Radio Pichincha

Karen de Tífano, la heredera de una vasta fortuna, regresa a su hogar para conocer a Lucas van Doren, el hombre que su padre ha escogido para que sea su esposo.

Una vez en casa Karen y su protector Kaliman descubren que el Barón de Tífano no aboga por los intereses de su hija, y que en las noches de luna llena Lucas van Doren se convierte en hombre-lobo.

Te invitamos a escuchar todos los capítulos de esta radio novela.

El analista económico Oswaldo Landázuri sostiene que el subsidio, en este caso al precio de los combustibles, debe ser una medida temporal y focalizada, porque no beneficia a quienes más necesitan la subvención.

Anotó que este es un tema que deberá resolver el presidente Guillermo Lasso, electo como una posición nueva que buscaba el país, antes que una versión de derecha, dice Landázuri, quien no está convencido de que el mandatario lidere alguna transformación profunda.

Cree que el país requiere que Lasso adopte una posición intermedia, racional, socialdemócrata, para rescatar lo mejor que la nación tuvo en el gobierno de Rafael Correa. Considera que es un criterio equivocado pensar que en aquella administración no hubo cosas buenas.

Destacó la atención al área social, la construcción de infraestructura, que es a lo que la ciudadanía se acostumbró, dice, por lo que busca cierto equilibrio. “Ahí es donde estará la inteligencia emocional de presidente Lasso para leer adecuadamente lo que el país busca y necesita”, señaló.

Si no se entiende que se requiere una sociedad, justa, equilibrada, racional, probablemente habrá posiciones sociales contrapuestas, que dificultarán la gobernabilidad del país, advirtió el experto.

Landázuri considera que, el rompimiento con su aliado natural, el Partido Social Cristiano, y no haber mantenido su acuerdo con UNES, le dificultará bastante a Lasso aprobar sus leyes en la Asamblea Nacional.

Alertó que hay voces que quieren incluir en el proyecto de ley tributaria del Ejecutivo, que remitirá al Legislativo, impuestos para personas que ganan desde 800 dólares mensuales, lo que le parece un error y que podría traer consecuencias como las ocurridas en Colombia, porque la gente no aguanta más la crisis económica.

El expresidente de la República Lenín Moreno puso el ejecútese a la reforma de la Ley de Educación Intercultural con objeticos político-electorales, a criterio del exviceministro de Educación, Freddy Peñafiel.

El exfuncionario recordó que Moreno aprobó la ley el sábado anterior a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, con toda la intención de lograr que el entonces candidato Guillermo Lasso alcance los votos necesarios para ganar la Presidencia de la República.

Peñafiel considera que era responsabilidad de Lenín Moreno, al fungir como mandatario del país y ser colegislador, contar con los recursos necesarios para financiar el incremento de los sueldos del magisterio.

Deploró que la Asamblea Nacional hizo exactamente lo mismo que Moreno, no realizar un estudio técnico para aumentar los salarios de los docentes antes de aprobar el proyecto de reformas de la LOEI.

El exviceministro señaló que si bien los profesores necesitan ganar más y es deseable que se jubilen cuando son todavía jóvenes, pero para ello hay que ver si hay dinero para pagar el incremento de sueldos y para que el IESS sobreviva jubilando a los profesores a los 50 años.

Peñafiel considera que tanto el presidente Moreno como la Asamblea Nacional vendieron humo, como lo dice la Corte Constitucional en su dictamen, vendieron ilusiones a los maestros, que no estaban fundamentadas económicamente.

A su criterio, en el Ejecutivo y en el Legislativo hicieron todo mal. Comentó que el informe de la Comisión de Educación, de ese entonces, señalaba que invitaron al Ministerio de Finanzas a una reunión para analizar el proyecto de reformas y no fue, por lo que en la legislatura asumieron que sí hay recursos.

La focalización no va a resolver la problemática del incremento progresivo del precio de los combustibles, por lo que este valor debe ser congelado, demanda el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (CONAIE), Leonidas Iza.

Con el fin de presionar al gobierno de Guillermo Laso para que tome la decisión de congelar el precio de los combustibles, Iza anunció la reactivación del Parlamento de los Pueblos, conformado por una variedad de organizaciones sociales.

Este miércoles, según adelantó el dirigente indígena, mantendrán una reunión con el propósito de definir las acciones que desarrollarán con la finalidad de empujar al Ejecutivo a que revise su posición de mantener las mismas políticas neoliberales del expresidente Lenín Moreno.

Cuestionó que Lasso insista en fijar el precio de los combustibles de acuerdo con los costos internacionales del barril del petróleo. Iza no cree que sea lo adecuado porque, entonces, tendría que fijar también el salario de los ecuatorianos de acuerdo con los parámetro internacionales.

Deploró, asimismo, que las autoridades gubernamentales digan que no hay recursos para subsidiar los combustibles, cuando jamás el sector petrolero ha estad en pérdida. Al contrario, el dirigente indígena señaló que hay un balance positivo de 280 millones de dólares, en 2020, por la venta del crudo, según cifras de Petroecuador.

