Radio Pichincha

El constitucionalista André Benavides reprochó el comunicado del Gobierno donde responsabilizó a la Corte Constitucional de la masacre registrada en la Penitenciaria del Litoral el pasado viernes 12 de noviembre.

Explicó que según el artículo 30.1 del Código Integral Penal y el Código de Entidades de Seguridad Ciudadana, los Policías tienen la obligación y el deber de garantizar la vida e integridad ciudadana tanto fuera como dentro de las cárceles, siempre y cuando sea en observancia del uso progresivo de la fuerza: “La misma que permite hacer el uso del armamento letal”.

Aseveró que las autoridades no pueden justificar su falta de respuesta al llamado de auxilio que se hacía dentro de las cárceles, porque evidentemente no iban a ingresar solo con toletes a controlar los hechos sangrientos: “Pueden hacerlo con armamento y no están limitados o restringidos de ejercer sus atribuciones de carácter legal, igual las Fuerzas Armadas sí pueden hacerlo si se justifica bien”.

Detalló que el dictamen de la Corte Constitucional sobre el estado de excepción en el marco del incremento de la inseguridad establece que la Policía sí puede ingresar a los Centros de Privación de Libertad y las FFAA podrán quedarse en el perímetro, sin embargo, a renglón seguido, puntualiza que si se presentan situaciones de gravedad e inminencia los militares sí pueden ingresar a las cárceles.

“La Corte Constitucional no ató de pies y manos al Presidente de la República para que haga su trabajo”.

Manifestó que ahora, cuatro días después de la masacre, que el mandatario ha dispuesto la presencia de las FFAA en los pabellones de la Penitenciaría del Litoral debe dictaminar un decreto para justificar su presencia y no solo enviar un tuit, whatsapp o dar un telefonazo: “Porque tenemos Estado de derecho”.

“Cuando hay una situación de guerra se justifica con tres o cuatro páginas y vamos, se movilizan, eso debió hacer, pero si el Presidente ha dicho que quiere tener permanentemente a las FFAA al menos debería sacar un decreto porque si no tendrá repercusiones en la CC”.

María Brown, ministra de Educación, señaló que las Instituciones Educativas representan un espacio de seguridad para los estudiantes, de ahí que con base a las experiencias adquiridas en el retorno parcial a las aulas que inició el pasado 7 de junio, con más de 700 mil menores de edad, se pudo evidenciar que si se mantienen las medidas de bioseguridad como uso correcto de mascarilla, lavado de manos y ventilación, no representará un problema en el marco de la pandemia.

“El porcentaje de contagios fue de apenas el 0.04%”.

Destacó la importancia de regresar a la presencialidad tomando en cuenta que según organismos internacionales, el confinamiento representó una pérdida de once años en materia educativa en la Región.

“La presencialidad es insustituible mucho más en países como el nuestro en donde la conectividad sigue siendo baja y por eso hemos sopesado los beneficios y riesgos. Los riesgos son mínimos, así no sea una institución perfecta, la presencialidad es un valor agregado que vale la pena que las familias lo vean o apliquen”.

Aseguró que desde el Gobierno se está trabajando para que hasta diciembre el 85% de la población esté totalmente vacunada con lo cual se alcanzaría la inmunidad de rebaño, en ese sentido detalló que:

La funcionaria destacó que ahora las Instituciones Educativas deberán aplicar el 100% del aforo hasta enero de 2022, tomando en cuenta que cuentan con un permiso funcionamiento en modalidad presencial y en ese sentido puntualizó que también podrán ofertar la modalidad a distancia y semipresencial siempre y cuando cumplan con los requisitos de garantizar conectividad, contacto permanente con los estudiantes y complementar con tecnología y una malla adaptada.

Fernando Cabascango, asambleísta por Pachakutik e integrante de la Comisión de Garantías Constitucionales, reprochó que desde el inicio de la investigación de los Pandora Papers el oficialismo estuvo en contra del proceso y ahora argumenta que el presidente de la República, Guillermo Lasso, no tiene razones para acudir al Pleno del Legislativo a responder sobre este tema.

