La Cooperativa Normandía ha enfrentado 2 procesos judiciales que llevan más de 10 años. La disputa son las tierras donde actualmente viven más de 3 mil personas entre asociados y sus familiares. 

Uno de esos procesos judiciales se ha ido retrasando, pero para el próximo 15 de mayo se ha fijado la audiencia probatoria.

La Cooperativa Normandía fue constituida en 1980 por la ley de la Reforma Agraria, sin embargo en 1996 un alcalde de Jiquilisco, Usulután, entregó títulos de propiedad a 3 personas que reclamaban terrenos de la cooperativa. Con ello surgieron irregularidades, ya que solo en ciertos casos un alcalde puede entregar títulos de propiedad.

El proceso actual lo enfrenta la cooperativa con Elba Josefina viuda de Flores, quien reclama más de 200 manzanas de tierra. El juzgado de primera instancia  de Jiquilisco, Usulután ha fallado en contra de la cooperativa y a favor de la señora Elba Josefina. 

Será el 15 de mayo que la nueva jueza dictará una sentencia definitiva en un juicio probatorio, dijo Isaías Blanco, asociado de la Cooperativa Normandía.

Los sindicalistas también reportan que CEPA no está comprando los repuestos necesarios para el mantenimiento de los equipos como grúas, montacargas, equipos frontales, entre otros. Además, a todo el equipo que ocupan no se le está dando el debido mantenimiento, situación que lleva a disminuir el rendimiento laboral.

A juicio de uno de los sindicalistas, estas acciones tienen como fin, que CEPA tenga motivos para justificar la necesidad de concesionar el servicio y ya habría empresas interesadas en postularse.

Si eso sucede, la clase trabajadora saldrá perdiendo todas las prestaciones que tienen por medio del contrato colectivo.

Sindicalistas denuncian que la clase trabajadora además de estar siendo marginada, se le están violentando los derechos laborales. Entre otras cosas, no se les permite el acercamiento con las jefaturas en la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA).

Otra de las violaciones denunciadas es que el trabajador no es escuchado en la oficina de Recursos Humanos y no se les están pagando horas extra.

La denuncia revela que el acceso a la atención médica tiene limitantes de tiempo, a tal punto que les aplican descuento del día cuando asisten a consultas.

Por su parte, Claudia Interiano, coordinadora del área Transnacional de

La Fundación para la Justicia, dijo que han ofrecido representación legal ante la fiscalía de México, a los familiares de las víctimas como un derecho de acceso a la justicia. Sin embargo, la negativa de la fiscalía les preocupa.

Diversas organizaciones no gubernamentales, que brindan atención y acompañamiento a personas migrantes, denuncian una serie de obstáculos en el acceso a la justicia por parte de la Fiscalía General de la República de México, en el caso del incendio de Ciudad Juárez, donde fallecieron 40 migrantes.

Las organizaciones expresan que el 12 de abril de este año, presentaron una designación firmada, vía correo electrónico, por 2 víctimas, un sobreviviente y la hija de una de las 40 víctimas fallecidas en el incendio.

El objetivo es que los familiares de las víctimas tengan representación y asesoría jurídica. Sin embargo, hay obstáculos de parte de la fiscalía de México, ya que se les ha negado la posibilidad de designar a sus representantes y asesores jurídicos.

Según Eduardo Rojas,abogado y coordinador de Litigio Estratégico de la Fundación para la Justicia (FJEDD), anteriormente las designaciones de los representantes jurídicos se entregaban de manera electrónica, pero ahora hay impedimentos, explicó.

Eduardo Rojas agrega que han tenido contacto con el personal a cargo de la investigación y han solicitado una fecha para poder presentar los documentos de manera física y, hasta el día de hoy, no han obtenido respuesta alguna.

Rivas espera que las autoridades den con el paradero de Murga por quien se está pidiendo al menos 70 años de cárcel, por el cometimiento de ambos delitos.

Colectiva Feminista para el Desarrollo Local aplaudió que el Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de Santa Ana ordenara abrir juicio en contra de Michael Alejandro Castillo Murga, acusado del delito de feminicidio agravado de Fernanda Nájera y homicidio tentado de su bebé, a quien abandonó en medio de un cafetal. 

El asesinato, según la FGR, sucedió el 31 de enero del año 2019 cuando Fernanda Nájera salió junto a su pareja -el acusado- y su bebé. En el transcurso del camino de la carretera que, de Ataco conduce a Santa Ana, procedió a darle muerte a la víctima y abandonar al menor de edad, exponiéndolo a un riesgo a su integridad física, detalló la fiscal del caso.

El bebé de 19 meses fue encontrado con vida tres días después en una finca ubicada sobre la carretera que de Ahuachapán conduce a Concepción de Ataco, a menos de 100 metros de la escena donde fue asesinada su madre.

Angélica Rivas, abogada de Colectiva Feminista, espera que el proceso de apertura a juicio abone para la captura y condena de Michael Alejandro Castillo Murga.

Por su parte, Judith Barrera, del Colectivo Salvemos Valle El Ángel, manifiesta que las instancias gubernamentales no tienen interés en detener los daños a los mantos acuíferos en el norte de Apopa.

Habitantes de Apopa y de la Zona Norte de La Libertad y el Colectivo Salvemos Valle El Ángel llegaron al Centro Judicial Integrado de Santa Tecla, para solicitar al Juzgado Ambiental que investigue la destrucción ambiental en el norte de Apopa y extracción de material pétreo en el Cerrito de Quezaltepeque.

La abogada de Salvemos Valle El Ángel, Dalia González, pide al Juzgado Ambiental que investigue el caso.

Según el cónsul, uno de los modus operandi más habitual por los estafadores consiste en contactar a las personas por medio de redes sociales y posteriormente pedirles dinero a través de una transacción electrónica. García enfatizó en que la única entidad autorizada para emitir una visa de trabajo H2 es la Embajada de los Estados Unidos en El Salvador.

El cónsul explicó cuáles son los procesos para identificar una oferta laboral legítima de trabajo.