Radionauta

Conversamos con Diego Bermeo, integrante de la Coordinadora Migrante y del Laboratorio de Investigaciones de Movimientos Sociales y Condiciones de vida de la Facultad de Trabajo Social de la UNLP a raíz de las comunicaciones del gobierno del dia 14/5/25, en boca del vocero Adorni, que anuncia modificaciones en la Ley Migratoria. Los puntos a modificar en la legislación son una reiterancia de las normativas ya vigentes, que solo buscan reinstalar discursos xenófobos y reafirmar la legitimidad de prácticas de odio, para seguir construyendo la idea de enemigxs internxs (migrantes, comunidad LGBT++, pueblos originarios…). 

Nos dice Diego “instalan discusiones que en muchos casos no son viables, y en otros casos (son cosas que) ya existen y se aplican.” y que estas modificaciones “apuntan a construir y sostener un bloque de gobierno y el disciplinamiento social.”

Cuestiones a destacar respecto de esta temática son que “la mayoría de los movimientos sociales hoy, se componen por migrantes que aportan a la organización política, a la resistencia y a las luchas. Hay que pensar que les migrantes aportan un montón de conocimientos que traen desde sus experiencias de lucha, campesines, originaries y obreres que se han organizado. Es importante recuperar esos conocimientos, más allá de las diferencias, ya que históricamente se han puesto de acuerdo para alimentar las luchas, con todas las contradicciones incluidas.”

Se trata del espacio “La Azotea”. A pesar de las leyes nacionales que garantizan el derecho a la consulta libre e informada, el municipio de Juntos por el Cambio con el aval del peronismo, avanzó con la ordenanza y planifica una explotación turística sin ceremonias originarias

Desde Los Toldos, Néstor Cúneo, miembro de la comunidad Epu Lafken, denunció un hecho que afecta profundamente a las comunidades originarias de la región. El pasado miércoles 27/11, el Concejo Deliberante de General Viamonte aprobó por unanimidad una ordenanza que transfiere la administración de la laguna “La Azotea” al municipio. Este espacio, históricamente considerado un Eltunwe -cementerio sagrado– donde descansan antepasados mapuches, será convertido en un “cementerio municipal mapuche” administrado por el intendente, por tercera gestión consecutiva y desde Juntos por el Cambio, Franco Ariel Flexas.

“Es muy desprolija la ordenanza”, aseguró Cúneo con bronca en una entrevista con Radionauta, quien relató cómo las comunidades presentaron notas y pedidos de diálogo al municipio y a los bloques legislativos antes de la votación, expresando su oposición a esta medida. Aunque inicialmente algunos bloques, como Unión por la Patria, parecieron apoyar a las comunidades, finalmente todos los ediles votaron a favor de la ordenanza, dejando a la comunidad desconcertada y decepcionada.

La medida aprobada incluye la prohibición de ceremonias tradicionales mapuches y de entierros en el lugar, algo que, según Cúneo, representa un retroceso en el reconocimiento de los derechos culturales y espirituales del pueblo mapuche. “El municipio tiene intenciones de crear un recorrido turístico en el espacio. Hace unos años contrataron a un arqueólogo privado para delimitar el cementerio mapuche, pero nosotros venimos realizando ceremonias ahí desde hace años, incluso ceremonias de entierro de las placentas de nuestros hijos e hijas”, explicó.

El conflicto por este territorio no es nuevo. Desde hace más de siete años, las comunidades vienen expresando su negativa a la apropiación del espacio por parte del municipio, quien pasó una retroexcavadora por un camino lindero con fines turísticos y destapó diferentes restos mapuches. Pero la situación se agravó cuando un grupo de personas ocupó espacios a orillas de la laguna “Ojo de Agua”, zona de gran valor espiritual para los mapuches en “La Azotea” y dio el empuje para el avance del Estado municipal. De todos modos, en la sesión del Concejo había también un sector de las comunidades que apoyó la propuesta oficial.

