La maraña burocrática se ha convertido en un obstáculo para el crecimiento de las empresas en España. Así se ha puesto de manifiesto en el programa 'La Linterna' de COPE, donde la experta económica y directora de Mediodía COPE, Pilar García de la Granja, ha analizado cómo la burocracia asfixia a las pymes. El dato más revelador, constatado por la Cámara de Comercio de España, es que una de cada cinco empresas está frenando deliberadamente el crecimiento de sus plantillas para no superar las barreras de los 7, 10, 20 o 50 trabajadores, umbrales que disparan las normas laborales y contables y, con ellas, los costes. Esta tendencia es especialmente acusada en los sectores de industria y construcción.
Las consecuencias de este estancamiento autoimpuesto son graves para la economía. Raúl Mínguez, jefe de estudios de la Cámara de Comercio, explica que "el tamaño empresarial está relacionado con la productividad" y que "empresas más grandes tienen mayor capacidad para innovar, para digitalizarse, para exportar, para atraer talento", capacidades que se ven mermadas cuando las compañías evitan crecer. La situación actual ha provocado que el número de empresas con más de 50 trabajadores haya caído un 24%, un dato que lastra directamente la productividad del país.
El problema reside en normas excesivas, obsoletas y, en muchos casos, sin coherencia entre administraciones. José María, un hostelero de Murcia, lamenta la falta de uniformidad: "No tiene por qué ser la misma en un municipio que en otro o en una comunidad autónoma de otra, que un ayuntamiento pide unas cosas y la comunidad autónoma no, o sí o al contrario", una situación que genera incertidumbre y costes adicionales. Esta complejidad regulatoria es uno de los motivos por los que muchas empresas optan por no expandirse, como se detalla en el informe de la Cámara de España sobre prácticas regulatorias.
Para Pilar García de la Granja, la situación es un "despropósito monumental", ya que se aplican "trabas burocráticas como si fueran Telefónica" a un tejido empresarial compuesto en un 99% por pymes. La experta subraya la necesidad de un cambio drástico: "Yo creo que el gobierno que llegue, en caso de que llegue un nuevo gobierno, fíjate, lo que debe de hacer no es cambiar, no, es derogar, derogar leyes, y más leyes, y trabas, y más trabas burocráticas, para que la gente pueda respirar y pueda trabajar".
Esta percepción es generalizada. Según el informe de la Cámara de España "Crecimiento empresarial y buenas prácticas regulatorias para la mejora del entorno de las pymes españolas", siete de cada diez pymes consideran que el marco regulatorio actual frena su actividad, señalando el nivel estatal como el más sobrerregulado. El documento, elaborado con datos del INE y más de 1.000 encuestas, constata una carga normativa que entorpece la operativa diaria y una inquietud constante por el cumplimiento en ámbitos como el medioambiental, social o fiscal.
El presidente de la Cámara de España, José Luis Bonet, califica la situación de "mal endémico que limita la competitividad, la innovación, la internacionalización y, en definitiva, la productividad del país", como se puede escuchar en el análisis de la situación económica. Bonet subraya que la alta proporción de microempresas (un 94% del tejido empresarial con menos de 10 trabajadores) "no es casualidad, es el síntoma de un entorno que dificulta el crecimiento", un problema que afecta al conjunto de la economía y la sociedad.
El informe también revela una falta de apoyo directo a la internacionalización, con obstáculos como la dificultad para acceder a información de mercados exteriores y la complejidad de los trámites. En cuanto a la financiación, las pymes muestran una dependencia casi exclusiva de la banca tradicional, enfrentándose a tipos de interés elevados y duras condiciones, mientras que el desconocimiento sobre fórmulas alternativas como el crowdfunding es generalizado. Algunas empresas, para reducir costes, han optado por modelos de teletrabajo.
Entre las soluciones propuestas por las propias empresas destacan adaptar las exigencias regulatorias al tamaño de la compañía, suprimir normas obsoletas y habilitar ventanillas únicas para simplificar trámites. La digitalización de procedimientos se valora positivamente, pero se insiste en mantener canales de atención personalizada para resolver dudas y facilitar un entorno que, en lugar de frenar, impulse el crecimiento.