Radio Pichincha

El nuevo contralor titular será designado antes de marzo de 2022, fecha en la que concluye el tiempo de subrogación en la Contraloría General del Estado, impuesta por el Consejo de participación Ciudadano Transitorio y la Corte Constitucional, señaló el presidente subrogante del Consejo actual, David Rosero.

Sin embargo, el funcionario advirtió que la nueva autoridad principal de la Contraloría no podrá asumir el cargo antes de marzo de 2022, a menos que la Corte Constitucional apruebe una resolución que lo permita. Con este fin, el Consejo de Participación Ciudadana elevó una consulta a los magistrados constitucionales.

Recordó que también exhortaron a la Asamblea Nacional para que, en el marco de sus facultades, lleve a cabo una reforma o una interpretación de la Ley de la Contraloría, que posibiliten los caminos para nombrar a un contralor encargado y posesionar al nuevo contralor antes de marzo de 2022.

Rosero aseguró que el concurso de méritos y oposición para seleccionar a la máxima autoridad del ente de control avanza. A partir de este miércoles 18 hasta el 27 de agosto, los ciudadanos pueden inscribirse como veedores para vigilar la transparencia del concurso, en línea, en la página web de la institución.

Hay requisitos que deben cumplir los postulantes a veedores, como no debe pensiones alimenticias, no tener deudas pendientes, conflicto de intereses. Por ejemplo, un funcionario de la Contraloría no podría ser veedor.

Señaló que el gobierno de Lasso entregó los recursos necesarios para el proceso, luego de varias solicitudes e insistencias. El CPCCS pidió 390 mil dólares.

La comisión ciudadana de selección, que es la que califica las carpetas de los candidatos a contralor, estará conformado por un delegado de la Presidencia de la República, Asamblea Nacional, Función Judicial, de Transparencia y Electoral y cinco ciudadanos de la sociedad civil escogidos mediante concurso público, organizado por el Consejo de Participación.

Es esta comisión, conformada por 10 integrantes, la que llevará a cabo el concurso para la designación del nuevo contralor general del Estado.

Rosero manifestó que también continúan los procesos para seleccionar al nuevo defensor Público y está por culminar la reglamentación para la renovación parcial del Consejo Nacional Electoral.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concluyó en su informe que el Estado ecuatoriano es responsable por la violación de los derechos a la integridad personal, libertad personal, libertad de expresión, circulación y residencia y protección judicial de Rogelio Viteri Ungaretti.

Este capitán de la Marina, ahora en servicio pasivo, denunció hace 20 años un presunto acto de corrupción de la entonces cúpula de las Fuerzas Armadas, en la adquisición de reaseguros de aeronaves militares, luego de lo que fue víctima, junto con su familia, de persecución y violaciones sistemáticas a los derechos humanos.

Actualmente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos tramita este caso. Viteri tiene condición de asilado político en Reino Unido, desde 2002, en donde se desempeñaba como agregado militar en la embajada de Ecuador, cuando presentó la denuncia.

Viteri contó que en ese entonces recibió en su despacho en Londres a una comitiva compuesta por los jefes de Estado Mayor de las tres ramas de las Fuerzas Armadas, quienes eran los encargados de contratar los reaseguros de aeronaves militares.

Se desplazaron a esa ciudad con 15 días de viáticos pagados por la institución militar, con sus esposa e invitadas, un grupo de nueve personas. Las invitadas por el vicealmirante Édgar Guerra, jefe de la misión, eran la esposa y la hija del ministro de Trabajo de esa época,.

Viteri asegura que él no tenía ningún conocimiento de lo que se trataba, porque era un asunto reservado manejado al más alto nivel, pero se enteró porque le pidieron que sea el intérprete. A decir del denunciante se trató de un pseudo concurso.

Narró que le pidieron que llame al representante de una empresa que participó en el aparente concurso para que le pida un documento que le faltaba, quien le respondió que entregó todos los papeles y que si no quieren la oferta que la echen a la basura.

Ante esta situación, que para el grupo de oficiales era mucho mejor, dispusieron que llame al representante de la otra empresa oferente, que ganó el concurso, quien llegó en apenas 15 segundos, cuando Viteri dice que debía tomarle por lo menos una hora.

La compañía supuestamente ganadora entregó a la comitiva militar sobres con pasajes para que se pasee en Paris, Roma, diversión, etc., aseguro Viteri, quien sostuvo que los integrantes de la comitiva fueron por 15 días a realizar un concurso que les tomó máximo 10 minutos y 14 días de vacaciones pagadas con dinero del pueblo, viáticos y más obsequios entregados por la empresa ganadora del concurso.

Ante esta situación, informó al embajador, en ese entonces Sixto Durán Ballén, como integrante de la legación diplomática, quien le dijo que no se preocupe, que estas cosas pasan, que siga su carrera y no haga caso, a lo que le respondió que no puede ser cómplice de este acto de corrupción, por lo que le presentará por escrito el hecho.

