Radio Pichincha

Ledy Zúñiga, exministra de Justicia, destacó que cuando no se reconoce la responsabilidad del Gobierno frente a la crisis carcelaria y se busca culpables en todo lado, no permite responder adecuadamente a lo que ocurre.

Rechazó las afirmaciones de ciertas autoridades del régimen, quienes han mencionado que en el Gobierno de Rafael Correa no se registraban las masacres porque se cedió territorio al narcotráfico, en ese sentido recordó que tanto alias “JR” como “JL” interpusieron denuncias contras los directores de los Centros de Rehabilitación por clasificarlos y colocarlos en pabellones de alta seguridad: “¿Dónde está el acuerdo? Ellos se sentían atacados en sus derechos. Las autoridades tuvieron denuncias de tortura por haberlos clasificados”.

Insistió que discursos de supuesta desestabilización ya no calzan y tampoco servirán como un justificativo ante los organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH): “Ya han pasado suficientes años para que sigan echando la culpa a la Revolución Ciudadana”.

Destacó que a partir de 2018, cuando el Gobierno de Lenín Moreno decidió eliminar el Ministerio de Justicia se dejó de lado la política de rehabilitación social en la cual los privados de libertad se beneficiaban de estudios, otros de talleres y se aplicaba tratamientos.

“Nosotros aplicamos la política cero óseo, porque cuando tienen tiempo libre se genera la violencia (…) Ahora nadie es responsable por lo que ocurre, ni la Policía, ni las FFAA, no hay una cabeza responsable ni una política criminal”.

Subrayó que las masacres ocurridas en este 2020 y que han dejado más de 300 muertos en las cárceles es producto del abandono, la desidia, el desinterés y la indiferencia del Estado: “No se trata de salir a decir que es un problema de bandas porque eso ha sido parte de la historia. El tema es que el Estado sí tenía control de los Centros porque el Ministerio de Justicia tenía capacidad de coordinar con otras funciones del Estado, una vez abandonado este tema, los cabecillas empiezan a tomar el control”.

Zúñiga aseveró que la diferencia con la administración de Rafael Correa, es que en ese Gobierno sí hubo decisión política para transformar el sistema carcelario a uno de rehabilitación social, porque se designaron recursos, se implementó un modelo, se otorgaron beneficios penitenciarios, lo cual permitió que entre 2016 y 2017 se despachen más de 6.000 carpetas: “Hay que ver por qué estos años no se ha dado atención adecuada, verificar si hay suficiente número de jueces de garantías penitenciaras”.

Carlos Ordóñez, presidente de la Asociación de Servidores Penitenciarios Activos de Ecuador, resaltó la indignación de los 1500 agentes, luego de las declaraciones “irrespetuosas” de Fausto Cobo, director del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI), por lo cual han presentado una denuncia en contra del funcionario por el delito de odio.

“Esperamos tener resultados positivos y que no vuelva a ocurrir, esto que se dijo trae consecuencias. Llegaremos a las últimas consecuencias legales”.

Reprochó la falta de personal pues apenas existen 1.500 guías, distribuidos en tres turnos de 500 para una población carcelaria de 40.000: “Hoy un agente cubre un turno de 24 horas continuas, a veces de 36 a 40 horas de trabajo”.

Informó que ni siquiera tienen herramientas para protegerse, ni un gas lacrimógeno o chaleco antibalas, ya que todo el armamento que el personal tenía, fue devuelto por la anterior Administración.

“De todas las Instituciones somos las peores pagadas sin condiciones laborales”.

Advirtió que con la falta de seguridad y garantías del Estado, las masacres pueden volver a repetirse al interior de los Centros Penitenciarios, tomando en cuenta que en las últimas tres semanas, tres guías fueron heridos de bala, frente a lo cual las autoridades no han mencionado nada: “Como solo somos agentes penitenciarios nadie responde por eso (…) Ni siquiera tenemos seguro de vida”.

Detalló que cuando los guías ingresan a trabajar a las cárceles, pasan por filtros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, siendo revisados de pies a cabeza, por lo que no pueden tampoco meter ningún artefacto: “No quiero decir que el 100% de agentes son correctos, en toda institución hay buenos  y malos elementos, creemos necesario que haya una purga, pero hace falta fortalecer al cuerpo de seguridad y vigilancia”.

“La corrupción está enquistada, los propios directos de los Centros autorizan el ingreso de materiales de construcción, incluso herramientas, no es que nos lavemos de manos pero los filtros desde el 2012 maneja la Policía Nacional”.