Respecto a las declaraciones del presidente Lasso, quien dijo que el gobierno representa a los más pobres del Ecuador, no aquellos que se visten como pobres pero que son capitalistas, mercantilistas y solo buscan la desestabilización de la democracia, el presidente de la CONAIE respondió que los únicos que buscan desestabilizar son los necios que no quieren escuchar al pueblo.

Manifestó que él no representa a los pobres, pero es parte de los empobrecidos que están luchando por sus derechos. Recalcó que, en cambio, Lasso si representa a los ricos y como prueba de ello sostuvo que el Banco Guayaquil, de Lasso, en plena pandemia ganó más de 25 millones de dólares.

“Nosotros no nos ponemos el poncho para decir que somos pobres, sino que luchamos contra una política que ha empobrecido a la mayoría de los ecuatorianos. Y no nos vengan a decir que el modelo que nos están regalando en este momento, como visión de futuro, es el que va a resolver el problema de la pobreza. No”, afirmó Iza.

Cree que el problema de la pobreza se resolverá en la medida de la equidad que haya en el país. Considera que el Estado ecuatoriano es utilizado para beneficiar a los grandes grupos económicos y trasladar la crisis económica a la mayoría de la población ecuatoriana.

El corredor binacional Espriella – Mataje, ubicado en la frontera entre Ecuador y Colombia fue entregado al mediodía de este 14 de agosto del 2021.  

Los presidentes Guillermo Lasso, de Ecuador, e Iván Duque, de Colombia, cortaron una cinta roja para inaugurar ese corredor vial que tiene 38 kilómetros en total, cuatro puentes y une la parroquia Mataje, en San Lorenzo, Esmeraldas, con el puerto de Tumaco en el vecino país.

El presidente Duque señaló que la obra permitirá reactivar el comercio, turismo y el sector agrícola de Nariño y Esmeraldas. Además, ayudará a combatir la ilegalidad.

Por su parte, Lasso afirmó que se continuará con el fortalecimiento de la seguridad en la frontera para combatir a la delincuencia, al narcotráfico, la minería ilegal y la trata de personas.

Además, que desde el Gobierno se harán los esfuerzos sanitarios necesarios para combatir la pandemia y así reabrir las fronteras terrestres de forma segura. Y también para habilitar un centro de atención migratoria.

Karen de Tífano, la heredera de una vasta fortuna, regresa a su hogar para conocer a Lucas van Doren, el hombre que su padre ha escogido para que sea su esposo.

Una vez en casa Karen y su protector Kaliman descubren que el Barón de Tífano no aboga por los intereses de su hija, y que en las noches de luna llena Lucas van Doren se convierte en hombre-lobo.

Te invitamos a escuchar todos los capítulos de esta radio novela.

Marcelo Espinel, director del Observatorio Legislativo, deploró los  ataques internos, las denuncias entre distintas fuerzas políticas en la  Asamblea Nacional, que lo que hacen es minar la confianza de los  ciudadanos en el Parlamento.

Reclamó de los legisladores una fiscalización que no sea un show  político, sino que realmente busque ejercer el control político que le  corresponde a la Función Legislativa, para que se pueda rendir cuentas,  de manera adecuada, ante la ciudadanía sobre el uso de los recursos  públicos y el cumplimiento de las funciones estatales.

Espinel se refirió a las denuncias del asambleísta Fernando  Villavicencio contra la presidenta de la Legislatura, Guadalupe Llori,  sobre la compra de vehículos de alta gama para las autoridades  parlamentarias y los anuncios de esta, de presentar una queja contra  Villavicencio, por violencia política y difundir información falsa.

Destacó que los procesos administrativos sancionatorios que se pueden  seguir contra los legisladores son normados por la Ley Orgánica de la  Función Legislativa (LOFL), con el debido proceso. Si el Consejo de  Administración Legislativa-CAL determina que algún asambleísta se alejó  de la norma, seguramente establecerá una sanción, dijo.

Recordó que ahora el Parlamento tiene un Comité de Ética, de acuerdo  con las reformas a la LOFL aprobadas en 2020, que determinará si un  legislador transgredió la ley.

Desde el 10 de agosto, cuando se promulgó la Ley de Tránsito  reformada, inició la etapa de remisión (perdón) de recargos, por 90  días, en beneficio de quienes tienen multas acumuladas o que no han  podido cancelarlas, confirmó Adrián Castro, director ejecutivo de la  Agencia Nacional de Tránsito-ANT.

Explicó que en la ley derogada, en el artículo 179, constaba un  recargo del 2 % mensual por cada contravención de tránsito tipificada en  el Código Integral Penal. Ese recargo fue eliminado para las personas  que tienen contravenciones hasta antes del 10 de agosto del presente  año.

Aquí cabe la remisión, porque muchas personas tienen multas  pendientes desde hace dos años o más, generando el recargo mensual de 2  %, que se vuelve 24 % anual, que es lo que se está perdonando, si el  ciudadano cancela su multa hasta el 16 de diciembre de este año, cuando  culminan los 90 días de remisión, según detalló Castro.