Cúneo subrayó la importancia de la consulta libre, previa e informada, un derecho garantizado por leyes nacionales pero que en este caso fue ignorado. “En Los Toldos, el último censo registró más de 2.500 personas que se autoreconocen como mapuches. ¿Por qué no incluirlas en un padrón local y respetar sus opiniones sobre el uso del cementerio?”, planteó.

La decisión municipal también afecta las ceremonias que las comunidades venían recuperando tras años de desuso. “Queremos un espacio sagrado para nuestro descanso final. Ir al cementerio municipal no tiene nada que ver con nuestra espiritualidad ni nuestra cosmovisión”, afirmó Cúneo. “Este retroceso afecta no solo a las comunidades organizadas, sino a todo el pueblo mapuche de Los Toldos”, agregó respecto al territorio donde se instaló el cacique Coliqueo durante el año 1862, previo a la existencia del Estado.

Añadió que la falta de información también genera confusión entre las propias comunidades. “Hay quienes creen que ser cremados o tirar las cenizas en la laguna es una opción válida. Pero nuestros mayores nos explican que el descanso ceremonial es  volver al territorio del que venimos”, destacó. “De todos modos queremos que se respeten todas las formas, incluida nuestra decisión de descansar en este territorio ancestral”. 

Finalmente, Cúneo hizo un llamado al diálogo y a la justicia. “Estamos cansados de que todo deba resolverse judicialmente. Las comunidades estamos de acuerdo en que este lugar debe ser resguardado para luego decidir su uso. Este es un gran retroceso pero estamos convencidos que vamos a seguir nuestra lucha hasta volver a nuestro territorio”, concluyó.

Por Pulso Noticias

El lunes se viralizó un comunicado sobre una activista ambiental apresada durante un evento. Para conocer en profundidad lo que sucedió y cómo funciona el extractivismo, hablamos con otra compañera de las asambleas: “La megaminería instala escenarios de dictadura, es un estado de ocupación: genera sus propias leyes, sus propias dinámicas”

La calma de Villa Castelli, un pequeño pueblo al oeste de La Rioja, se rompió el lunes pasado con un evento del gobierno provincial de Ricardo Quintela y pro minero-empresarial que tuvo consecuencias inesperadas: la detención arbitraria de Jenny Luján, una militante ambientalista. Este hecho desató una movilización inmediata de vecinos y activistas, exponiendo las tensiones subyacentes entre las políticas extractivistas impulsadas por el gobierno provincial y la histórica resistencia de las comunidades locales como en Famatina.

En una entrevista con Pia, activista de las asambleas ambientales, con Radionauta, contó que el evento excluyó por completo a la ciudadanía. “Era un espacio cerrado, diseñado para aparentar transparencia, pero donde no había participación de las comunidades que serían afectadas directamente”, explicó. Durante el evento, se discutieron los avances de nueve empresas y se presentaron informes de estado sobre al menos siete proyectos mineros previstos para la región.

Mientras tanto, fuera del recinto, integrantes de diversas asambleas se manifestaban pacíficamente, denunciando el avance del extractivismo y desplegando banderas con consignas como “Famatina no se toca”. Fue en ese contexto que Jenny Luján fue detenida sin motivo alguno. “No había cometido ningún delito. La tenían privada de su libertad como una forma de intimidación”, aseguró Pia. La presión social y la rápida viralización del caso en redes sociales forzaron su liberación pocas horas después. No le imputaron cargos, un logro que las asambleas atribuyen a la solidaridad y organización colectiva.

La lucha contra la minería en La Rioja no es nueva. Desde 2006, cuando Barrick Gold intentó explotar un yacimiento en las sierras de Famatina, los pueblos han resistido las políticas extractivistas en defensa del agua. Sin embargo, afirmó la activista ambiental, todos los gobiernos provinciales han mantenido la continuidad de estas políticas, presentando la minería como un motor de desarrollo económico. “Aprovechan la necesidad de las comunidades para prometer trabajo, pero esas promesas son efímeras. Al principio sí, pero luego, en la etapa de explotación, la mano de obra local casi no es contratada“, señaló Pia, citando el caso del proyecto José María, una mina de capitales extranjeros cercana al límite con San Juan.

