El presidente de la Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces, Vinicio Palacios, cuestionó el comunicado de la Fiscalía General del Estado respecto a la crisis carcelaria, donde se trata de entrever que parte de la responsabilidad de lo ocurrido en la Penitenciar del Litoral recae en los jueces.

Destacó que ha sido la Fiscalía encabezada por Diana Salazar, la entidad que ha usado la prisión preventiva no como excepcionalidad sino como norma general en todos los casos: “Recordemos hasta hace poco, sobre ciertos tipo de infracciones, la Fiscalía causaba conmoción social, diciendo que había impunidad y que los juzgadores no trabajaban de acuerdo a su deber y pedían sanciones a la Judicatura”.

Aseveró que al parecer se tiene la idea de que por pedir prisión preventiva en todos los casos y presionar para que los jueces lo acepten, hace del fiscal el mejor funcionario y no va por ahí, pues ahora el Ejecutivo no sabe qué hacer con los privados de libertad.

“Y esa presión posiblemente haya incidido en juzgadores, pero para eso estamos como Asociación buscando brindar el apoyo a los jueces para que actúen en plena libertad, porque ellos pueden sentirse solos ante la presión mediática y de Fiscalía”.

En todo caso indicó que aún si un magistrado dictara prisión preventiva, es el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) el que debe cumplir su rol de protección: “Debe existir presupuesto, verdadera rehabilitación social, que no existe un objetivo como aumentar las penas o endurecimiento de las mismas, sino una política enfocada en el ámbito social”.

Indicó que las políticas públicas no solo va por el tema de las cárceles sino en todos los segmentos sociales, desde el niño o niña que no tiene condiciones básicas en su familia y al ir creciendo se ve atado de manos y empieza a delinquir: “Desde ahí debería existir política social”.

72 horas tuvo que pasar desde la última masacrare en la Penitenciaría del Litoral, que dejó 68 personas privadas de libertad asesinadas, para que el presidente Guillermo Lasso se pronuncie ante el país. A través de una cadena nacional, el mandatario hizo anuncios como la presentación del proyecto de Ley de Defensa Ciudadana; la intervención en la Penitenciaría, el inicio de un proceso de “pacificación” en este centro carcelario, entre otros.  

Además, el jefe de Estado reiteró la idea que el daño en el radar de Montecristi fue un “sabotaje”; pese a que el mismo ministro de Defensa descartó que esto sea un “atentado”.

Karen de Tífano, la heredera de una vasta fortuna, regresa a su hogar para conocer a Lucas van Doren, el hombre que su padre ha escogido para que sea su esposo.

Una vez en casa Karen y su protector Kaliman descubren que el Barón de Tífano no aboga por los intereses de su hija, y que en las noches de luna llena Lucas van Doren se convierte en hombre-lobo.

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Víctor Álvarez, presidente del Colegio de Médicos de Pichincha, manifestó que el sistema de salud está muy debilitado debido al déficit de insumos y medicamentos esenciales para tratar enfermedades catastróficas.

“La solución temporal es tener un mejor stock de medicamentos e insumos, pero lo que debemos hacer es transformar la política de salud (…) para que vaya donde tiene que ir, al sistema primario de prevención”.

De otro lado, se refirió a la pandemia y aunque, dijo, no está en contra de la flexibilización también puntualizó que se necesitan medidas de contención que deberían ir acompañadas de un proceso de educación y campaña.

“En tres semanas habido un incremento leve y ha hecho que hospitales centinelas como Pablo Arturo Suárez e o el IESS Sur, lleguen a tener 13 de las 15 camas de UCI ocupadas”.

Manifestó la necesidad de que las personas se vacunen, pues de los 13 pacientes en UCI, 11 no estaban inoculados y dos tenían solo la primera dosis.

“Necesitamos mantener las medidas de bioseguridad, que quienes puedan vacunarse se vacunen, y que exista un número de pruebas de testeo adecuadas”.

Luis Córdova, docente de la Universidad Central y coordinador del Programa de Investigación sobre Orden, Conflicto y Violencia, señaló que el Gobierno continúa cometiendo los mismos errores garrafales desde el 2018, persistiendo en políticas equivocadas debido a la falta del sistema de inteligencia estratégica que posee.

