Radio Pichincha

Las instituciones públicas de educación superior reclaman del gobierno de Guillermo Lasso la devolución de 100 millones de dólares que fueron recortados del presupuesto de las universidades y escuelas politécnicas, en 2020, por parte del régimen de Lenín Moreno.

La rectora de la Escuela Politécnica Nacional, Florinella Muñoz, expresó su preocupación porque el actual Ejecutivo pretende mantener durante el presente año y el próximo ese recorte presupuestario, justificado por la reducción de ingresos fiscales.

La autoridad educativa considera que se han recuperado los ingreso por los impuestos al valor agregado y renta, que son los que sostienen el presupuesto de las un universidades, por lo que no hay razón para que se mantenga la reducción de rentas para la educación superior pública.

Muñoz subraya que el recorte de los recursos a las universidades fue inconstitucional, ya que la Constitución establece que, aun en estado de emergencia, no se pueden recortar los recursos que corresponden a salud y educación, sobre lo cual Moreno dejó un precedente nefasto para los derechos constitucionales en el país.

La rectora de la EPN recordó que los recorte se hicieron directamente a los rubros que permiten pagar los sueldos, lo que provocó que las universidades terminen los contratos con docentes y trabajadores

Advirtió que si continúa el recorte presupuestario, se corre el riesgo de lesionar a la calidad de la educación superior, porque no permitirá la mejora de la infraestructura educativa y no se podrá aumentar el número de cupos para que los estudiantes accedan a las universidades y escuelas politécnicas.

En el caso de la Escuela Politécnica Nacional, el recorte presupuestario fue 10 millones de dólares, entre 2019 y 2020, según señaló su rectora, quien insistió en que se necesita la restitución de esos recursos, más aún cuando se retornará al estudio presencial en las aulas, debido a que se retomarán muchas actividades que no se realizaban durante las clases virtuales.

Olga Rodríguez es periodista española que ha realizado su trabajo en Afganistán en períodos diferentes, según nos contó. Estuvo en 2001, 2004, 2006, y ha viajado allá en las últimas dos décadas. Su última visita fue hace dos años.

“En un mundo idílico podemos creer en los unicornios. Pero en la vida real las invasiones militares buscan intereses propios que a menudo chocan con los de la población autóctona. En medio de todo ello, las mujeres suelen ser un argumento de quita y pon”, escribió Olga en su artículo de opinión en El Diario de España, con relación a la guerra unilateral desatada por EE. UU. en esa nación centroasiática.

Manifestó que cuando en 2001 se anunció la invasión de Afganistán por parte de las tropas estadounidenses y sus aliados de la OTAN, se dijo que, entre otras cosas, se iba a liberar a las mujeres.

Lo cierto es que estas dos décadas no se han aplicado políticas con el fin de lograr este objetivo, reclama. “Esa presunta democratización, inversión en gobernanza, en derechos humanos, libertades, realmente no tuvo lugar o, si tuvo lugar, fue a través de canales muy corruptos, por lo que buena parte de las veces no llegaba a su destino”, señaló.

La periodista se dio cuenta de que había, dice, una gran apuesta por la militarización, por la inversión en armamento, en la guerra, que es lo que ha habido durante estos 20 años, porque esta nunca terminó.

Sostiene que la paz no se alcanza a través de estas vías. Manifestó que ha habido personas muy honestas, trabajadores internacionales, miembros de los ejércitos que allí participaron, que se toparon, una y otra vez, con demasiados muros y obstáculos, con lo que se comprobó que el primer objetivo no era democratizar el país, fortalecer las instituciones, las libertades y los derechos humanos, como reconoció el presidente estadounidense Joe Biden.

Aseguró que las tropas estadounidenses han sido percibidas, por sectores muy diferentes de la población, como algo hostil, debido a que los tanques estadounidenses patrullaban las ciudades apuntando sus cañones hacia la calle, hacia la gente, lo que creaba miedo, más cuando la gente afgana sabe que estas tropas, al igual que los talibanes, han cometido violaciones contra los derechos humanos y tienen a sus espaldas crímenes de guerra.

