Resiliente

Eduardo Buendía, reportero de MCCI, nos cuenta sobre las facilidades que dio Fonatur a los proveedores de rieles de los primeros cinco tramos del Tren Maya, entre ellas, anticipos superiores a los permitidos y tolerancia para concluir la entrega.

Proveer rieles al Tren Maya tiene varias ventajas. Las empresas que ganaron los contratos para realizar esa labor obtuvieron anticipos mayores a los permitidos y una amplia tolerancia para concluir su entrega.

A la fecha, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) licitó y adjudicó los acuerdos para la adquisición de vías que se instalarán en cinco de los siete tramos del megaproyecto. Para esta transacción, esta entidad pública entregó anticipos que superaron el porcentaje establecido en sus propias “Políticas, bases y lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios”, de acuerdo con documentos públicos y auditorías realizadas por su Órgano Interno de Control a las que MCCI tuvo acceso.

La Encuesta MCCI – Reforma cumple cuatro años de estudiar la opinión pública de las mexicanas y los mexicanos sobre la corrupción y la impunidad. Este instrumento de investigación se ha vuelto en los últimos años un referente para entender los retos que enfrenta el país para avanzar hacia un país más justo. Una de las intenciones de nuestro estudio está en la certeza de que México no está condenado a ser un país corrupto.

Los datos de nuestra encuesta muestran que el presidente ha logrado desplazar gradualmente la visión institucional de la política social para transformarla en programas que los beneficiarios asocian directamente con su persona. Esto beneficia directamente a él y su gobierno, pues no puede comprenderse la aprobación de ambos sin considerarse el efecto que los programas sociales están teniendo en la población. Sin embargo, las evidencias sugieren que los rasgos clientelistas de sus acciones también están beneficiando a su partido político, Morena.

Todo esto nos lleva a una última y espinosa cuestión. El objetivo final de una política social exitosa debería ser la transformación de las condiciones de vida de las personas para permitirles desarrollarse libres y sin miedos relacionados con limitantes socioeconómicas, pero los programas sociales de la actual administración no lo están logrando. Si, como mencionamos en nuestra declaración de principios al comienzo de este volumen, entendemos por corrupción el abuso de cualquier posición de poder —pública o privada— con el fin de generar un beneficio privado indebido a costa del bienestar colectivo o individual, ¿podemos decir que la política social del presidente Andrés Manuel López Obrador, además de clientelar, es corrupta? Está en ti, apreciable lector, decidirlo.

No cabe duda que el fiscal Gertz Manero es uno de los actores políticos más importantes del país. Es decir, la Fiscalía General de la República (FGR) está a su cargo, un órgano constitucional autónomo fundamental para el Estado de derecho en México, ya que ésta es una pieza fundamental en la investigación de delitos y en el acceso a la justicia. No obstante, a pesar de la gran importancia del fiscal Gertz Manero en la vida política del país, éste ha estado envuelto en una serie de escándalos que lo han llevado a ser señalado por hacer uso de la Fiscalía para influir en asuntos personales. De acuerdo con la encuesta anteriormente citada, el 88% de las personas entrevistadas que tuvieron conocimiento de los escándalos relacionados con el fiscal Gertz Manero consideró que era cierto que el fiscal había usado su cargo para influir en asuntos legales personales.

No es una sorpresa que la población no evalúe de manera positiva la actuación del fiscal Gertz Manero, quien está a la cabeza de la FGR, en relación con el combate a la corrupción. De acuerdo con la encuesta anteriormente citada, el 46% de la población califica mal o muy mal la forma en la que el fiscal general de la República, Gertz Manero, está combatiendo la corrupción.

La corrupción afecta directamente el ejercicio de los derechos de todas las personas, lo que desde luego también a las personas privadas de la libertad. En este texto se habla de cómo la corrupción afecta la justicia en diferentes formas, en especial a la población mexicana que vive en centros penitenciarios.

De acuerdo con la encuesta realizada en 2022 por Reforma en colaboración con Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), 60.8% de las personas encuestadas considera que existe mucha o algo de corrupción en el IMSS, 59.5% en el ISSSTE y 48.7% en el INSABI. Porcentajes bastante altos para instituciones que se encargan de salvaguardar la salud y vida de los mexicanos. No obstante, esta percepción parece razonable ante los escándalos que se han suscitado durante la emergencia sanitaria por COVID-19, así como por el poco apoyo que se dio al personal médico en las mismas fechas, los casos de facturas falsas en el sector, así como la falta de acceso y el desabasto de medicamentos.

