Desde el 10 de agosto, cuando se promulgó la Ley de Tránsito  reformada, inició la etapa de remisión (perdón) de recargos, por 90  días, en beneficio de quienes tienen multas acumuladas o que no han  podido cancelarlas, confirmó Adrián Castro, director ejecutivo de la  Agencia Nacional de Tránsito-ANT.

Explicó que en la ley derogada, en el artículo 179, constaba un  recargo del 2 % mensual por cada contravención de tránsito tipificada en  el Código Integral Penal. Ese recargo fue eliminado para las personas  que tienen contravenciones hasta antes del 10 de agosto del presente  año.

Aquí cabe la remisión, porque muchas personas tienen multas  pendientes desde hace dos años o más, generando el recargo mensual de 2  %, que se vuelve 24 % anual, que es lo que se está perdonando, si el  ciudadano cancela su multa hasta el 16 de diciembre de este año, cuando  culminan los 90 días de remisión, según detalló Castro.

Aseguró que el trámite para acceder a esta concesión es automático,  no requiere de realizar ningún papeleo. Se puede pagar la multa a través  de las varias alternativas que hay, ya sea de manera presencial en la  banca pública o privada o en línea, mecanismo implementado por la ANT.

Las personas pueden consultar en la página de la ANT, en una casilla  denominada remisión, con la placa, cédula de identidad o RUC, el estado  de sus contravenciones y todas las multas y recargos asociados a la  multa principal, disminuidos, con el valor que deberán cancelar.

Aclaró que el beneficio aplica para las contravenciones de tránsito,  que están en el Código Integral Penal, sancionadas por los agentes  civiles de tránsito, los vigilantes de la Comisión de Tránsito del  Ecuador o policías nacionales que realizan control de tránsito, por  medios tecnológicos como fotomultas, fotoradares y otros.

Las multas establecidas en ordenanzas municipales, por  contravenciones al parqueo rotativo tarifado, por ejemplo, son multas  administrativas impuestas por los GAD municipales que no tiene nada que  ver con la fase de remisión, señaló.

La asambleísta Luisa González, de la bancada de UNES, cuestionó la  declaratoria de emergencia sanitaria focalizada, anunciada por la  ministra de Salud, porque considera que esta medida no solucionará la  crisis en los hospitales del Estado.

La parlamentaria planteó que la emergencia declarada debe ser total,  para todas las unidades, no solo del Ministerio de Salud sino también  para los hospitales del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social,  porque también tienen serios problemas.

Deploró que la emergencia será sectorizada, solo para ciertos  hospitales en determinadas provincias, a pesar de que el sistema de  salud tiene falencias en todo el país y no hay un solo hospital que esté  funcionando de manera adecuada.

“¿Con esto quiere decir que habrá pacientes de primera, segunda,  tercera y cuarta; se escogerá a cuáles pacientes se atiende y a quiénes  no. Dónde se garantiza una atención digna; dónde se garantiza el  cumplimiento del derecho constitucional a la salud y dónde no?, preguntó  la legisladora.

Insistió en que es un error que la emergencia sea sectorizada, porque  significa que no serán atendidos todos los pacientes y algunos estarán  condenados a morir por falta de acceso a una salud digna.

Sobre la situación de las casas de salud del IESS señaló que esta  institución pierde un montón de dinero de los afiliados en las  derivaciones de los pacientes a clínicas privadas, porque los hospitales  no tienen equipamiento para los médicos, inclusive guantes quirúrgicos,  hilos de sutura. El costo es cuatro veces más, reclamó.

La asambleísta González también criticó que el vicepresidente de la  República haya dicho que se eliminarán las farmacias de los hospitales  públicos para que sean las privadas las que doten de medicamentos a los  pacientes.

A criterio de la parlamentaria, esta medida busca beneficiar a los  negocios particulares, privatizando la atención en farmacias, aumentando  los gastos del Estado, recursos que podrían servir para pagar a los  médicos que hacen falta en el sistema sanitario.

La presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori (PK), apareció este jueves 12 de agosto de 2021 en una rueda de prensa para defenderse de las acusaciones que enfrenta en sus tres primeros meses de gestión.

Junto a los miembros del CAL y jefes de bancadas, desmintió dos denuncias en su contra. La primera, sobre el supuesto inicio de compra de vehículos de alta gama. Si bien admitió que se analizó esta posibilidad, debido a que existe más de 50% del parque automotor con desperfectos, nunca se emitió la orden de iniciar esta compra.

La administradora general, Gloria Llerena, dio detalles sobre el estado de los vehículos y otros datos, que formó parte del proceso, pero enfatizó que, ni siquiera, se llegó a un proceso precontractual.

Sobre la segunda denuncia, en la que supuestamente Llori habría gastado más de $300 mil en un evento en Orellana, la presidenta de la Asamblea aclaró que fueron $15.806 el monto total. Llori anunció que presentará esta queja por la información falsa divulgada por el asambleísta Fernando Villavicencio.

Además, alertó que existe un intento de desprestigiar a la Asamblea Nacional.

