El padre José María Tojeira condenó, en el espacio de la entrevista Frente a Frente, la incautación de los bienes inmuebles de la Universidad Centroamericana, UCA, de Nicaragua.

Tojeira aseveró que el proceso de incautación fue rápido y sin la oportunidad que la institución se defendiera. El sacerdote jesuita dijo que las acusaciones hechas por el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo, de “terrrismo”, son acusaciones infundadas y sin que exista un caso abierto judicial contra la institución.

La captura de integrantes de pandillas, así como de otras personas a las que no se les ha podido comprobar delito alguno, ha llevado a El Salvador a convertirse en el país con mayor población carcelaria a nivel, a nivel mundial, según datos de organizaciones de derechos humanos, entre las que destaca la ONG Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA).

Con 66 votos de diputados de Nuevas Ideas y sus aliados, la Asamblea Legislativa aprobó una serie de reformas a la Ley Contra el Crimen Organizado, para modificar algunas disposiciones relacionadas con la incorporación de elementos probatorios que deben someterse a valoración de los jueces.

Estas reformas, según abogados penalistas, podrían llevar a condenas masivas sin que se respete el debido proceso. Para el rector de la Universidad Centroamericana, José Simeon Cañas, UCA, el sacerdote Andreu Oliva, nuestra sociedad es muy punitiva, no tenemos conciencia de que se debe hacer justicia y actuar con base en evidencias.

Saira Barrera asegura que las tasas de inflación que se han registrado en el último año y medio están por encima de las anteriores, haciendo muy perceptible el incremento en los precios de los elementos necesarios para la vida de los salvadoreños.

Para la economista, esta situación ha llevado a que el aumento del 20% al salario mínimo, dado en 2021, se haya “esfumado”.

Actualmente, hay múltiples factores que intervienen en el alza del costo de la vida, explica Saira Barrera, economista de la UCA. Entre estos aspectos está la pandemia por covid- 19, la interrupción de las cadenas de suministros, que encarecieron elementos clave, como los materiales de construcción, así como el alto valor de las viviendas, entre otros componentes que señala la economista.

En el caso de los alimentos, en el país se ha registrado un incremento notorio en el costo de insumos agrícolas, derivado en parte del conflicto Ucrania y Rusia y el aumento en el costo de los combustibles, detalla Barrera. Sin embargo, la economista considera importante el componente de consumo importado en los hogares salvadoreños.

Alejandro Díaz añadió que ahora están a la espera de la respuesta de la CIDH. Si el Gobierno salvadoreño continúa ignorando los llamados del organismo, El Salvador podría caer en desacato, agregó Díaz.

Ovidio Mauricio, también de Tutela Legal, dijo que El Salvador se negó a responder sobre el estado de salud de los cinco ambientalistas, entre otras solicitudes que hizo la CIDH, indicó.

La Asociación de Derechos Humanos Tutela Legal “Dra. María Julia Hernández”, la Asociación de Desarrollo Económico Social (ADES) y la comunidad de Santa Marta presentaron en julio pasado una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, por las violaciones a los derechos humanos cometidas contra los líderes comunitarios de Santa Marta, Cabañas, explicaron representantes de estas organizaciones.

La petición de las organizaciones está acompañada con la solicitud de emitir medidas cautelares en favor de los cinco ambientalistas. La CIDH analizó la denuncia, según las organizaciones, y le dio, hasta el 14 de agosto, un plazo al Estado de El Salvador para responder sobre las violaciones planteadas en dicha denuncia.

El abogado de Tutela Legal, Alejandro Díaz explicó que el plazo dado por la CIDH ya venció y el Estado de El Salvador no respondió el requerimiento de la información sobre los hechos denunciados de violaciones a los derechos humanos de los cinco ambientalistas.

La reducción de la vacuna contra el sarampión fue más significativa. Para el 2019, se reportó una cobertura del 85%, la cual disminuyó al 65% para el 2022. Esto representa un déficit de 20 puntos porcentuales durante este período. Esta insuficiencia de cobertura se acentúa para la segunda dosis de la misma vacuna, la cual demuestra una rebaja de 27 puntos porcentuales, disminuyendo de una cobertura del 85%, durante el 2019, a 58% en el 2022.

Rosales dice que todo esto es un grave riesgo para la población del país.

El programa de inmunización en El Salvador ha experimentado un retroceso en sus coberturas, según muestran datos de la Organización Mundial de la Salud. El Salvador presentaba una cobertura con la primera dosis de la vacuna DPT en el 2019 de 92%, es decir, 92 de cada 100 niños habían recibido la primera dosis de DPT, de acuerdo con la información de la entidad.

La información de la OMS detalla que esa misma vacuna durante el 2022 mostraba una cobertura de 76%. Esto significa una disminución de 16 puntos porcentuales en un período de tres años. El mismo reporte también expresa que la tercera dosis de DPT también sufrió una disminución, durante el mismo lapso, de 15 puntos porcentuales (90% a 75%).

Para el epidemiólogo Alfonso Rosales, desde la pandemia a nivel mundial se redujo la cobertura en vacunación, sin embargo al pasar esta etapa se establecieron estrategias para recobrar el nivel que se tenía. Según el médico, en El Salvador este paso ha quedado rezagado.

Los especialistas en salud del Colegio Médico aseguraron que en reiteradas ocasiones han solicitado la instalación de una mesa de diálogo con las autoridades pertinentes esta aún no se habilita, sin embargo, el presidente del Colegio Médico, Roberto Montoya, dijo que esperan que las autoridades los convoquen pronto, ya que es urgente mejorar el sistema de salud del país.