La pandemia de COVID-19 dio un nuevo impulso al extractivismo en la provincia. Mientras gran parte de la población estaba confinada, la minería fue declarada actividad esencial y continuó operando sin interrupciones. En este contexto, el gobierno provincial intensificó su narrativa sobre el desarrollo minero, firmando incluso un convenio entre los ministerios de Educación y Minería para introducir contenidos sobre minería en las escuelas. “Es una estrategia para lavar la cara del extractivismo en espacios de construcción de ciudadanía, como la escuela pública”, criticó Pia.

El avance de la minería no es el único problema que enfrentan las comunidades. La Rioja sufre una sequía extrema agravada por el monocultivo de especies exóticas como el pistacho, que requiere pozos de perforación que secan las napas. “El agua es lo que nos moviliza. La idea de desarrollar mega minería en las cuencas de la provincia, donde nacen nuestras fuentes de agua, nos pone en alerta”, afirmó Pia. 

Mientras en la capital provincial muchas familias dependen de camiones cisterna para abastecerse de agua, el gobierno nacional en 2022 firmó contratos con  la empresa israelí Mekorot. El hecho de ser una de las provincias con menores recursos hídricos del país, el acceso de esta multinacional implica la pérdida de soberanía sobre las aguas subterráneas, las redes hogareñas, ríos y fuentes de riego.

Para Pia, el extractivismo va de la mano con la erosión de la democracia. “A mayor extractivismo, menos democracia. La mega minería instala escenarios de dictadura, es un estado de ocupación: genera sus propias leyes, sus propias dinámicas y profundiza la corrupción del Estado”, advirtió. Sin embargo, confía en que la resistencia histórica de las comunidades seguirá siendo un obstáculo para el avance de estos proyectos.

La detención de Jenny evidenció las tensiones crecientes en La Rioja. Para Pia, fue una muestra de que “no hay licencia social” para la minería en la provincia. Las movilizaciones que se desataron son un recordatorio del poder de las comunidades organizadas y de su capacidad para enfrentarse a intereses empresariales y gubernamentales.

En palabras de Pia, “todavía estamos a tiempo. La resistencia histórica de los pueblos es una muestra de que el agua, como fuente de vida, sigue siendo un límite innegociable para quienes habitamos este territorio.“

Presentaron un petitorio ante el riesgo en el que se encuentran los puestos laborales de más de 200 docentes de la institución. “Esto puede afectar no sólo nuestros ingresos, sino también a la calidad educativa del colegio”, remarcaron

Este jueves al mediodía docentes del colegio Albert Thomas protestaron frente a la Gobernación bonaerense para reclamar por la continuidad laboral de más de 200 trabajadores y trabajadoras que en febrero podrían quedarse fuera de la institución.

El reclamo viene de larga data. El conflicto se remonta a la década de los 90, cuando las escuelas técnicas fueron transferidas de la Nación a las provincias. En el caso del Albert Thomas, la gestión pasó a la provincia de Buenos Aires, pero bajo un convenio especial vinculado a la Universidad Tecnológica Nacional. Sin embargo, con el correr de los años, este convenio perdió vigencia.

“La realidad es que el Albert Thomas fue una de las escuelas conveniadas de la Provincia de Buenos Aires. El convenio estaba vigente desde 1995, con momentos en que el convenio se caía y se volvía a reinscribir hasta el 2022, donde el convenio dejó de existir y nos dieron un paraguas de tres años protegiendo nuestros cargos”, afirmó una de las docentes afectadas, que prefirió no dar su nombre, al programa radial Malos Perdedores, coproducido por Pulso Noticias y Radionauta FM.