Aseguró que el trámite para acceder a esta concesión es automático,  no requiere de realizar ningún papeleo. Se puede pagar la multa a través  de las varias alternativas que hay, ya sea de manera presencial en la  banca pública o privada o en línea, mecanismo implementado por la ANT.

Las personas pueden consultar en la página de la ANT, en una casilla  denominada remisión, con la placa, cédula de identidad o RUC, el estado  de sus contravenciones y todas las multas y recargos asociados a la  multa principal, disminuidos, con el valor que deberán cancelar.

Aclaró que el beneficio aplica para las contravenciones de tránsito,  que están en el Código Integral Penal, sancionadas por los agentes  civiles de tránsito, los vigilantes de la Comisión de Tránsito del  Ecuador o policías nacionales que realizan control de tránsito, por  medios tecnológicos como fotomultas, fotoradares y otros.

Las multas establecidas en ordenanzas municipales, por  contravenciones al parqueo rotativo tarifado, por ejemplo, son multas  administrativas impuestas por los GAD municipales que no tiene nada que  ver con la fase de remisión, señaló.

La asambleísta Luisa González, de la bancada de UNES, cuestionó la  declaratoria de emergencia sanitaria focalizada, anunciada por la  ministra de Salud, porque considera que esta medida no solucionará la  crisis en los hospitales del Estado.

La parlamentaria planteó que la emergencia declarada debe ser total,  para todas las unidades, no solo del Ministerio de Salud sino también  para los hospitales del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social,  porque también tienen serios problemas.

Deploró que la emergencia será sectorizada, solo para ciertos  hospitales en determinadas provincias, a pesar de que el sistema de  salud tiene falencias en todo el país y no hay un solo hospital que esté  funcionando de manera adecuada.

“¿Con esto quiere decir que habrá pacientes de primera, segunda,  tercera y cuarta; se escogerá a cuáles pacientes se atiende y a quiénes  no. Dónde se garantiza una atención digna; dónde se garantiza el  cumplimiento del derecho constitucional a la salud y dónde no?, preguntó  la legisladora.

Insistió en que es un error que la emergencia sea sectorizada, porque  significa que no serán atendidos todos los pacientes y algunos estarán  condenados a morir por falta de acceso a una salud digna.

Sobre la situación de las casas de salud del IESS señaló que esta  institución pierde un montón de dinero de los afiliados en las  derivaciones de los pacientes a clínicas privadas, porque los hospitales  no tienen equipamiento para los médicos, inclusive guantes quirúrgicos,  hilos de sutura. El costo es cuatro veces más, reclamó.

La asambleísta González también criticó que el vicepresidente de la  República haya dicho que se eliminarán las farmacias de los hospitales  públicos para que sean las privadas las que doten de medicamentos a los  pacientes.

A criterio de la parlamentaria, esta medida busca beneficiar a los  negocios particulares, privatizando la atención en farmacias, aumentando  los gastos del Estado, recursos que podrían servir para pagar a los  médicos que hacen falta en el sistema sanitario.

La presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori (PK), apareció este jueves 12 de agosto de 2021 en una rueda de prensa para defenderse de las acusaciones que enfrenta en sus tres primeros meses de gestión.

Junto a los miembros del CAL y jefes de bancadas, desmintió dos denuncias en su contra. La primera, sobre el supuesto inicio de compra de vehículos de alta gama. Si bien admitió que se analizó esta posibilidad, debido a que existe más de 50% del parque automotor con desperfectos, nunca se emitió la orden de iniciar esta compra.

La administradora general, Gloria Llerena, dio detalles sobre el estado de los vehículos y otros datos, que formó parte del proceso, pero enfatizó que, ni siquiera, se llegó a un proceso precontractual.

Sobre la segunda denuncia, en la que supuestamente Llori habría gastado más de $300 mil en un evento en Orellana, la presidenta de la Asamblea aclaró que fueron $15.806 el monto total. Llori anunció que presentará esta queja por la información falsa divulgada por el asambleísta Fernando Villavicencio.

Además, alertó que existe un intento de desprestigiar a la Asamblea Nacional.

Por su parte, Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización, cuestionó las declaraciones de Llori. “Yo no miento”, dijo el legislador, al precisar que existen memorandos con las disposiciones para abrir la compra de vehículos.

“Si Llori pretende ubicarse bajo un supuesto ataque de violencia de género. No, Llori. Usted tiene miedo porque esta Comisión recibió información de la Contraloría”, agregó Villavicencio.

Por otro lado, legislador anunció que recibió documentación de una glosa en contra de la presidenta de la Asamblea, cuando fue prefecta de Orellana, con informe de responsabilidad penal.

Esta información la recibió de parte de la excontralora subrogante, Valentina Zárate, cuando se realizó el pedido de información dentro del juicio político contra Pablo Celi. Dijo que hay más de 15 asambleístas que tienen expedientes en la Contraloría. «Esto no significa que sean glosas confirmas, pero estamos investigando», precisó.