Ábrego dijo que todas estas reformas violan derechos humanos e impiden que se imparta la debida justicia, ya que no respetan procesos estrictos y se ha dado paso a la flexibilización de la justicia.

El representante de Cristosal dijo que todas estas reformas están rompiendo con la independencia judicial.

El legislativo salvadoreño ha hecho reformas penales, entre las más recientes destacan la Ley del Crimen Organizado y las Disposiciones Transitorias Especiales para Ordenar el Procesamiento de Imputados Detenidos en el Marco del Régimen de Excepción.

A juicio de Abraham Ábrego, director de litigio estratégico de Cristosal, esto es un retroceso al Sistema de Justicia del país, ya que es volver a un modelo inquisitivo.

Los habitantes aseguran que estas acciones han incrementado desde el 11 de agosto, cuando se estableció un nuevo puesto militar en la comunidad. Denuncian que en lugar de transmitir tranquilidad a la población le generan temor, hostigan a los jóvenes e ingresan a las casas arbitrariamente.

Es más, la lideresa mencionó que en Guajoyo se rumora que los militares andan “una larga lista” de personas a las que pretenden detener.

Temor y zozobra. Eso es lo que viven habitantes de la comunidad Guajoyo, Tecoluca, en San Vicente, quienes denuncian abuso de poder y acoso de militares a jóvenes de la localidad.

Rosa Tobias, líder de dicha comunidad, dijo a radio YSUCA que el pasado domingo elementos de la Fuerza Armada retuvieron y golpearon a un joven de la zona que, según los mismos habitantes, no tiene vínculos con pandillas. Ante esto, la comunidad se organizó, exigió sus derechos y evitó que se realizara la captura.

Tobías dijo que un día antes los militares quemaron el cabello a un joven por el estilo que éste tenía.

En muchas ocasiones el gobierno desconoce las amenazas que padecen las comunidades y debido a ello la respuesta de los gobiernos aumenta las vulnerabilidades. Todo esto es dañino y se vuelve un desafío en gobernanza efectiva, inclusión significativa y no hay una respuesta eficaz, indican los integrantes de la Red Global de Organizaciones de la Sociedad Civil para la Prevención de Desastres (GNDR).

Rubén Quintanilla señala que hay un desconocimiento para la construcción en el país y todo radica en la necesidad de tener una Ley de Ordenamiento Territorial efectiva. Ejemplo de que no hay proyecciones de construcción con conciencia social es la construcción del aeropuerto en La Unión.

Los desplazamientos forzados están aumentando en todo el mundo. En El Salvador también suceden estos casos y han aumentado, entre otras cosas, debido a las circunstancias climáticas. 

Rubén Quintanilla, de la Red Global de Organizaciones de la Sociedad Civil para la Prevención de Desastres (GNDR), dijo en La Entrevista de Radio YSUCA, que el país es multiamenaza.

Es por ello urgente conocer las necesidades de las comunidades, ya que sólo así se podrá detectar las diferentes problemáticas que tienen, dice Quintanilla. Para ello hay que realizar un trabajo en conjunto.

Marcela Alvarado, madre de José Duval, condenó a las autoridades de Centros Penales por no liberar a su hijo capturado, arbitrariamente. Y es que, dos jueces han emitido carta de libertad para Duval, sin embargo, no ha sido liberado.

Esa es la interrogante que la comunidad del Bajo Lempa plantea en las afueras de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, PDDH.

El Comité de Familiares Víctimas del Régimen de Excepción del Bajo Lempa presentó un escrito ante la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, para que les informe cómo avanzan las 43 denuncias de capturas arbitrarias presentadas el 9 de mayo pasado, a la institución.

Glenda Rodríguez, representante del Comité de Familiares del Bajo Lempa, pidió a la procuradora Raquel Caballero que agilice los procesos y que no estigmaticen los casos, pues las familias dicen tener la documentación que muestra la inocencia de sus familiares.

La líder sindical manifestó temor de que con estas acciones se pueda colocar en tal comisión a las personas que se presten para avalar despidos masivos en la entidad.

El Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Trabajo, SITRAMITPS, denuncia “arbitrariedades” en el proceso de elección de la comisión del servicio civil de dicha entidad.

Fátima Martínez, es la secretaria general de tal Sindicato y aspira integrar esta comisión. Sin embargo, dijo a radio YSUCA que en este procedimiento se está violentando las normativas con el afán de ignorarla a ella y a otra candidata que podrían oponerse a algunas decisiones de la actual administración.

Señala que este martes 15 de agosto pretenden hacer la elección en medio de una serie de irregularidades como el ocultamiento de los nombres de candidatos y la falta de convocatorias formales.