El asambleísta destacó que Lasso es un funcionario público, cabeza de la Función Ejecutiva y por tanto está en la obligación de acudir al llamado del Legislativo: “Que no se equivoque, creo que no tiene claro lo aprobado en el 2008, respecto a que los servidores están obligados a comparecer”.

Destacó que en el informe elaborado por la Comisión, están adjuntas pruebas del vínculo que tendría el mandatario con empresas offshore: “En ese sentido el presidente Lasso incumple el pacto ético y el incumplimiento debe ser investigado y sancionado por las instituciones correspondientes”.

Explicó que dentro del documento se recomienda a las Instituciones Públicas proceder con los actos que correspondan, para lo cual, dijo, el Jefe de Estado debe levantar el sigilo, pues entes como el Servicio de Rentas Internas han indicado que mientras Lasso mantenga en reserva su información personal, no se puede entregar nada: “Estaremos atentos al trabajo de Contraloría”.

Respecto al informe paralelo presentado por el asambleísta Fernando Villavicencio, Cabascango indicó que se debería respetar la Función Legislativa y las decisiones tomadas en el Pleno porque tampoco se pueden mandar solos, sin embargo destacó que ningún informe tiene la última palabra y deberá ser la máxima instancia del cuerpo colegiado la que defina las acciones a tomarse sobre los Pandora Papers.

Han pasado más de 100 horas desde la última masacre en la Penitenciaría del Litoral, que dejó 68 internos asesinados, y el gobierno no ha podido retomar el control en los doce pabellones de este centro carcelario.

El director del SNAI, Fausto Cobo, reconoció que el Estado todavía no ha logrado restablecer el orden en la penitenciaría y reveló que la madrugada de ayer se rescataron a tres privados de libertad que estaban secuestrados en el área conocida como F1, donde se produjo la última matanza.

Por otro lado, el director del SNAI reconoció que el sistema de rehabilitación social fue destrozado, cuando se eliminó el Ministerio de Justicia.

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Oswaldo Landázuri, empresario y académico, señaló que si bien el incremento del salario básico es un ofrecimiento de campaña del ahora presidente de la República, Guillermo Lasso, no es un momento oportuno para implementarlo porque aquello debe ir de la mano con el cálculo de la inflación y la competitividad.

“Creo que hay un problema complicado, primero con el Ministro de Trabajo porque no es el mejor vocero para hablar con los trabajadores y lograr acuerdos”.

Destacó que aunque tiene una gran estima por Patricio Donoso, considera que no tiene el perfil para ocupar el cargo de Ministro de Trabajo con todas implicaciones que tiene ese puesto. A ello se suma, dijo, la falta de comunicadores y estrategas dentro del Gobierno, más allá de los supuestos periodistas que tratan de ejercer algún rol y terminan complicando al régimen.

En ese contexto, indicó que se debe hacer comprender a la población que no es momento para subir los salarios pues impactará aún más a la tasa de desempleo que se registra en el país: “SI bien le subirá el sueldo a 3 de cada 10 personas, lo que deberíamos preguntarnos es qué hacer para tener más empleo”.

Manifestó la necesidad de que, en lugar de pensar en subir el salario, se impulse la inversión estatal a fin de generar fuentes de trabajo y avanzar de la mano con el sector privado que debe estar normado y regulado: “Lo que sucede es que si le sube el salario hará que se contraten menos personas, que las empresas estén encogidas y vemos que el empleo no se reactiva”.

“Debemos tener cordura”, resaltó César Córdova Valverde, defensor del Pueblo encargado, al referirse a las declaraciones de Carlos Jijón, vocero del Gobierno Nacional, respecto a que la masacre ocurrida en la Penitenciaria del Litoral el pasado viernes 12 de noviembre correspondería a un acto terrorista para causar conmoción en un momento político donde una Mesa Legislativa emitió un informe solicitando la destitución del Presidente de la República, Guillermo Lasso.

El funcionario manifestó que no es momento de lanzar hipótesis en medios de comunicación, pues en caso de tener la certeza de que son actos terroristas se debería presentar la denuncia debidamente sustentada a la Fiscalía General del Estado a fin de que inicie procesos investigativos.