Criticó que se haya desvinculado a cerca de 200 agentes sin que hayan sido reemplazados, al punto que el día de la masacre en la Penitencia del Litoral solo hubo 20 guías para toda la población carcelaria: “El Estado perdió el control de los Centros (…) me atrevería a decir que falta amarrarse los pantalones, falta tomar decisión fuerte”.

Aseguró que de nada ha servido las múltiples declaratorias de estado de excepción y emergencia, emitidas desde 2019, porque los Gobiernos no han hecho nada, no han dotado de herramientas a los servidores penitenciarios: “Hemos visto pugna de poderes, sabemos que quién manda dentro puede mandar afuera (…) la delincuencia mueve mucho dinero, tiene poder político, de seguridad y puede enquistarse”.

Manifestó que los guías viven una constante guerra psicológica por parte de los privados de libertad que amenazan con nuevas masacres si se hacen traslados o se interviene y ahora, incluso, mencionó que el secuestro de la hija de alias “Fito” puede empeorar las cosas. “Dentro es venganza  tras venganza, puede haber muchas novedades, es bastante preocupante”.

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El Crnl. Fausto Cobo, Director General del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad (Snai), entregó electrodomésticos, camas, colchones y almohadas, según el Gobierno, para mejorar la habitabilidad de los Agentes del Grupo Especial de Acción Penitenciaria.

Cobo manifestó que esta entrega de los bienes a los agentes penitenciarios, representa un acto simbólico del compromiso institucional, para lograr las condiciones logísticas óptimas, que ellos necesitan los agentes penitenciarios para el cumplimiento de su trabajo.

Este acto se dio mientras integrantes de la Asociación Nacional de Servidores Penitenciarios Activos del Ecuador acudieron, la mañana de este jueves, a la Fiscalía de Pichincha para conocer los trámites que se deben hacer para interponer una denuncia para que se investigue al director del SNAI, Fausto Cobo, por el delito de odio.

La denuncia que se pretende presentar llegaría por las expresiones que el funcionario del SNAI emitió durante una entrevista televisiva dada hace pocos días y en la que indicó que los guardias penitenciarios “no sirven”.

Cristina Reyes, vicepresidenta del Partido Social Cristiano (PSC) y parlamentaria Andina, señaló que más allá de las medidas paliativas para enfrentar la crisis carcelaria, el Gobierno necesita tomar control absoluto de los centros, depurando al personal que trabaja ahí, porque además los hechos ocurridos el pasado 12 de noviembre demostraros que los privados de libertad tenían municiones, granadas, explosivos y armas: “¿Cómo se introdujo esos artefactos, si hay una serie de filtros?”

Manifestó que se deberían realizar pruebas rigurosas a quienes laboran en las cárceles, además de aumentarles los sueltos y dotarles de equipos, así como también separar a los privados de libertad de acuerdo al grado de peligrosidad y posteriormente entrar en procesos de pacificación.

“Dónde está el Plan de Ecuador con los recursos necesarios, esto está ligado con situaciones del narcotráfico y disputas de territorios, y no es solo en la cárcel”.

Le instó al Gobierno de Guillermo Lasso a dejar de echar la culpa a sus antecesores pues la población lo eligió para que tome el control y responda con hechos a la zozobra en la viven los ciudadanos: “Con acciones firmes, con estrategia, no solo que salgan a contar lo que van a hacer”.

“Es una torpeza generar teorías de conspiración con un problema que tiene causas, hay que abordarlas, necesita acciones, ha quedado desmontado el relato torpe del triunvirato y que grupos políticos quieren desestabilizar”.

Resaltó que no tiene sentido hablar de una supuesta colaboración en el infierno de las cárceles a fin de promover una desestabilización, pues aquella afirmación solo da cuenta de su falta de preparación y que intentan desviar la responsabilidad.

“Si bien no calzan las teorías conspirativas, lo que hicieron estas bandas de quemar, matar, entrar a un pabellón transitorio con personas que no tienen nada que ver con la guerra por territorio (…) es una provocación o mensaje fuerte y potente de lo que estas bandas son capaces de hacer. El Gobierno tiene que actuar y la estrategia no se puede explicar por redes porque los delincuentes tienen acceso a ellas”.