Por su parte, Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización, cuestionó las declaraciones de Llori. “Yo no miento”, dijo el legislador, al precisar que existen memorandos con las disposiciones para abrir la compra de vehículos.

“Si Llori pretende ubicarse bajo un supuesto ataque de violencia de género. No, Llori. Usted tiene miedo porque esta Comisión recibió información de la Contraloría”, agregó Villavicencio.

Por otro lado, legislador anunció que recibió documentación de una glosa en contra de la presidenta de la Asamblea, cuando fue prefecta de Orellana, con informe de responsabilidad penal.

Esta información la recibió de parte de la excontralora subrogante, Valentina Zárate, cuando se realizó el pedido de información dentro del juicio político contra Pablo Celi. Dijo que hay más de 15 asambleístas que tienen expedientes en la Contraloría. «Esto no significa que sean glosas confirmas, pero estamos investigando», precisó.

Karen de Tífano, la heredera de una vasta fortuna, regresa a su hogar para conocer a Lucas van Doren, el hombre que su padre ha escogido para que sea su esposo.

Una vez en casa Karen y su protector Kaliman descubren que el Barón de Tífano no aboga por los intereses de su hija, y que en las noches de luna llena Lucas van Doren se convierte en hombre-lobo.

Te invitamos a escuchar todos los capítulos de esta radio novela.

Por unanimidad, este miércoles 11 de agosto, la Asamblea Nacional  resolvió que continúe en el Pleno el juicio político al excontralor  subrogante Pablo Celi, que corría el riesgo de ser archivado debido a  que el presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando  Villavicencio, no entregó a tiempo el pedido de prórroga para presentar  el informe sobre el proceso.

Según adelantó el asambleísta Roberto Cuero, de la bancada de UNES,  el próximo lunes 16 de agosto se instalará la sesión del Pleno para  interpelar a Celi de La Torre. Destacó la voluntad que tienen las  diferentes bancadas para censurar al excontralor subrogante, acusado de  incumplir sus funciones.

Recalcó que su compañero de bancada Juan Cristóbal Lloret, como  proponente, sustentó las causales del juicio político, entre las que se  encuentra arrogación de funciones, comprobada con un video en el que se  ve a Celi rompiendo una acción de personal con la que el entonces  contralor Carlos Pólit lo cesó en funciones y nombró en su reemplazo a  Sabett Chamoun.

Cuero comentó que cuando compareció ante la Comisión de  Fiscalización, Celi de la Torre aseguró que no existía esa acción de  personal; sin embargo, se presentó copias certificadas por la propia  Contraloría (compulsas) de la existencia de la acción de personal 913.

A su criterio, el Parlamento Nacional si tiene la facultad para  investigar esa irregular toma del cargo de contralor subrogante por  parte de Pablo Celi.

Otra causal, dice el parlamentario, son los informes a favor de  Odebrecht, con los que se desvanecieron glosas, a diestra y siniestra, a  esta transnacional y a Claro, por 112 millones de dólares.

El legislador de UNES señaló que cuando se desvanecieron las glosas a  favor de la telefónica Claro, el yerno del dueño de esta empresa,  Carlos Slim, se reunió con el entonces presidente Lenín Moreno para  acordar la suscripción de un nuevo contrato.

En la Contraloría General del Estado hay un contralor autosubrogado,  cuya acción de personal de la institución indicaba que sus funciones  caducan el 23 o 24 de agosto, a criterio de Jorge Sosa, defensor en  Derecho Público.

Sin embargo, Carlos Riofrío suscribió un acuerdo en el cual, él  mismo, establece que va a ser contralor subrogante hasta que se designe  al nuevo funcionario titular. Para el constitucionalista, esta decisión  de Riofrío no tiene ninguna base legal, en ninguna norma, ley orgánica  ni en la Constitución y únicamente lo pudo hacer con Pablo Celi el  Consejo de Participación Transitorio por las facultades extraordinarias  entregadas por una consulta popular.

En opinión de Sosa, esas facultades no las tiene Riofrío, porque  terminaron cuando se acabó el Consejo Transitorio y Celi renunció.  Advierte que el puesto de contralor está vacante desde el momento que  renunció la subcontralora Valentina Zárate, quien estuvo encargada de la  Contraloría.

Sosa cree también que los jueces de la Corte Constitucional (CC)  mantienen un pronunciamiento contradictorio sobre el Consejo de  Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).

Explicó que sobre el pedido del CPCCS para que interprete el artículo  208 de la Constitución, con el fin de designar a un contralor  encargado, la CC inadmitió el pedido argumentando que la modificación a  las funciones del Consejo solo lo puede hacer el legislador  constituyente, no la CC.

En cambio, sobre la eliminación del CPCCS, los jueces  constitucionales emitieron otro dictamen estableciendo que el camino es  la reforma constitucional, vía referéndum. Es decir, para el caso de la  modificación de sus funciones sostienen que debe hacerla una Asamblea  Constituyente y para la desaparición del Consejo puede hacerse con una  reforma constitucional.

Sosa destacó que el Consejo de Participación tiene la tesis de que la  eliminación de esta institución solamente es posible a través de una  Constituyente, tal como fue creada.