La cuarta encuesta sobre percepción de la corrupción, levantada por el periódico Reforma y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), señala que aproximadamente dos de cada tres personas en México consideran que denunciar un acto de corrupción es inútil (65% es inútil, 35% sirve). Esta proporción coincide exactamente con los resultados obtenidos en 2019 y 2020. No obstante, comparada con el año anterior, esta pregunta reporta una ligera mejoría.

En 2021, el porcentaje de personas que consideraron la denuncia como un acto inservible se elevó a 70%. Una explicación posible es que el confinamiento provocado por la emergencia sanitaria elevó aún más las dificultades para presentar una denuncia.

El promedio histórico de personas que señalan que hicieron una denuncia por corrupción en los cuatro años de la encuesta es de 8%. Sin embargo, al considerar únicamente a quienes reconocen haber participado en un acto de corrupción en el último año, esta proporción se eleva a 27%; es decir, que poco más de una de cada cuatro personas que dieron un soborno en el último año sí denunció.

El pasado 18 de julio la Secretaría de Hacienda y Crédito Público difundió un comunicado en el que informó la suspensión temporal del sistema Compranet, la plataforma en la que se publica y almacena toda la información sobre las contrataciones del gobierno federal. De acuerdo con las autoridades, debido a fallas en la infraestructura de la plataforma no se están almacenando los datos sobre las contrataciones del gobierno, lo que implica un grave riesgo para nuestro derecho al acceso a la información y para la rendición de cuentas.

Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, exgobernador de Campeche y líder nacional del PRI, utilizó su influencia política y poder para triangular dinero a través de la compra y venta de inmuebles con el objetivo de no dejar rastro en sus declaraciones patrimoniales ni ante la autoridad fiscal.

Los últimos datos disponibles no sólo evidencian que las condiciones de vida de la población en general han empeorado, sino que las personas más pobres del país se han llevado la peor parte de este deterioro.

El principal aumento en la pobreza se dio entre la población más vulnerable, pues la pobreza extrema pasó de afectar a 8.7 millones de personas en 2018 a 10.8 millones en 2020, un aumento de 2.1 millones.

El aeropuerto de Santa Lucía fue construido en la opacidad y por “dedazo”, pues prácticamente el 100 por ciento de los contratos fueron por asignación directa o por invitación restringida a proveedores elegidos por los mandos militares. MCCI solicitó los contratos de la obra y la Sedena sólo accedió a transparentar una cuarta parte de la información.

Es universalmente reconocido que las adjudicaciones directas constituyen una de las prácticas que más se prestan a la corrupción. Este gobierno ha abusado de ellas a pesar de haber prometido que se erradicarían

En 2021 se mantuvo la tendencia histórica en la que 8 de cada 10 contratos del gobierno han sido entregados por adjudicación directa. 

El porcentaje del monto de las adjudicaciones directas se mantiene arriba del nivel de los sexenios anteriores.

En el área de servicios de comunicación social y publicidad, el 90% de los contratos se dieron sin licitar y las 10 empresas que han recibido más recursos ganaron el 100% de sus contratos por adjudicación directa. 

El IMSS, el Banco de Bienestar y el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) son las instituciones con mayores montos y porcentajes de adjudicaciones directas.

Los conceptos de “Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios” y “Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio” concentran los mayores montos de adjudicaciones directas de la APF. 

Al revisar las compras públicas de las entidades federativas, la licitación pública fue utilizada en 35% de las ocasiones y entregó el 56% de los recursos. Las entidades con más contratos dados por adjudicación directa fueron Colima (92.8%), Oaxaca (70.5%) y Michoacán (64.6%).

Hay 9 entidades en que el mecanismo más utilizado para contratar no fue la adjudicación directa ni la licitación pública, sino la invitación restringida. Se trata de Guerrero (100%), Tlaxcala (91.4%), Tamaulipas (83.5%), Jalisco (60.8%), Baja California Sur (57.6%), Sinaloa (52.4%), Coahuila (45.2%), Nayarit (39.3%) y Campeche (37.2%).