El comandante general de la Marina, Fernando Donoso, ahora ministro de Defensa en este gobierno de Lasso, le ordenó volver a Ecuador ha explicar el informe. Viteri dice que cuando llegó al país le presentaron dos hojas sobre supuestas faltas disciplinarias cometidas.

Desde ese momento, según el denunciante, se inició una persecución sistemática, vejaciones y vulneración de sus derechos y de su familia, lo que le obligó a solicitar asilo en Londres, en donde se encuentra actualmente.

Un grupo de investigación convocado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reveló este martes que durante la convulsión social a fines de 2019 en Bolivia, fuerzas militares y policiales cometieron masacres contra civiles, incluyendo "ejecuciones sumarias".

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la CIDH, que investigó esos incidentes, dio a conocer su informe en La Paz al presidente Luis Arce.

Patricia Tappatá, integrante del GIEI, dijo que “al menos 37 personas perdieron la vida en diversos lugares del país y centenares recibieron lesiones de consideración, tanto físicas como psicológicas”.

La investigación abarcó desde fines del gobierno del izquierdista Evo Morales hasta el comienzo de su sucesora, la senadora derechista Jeanine Áñez.

Durante la gestión de la mandataria interina se registraron dos hechos graves: el 15 de noviembre en la localidad de Sacaba, cercana a la ciudad de Cochabamba (centro), y cuatro días después en la planta de gas de Senkata, en la ciudad de El Alto, vecina de La Paz.

En este marco, recordemos que existe una carta enviada y firmada por la entonces ministra de Gobierno, María Paula Romo, que con fecha 16 de noviembre de 2019, le confirma al Ministro de Defensa del Estado Plurinacional de Bolivia, del gobierno de Facto de Jeannine Añez, Luis Fernando López, el “préstamo de material antidisturbios, en virtud del principio de reciprocidad internacional”, puntualiza la carta.

Karen de Tífano, la heredera de una vasta fortuna, regresa a su hogar para conocer a Lucas van Doren, el hombre que su padre ha escogido para que sea su esposo.

Una vez en casa Karen y su protector Kaliman descubren que el Barón de Tífano no aboga por los intereses de su hija, y que en las noches de luna llena Lucas van Doren se convierte en hombre-lobo.

Te invitamos a escuchar todos los capítulos de esta radio novela.

En este episodio entramos en el mundo mágico de Ecuador, tierra equinoccial de pueblos que agradecen a la Pachamama y al Taita Inti. Tierra de aires andinos que resuena en la música y los géneros indios y mestizos. Un recorrido por la cultura, la literatura, la poesía, la música y los paisajes naturales de esta tierra mágica.

En este episodio entramos en el mundo mágico de Ecuador, tierra equinoccial de pueblos que agradecen a la Pachamama y al Taita Inti. Tierra de aires andinos que resuena en la música y los géneros indios y mestizos. Un recorrido por la cultura, la literatura, la poesía, la música y los paisajes naturales de esta tierra mágica.

Los gobiernos estadounidenses de turno han gasto por encima de un trillón de dólares en la guerra contra el pueblo de Afganistán y al cumplir 20 años de la agresión no han logrado ningún beneficio para el pueblo de esta nación, a criterio de Daniel Shaw, profesor de Relaciones Internacionales en Estado Unidos.

En opinión de Shaw, la guerra ha provocado más miseria y escasez al pueblo afgano. Recordó que 2018 fue el año en que las tropas de Estados Unidos bombardearon con más intensidad a ese país de Asia Central, con el fin de acabar con los talibanes, pero no lo lograron.

A pesar del apoyo del ejército gringo, las fuerzas locales en Afganistán nunca pudieron controlar más que algunas provincias. El Talibán siempre tenía hegemonía económica y cultural, según el experto.

Shaw apuntó que la clase dominante de Estados Unidos si aprovechó y obtuvo grandes ganancias de la guerra. Las grandes corporaciones de armamento, misiles, bombas, lucraron con el conflicto armado, mientras 250 mil soldados estadounidenses sufrieron traumas y perdieron sus miembros.

El analista dice que el que más sufrió fue el pueblo afgano en estas dos décadas de invasión, ocupación y guerra ilegal, criminal, por parte de los gobiernos de Estados Unidos, con el apoyo de Inglaterra y Francia, los otros poderes imperialistas.

Para el profesor de Relaciones Internacionales, la guerra de Estados Unidos contra Afganistán es una de las más grandes injusticias del siglo pasado y de este siglo.

El embajador ecuatoriano en España, nombrado, Pascual del Cioppo, ha cometido una gravísima falta al introducirse en un debate sobre política interna española, a criterio de Miguel Calahorrano, exembajador en esa nación.

Explicó que Del Cioppo señaló a la ministra española Irene Montero como la supuesta beneficiaria de una acto de corrupción al haber recibido dinero de parte de la embajada del Ecuador, con los contratos para asesorar legalmente a los migrantes ecuatorianos.

