no consiguió los votos para aprobar su proyecto de ley, indicó que esa percepción es correcta: “Si estuvieran seguros de tener su objetivo, no hubiesen suspendido (…) el Gobierno da cuenta que no lograron conseguir votos y no es verdad que PK esté de acuerdo con alzar la mano para aprobar, como si se tratará de jugar volley”.

Sin embargo aclaró que el Legislativo no permitirá que el cuerpo legal pase por el Ministerio de la Ley: “Estamos atentos porque corren rumores que el Gobierno busca formas para que aquello ocurra”.

Criticó que desde la propuesta de normativa se quiere impedir que se investiguen los dineros en el exterior, legalizar esos capitales e impedir que existan investigaciones futuras sobre el origen de aquello: “Todos han dicho luchar contra la corrupción y garantizar la transparencia pero lo primero que hacemos es quitar las líneas del artículo 25 que no serán sujetos de acciones legales a futuro a delitos de defraudación tributaria y aduanera”.

La presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori (PK), decidió suspender el segundo debate de Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal para que la Comisión de Desarrollo Económico prepare un texto para votación.

Llori tomó esta decisión, después de un pedido que hizo el ponente del proyecto, el oficialista Francisco Jiménez, una vez que 26 legisladores participaron del segundo debate que tomó más de cuatro horas este miércoles 24 de noviembre de 2021.

“Le solicito la suspensión del punto del orden del día, a fin de que la Comisión de Desarrollo Económico analice, y de ser el caso, apruebe o refute la incorporación de los distintos cambios sugeridos en este segundo debate”, señaló Jiménez.

Durante la jornada, las bancadas de Pachakutik y la Izquierda Democrática demandaron ajustes al proyecto, principalmente, en lo que tiene que ver a la base para las contribuciones de personas naturales y que se excluya la posibilidad de eliminar el impuesto a la herencia.

Las voces más críticas provinieron de la bancada de UNES y el PSC, que sugirieron un informe de minoría para que el Pleno pueda tomar una resolución. Llori indicó a los legisladores que la sesión se retomará este viernes 26 de noviembre, a las 11:00, en la modalidad presencial.

Para aprobar o negar esta propuesta en el Pleno se requieren de 70 votos. El oficialismo y sus aliados del Bloque del Acuerdo Nacional (BAN) controla 26 curules, 26 Pachakutik, 14 la ID, 14 el PSC y 47 UNES.

El plazo para que la Asamblea se pronuncie sobre el proyecto de Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal tras la pandemia del covid-19, termina a las 00:00 del sábado 27 de noviembre. Si no lo hace, podría entrar en vigor por el Ministerio de la Ley.

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Rodrigo Gómez de la Torre, representante de los empleadores ante el Consejo de Salarios y Trabajo y Jaime Arciniega, dirigente sindical, analizaron cómo debería ser el incremento del salario básico unificado para el 2022. El debate se centra en la oferta de campaña del presidente de la República, Guillermo Lasso, de que alzaría el sueldo a USD500 a lo largo de los cuatro años de su gestión.

Para Arciniega la palabra del mandatario está en juego, una vez que adquirió un compromiso con los trabajadores, tomando en cuenta que muchos ciudadanos votaron por su propuesta precisamente por el alza en los salarios; lo que significaría que este año se debería incrementar al menos USD25.

“No podrá haber mayor devaluación de la palabra del Presidente, si el incremento es menor a $25, porque eso es engañar a la población y dejar de lado esa expectativa de ecuatorianos que votaron pensando en aquello”.

De la Torre, detalló que la reunión del Consejo de Salarios, ocurrida el martes 23 de noviembre, fue tensa precisamente por la oferta de campaña del Jefe de Estado y en ese sentido resaltó que si bien se comprometió en alzar a USD500 hasta finalizar su periodo, no dijo cómo lo haría y cuánto debería ser cada año: “Por ende puede modificarse y estamos conscientes en ese ofrecimiento de campaña”.

De ahí que, aseveró, el sector de los empleadores buscan que se tome en cuenta la fórmula establecida en el Código de Trabajo para determinar el alza, es decir que vaya de acuerdo a la inflación: “Si bien discutimos el Salario Básico Unificado, lo fundamental que debemos discutir es la generación de empleo pleno, porque más de 5.7 millones de ecuatorianos no tienen salario ni empleo”.

Para el representante de los trabajadores, el método de cálculo es caduco porque incluso en el mejor momento de las empresas, nunca se reconocerá que se puede incrementar más de lo que arroja una fórmula, de ahí que manifestó la necesidad de reformar el Código de Trabajo, para que el alza también pase por el análisis político de cubrir las necesidades básicas de la familia: “En su momento vamos a tener que empujar ese tema, no será en este Gobierno de derecha sino en otro más social”.