Aseveró la necesidad de trabajar con los Gobiernos Locales e implementar sistemas tecnológicos no solo en las cárceles sino en las calles de ciudades como Guayaquil donde la inseguridad ha ido en aumento y pese a ello las fuerzas de policiales o militares no son colocadas en puntos calientes donde se cometen actos delictivos a diario, sino que están en zonas donde no ocurre nada e incluso se informe de los operativos por redes sociales.

“Ojalá esta bomba que le está reventando a Guillermo Lasso, y que no es su culpa sino de una multiplicidad de errores que se han ido acumulando, le haga tomar acciones concretas y si se necesita ayuda internacional debe pedirla ya”.

Roberto Cuero, asambleísta de la Revolución Ciudadana, destacó que el presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, maneja esa Mesa Legislativa desde el resentimiento, algo que, dijo, el propio parlamentario lo ha reconocido e incluso ha asegurado que jamás lo superará.

“Una persona con esa actitud difícilmente podrá manejar una comisión con objetividad”.

A criterio del asambleísta hay un sesgo total por parte de Villavicencio, quien busca echarle la culpa de todo lo que pasa en el país al expresidente Rafael Correa: “Pudo haber errores pero tampoco pueden decirnos delincuentes”.

Cuero resaltó que no fue Correa quien persiguió a Villavicencio, sino que el proceso fue iniciado por Fiscalía, sin embargo a partir de ello, dijo, los medios de comunicación y ciertos sectores han hecho del ahora legislador una caja de resonancia para desprestigiar al correísmo: “Posesionando cosas negativas, mire lo que hicieron con Yachay y Coca Codo Sinclair dijeron que había fisuras y está a su 100% de capacidad”.

Aseveró que el manual es echarle la culpa a Correa y en ese sentido Villavicencio es un instrumento para crear relato perverso y manipular la información, de ahí el proceso investigativo que lleva la Comisión de Fiscalización sobre el Sistema Sucre.

“Son juegos pirotécnicos para distraer, el sistema sucre fue elaborado y pensado para mejorar el intercambio comercial entre países de la región, no es bueno ni malo persé”

Indicó que no se puede tener un resultado objetivo si de por medio hay odio y resentimiento.

Caroline Ávila Nieto, doctora en comunicaciones, catedrática e investigadora de la Universidad del Azuay, manifestó la importancia de la Comunicación Gubernamental que no solo pasa por un perfil de periodista y docente, sino que requiere de profesionalización en comunicación política.

“No se trata de tener un buen periodista hablando en los medios y convertirlo en vocero, no es suficiente”.

Resaltó que la vocería representa la posición del Gobierno, no representar una postura personal, lo que obliga al funcionario a dejar de lado cualquier opinión propia y por ende no dar hipótesis que en lugar de dar certezas genera incertidumbre.

“Se requiere una formación política y de mucho más conocimiento y experticia para generar una vocería contundente y creíble, eso le está pasando factura a (Carlos) Jijón, su rol no se está cumpliendo a cabalidad, no basta con ser periodista o docente”, reiteró.

Sin embargo reconoció que la comunicación se nutre de la gestión política, por lo que tanto Carlos Jijón como Eduardo Bonilla hacen lo que está al alcance de sus manos: “No se trata de si hay o no estrategia, sino que además no existe claridad en la gestión política”.

Se preguntó ¿De qué podría hablar Carlos Jijón si el Gobierno no tiene solución a lo que está ocurriendo en el país? Remarcó que al país podría llegar el mejor comunicador del mundo, pero si no tiene contenido por parte del régimen, qué más podría decir.

Pese a la serie de anuncios del gobierno nacional para enfrentar la crisis carcelaria y de seguridad que atraviesa el país, este fenómeno parece estar lejos de tener un final. 

En las últimas horas las alertas se han encendido tras una nueva muerte de un privado de libertad, al interior de la Cárcel Regional del Guayas. El SNAI informó que el reo estaba recluido en la etapa de atención prioritaria de ese centro penitenciario. A esto se suman las advertencias por parte de Alias Fito y Alias JR, de nuevas revueltas en las cárceles del país, como consecuencia de posibles traslados de líderes de los Grupos Delincuenciales Organizados (GDO) que se encuentran en el CPL Guayas N. 4 (Regional). 

Por si fuera poco, la tensión en el sistema de rehabilitación aumenta tras las declaraciones del director del SNAI, Fausto Cobo, en las que aseguró que los guías penitenciarios “no sirven”.  

Entretanto, la CIDH expresó su preocupación por la crisis penitenciaria y anunció su visita al país, prevista para del 1 al 3 de diciembre.

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