Según la denuncia de Del Cioppo, en el gobierno de Rafael Correa se habría contratado a una empresa vinculada con el partido político español Podemos, de Pablo Iglesias, esposo de Montero, para que lleve a cabo la ayuda jurídica a las personas en movilidad.

El exembajador Calahorrano aseguró que esta información es absolutamente falsa y que Del Cioppo está haciendo una crítica al gobierno de España, sin que sea todavía oficialmente embajador, porque todavía no se posesiona ante la respectiva autoridad.

En su opinión, Del Cioppo le está haciendo un flaco servicio al país, por lo que el presidente Guillermo Lasso debe considerar seriamente este nombramiento. Calahorrano comentó que el mismo embajador nombrado se propuso como una de sus primeras tareas conseguir la visa Schengen para los ecuatorianos.

Este asunto ha sido motivo de trabajo de siete u ocho años, en el que se ha conversado con el jefe del gobierno español, con el fin de que España sea un puntal dentro de la Unión Europea para la consecución de este logro. Y del Cioppo, ni más ni menos, de antemano se pelea con el gobierno español y se coaliga con el partido Vox, de ultraderecha, que es enemigo de los migrantes, deploró Calahorrano.

Señaló que a lo mejor, si tiene que ir a pedir apoyo al gobierno español, del Cioppo tendrá que sentarse al frente de la ministra Irene Montero, para conseguir el visado Schengen.

Por estos motivos, el exdiplomático considera que es absurdo lo que hace y dice Del Cioppo, que contradice lo que debe ser un embajador.

En los cuatro años que estuvo en el cargo de contralor subrogante, Pablo Celi fue el actor principal de la persecución que inició la Contraloría General, aseguró la abogada Ligia Cobo, excoordinadora de Talento Humano de la Institución.

Para esta acción Celi contó con un grupo de funcionarios que le acompañaron y a quienes manejaba como a títeres, entre estos Valentina Zárate, exsubcontralora, Daniel Fernández de Córdova, Michelle Cedeño, según Cobo.

Cobo fue la funcionaria que entregó a Celi la acción de personal mediante la cual el entonces contralor Carlos Pólit le destituyó del cargo, el 7 de junio de 2017. Esa acción de personal fue destruida por Celi para luego autoproclamarse contralor subrogante, como recordó la abogada.

Cobo considera que la Contraloría debe ser depurada de este tipo de personajes, con el fin de evitar que vuelvan a cometerse los actos irregulares, como el desvanecimiento de glosas, y la persecución a funcionarios y exfuncionarios.

Respecto al juicio político contra Celi en la Asamblea Nacional, en el que fue censurado con el voto unánime de los 136 asambleístas presentes en la sesión de este lunes 17 de agosto, la abogada considera que la arrogación del cargo por parte de Celi está dentro de la causal de incumplimiento de funciones, por la que fue censurado el excontralor subrogante.

Cobo deploró que Celi trató de confundir a la ciudadanía negando su actuación dolosa, sosteniendo que no existía la acción de personal que lo destituyó y asegurando que tanto ella como Sabett Chamoun, designada contralora subrogante en 2017, intentaron coaccionarlo para que abandone el cargo.

A decir de la abogada, “son actos y hechos reiterativos y repetitivos que él menciona, frente a pruebas no generadas por ningún funcionario, sino por la propia Contraloría General, cumpliendo procedimientos”.

Después de una sesión que tomó 13 horas, por unanimidad, el Pleno de la Asamblea censuró por incumplimiento de funciones al excontralor Pablo Celi, como desenlace de un juicio político impulsado por el bloque de UNES, este lunes 16 de agosto de 2021.

La moción para la censura provino del coordinador de Pachakutik, Rafael Lucero, y no del interpelante Juan Cristóbal Lloret, de UNES, después de intensos diálogos entre las bancadas, pues la intención del correísmo era que Celi fuese censurado por arrogación de funciones, lo que encontró resistencia en el resto de bancadas. Lloret no insistió en su moción.

Durante las dos horas de intervención, los legisladores interpelantes cuestionaron el accionar de Pablo Celi y expusieron todos los elementos de convicción que configuran la causal por la que se lo enjuició al excontralor subrogante.

Por su parte, Pablo Celi, en sus tres horas de intervención y presentación de alegatos de defensa, señaló por varias ocasiones a la bancada de la Revolución Ciudadana y defendió que no ha incurrido en ninguna de las irregularidades por las que se lo acusó. Además, consideró «ser víctima» ya que se ha violado, según él, su derecho a la presunción de inocencia.

En su turno de réplica, Pablo Celi volvió a señalar a la bancada de UNES, por lo que se registraron cruces de palabras en el salón Nela Martínez. Concluida su intervención, el enjuiciado político abandonó el Pleno.

Con esta decisión, adoptada por 136 asambleístas presentes en la sesión, que estallaron en aplausos en el hemiciclo, Celi no podrá volver a ejercer cargos públicos por dos años. La presidenta Guadalupe Llori no participó de la votación.