Hace falta política pública y acciones del Estado para proteger los bienes ambientales. Por otro lado, hay normativas que deben cumplirse, señala el director de incidencia y políticas públicas de la Unidad Ecológica Salvadoreña, UNES, Luis González.

Agrega que muchas veces desde el mismo Estado se saltan estas normativas y los grandes proyectos se venden como de beneficio común, sin embargo se llevan de paso a comunidades y deterioran el medio ambiente. Un ejemplo es el Tren del Pacífico, el Aeropuerto de oriente y la Mega cárcel construida en Tecoluca.

Quienes sufren más con la injusticia ambiental son los más pobres, señala González, ya que muchas veces comercializan con los recursos naturales, como una forma de obtener ingresos. Sin embargo cuidan los recursos naturales, mientras que las grandes industrias hacen lo contrario bajo el amparo del Estado.

Justicia ambiental es distribuir equitativamente las cargas y beneficios en el uso y aprovechamiento de los bienes naturales que son de interés común. Esto quiere decir que el medio ambiente y los ecosistemas son elementos para el bien común, dijo el director de Incidencia y Políticas Públicas de la Unidad Ecológica Salvadoreña, UNES, Luis González.

González dijo que en el país el uso de los bienes naturales no es equitativo. La justicia ambiental en El Salvador no es una realidad dice el representante de la UNES, no hay conciencia de parte de la población de que los bienes comunes deben cuidarse. Además, pese a la existencia de leyes que protegen el medio ambiente, estas no se respetan.

Debido a ello en el país hay diversos problemas, enfatiza González.

Castaneda agregó que esto da una mala señal a nivel internacional de El Salvador y se coloca entre los países no democráticos.

Gobierno confirma opacidad al prohibir al FMI publicar el informe sobre las finanzas de El Salvador

El 20 de marzo de 2023, el Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional FMI, concluyó la consideración del Artículo IV de 2023 de El Salvador.

Según el comunicado del FMI, de conformidad con el Artículo IV de su Convenio Constitutivo, el FMI tiene el mandato de ejercer la supervisión de las políticas económicas, financieras y cambiarias de sus miembros a fin de garantizar el funcionamiento eficaz del sistema monetario internacional.

Los economistas del FMI visitan el país miembro, generalmente una vez al año, para recopilar y analizar datos y mantener conversaciones con funcionarios del gobierno y del banco central. Posteriormente presenta un informe al Directorio Ejecutivo del FMI para su discusión. Las opiniones de la Junta se resumen posteriormente y se transmiten a las autoridades de cada país.

Las autoridades salvadoreñas no dieron su consentimiento para la publicación del informe del personal y el comunicado de prensa relacionado.

El economista Ricardo Castaneda, del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales Icefi, manifestó que con este tipo de acciones se revela la política de opacidad que impulsa el gobierno salvadoreño.

Por otro lado, el economista señala que de febrero de 2022 a febrero de 2023, la canasta básica urbana ha crecido 14% y la rural 20%.

Todo esto indica que seguirá aumentando el número de salvadoreños que no pueden comprar alimentos, dado que los salarios no crecen, señala el economista César Villalona.

Los precios de los alimentos han experimentado alzas importantes en los últimos meses. Los economistas han explicado en varias ocasiones que la inflación ha hecho que los productos comestibles incrementen su precio de manera exagerada.

El economista César Villalona explicó a YSUCA que para este año, en el mes de marzo, el precio de la canasta básica ampliada llegó a $500 dólares en el área urbana.

El Sindicato de Trabajadores de la Alcaldía de Mejicanos marchará el 1 de mayo para conmemorar el Día Internacional de los Trabajadores.

El secretario general del sindicato, Carlos Enrique Salinas, manifestó que en la marcha exigirán al gobierno que baje el costo de la canasta básica que afecta a la mayoría de las familias pobres de El Salvador.

Las comunidades organizadas aseguran que no permitirán que se construya el basurero, pues no es un beneficio, sino un problema más al municipio. 

Otro de los habitantes de Tecoluca dijo a YSUCA que  donde sea que se construya el basurero afectará a las comunidades, ya que la contaminación podría aumentar, además de la que ya provocan algunas empresas privadas que tiran sus vertidos industriales a los ríos. 

Los habitantes se muestran preocupados, creen que se debe hacer un estudio para saber cuál es el mejor lugar para un basurero.

En una reunión del concejo municipal de Tecoluca, el alcalde Nicolás Antonio García notificó que hay un proyecto que está en marcha. Se trata de un basurero que funcionará en Tecoluca y estaría ubicado en la comunidad San Francisco Angulo.

Aunque aún no existe un acuerdo del concejo, ya se cuenta con el financiamiento para construir el mega basurero al que llegará gran parte de la basura de San Vicente, dice una de las habitantes de Tecoluca.

Los empleados de la comuna han escuchado que quien se oponga al proyecto podría enfrentar las consecuencia del régimen de excepción.

Para Rosa Tobías, habitante de la zona, al municipio de Tecoluca lo están convirtiendo en el municipio de los desechos. Después de construir el  Centro de Confinamiento contra el Terrorismo, CECOT, que generará grandes cantidades de desechos, ahora se suma el mega basurero que podría afectar a las comunidades.