El expresidente del Banco Central de Reserva de El Salvador (BCR), Óscar Cabrera, manifiesta que es importante la publicación del Artículo IV del Convenio Constitutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Pero el gobierno de El Salvador no permitió al FMI hacer público el informe con los resultados de la revisión de su economía.

Según Cabrera, es importante que se transparente la publicación del artículo que ha sido desarrollado por la dirección del FMI por transparencia, rendición de cuentas y para que los inversionistas lo conozcan.

El Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de Santa Ana, desarrollará el juicio contra 9 personas acusadas de varios casos de feminicidios y homicidios agravados cometidos en la vivienda de Hugo Osorio, en Chalchuapa.

Según la fiscal del caso, la audiencia de vista pública tendrá una duración de dos semanas. El caso es por el feminicidio de 8 víctimas y 5 homicidios, precisó la Fiscalía.

El 1% de la humanidad, que lo forman las personas más adineradas, están logrando que el mundo sea una casa cada vez más hostil para más del 50% de la población y para las demás formas de vida, señala la organización. ReverdES afirmó que El Salvador se encuentra a las puertas de un apocalipsis ecológico, en el que nuestra existencia se ve amenazada por la crisis que el sistema capitalista ha generado, manifestó Andrea Arias y Juan de la Cruz de ReverdES.

El Movimiento Rebelión Verde ReverdES se concentró en el Parque Libertad en San Salvador, con el objetivo de pedir al presidente de la República abandonar el modelo extractivista y depredador del medio ambiente.

En el marco del día de la Tierra, ReverdES denunció la inacción contra la crisis climática y exigió al Presidente Nayib Bukele mantener una postura global por la Justicia Climática y una política nacional coherente, orientada a la conservación de los ecosistemas, que implicaría abandonar el modelo extractivista y depredador implementado por su gobierno hasta la fecha, indicó Dalia González de REVERDES.

Servellon agregó que el servicio de agua potable en la zona es muy deficiente y es por ello que las pipas llegan cada semana a entregar agua a los habitantes.

También los residentes denunciaron que al final de la calle hay taludes de tierras que ponen en peligro viviendas y a los transeúntes que se mueven por la zona.

Piden también a la comuna hacer reparaciones, entre estas un muro de contención, antes que el invierno esté en su apogeo, de lo contrario los taludes de tierra pondrán en riesgo la vida de muchas familias.

Familias de la Colonia Los Alpes II, municipio de San Marcos, San Salvador, denuncian el hundimiento de una parte de la calle principal, luego que una pipa con agua potable ocasionará el daño, según comentan lugareños.

Santos Servellon, uno de los habitantes de la zona, explicó que una parte de la arteria estaba hueca y tras el peso de la pipa parte de la calle cedió. El invierno está cerca y las familias piden a la Alcaldía de San Marcos arreglar con rapidez los daños ocasionados a las calles.

Julio González, representante del colectivo Madre Selva, de Guatemala, mencionó pocos avances en el proceso de aprobación del tratado.

González explicó que el convenio se encuentra en discusión entre instituciones del gobierno.

Conflictos de intereses económicos giran en torno a la aprobación del convenio, aseguró el líder ambiental.

Para el representante de ACAFREMIN el acuerdo de Escazú es clave, porque es un instrumento que brinda herramientas, oportunidades y elementos para avanzar en términos de justicia ambiental y en la protección de las personas defensoras.

Después de casi 4 años de gobierno del presidente Nayib Bukele, su gestión no muestra interés en Escazú. Al contrario, activistas ambientales argumentan que la institucionalidad ambiental se encuentra en un proceso de deterioro.

En Nicaragua, el acuerdo sí está ratificado, sin embargo no se ha creado la institucionalidad para su implementación. Heizel Torres, oficial de minería del Centro Humboldt, dice que los motivos por el cual Daniel Ortega firmó el acuerdo fue para obtener el financiamiento que necesitaba el gobierno para sus proyectos y tener la aprobación de la comunidad internacional.

Además, la representante del Centro Humboldt cuestionó la falta de transparencia durante el proceso de ratificación dentro del congreso nicaragüense.

El Acuerdo de Escazú entró en vigencia el 22 de abril de 2021, en 24 países que lo firmaron en Latinoamérica y el Caribe. La mitad de estos países ya lo ratificaron. El Salvador, a pesar de que fue uno de los países que lo negoció y lo adoptó en 2018, no lo firmó y consecuentemente tampoco lo ratificó.

Pedro Cabezas, facilitador de la Alianza Centroamericana Frente a la Minería, ACAFREMIN, señala que el país al no ratificar el acuerdo, ha dejado abierta la posibilidad a que la destrucción del medio ambiente continúe. Además, sin este acuerdo no se garantiza el acceso a la justicia, a la información y a la participación ciudadana.

Cabezas también explicó que la protección a los defensores del medioambiente se ve limitada sin el acuerdo y no es funcional.

Los miembros de la cooperativa han enfrentado muchos problemas debido a estos procesos judiciales, por ejemplo les han embargado las cuentas de la cooperativa y han sido condenados a pagar un monto de más de 300 mil dólares.

Este proceso les ha privado de obtener créditos de la banca y por ende la producción agrícola ha disminuido, señala Moisés de Paz, presidente de la cooperativa.