Ser una escuela técnica conveniada, para lo que tiene que ver con los cargos docentes, implicaba la realización de concursos por oposición, una prueba de selección interna en la cual hay un jurado, con un proyecto mediante, que decide qué docente puede tomar cada cátedra. Ese paraguas que rige desde 2022 cuando se dio de baja el convenio, implicaba mantener esta modalidad, pero esto finaliza el año que viene.

“Esto quiere decir que cualquier docente con mayor puntaje o titular pueden desplazarnos de nuestro cargo. La realidad es que al ser un colegio conveniado, nosotros nunca pudimos titularizar los cargos, siempre fuimos provisionales. Entonces en esta situación quedamos en desventaja con los demás compañeros docentes de la Provincia de Buenos Aires”, remarcó la trabajadora.

“Lo principal que estamos reclamando es que nos garanticen nuestra estabilidad laboral, y que las más de 200 docentes que somos no quedemos en la calle para el año que viene”, aseguró y recordó cuál es su reclamo histórico: “También hace tiempo que venimos peleando por una ley de titularización masiva para poder quedar igualados a nuestros compañeros de la Provincia”.

Además, detalló: “Hace más de un mes que venimos con diferentes medidas de lucha para visibilizar lo que nos está pasando. Una de las últimas fue ir a la Dirección General de Cultura y Educación, donde nos recibieron en la dirección de Técnica, pero la verdad es que no hemos obtenido respuesta para garantizar nuestra estabilidad laboral”.

Ayer, tras permanecer en la puerta visibilizando el reclamo, entregaron el petitorio en Gobernación y pidieron una audiencia con el Gobernador Axel Kicillof. Si la semana próxima no tienen respuesta, volverán a insistir.

El Albert Thomas es una escuela cuya comunidad educativa viene reclamando también reparaciones en términos edilicios. “La realidad es que la escuela se sostiene por la comunidad educativa y los docentes que estamos a cargo, que hace muchos años que estamos dentro de la escuela. La sostenemos a pulmón, pintando las aulas, arreglando los bancos, sosteniendo a los chicos, entregando cajas de alimento. Estos días que estuvo lloviendo la escuela se inunda en sus patios y en los talleres también”, afirmó la docente y señaló: “esto puede afectar no sólo nuestros ingresos, sino también a la calidad educativa del colegio”.

Este lunes 25 fue el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Colectivas de izquierda y del peronismo marcharon lado a lado. Entrevista a Patricia Ríos del MST

Este lunes 25 de noviembre, La Plata fue escenario de una nueva movilización en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Minutos después del cierre de la marcha, Patricia “La Colo” Ríos, psicóloga y militante referenta del MST en el ámbito docente, compartió sus reflexiones sobre la jornada y la situación actual del movimiento feminista y de disidencias.

“Es fundamental no abandonar las calles. Este es uno de los primeros objetivos frente a estos gobiernos”, destacó Patricia, subrayando la importancia de sostener la movilización social en el contexto político actual. En referencia al reciente rechazo del gobierno al presupuesto para el acompañamiento de víctimas de violencia y su postura en foros internacionales como la ONU, Patricia señaló: “Es un gobierno oscurantista y antiderechos, que incluso ataca la Educación Sexual Integral y a escritores que cuentan sus vivencias en ese marco”.

La marcha de este año también tuvo un carácter especial al coincidir con una coyuntura de fuerte reflujo en la movilización feminista. “En la marcha del año pasado sabíamos que habían ganado las elecciones, y por eso fue la primera marcha contra este gobierno. Hoy, el nivel de movilización es más bajo, pero por eso mismo es importante y positivo seguir en las calles”, explicó.

En La Plata, la movilización se destacó por mantener su carácter unitario a lo largo del año. “Esto no es casual ni ocurre en otros lugares. La CGT y la CTA abandonaron las acciones contra el gobierno, pero en La Plata se realizan marchas con una cabecera doble y unitaria, impulsada por nuestro espacio de izquierda, la ‘Multisectorial de Mujeres y Disidencias’, y también por la Asamblea de Mujeres, orientada por organizaciones peronistas de la región”. Patricia remarcó la importancia de esta unidad: “No dejamos de lado los debates que tenemos, pero con unidad es la única forma de enfrentar a este gobierno de ultraderecha, apoyado por el FMI y Trump”.

