Mañana viernes los profesionales de Cantabria hemos invitado a César Tolosa Tribiño, presidente de la Sala Tercera de lo Contencioso administrativo del Tribunal Supremo.
Compartirá con nosotros en el Hotel Sardinero una conferencia: ‘Los problemas legales de la colegiación obligatoria’, con la que pretendemos arrojar más luz a una cuestión que desde Unión Profesional venimos reivindicando desde hace años.
Colegiarse no debería ser percibido como una obligación por parte de los profesionales.
Con la colegiación se busca garantizar que cualquiera que precise de sus servicios encuentre conocimientos y experiencia, pero también valores intangibles como la independencia, la responsabilidad, o el respeto a las normas deontológicas de la profesión.
A muchos profesionales de la Administración Pública en Cantabria les surge la duda sobre si colegiarse o no. En 2012 la Administración Regional de Cantabria modificó la Ley de Colegios Profesionales y eximió a los funcionarios públicos de la colegiación, creando una diferencia entre aquellos que desarrollan su labor en lo público y aquellos que lo hacen en el ámbito privado. En 2018, una sentencia del Tribunal Constitucional, declaró inconstitucional esta reforma y mantuvo la exigencia de la colegiación obligatoria para los funcionarios.
Esta diferencia no solo no se encuentra prevista en el texto constitucional, sino que establece dos niveles en cuanto a los derechos de los ciudadanos que reciben esos servicios profesionales: unos con plenas garantías y, otros, cuyos derechos y garantías quedan cercenados.
Al igual que un ciudadano puede ejercer su derecho de reclamación por los servicios profesionales prestados por profesionales colegiados de profesiones como la arquitectura, ingeniería, medicina, abogacía, economía... El hecho de que haya profesionales en la Administración no colegiados, hace pensar que todos aquellos actos administrativos en los que participe un profesional que carece de la habilitación legal para su ejercicio, son susceptibles de recurso apelando a la nulidad del procedimiento por defecto grave de forma al limitarse sus derechos.
Por todo ello, desde Unión Profesional, en representación de 22.000 colegiados en Cantabria, apelamos a la responsabilidad directa y en todos los ámbitos de los gestores públicos para que se alcance la colegiación de todos los profesionales de la comunidad, incluidos los de la administración.