El empresario puntualizó que los incrementos anteriores al 2016 fueron más de carácter político, que técnico, provocando una perdida sostenida de empleo pleno, por ello, dijo, se debe pensar en reformar la normativa pero no con temas que compliquen la contratación.

Frente a ello, el trabajador indicó que ese mismo discurso tuvo el sector empleador en el 2006 cuando se incrementó en USD21 advirtiendo que las empresas cerrarías: “Pero las empresas persisten y fue bueno porque la gente recuperó el poder adquisitivo, no hubo pérdida de empleo”.

De la Torre instó a reconocer a que el 98% del sector empresarial perdió duro y fuerte durante la pandemia y que incluso el sector exportador pagó costos impresionantes para seguir operando, en ese sentido mencionó que según los cálculos del INEC las familias tienen ingresos totales por USD740 que va por encima de la canasta básica, sin embargo, dijo, que el sector empresarial respetará la resolución final del Consejo de Salarios.

Arciniega cuestionó el cálculo del Banco Central y el INEC sobre el 1.6 de perceptores por cada familia, pues señaló que se debe tomar en cuenta la pandemia y cómo esta provocó el desempleo de miles de personas. Para el representante de los trabajadores, el planteamiento de los  empleadores será de un alza de USD 5 o USD 4, lo cual  sería contraproducente.

El economista Juan Pablo Jaramillo destacó la importancia de que el Pleno de la Asamblea Nacional analice el informe de minoría de la Comisión de Desarrollo Económico, sobre el proyecto de Ley de Sostenibilidad Fiscal, mismo que permitiría tener ingresos más permanentes para el Estado, que el proyecto planteado por el Régimen.

Explicó que la propuesta de la bancada UNES es impulsar un sistema de control sobre la venta presuntiva de los grandes contribuyentes que están integrados por 300 grupos económicos, es decir 9.000 personas que mueven el 70% de la facturación; sin embargo esto podría crear un conflicto con el Gobierno, cuya propuesta más bien da incentivos a este sector.

Detalló que la idea sería cobrar una renta presuntiva del 2% de sus ingresos, siendo un mecanismo de control para que los grandes grupos económicos tengan una presión mínima: “Es decir los que vienen pagando como impuesto a la renta el 2.6% pagarán lo mismo, mientras que a quienes cancelan el 1.6% les subirán al 2%, porque sabemos que están evadiendo”.

A criterio de Jaramillo, la propuesta del Ejecutivo debería ser rechazada porque no aporta a la reactivación económica y su objetivo es únicamente recaudatorio para cubrir el déficit fiscal que alcanza los USD740 millones, además de cumplir con los compromisos adquiridos con el Fondo Monetario Internacional.

Aseveró que en definitiva el sector más golpeado será la clase media y a las pequeñas y medianas empresas, mientras a las élites les ofrece “incentivos” y hasta exoneraciones.

De otro calificó como falso que solo se afecte a quienes perciben ingresos desde los USD2.600, sino desde los USD900, aunque reconoció que la diferencia con este último es que sí pueden tener deducciones y puede que no llegue a pagar nada en impuesto a la renta: “Pero hoy con el actual sistema una persona que gana USD2.600 paga USD380 y con las reformas pasará a pagar USD1380, es decir un incremento del 200%”.

Angélica Porras, jurista y exvocal del Consejo de la Judicatura, calificó como insuficiente e inútil el decreto de indultos emitido por el Ejecutivo en el marco de la crisis carcelaria e incluso mencionó que es una burla al problema que se vive en los Centros de Privación de Libertad.

Explicó que en el decreto se beneficia a personas que han cometido infracciones de tránsito como tener llantas lisas o conducir sin licencia, cuando esto ni siquiera debería estar en el debate pues aquellas personas deberían tener una sanción pecuniaria y no ser apresada, sin embargo no se habla con Agencia Nacional de Tránsito y las Metropolitanas para que se deje de arrestar a la gente por estas razones: “Pero el indulto permite perdonar la pena, básicamente indica que esas personas no deben estar en la cárcel”.

De otro lado puntualizó que también se toma en cuenta a las personas con enfermedades catastróficas, terminales o que sufren de VIH, haciendo excepciones a delitos de lesa humanidad o uso de fondos públicos.

“Es decir son inútiles porque se beneficia mínimamente a las personas”.

Destacó que el problema es mayor, pues se está hablando que un 40% de privados de libertad está con prisión preventiva, es decir 16 mil personas que son inocentes, porque no hay sentencia ejecutoriada, están en la cárcel.