La solidaridad internacional también estuvo presente en la jornada. “Hoy, la actividad estuvo marcada por el apoyo al pueblo palestino y al Líbano, donde mujeres y niños son las principales víctimas de los ataques del imperialismo”, afirmó Patricia, conectando la lucha local con el contexto global de opresión.

En cuanto a los avances logrados por el movimiento feminista en décadas recientes, Patricia reconoció los desafíos actuales: “Logramos derechos fundamentales como el aborto legal, la ESI y el matrimonio igualitario, pero era de esperar que el sistema intentara revertirlos con la misma fuerza con la que ganamos las calles. Estamos enfrentando una contraofensiva global contra nuestro movimiento”. Frente a este panorama, reafirmó la necesidad de no sucumbir: “No podemos caer en la tentación de quedarnos en casa”.

Finalmente, Patricia enumeró las consignas que encabezaron la marcha: “Hoy llevamos 278 femicidios, seguimos preguntando dónde está Tehuel y reclamando justicia por el caso de Lucía Pérez. Las mujeres y disidencias somos quienes sufrimos en primera línea toda la violencia de este gobierno. Por eso nuestra consigna es clara: ‘Enfrentar organizadas al gobierno’”.

Por Pulso Noticias

Foto: Camila Flores Catino

El dúo Ramanegra tocará el viernes 29.11 en Esquina América (71 y 18). Luego de una adolescencia metalera esta artista, junto a Pablo Chihade, decidió cantar en sonidos populares las canciones de Iorio y de Malón. “Las reversiones lograron derribar prejuicios”, afirmó en Radionauta

El 29 de noviembre, Ana Patané junto a su Dúo Ramanegra llegará a La Plata para presentar un proyecto singular: versiones de las icónicas canciones de Hermética y Malón reinterpretadas en clave de música popular. La artista, que combina su amor por el metal con su pasión por el tango y el folklore, busca conectar con nuevos públicos y resignificar estas obras históricas.

En diálogo con Radionauta, Ana compartió: “me gustan estas bandas desde que soy bastante chica. Son canciones que siempre me significaron mucho, porque tienen poder, contenido. Pero notaba que no se escuchaban más allá de una pequeña porción de metaleros. Sentía que esas letras enseñaban algo, que llevaban un mensaje. Entonces, de grande, pensé en reversionarlas para que lleguen a otros oídos, darles una vuelta y un nuevo valor”.

El enfoque de Patané resalta las raíces tangueras y folklóricas que, según ella, ya estaban presentes en las composiciones originales. Un ejemplo es “Cuando duerme la ciudad”, tema de que está en su disco Ajeno al tiempo. “Siempre lo escuché como un guiño al tango. Versionarlo era algo que tenía muchas ganas de hacer”, explicó.

El proyecto ha sido bien recibido por públicos diversos, incluidos metaleros y oyentes ajenos al género. “Las reversiones lograron derribar prejuicios”, afirmó Ana. “Hay quienes me dicen: ‘Nunca se me hubiera ocurrido que detrás de la distorsión había semejante mensaje’. Es hermoso ver cómo estas canciones llegan al corazón de otras personas”.

Sin embargo, no todo ha sido sencillo. Algunos fanáticos del metal tradicional se han mostrado reacios al cambio. “Hay metaleros que no aceptan ningún cambio en sus vidas y se enojan. Incluso, tras la muerte de Iorio, algunos creen que este proyecto es oportunista. Pero el primer adelanto salió hace dos años, antes de la muerte de Iorio, y fue hecho desde el corazón”.