“Las bandas están mejor organizadas que el Estado y por eso cada mes se produce una masacre de las dimensiones que tenemos”.

Calificó como error del régimen, el haber entregado la potestad de las cárceles a las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, lo cual se demuestra en la primera reunión del Consejo de Seguridad donde el presidente de la República, Guillermo Lasso, no convocó a un solo criminólogo o trabajador social: “Todo ha sido un desfile de militares o policías en servicio activo o pasivo”.

Instó a no minimizar el tema como si solo se tratará de una guerra entre bandas, pues la gente tiene la percepción de que las víctimas mueren por ser simples criminales, cuando no es así. Aseveró que el problema es la falta de institucionalización del Estado que por ende no tiene capacidades para enfrentar el desafío de las cárceles.

“El Presidente tiene anteojeras impuestas por policías y militares, que le impiden ver la dimensión del problema. Si no hay una depuración de las fuerzas de seguridad del Estado es improbable que la ola de violencia se contrarreste”.

A criterio de Córdova en las masacres ocurridas en las cárceles, está involucrada gente de la Policía Nacional puesto que es ese personal el que se encuentra en los circuitos de seguridad a fin de verificar que no ingresen objetos irregulares: “Pero vemos que los privados de libertad tienen en su poder armas, motosierras, moladoras, dinamita, entre otros”.

“Si no se logra una depuración seria de las fuerzas de seguridad vamos a tener una mayor escalada de violencia”.

Cuestionó por qué el Gobierno no detuvo la masacre registrada en la Penitenciaria del Guayas el pasado viernes 12 de noviembre y que dejó más de 60 muertos: “Al parecer es porque quienes están decidiendo le han dicho al Presidente que la única opción de amortiguar las masacres es usar fuerza letal dentro y fuera de las cárceles y por eso el mandatario le pide a la Corte Constitucional que le deje hacer eso”.

Criticó que en ese mismo accionar, el Jefe de Estado llame al Arzobispo para que intervenga en lo ocurrido y no asume su responsabilidad: “Tiene que invertir en talento humano, en tecnología”.

Sobre esa base, lamentó que la respuesta del Gobierno en materia de Derechos Humanos sea decir que presentará un protocolo en febrero de 2022, pese a conocer de la urgencia que requiere este caso.

Luis Sánchez, exsocio de la empresa Foglocons, destacó que nunca ha tenido relación con el sector público ecuatoriano y mucho menos se ha reunido con el expresidente Rafael Correa o alguno de sus ministros, esto a propósito del proceso de fiscalización que está realizando el legislador Fernando Villavicencio, sobre el Sistema Sucre.

“No he tenido cercanía ni al señor Correa, ni al señor Alex Saab, como se lo quiere hacer ver en este caso”.

Indicó que el pasado 5 de noviembre introdujo una demanda penal contra Villavicencio en Colombia, por injurias, calumnias y falsas imputaciones, esto porque el 27 y 28 de octubre, el presidente de la Comisión de Fiscalización habría indicado en medios de comunicación del vecino país que Sánchez fue parte de presunto delito de lavado de activos y una persona ligada al narcotráfico.

“Hice una solicitud de comparecencia ante la Comisión (…) Nos extraña que el señor me imputara con esas afirmaciones y ni siquiera me haya nominado para comparecer”

Detalló que en los últimos 22 años trabajó en el sistema financiero de Venezuela y fue directivo de un Banco español en ese país, sin embargo el 24 de noviembre de 2010 se vio obligado a salir hacía Colombia, porque la Institución Financiera fue estatizada: “En esa época ya se había hecho una serie de expropiaciones, entonces buscamos rumbo”.

Explicó que en el 2012, ya en Colombia, fue contratado en Venezuela por la empresa privada Fondo Global de Construcción (Foglocons) misma que buscaba constituirse también en Ecuador, pero cuando el consultor político de esa compañía enfermó, le pidieron a él culminar el proceso de constitución.