“En este momento resulta peligroso decir eso, estamos pidiendo pacificación y tiene que empezar casa adentro”.

Instó a no incendiar al país en momentos en los que la población se encuentra preocupada de que las guerras se trasladen afuera de las cárceles: “Debemos tener cordura en las declaraciones”, reiteró.

Córdova aseveró que en este camino de la pacificación la Iglesia Católica aceptó participar, asimismo se está pidiendo la intervención de los Defensores del Pueblo de Iberoamérica, a un ente de la Comunidad Europea al igual que a la Organización de las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, esta última estaría en Ecuador a principios del mes de diciembre : “Para eso necesitamos tranquilidad en los centros de rehabilitación porque tampoco podemos exponerlos para que corran riesgo su vida”.

“Estamos ayudando a definir la política pública que se implementará en los centros de rehabilitación social, hasta enero esperemos que esté creado por parte de la Secretaría de Derechos Humanos y el SNAI en colaboración con otros ministerios deberá ejecutar política pública”.

Aseguró que la Defensoría del Pueblo estará vigilante de que se cumplan las políticas públicas y la reparación a las familias de los privados de la libertad asesinados, que el Jefe de Estado ofreció.

El presidente de la Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces, Vinicio Palacios, cuestionó el comunicado de la Fiscalía General del Estado respecto a la crisis carcelaria, donde se trata de entrever que parte de la responsabilidad de lo ocurrido en la Penitenciar del Litoral recae en los jueces.

Destacó que ha sido la Fiscalía encabezada por Diana Salazar, la entidad que ha usado la prisión preventiva no como excepcionalidad sino como norma general en todos los casos: “Recordemos hasta hace poco, sobre ciertos tipo de infracciones, la Fiscalía causaba conmoción social, diciendo que había impunidad y que los juzgadores no trabajaban de acuerdo a su deber y pedían sanciones a la Judicatura”.

Aseveró que al parecer se tiene la idea de que por pedir prisión preventiva en todos los casos y presionar para que los jueces lo acepten, hace del fiscal el mejor funcionario y no va por ahí, pues ahora el Ejecutivo no sabe qué hacer con los privados de libertad.

“Y esa presión posiblemente haya incidido en juzgadores, pero para eso estamos como Asociación buscando brindar el apoyo a los jueces para que actúen en plena libertad, porque ellos pueden sentirse solos ante la presión mediática y de Fiscalía”.

En todo caso indicó que aún si un magistrado dictara prisión preventiva, es el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) el que debe cumplir su rol de protección: “Debe existir presupuesto, verdadera rehabilitación social, que no existe un objetivo como aumentar las penas o endurecimiento de las mismas, sino una política enfocada en el ámbito social”.

Indicó que las políticas públicas no solo va por el tema de las cárceles sino en todos los segmentos sociales, desde el niño o niña que no tiene condiciones básicas en su familia y al ir creciendo se ve atado de manos y empieza a delinquir: “Desde ahí debería existir política social”.

72 horas tuvo que pasar desde la última masacrare en la Penitenciaría del Litoral, que dejó 68 personas privadas de libertad asesinadas, para que el presidente Guillermo Lasso se pronuncie ante el país. A través de una cadena nacional, el mandatario hizo anuncios como la presentación del proyecto de Ley de Defensa Ciudadana; la intervención en la Penitenciaría, el inicio de un proceso de “pacificación” en este centro carcelario, entre otros.  

Además, el jefe de Estado reiteró la idea que el daño en el radar de Montecristi fue un “sabotaje”; pese a que el mismo ministro de Defensa descartó que esto sea un “atentado”.

Karen de Tífano, la heredera de una vasta fortuna, regresa a su hogar para conocer a Lucas van Doren, el hombre que su padre ha escogido para que sea su esposo.

Una vez en casa Karen y su protector Kaliman descubren que el Barón de Tífano no aboga por los intereses de su hija, y que en las noches de luna llena Lucas van Doren se convierte en hombre-lobo.

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