Sobre Ricardo Iorio, figura clave del metal argentino, Ana reflexionó: “Siempre me gustaron sus canciones y letras, pero nunca fui devota de su figura. Nunca lo tomé como un maestro espiritual, como hacen algunos. Yo soy más de Malón. Ahora, al interpretar sus temas, reconozco su visión y su poesía, pero mi relación con él sigue siendo compleja. Rescatamos su obra más que a la persona”.

De cara a la presentación en La Plata, Ana expresó sus expectativas:
“Espero que vengan los que me escriben diciendo ‘¡loco, vení a La Plata!’, y también que los metaleros traigan a sus familias o amigos que no se sienten comprendidos con el género. Este es el momento para decir: ‘Mirá lo que había detrás de la distorsión”.

La cita será una oportunidad única para redescubrir los himnos de Hermética y Malón desde una perspectiva fresca y emotiva, honrando su esencia y proyectándola hacia nuevos horizontes musicales.

El próximo miércoles 20/11 es el día Internacional de la Memoria Trans y en La Plata la violencia y la discriminación a la comunidad es moneda corriente. Tras el asesinato de una compañera habrá una radio abierta ese día en la fiscalía para exigir justicia y que se respete la identidad de género de la víctima

El 10 de octubre de 2024, Floppy Reinaldi, trabajadora sexual trans de la zona roja platense, fue asesinada en un acto de travesticidio. El perpetrador, Jonathan Ariel Quintana, la había contratado horas antes para luego trasladarla a Ensenada, donde cometió el crimen. Este hecho no solo refleja una violencia estructural contra las personas trans, sino que también pone en evidencia las fallas de un sistema judicial que no respeta la identidad de las víctimas, como lo denuncia la activista trans Galaxia.

En diálogo con Radionauta Galaxia expresó la urgencia de visibilizar estos crímenes y el rol fundamental de la comunidad trans en la lucha por justicia. “No es el primer travesticidio en la zona roja ni en La Plata. Tenemos una lista de compañeras asesinadas, y esto habla de la sociedad en la que vivimos”, aseguró.

La comunidad trans y organizaciones afines han convocado una concentración para el próximo miércoles 20 de noviembre, Día Internacional de la Memoria Trans, frente a los juzgados de Avenida 7 entre 56 y 57. La jornada incluirá una conferencia de prensa y radio abierta, con el objetivo de exigir justicia por Floppy y todas las víctimas de travesticidio. “Este hecho demuestra la falta de empatía hacia las causas trans y la impunidad con la que se sienten los agresores”, afirmó Galaxia.

El peso de la memoria

La memoria trans no es solo un recordatorio de las vidas arrebatadas; es un acto político. Para Galaxia, esta construcción implica no permitir que las compañeras “mueran por segunda vez”. Recordar sus nombres, sus sueños y sus luchas es fundamental: “Floppy soñaba con entrar al cupo laboral travesti trans, con tener una mejor calidad de vida. Salimos a la calle en su memoria y en el pedido de justicia por todas las compañeras”.

Sin embargo, la sociedad muestra una respuesta desigual frente a estas violencias. “Cuando ocurre un femicidio, la sociedad se conmueve; pero matan a una travesti y solo nosotras nos sentimos interpeladas”, lamentó.

El contexto de la zona roja platense también expone la precarización y la violencia que enfrentan las personas trans y travestis. La reubicación de esta área, impulsada en su momento por el exintendente Julio Garro, sigue siendo una amenaza latente. “Nos oponemos a la reubicación. El Estado está ausente en políticas sociales y de protección. En estos 10 años, las que más sufrimos violencia y la inseguridad en la zona roja somos nosotras”, denunció Galaxia.

Para la activista, la solución no pasa por desplazar a las trabajadoras sexuales, sino por garantizar políticas públicas integrales que protejan a la comunidad.

La crítica hacia las instituciones no se limita al ámbito local. Galaxia también cuestionó el rol de los funcionarios que apoyan eventos como la Marcha del Orgullo en CABA la semana pasada, pero que no aplican medidas concretas como el cupo laboral trans. “Es un pinkwashing. Aparecen para la foto, pero no están presentes en nuestras vivencias ni en la aplicación de nuestros derechos”, señaló.

