El cónsul general de la Embajada de los Estados Unidos en El Salvador, Michael García, alertó sobre el incremento de las denuncias en los procesos irregulares de visas de trabajo H2.

De acuerdo con García hay personas que intentan engañar a la gente  prometiendo  trabajo y visas en los Estados Unidos. Estafan a las personas a cambio de dinero, de manera fraudulenta, precisó el cónsul. Más de 30 reportes de posibles fraudes han llegado a las instalaciones de la embajada.

El 21 marzo del presente año, los representantes de la Asociación de Desarrollo Económico y Social (ADES) de Santa Marta, llegaron a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos a denunciar nuevas irregularidades en el proceso judicial contra los líderes comunitarios.

El abogado defensor particular del caso señala que, a más de un mes de haber acudido a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, siguen sin respuesta.

Dennis Muñoz, defensor particular de los detenidos en el caso de Santa Marta y ADES, presentó un escrito al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Santa Tecla para solicitar visita a sus representados y conocer sus condiciones de salud.

Los arrestados son: Alejandro Laínez García, Miguel Ángel Gámez, y Pedro Antonio Rivas, Teodoro Antonio Pacheco, director ejecutivo de ADES y Saúl Agustín Rivas, asesor legal de esta organización. Todos son acusados de presuntamente haber asesinado a María Inés Alvarenga, en agosto de 1989.

Muñoz dice que el proceso se encuentra en la fase de instrucción y explicó las razones por las que pide la intervención del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria.

Todos estos hechos ponen en evidencia que el sistema de justicia salvadoreño carece de confianza y está al servicio de un régimen, dijo la abogada Ivania Cruz.

Estas medidas que se toman, según la abogada, de forma arbitraria parecen formar parte de un tipo de tortura, para que los señalados se desesperen y acepten cualquier tipo de propuesta. Ante esta situación, se ha recurrido a la denuncia internacional donde algunos gobiernos extranjeros como el de España están dando seguimiento a estas denuncias.

El actual gobierno salvadoreño ocupa el régimen de excepción y el supuesto combate a la corrupción como bandera electoral ante las próximas elecciones dice Ivania Cruz, del Comité de Familiares de Presas y Presos Políticos, Comité de Familiares de Presas y Presos Políticos de El Salvador, COFAPPES.

Cruz puso como ejemplo que la judicialización de algunos casos de supuesta corrupción, a la fecha, no ha brindado ninguna condena, sin embargo los procesos siguen abiertos. Es así como el sistema judicial los dilata o los aligera a su conveniencia, dice Cruz.

Todo esto evidencia que no se respeta el debido proceso y los derechos humanos, dijo la representante de COFAPPES.

Pone como ejemplo el caso monarca, donde alcaldes y exconcejales de San Rafael Obrajuelo y Zacatecoluca del departamento de La Paz, tienen procesos abiertos y en reiteradas ocasiones las audiencias han sido suspendidas, atrasadas o adelantadas.

Los procesados fueron arrestados el 26 de abril del año 2021, como parte de la Operación Monarca. Son acusados de los delitos de negociaciones ilícitas y cohecho. En total son 19 personas las involucradas en este caso.

Según Ivania Cruz de COFAPPES, se adelantó la vista pública para este lunes 24 abril cuando la audiencia estaba programada para el 15 de junio. Además, pese a que algunos procesados gozaban de medidas sustitutivas con la audiencia del lunes se volvieron a capturar, lo que considera una falta al debido proceso.

El secretario general de SITRAL dice que los arrestos arbitrarios han afectado a los sindicalistas, a tal punto que hay al menos 1 fallecimiento al interior de un centro penal. Por otra parte, en Asamblea Legislativa se han despedido dirigentes sindicales y ha habido despidos de trabajadores del Órgano Legislativo sin el debido proceso.

A los despidos, dice Ortega, se suma el alto costo de la vida para las familias que están en una grave situación económica. Es por eso que también apoyarán la exigencia de ayuda ante el alto precio de la canasta básica que otras organizaciones de la sociedad civil harán el próximo 1 de mayo.

Las violaciones a los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras están presentes en la actual gestión del Órgano Legislativo, según manifiesta el secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa (SITRAL), Luis Ortega.

A esto se suman las violaciones a los derechos laborales en las demás instituciones del Estado, situación que se evidencia en los despidos arbitrarios, incluso despidos de los dirigentes sindicales y la persecución y criminalización de los sindicalistas, dice Ortega.

Ante esto, el próximo 1 de mayo “Día Internacional de los Trabajadores” se pronunciarán para exigir la libertad sindical, dice Ortega.

Salvadoreño con discapacidad denuncia que ISRI le negó acceso a prótesis

Misael Sandoval, un adulto mayor con amputación en sus pies, denunció a Radio YSUCA que acudió al Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral (ISRI) para solicitar dos prótesis; sin embargo, se la negaron argumentando que no cumple los requisitos debido a su edad.

Sandoval, además de señalar la falta de acceso a la prótesis, denunció la mala atención que reciben las personas con discapacidad.

El Socorro Jurídico Humanitario para El Salvador dice que, según los registros del universo de las personas fallecidas en Centros Penales, el 32% ha fallecido por falta de atención médica, por no darles el buen tratamiento a las enfermedades que padecen y un  60% han sido muertes violentas.

Ingrid Escobar lamenta que a más de un año del régimen de excepción continúen las capturas arbitrarias.

Mediante una ficha técnica, los familiares de fallecidos en Centros Penales tras ser arrestados arbitrariamente, podrán informar y documentar dichos fallecimientos, manifiesta Ingrid Escobar, directora administrativa del Socorro Jurídico Humanitario para El Salvador.

Los datos que se obtengan servirán para demandar al Estado y  obtener una reparación moral y material. Esto mediante el  derecho que tienen todas las personas a denunciar y a la garantía de no repetición de las violaciones a los derechos humanos.

Escobar dice que no es posible que el Estado salvadoreño con todo el poder punitivo que la ley le concede esté al mismo nivel de los criminales que dice perseguir. Es probable que funcionarios y empleados de centros penales estén involucrados en la muerte de reos, ya que existen testimonios de que custodios han vapuleado a algunos de los detenidos, señala Escobar.  

A esto se suma la irresponsabilidad del Sistema Penitenciario en cuanto a la falta de provisión de medicamentos y tratamiento de las enfermedades crónicas de las personas que fueron arrestadas arbitrariamente.

La directora administrativa del Socorro Jurídico Humanitario para El Salvador dice que un buen porcentaje de familiares de los fallecidos en Centros Penales tienen la intención de acudir a sedes internacionales de derechos humanos.