El 10 de octubre del año 1325, el rey Jaime II, a petición de los representantes de la Cortes del reino de Aragón celebradas en Zaragoza, confirmó el Privilegio General y prohibió la tortura judicial. Un hecho pionero en la legislación europea del que se cumplen 700 años. ¿Pero cómo se llegó a tomar esa decisión, y qué aplicación llegó a tener?