El experto considera que la Corte Constitucional, a la par de  inadmitir la solicitud del Consejo de Participación, pudo haber  insinuado algunos caminos para resolver el problema que atraviesa la  Contraloría General del Estado.

Con las movilizaciones y protestas protagonizadas por las  organizaciones sociales en contra de la política del gobierno de  Guillermo Lasso se abre un nuevo ciclo político en el Ecuador, a  criterio del sociólogo y periodista Decio Machado.

La razón es que la ciudadanía ha empezado la segunda fase de demandas  al nuevo Ejecutivo, que tienen que ver con la seguridad, que engloba la  necesidad de empleo, poder adquisitivo para pagar los gastos  familiares, educación, etc., según el experto.

Estas demandas sociales que se plasman en la calle se dan luego de  que la gente considera que fue superada la primera fase, que tiene que  ver con la salud y la vacunación, que fue gestionada con cierto éxito  por el gobierno de Lasso, señala Machado.

En opinión del sociólogo, el presidente Lasso está consciente de la  realidad del país y de las necesidades de los ciudadanos, pero no tiene  capacidad operativa ni inteligencia política para enfrentar la realidad.

Para Machado, el mandatario tiene consciencia de la realidad, pero lo  que pasa es que viene a ejecutar un programa político, que no lo  ocultó, lo publicitó durante el proceso electoral y la gente votó por  eso, por lo que no se le puede acusar de aplicar una política diferente a  la que prometió.

Está de acuerdo, el analista, que la situación del presidente Lasso  es complicada, debido al desastre económico y político que heredó del  gobierno anterior, sumado que el programa económico de Lasso es  contracíclico a lo que pasa a nivel global, porque los organismos  internacionales recomiendan generar impuestos a los que más tienen y  sobre las grandes empresas.

Sin embargo, apunta el experto, en Ecuador, el presidente de la  República anuncia que deberán pagar impuesto a la renta las personas que  ganan desde 500 dólares al mes. Esta situación, dice, no es cuestión de  izquierdas o derechas, porque gobiernos conservadores, en este momento,  aplican políticas sociales y de recuperación del Estado, como mecanismo  de protección, para salir de la crisis provocada por la pandemia.

Como parte de la política de incremento gradual de los precios de los combustibles, desde este jueves 12 de agosto de 2021 regirán nuevos precios en las gasolinas extra y diésel.

Según los precios referenciales calculados por la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables (ARC), los valores de los derivados, establecidos para este mes, quedan de la siguiente manera:

· Extra y Extra con Etanol (ecopaís): USD 2,28

· Diésel y Diésel Premium: USD 1,60

Los nuevos precios permanecerán vigentes hasta el próximo 11 de septiembre, día en el que empezarán a regir nuevos precios de los combustibles.

El presidente Guillermo Lasso ha asegurado que no dará marcha atrás y no derogará los decretos relacionados al aumento gradual en los precios de los derivados; mientras que sectores sociales, productores, transportistas y más organizaciones exigen que se eliminen estas normativas.

Karen de Tífano, la heredera de una vasta fortuna, regresa a su hogar para conocer a Lucas van Doren, el hombre que su padre ha escogido para que sea su esposo.

Una vez en casa Karen y su protector Kaliman descubren que el Barón de Tífano no aboga por los intereses de su hija, y que en las noches de luna llena Lucas van Doren se convierte en hombre-lobo.

Te invitamos a escuchar todos los capítulos de esta radio novela.

El juez nacional Adrián Rojas, acogiendo la solicitud de la Fiscalía  General, llamó a juicio al defensor del Pueblo, Freddy Carrión, como  presunto autor del delito de abuso sexual. Además, ratificó la medida  cautelar de prisión preventiva.

El abogado defensor de Carrión, Christian Bahamonde, se mostró  sorprendido y preocupado por la decisión del juez, sobre todo porque no  acogió el pedido de cambio de medida cautelar para sustituir la prisión  preventiva contra Carrión, quien se encuentra en la cárcel 4 de Quito  desde el 17 de mayo pasado.

Considera que había suficientes elementos para que se cambie la  prisión preventiva por otras medidas para garantizar la presencia del  procesado en el juicio, como arresto domiciliario, uso de un dispositivo  electrónico, prohibición de salida del país.

A criterio de Bahamonde, fue una sorpresa el argumento del juez para  ratificar la prisión preventiva, ya que estimó como una interferencia en  el proceso para tratar de presionarlo la visita que, el 26 de julio  pasado, realizó a Carrión una delegación internacional de defensores del  Pueblo, preocupados por la situación del funcionario ecuatoriano.

Recordó que los delegados internacionales solicitaron, de manera  formal, participar de la audiencia, que el juez Rojas no permitió,  aduciendo que se trataba de una diligencia con carácter reservado.

Al abogado le parece que la actitud del juez es ilógica. Exteriorizó  su preocupación ya que, debido al tiempo transcurrido, mantenerle  privado de su libertad a Carrión pone en riesgo que este continúe  ejerciendo las funciones de defensor del Pueblo.