“Es así que la compañía se constituye el 19 de septiembre de 2012 y yo sedo las acciones el 16 de octubre y se formaliza el traspaso el 30 de noviembre ese año. Eso reposa en la Superintendencia de Compañías de Ecuador”.

A criterio de Sánchez, el asambleísta Villavicencio está llevando el caso a un campo político porque su hermano es Jaime Sánchez, quien trabajó con el expresidente Rafael Correa en 2011: “Él piensa que hay una estructura política internacional para lavar activos, eso no tiene ni pies ni cabeza”.

Recordó que en junio de 2013, ocho meses después de traspasar las acciones, la empresa tuvo un proceso de indagación, en donde se lo vincula con el narcotráfico debido a un homónimo Luis Sánchez: “En el proceso que fui sobreseído se demuestra que es un homónimo venezolano, porque las fiscalías solicitan cooperación”.

Calificó a la actuación de Villavicencio como ambigua porque mientras cuestiona el traspaso de acciones del Foglocons, justifica el mismo proceso realizado por el presidente de la República, Guillermo Lasso, aduciendo que se deshizo de sus compañías offshore antes de inscribir su candidatura.

No descartó interponer una demanda al Estado y a los medios de comunicación que se han hecho eco de un absurdo.

Una nueva masacre en la Penitenciaría del Litoral, en Guayaquil, dejó 68 privados de libertad asesinados y 25 heridos. Esto sucedió la noche del viernes y madrugada del sábado; sin embargo, el presidente de la República, Guillermo Lasso no ha dado el “anuncio importante” que ofreció desde el mediodía del sábado 13 de noviembre. Mientras los 68 reos eran asesinados, el jefe de Estado, el Gobernador del Guayas, Pablo Arosemana, la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri y la prefecta del Guayas, Susana González celebraban el aniversario de la Infantería de Estados Unidos. 

El único pronunciamiento de Lasso fue a través de un hilo en Twitter, para señalar y hacer un llamado de atención a la Corte Constitucional; misma que rechazó estos señalamientos. Han pasado más de 72 desde la nueva masacre y el primer mandatario no se ha pronunciado.

Alejandro Jaramillo, jefe de bloque de la Izquierda Democrática, se refirió a las amenazas que se han emitido desde el Ejecutivo a partir del informe de la Comisión de Garantías Constitucionales sobre los Pandora Papers: “Me parece que este momento no es de confrontaciones (…) El Ecuador debe unirse y las instituciones hacer su trabajo, a la ciudadanía no le interesa las confrontaciones sino educación, salud, seguridad y empleo”.

Destacó que el Legislativo tiene la facultad de fiscalizar y realizar el control político, por tanto no se puede entender que aquello se use como una herramienta para perseguir a nadie de ahí que, aseveró, no está de acuerdo con uno de los puntos del informe de la Mesa Legislativa respecto a la conmoción interna que daría paso a un juicio político contra el mandatario, sin embargo subrayó que sí hubiese sido oportuno que Guillermo Lasso acuda a la Comisión para aclarar las dudas que aún quedan en el aire: “Porque no es que le responde a la Asamblea o los asambleístas sino a los ecuatorianos y ecuatorianas”:

Reiteró que aunque la Constitución no lo obligue a responder al Legislativo, sí debería, de manera voluntaria, ir al Pleno a dar respuestas: “La asamblea es el primer poder del Estado, el Presidente puede llegar y presentar los proyectos de ley, pero también puede llegar a responder inquietudes que quedaron en el aire y si lo hace la ciudadanía lo verá con buenos ojos”.

Respecto a una posible muerte cruzada, indicó que no le tema a aquella herramienta, porque incluso de darse, se sabe que el próximo Presidente de la República será Xavier Hervas; en todo caso insistió que no es momento de confrontaciones pues la crisis que vive el país merece respuestas claras: “A la gente no le interesa los problemas de los actores políticos sino que le interesa salir de la crisis económica”.

El jurista Esteban Ron informó que la Contraloría inició dos exámenes especiales sobre el presidente de la República, Guillermo Lasso, la primera es la declaración juramentada de inicio de gestión, la cual no corresponde en este caso, y la segunda respecto a su posesión, o no, de bienes en paraísos fiscales: “¿Cuándo se iniciaron estos procesos? no sabemos, porque lo único que tenemos es la información de carácter público”.