En contraste, la comunidad trans de La Plata organiza la Marcha Mostri, que tendrá lugar el 7 de diciembre. Este espacio busca reivindicar las experiencias trans desde una perspectiva propia y crítica.

El caso de Floppy Reinaldi no es un hecho aislado, sino parte de una realidad sistemática que sigue cobrando vidas. La lucha por justicia y memoria trans no solo exige el respeto por las identidades, sino también el reconocimiento de derechos básicos negados históricamente.

“Floppy no estaba sola”, afirma Galaxia. Y es esa red de compañeras, de luchadoras, la que transforma el dolor en un grito colectivo que resuena en cada marcha, en cada manifestación y en cada espacio que exige justicia.

Jueves y viernes se realizará en la Facultad de Derecho de la UBA el Congreso Internacional sobre Violencia Familiar y Alienación Parental. Claudia Korol explico porqué repudian este evento mútiples víctimas de abuso, sobrevivientes, colectivos feministas y de derechos humanos

Comienza hoy jueves una charla que para todo el amplio arco del feminismo y colectivos de derechos humanos, significa un antecedente muy regresivo para las políticas de cuidado de niños, niñas y adolescentes. El Congreso, convocado por el Centro de Estudios en Alienación Parental (CEAP), tendrá lugar los días 14 y 15 de noviembre en el Aula Magna de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.

En su columna con Radionauta, la activista y referente feminista Claudia Korol manifestó su profunda preocupación ante el Congreso Internacional sobre Violencia Familiar y Alienación Parental que se lleva a cabo en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. La denuncia apunta a que el evento avala el “Síndrome de Alienación Parental” (SAP), una teoría desacreditada que, en sus palabras, “justifica la impunidad de crímenes como el abuso sexual infantil.”

Korol advirtió que el SAP, concepto acuñado en 1985 por el psiquiatra Richard Gardner, “pretende desestimar las denuncias de abuso sexual infantil, argumentando que son una manipulación ejercida principalmente por las madres.” Según esta lógica, conocida como alienación parental, las madres “implantarían ideas en las mentes de niñas y niños para que denuncien falsamente abusos.”

A esta denuncia se suman colectivos de mujeres y sobrevivientes, entre ellos “Yo Sí Te Creo” y “Madres Protectoras,” que sostienen que este congreso “legitima la pedofilia al proveer argumentos para que abusadores sexuales puedan actuar con mayor libertad en el ámbito judicial.” Korol subraya que “el SAP no cuenta con ningún respaldo en la medicina, psicología ni psiquiatría,” y denunció que su difusión “persigue descalificar las denuncias de abuso, bajo la excusa de que las infancias mienten y no comprenden lo sucedido.”

Korol también señaló al abogado Mauricio Mizrahi, uno de los impulsores del evento, y expresa su alarma ante el uso del Aula Magna de la Facultad de Derecho, un espacio público, “para promover teorías que buscan la tranquilidad de los pedófilos.” Agregó que esta instancia “agravará la violencia contra las madres protectoras y sobrevivientes de abuso sexual,” quienes ya enfrentan obstáculos para denunciar y ser escuchadas.

Según la activista, estas teorías tienen consecuencias devastadoras para las víctimas: “entre las secuelas de esta doble victimización – primero, el abuso, y luego el descrédito en el ámbito judicial – se observan intentos de suicidio, autolesiones, dificultades para establecer relaciones, conductas de riesgo, adicciones y trastornos de ansiedad.”

Finalmente, Korol resaltó el llamado de numerosas organizaciones defensoras de derechos de la niñez y colectivos feministas para exigir que la Facultad de Derecho cancele el congreso. Subrayó que los espacios académicos “deberían promover el conocimiento al servicio del buen vivir y la defensa de la vida, en lugar de construir teorías que agravan la impunidad y el sufrimiento de mujeres, niñas y niños.”