Víctor Augusto Espinosa, abogado en Derecho Laboral y regulación de la educación superior, presentó el libro Lobbying en Ecuador. Los límites jurídicos a la influencia de intereses particulares en la política.

Para Espinosa, en términos generales, el lobbing es la influencia de actores ajenos a las instituciones en las decisiones relevantes para el interés general, que lo utilizan sobre todo los actores privados.

Hay una discusión académica muy interesante sobre si el lobbing debe ser operado también por personas que trabajan el sector público, dice el autor, porque se entiende que quienes forman parte del sector público cumplen funciones asignadas por la ley.

También la legitimidad de esta práctica es objeto de una discusión ideológica, por una probable ruptura del principio democrático por el que se cuestiona hasta qué punto es legítimo que actores que tienen mayor capacidad de incidir en la política, mediante el lobbing, tengan más peso que el ciudadano común.

Espinosa señala que el lobbing es un hecho, es algo innegable, que lo ejercen actores de grupos económicos, movimientos sociales, unos con más ventaja que otros, en función de su capacidad económica.

Está de acuerdo en que si no se transparenta esta práctica, los efectos nocivos y la relevancia de esas asimetrías económicas se vuelven más evidentes. Pero, dice, hay una paradoja regulatoria, porque si se regula se da legitimidad para que actores con ventaja tengan mayor capacidad que otros para incidir en la política.

Sin embargo, si no es regulado, va a seguir existiendo el lobbing y es difícil limitarlo, pero en condiciones de opacidad donde las desigualdades y asimetrías económicas son más relevantes y tienen más incidencia, alerta.

Al poco tiempo de que el expresidente Lenin Moreno salió del país, un medio digital hizo pública una investigación en la que revela que Ola Bini fue arrestado ilegal y arbitrariamente.

Esta orden de detención ilícita habría sido fraguada por la exministra de Gobierno, María Paula Romo; el exviceministro de Gobierno, Patricio Pazmiño; el exdirector de la Dirección General de Inteligencia, Freddy Ramos; y los oficiales de inteligencia Francisco Saavedra, Paúl López, Jorge Cortez y Mauro Vargas.

Según el medio, el montaje contra Ola Bini fue planificado porque, la entonces ministra Romo, necesitaba presentarle a Moreno un culpable, frente a la acusación de intentar desestabilizar al régimen y específicamente tras la filtración de los INA Papers. 

Esta fue parte de las declaraciones de la entonces ministra de Gobierno, María Paula Romo.

A través de su cuenta de Twitter, el abogado de Ola Bini, Carlos Soria, indicó que desde siempre han sostenido que la persecución contra el sueco “fue política y con probadas ilegalidades”. También dijo que, ante estos hechos, el 30 de junio del 2021, presentaron una denuncia por fraude procesal.

En entrevista con Radio Pichincha el pasado 2 de julio, Soria, informó que la defensa tiene la documentación física y certificada por la Policía Nacional de que el caso en contra de su cliente fue inventado, además que se elaboraron pruebas e indicios para poder llevarlo preso.

Un retroceso de 20 años en la educación superior plantea el proyecto de ley del presidente Guillermo Lasso en esta materia, entregada a la Asamblea Nacional, a criterio de Enrique Santos, exconsejero del Consejo de Educación Superior (CES).

Advirtió sobre los peligros que encierra la propuesta del Ejecutivo, como la desregulación del sistema que permitiría que desaparezca la obligatoriedad de las universidades para ofertar carreras con calidad y pertinencia y, por el contrario, podrán crear a su antojo las carreras que quieran.

Santos subrayó que hay carreras que no pueden ser entregadas a la autonomía de las universidades, sin que pasen por un previo examen de calidad y pertinencia. Deploró que se quiera permitir que cualquier universidad abra e imparta la carrera de medicina y el CES se limite a registrar que se dicta la carrera pero no se conozca si cumple o no los parámetros requeridos para ofertar una carrera de salud pública.