Indicó que según lo mencionado por el propio Lasso, la investigación inició el pasado 14 de octubre y entre el 16 y 18 del mismo mes, se le notificó al mandatario, de ahí que se prestaron elementos de descargo donde se mostraría que no posee propiedades en el exterior, sin embargo la Contraloría, una vez que verifique esto, puede realizar un alcance al proceso y pedir documentos a la cónyuge e hijos del Jefe de Estado.

Recordó que en Ecuador se aprobó una consulta popular donde se prohíbe que los funcionarios públicos puedan tener bienes en paraísos fiscales, pero dicha ley va más allá y también impide que ese patrimonio sea traspasado a hijos y cónyuge.

“Lasso presentó ciertos descargos de que ya se deshizo de los fideicomisos en EEUU y de ciertas compañías en Panamá, pero se presume que fueron puestos a nombre de su cónyuge e hijos”.

Con esa base, el experto puntualizó que se desconoce si el Presidente de la República responde sobre los bienes que estarían a nombre de sus familiares, pues en el comunicado de la Secretaría de Comunicación solo se establece que Lasso está desvinculado de propiedades en el exterior.

“Se tiene que hacer una triangulación con las entidades del sector público bancario ecuatoriano, no se puede haber lo mismo en otros países pero la Ley de la Contraloría si permite requerir apoyo a través del Ministerio respectivo para acceder a información en otros países”:

Destacó que el examen del ente de control debe ser pormenorizado, para lo cual se establecen 70 días términos a fin de dar un resultado: “El examen no puede ser archivado, porque fue aceptado como tal y Lasso ya presentó descargos”.

“La familia tendrá que presentar descargos y de ahí tendrá que hacerse un informe – borrador para determinar si existe o no vínculos de propiedad con la familia y después aplicar la sanción que puede ser destitución por incumplimiento de ley”.

Aclaró que no puede haber una veeduría pública sobre esta investigación, pero si se puede ver que está sucediendo al interior del examen.

Virgilio Hernández, parlamentario Andino por la Revolución Ciudadana, destacó que en el marco de la investigación de los Pandora Papers, el Gobierno tuvo la posibilidad de usar la vía democrática y reconocer a la Asamblea Nacional como un órgano de control político para aclarar el tema; sin embargo, dijo, en su intento por ocultar el caso se dedica a cooptar o anular a sus opositores.

“Hay un intento de sacar del juego a quienes son opositores políticos, esto es parte de lo que puede venirse y con ello la perversión del sistema de justicia y el lawfare. Cada día hay una intención fuerte de anular a los opositores”.

A criterio del exasambleísta, el régimen, por un lado, busca cooptar a sectores como los transportistas o el movimiento indígena y luego de ello, anular al resto, a fin de no tener que aclarar ni transparentar.

“Mientras en el país hay tantos problemas delicados, el Gobierno ni siquiera se defiende, sino que se oculta”.

Reiteró que el régimen ha hecho todo lo posible para que los Pandora Papers no se discutan, provocando que queden muchas cosas se queden flotando en el aire como la evasión de impuestos o el perjurio.

Hernández reprochó que en este contexto se quiera pervertir a las Instituciones y una vez más, tal cual sucedió en el régimen de Lenín Moreno, se use a la Contraloría, Procuraduría y Fiscalía para perseguir, de ahí que se inició una indagación previa contra UNES y su excandidato a la Presidencia Andrés Arauz, por supuesto enriquecimiento no justificado.

“Es una advertencia para no seguir investigando los Pandora Papers y ahora podemos llegar a la destitución de los asambleístas”.

Subrayó que con todo lo expuesto no se puede confiar en una investigación imparcial de una Contraloría debilitada e incluso, aseveró que, en los pasillos de la Asamblea Nacional se rumora que el mismo abogado del Primer Mandatario está redactando el informe del ente de control: “Y esto parte de la lógica que he señalado y es que el Presidente escoge el escenario en el que quiere responder”.