“Si quieren hacer un indulto, háganlo de manera que abarque a todos los delitos pequeños de bagatela, como robo celular o delitos pequeños que no tienen que pagarse con muerte o con amenaza a la vida, porque eso está ocurriendo en las cárceles”.

Criticó que no se incluya a mujeres embarazadas, personas discapacitadas o de la tercera edad, aunque se supone que estos últimos no deberían ser detenidos sino que el juez está en la obligación de dictar medidas sustitutivas.

“Pero lo que sucede es que en el país hay abuso de prisión preventiva, no hay sustitución de pena, la excepcionalidad es la regla cuando debería ser al revés”.

Para Porras, el país está ante un Gobierno que no tiene la menor intención de arreglar la crisis carcelario sino que lo maneja políticamente: “Pues los centros están llenos de de enemigos políticos y chivos expiatorios, esto pasa a cárceles en todo el mundo”.

“Es una realidad porque el sistema penal selecciona a las personas que va a meter para ejemplarizar al resto, no es aislado y permitimos que la cárcel sea usada con fines políticos”.

Reiteró que el régimen hace todo esto a propósito para usar las graves heridas que se ha causado al país con la muerte de más de 400 personas desde 2019 en los centros, como una advertencia para quien es considerado enemigo.

Karen de Tífano, la heredera de una vasta fortuna, regresa a su hogar para conocer a Lucas van Doren, el hombre que su padre ha escogido para que sea su esposo.

Una vez en casa Karen y su protector Kaliman descubren que el Barón de Tífano no aboga por los intereses de su hija, y que en las noches de luna llena Lucas van Doren se convierte en hombre-lobo.

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La sesión en la que debía definirse el monto del salario básico unificado (SBU) que regirá en 2022 fue suspendida la tarde de este 23 de noviembre. El Consejo Nacional del Trabajo y Salarios (CNTS) dejó en pausa la segunda reunión oficial, tras cerca de tres horas de conversaciones en las que se conocieron las propuestas de empresarios y trabajadores. El Gobierno, a través del Ministerio del Trabajo, no hizo planteamientos.

Los sindicatos plantearon que el salario suba $ 25, ya que la oferta de campaña del presidente Guillermo Lasso fue que en su gobierno el salario aumentaría a $ 500, lo que, en promedio, implicaría que cada año el incremento sea de $25. Así lo confirmó Cristóbal Buendía, procurador de la Federación de Trabajadores Públicos y Privados e integrante del Consejo.

En este contexto, 67,38% de ecuatorianos califican de mala y muy mala la gestión de Guillermo Lasso

La encuestadora Perfiles de Opinión emitió los resultados, a noviembre de este año, sobre la gestión del Presidente Guillermo Lasso y otras autoridades.

Un 49,15% de ecuatorianos calificó de mala la gestión del Primer Mandatario, frente a un 25.98% que dijo ha sido buena, 18.23% muy mala, 4.27% no respondió y 2,37% calificó de muy buena.

El asambleísta de UNES, Fausto Jarrín, señaló que el supuesto embargo por el caso “Sobornos”, es otra farsa que corresponde a un linchamiento mediático del cual ya están acostumbrados ciertos sectores políticos, para que los ecuatorianos olviden la mediocridad con la que el Gobierno maneja ciertos temas.

Sobre las afirmaciones de Íñigo Salvador, procurador el Estado, respecto a que el embargo ya está en ejecución, el legislador cuestionó la palabra del funcionario, más aún cuando está a puertas de un juicio político: “Se atrevió a postularse a la Corte Penal internacional para que le digan que no conoce de derecho penal y que no puede aspirar a un cargo así”-

“Son de esos intentos burdos para llenar los titulares queriendo hacer pensar lo que no es”.

En todo caso puntualizó que el pedido de embargo es para los bienes dentro y fuera del país, sin embargo, destacó, que muy posiblemente les sucederá lo mismo que con la Interpol, pues las legislaciones de otros Estados no se prestan a payasadas.

Detalló que los jueces emitieron providencia donde se establece que para la ejecución del embargo se tenía que procesar en cada provincia donde tienen su domicilio los acusados, lo cual conllevó que el tema se estanque cuatro meses: “Extraoficialmente supimos que lloraron, gritaron y patalearon los interesados en la persecución”.

Manifestó que luego de señalar que fue equivocado mandar a provincias,  vuelven a poner a los mismos jueces de la CNJ para abonar en el circo que se ha convertido esa Institución: “Hacen y se desdicen entre ellos mismo”.