En opinión del experto, hay el riesgo de que los médicos que se formen en estas condiciones serán iguales a los de las universidades, denominadas de garaje, que fueron cerradas hace 10 años, cuyos estudiantes de sexto año correspondían a segundo año en universidades como la Central.

Otra amenaza, según Santos, es que las universidades, especialmente particulares, se conviertan en instituciones con fines de lucro, porque, a pesar del mandato constitucional para evitar que así suceda, el proyecto de ley de Lasso no contempla la regulación por parte de la Contraloría General a las universidades estatales y del Servicio de Rentas Internas a las particulares.

Estos organismo solo tendrán la facultad de verificar, con información solicitada, si las instituciones de educación superior cumplen la normativa constitucional, pero no dice que se debe hacer en caso de que estas incumplan la disposición de la Constitución.

El exintegrante del CES considera que el proyecto del gobierno de Lasso tampoco contempla el libre ingreso de los estudiantes a la educación superior, como fue la oferta de campaña del ahora mandatario.

Santos alerta que el ingreso a universidades y escuelas politécnicas públicas se complicará porque los estudiantes tendrán que rendir exámenes de admisión en cada universidad que desean estudiar, cuando, hasta el momento, con una única prueba pueden postular a cinco instituciones al mismo tiempo.

Otro cuestionamiento es que no habrá incremento del presupuesto para la educación superior en las instituciones públicas, por lo que tampoco podrán aumentar el número de cupos para que los estudiantes accedan a estudiar.

El experto negó que sea verdad que la Senescyt imponga la carrera a seguir y la institución a los estudiantes, como sostienen los detractores de este sistema.

A criterio de Iván Sierra, investigador de opinión pública y mercados, frente a las manifestaciones misóginas y de odio en los medios de comunicación, hay que reaccionar con indignación, fortaleza y frontalidad.

Considera que, por lo menos, estas declaraciones, como la del presentador Andrés Pellacini, quien acusó a las mujeres de provocar las violaciones y agresiones sexuales, transgreden normas del ámbito comunicacional y de derechos.

Pero también incurren en infracciones como apología del delito y ponen sobre la mesa de discusión ciudadana posiciones absolutamente retrógradas, violentas y muy poco saludables para la sociedad, señaló.

Sierra se refirió también a la entrevista de Andrés Carrión a la medallista olímpica Neisi Dajomes, a quien le preguntó qué tal era para lavar platos. No es una consulta inoportuna, que se le “chispoteó”, sino que es un periodista que viene transgrediendo ciertos códigos, hace tiempo, a su parecer. Cito la entrevista, que la consideró catastrófica, con Fernando Casado.

Considera que el caso de Pellacini es mucho más grave, porque comete un delito, que va en contra de la Ley Orgánica para la Prevención y Erradicación de la Violencia de Género, que tiene disposiciones claras para medios de comunicación y personas que ejercen la comunicación.

Cree, el experto, que los medios son también responsable de estas expresiones. Manifestó que tan grave como las palabras de Pellachini es la actitud del copresentador del programa, Gustavo Navarro, quien se ríe junto a aquel, al igual que los otros panelistas hombres.

Criticó lo que considera utilización del humor para suavizar una narrativa violenta, que, dijo, es un truco, una trampa, un recurso.

Un museo que permita descubrir y proyectar nuestra mega diversidad, desde la Mitad del Mundo, busca el proyecto Biodiversa, propuesta planteada por el Instituto Nacional de Biodiversidad (INABIO), articulada con el Ministerio del Ambiente, junto a actores estratégicos del sector privado, organizaciones de cooperación internacional que apoyan la biodiversidad, el medio ambiente y el turismo sustentable, que plantea transformar de manera positiva el vínculo que existe entre el ser humano con su entorno.

La propuesta quiere darle un mejor aprovechamiento al edificio de la exsede de Unasur, una de las obras arquitectónicas más importantes de los últimos años, ubicada en una zona turística altamente visitada, potenciando su beneficio a favor de la ciudadanía, según destacó Diego Inclán, director de Inabio.

Señaló que no se trata de una novelería ni de aprovechar la coyuntura política, sino de utilizar la infraestructura. Contó que el Instituto trabaja en comodatos con el Municipio de Quito, como el Museo de Historia Natural del parque La Carolina, pero las colecciones biológicas nacionales, que es un patrimonio en el que se invirtió por más de 40 años, quizás no están en un sitio adecuado, no es la infraestructura que se merece.

Por esta razón, dice que han venido buscando alternativas que se puedan ir adaptando y tenían una propuesta para construir un nuevo museo, proyecto costoso que demandaba una inversión de más de 40 millones de dólares, valor similar al que costó el edificio para la Unasur.

Considera que esta edificación es la adecuada para albergar el museo, por la magnitud del espacio que tiene, que son más de 10 mil metros de infraestructura útil, sobre una superficie de 22 mil metros cuadrados, que se adapta muy bien a las condiciones que se necesitan.

“Es como una galería; es bastante impresionantes el interior del edificio”, describió Inclán, quien insiste en que la idea es aprovechar la inversión que ya está hecha y darle uso al edificio, lo más pronto posible.

Aseguró que no es verdad que la edificación esté destruida o que tenga daños estructurales. Indicó que está bien, con algunos problemas que son fácilmente solucionables, que conoció en una visita que realizó al lugar.

El expresidente de la República, Lenín Moreno, abandonó el país este miércoles 18 de agosto a las 14:02, con destino a Miami, Estados Unidos, en el vuelo de American Airlines AA 2162.

Moreno envió una misiva a la Presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, para notificar su salida del país y, con eso, justificó su viaje alegando motivos laborales.

En el documento se lee que Moreno se podría vincular como catedrático en la Universidad de la Florida, algo que ya fue anunciado meses atrás.

“Este mes de agosto viajaré a los Estados Unidos de Norteamérica, por motivos laborales y personales. Brindaré algunas conferencias por invitación del Instituto Interamericano para la Democracia y mantendré reuniones en la Universidad de la Florida, con miras a mi vinculación a esa institución”.

De la misma manera, varias fotografías del expresidente se viralizaron por redes sociales. Ahí se lo observa en la zona de abordaje del Aeropuerto Mariscal Sucre en Quito. El vuelo que tomó para salir del país despegó a las 14:02.

Karen de Tífano, la heredera de una vasta fortuna, regresa a su hogar para conocer a Lucas van Doren, el hombre que su padre ha escogido para que sea su esposo.

Una vez en casa Karen y su protector Kaliman descubren que el Barón de Tífano no aboga por los intereses de su hija, y que en las noches de luna llena Lucas van Doren se convierte en hombre-lobo.

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El colectivo Acción Jurídica Popular inició las acciones con la finalidad de revocar el mandato de los 21 concejales y el alcalde del Distrito Metropolitano de Quito, por inacción e incumplimiento de sus planes de trabajo.

El vocero de esta organización, David Paz, confirmó que solicitaron del Consejo Nacional Electoral (CNE) las certificaciones de los planes de trabajo de las 22 autoridades capitalinas. Deploró que la respuesta del organismo electoral sea que esos documentos están colgados en su web y los obtengan de allí.

Paz dice que con la experiencia que tuvieron en el caso del alcalde Mauricio Rodas entienden que habrá más trabas, por lo que insisten en que el CNE entregue los planes certificados, a lo cual tienen derecho y están a la espera de que lo haga.

De todas maneras, señaló que Acción Jurídica Popular ya comenzó el análisis de los planes de trabajo en uno de los cuales descubrieron que una concejala ofreció construir una universidad municipal, que probablemente no podrá cumplir en los dos años que le resta de funciones , lo que constituye una causal para la revocatoria del mandato.

El representante del colectivo social considera que no están haciendo el mismo juego que las élites de Quito, con el propósito de botarle al alcalde Yunda, porque el botín no es electoral, argumenta.

A su entender, las cámaras empresariales, las élites, los grupos de poder, no están pugnando por la bandera ciudadana, sino porque detrás de las empresas municipales hay una cantidad exorbitante de dinero, no se diga del metro. Quien tenga el poder sobre esto tiene prácticamente el poder sobre Quito, apuntó.