El incremento de la canasta básica alimentaria, que tuvo un alza histórica en febrero del presente año, golpea a las familias más necesitadas, según manifestaron integrantes de la Mesa por la Soberanía Alimentaria.

El alza de precios hace que la canasta básica alimentaria urbana a febrero de este año, cueste $249.70 y la rural $187.07. Las personas consumidoras no tienen respiro en sus gastos porque desde enero de 2019 los habitantes de la zona urbana pagan $49.02 más y $42.17 más quienes viven en la zona rural.

Krissia Romero, integrante de la Mesa por la Soberanía Alimentaria, manifiesta que la economía de los salvadoreños se ve afectada con estas alzas.

Las organizaciones insisten en que la captura se debe a los intentos de las empresas para que en El Salvador se cambien las condiciones políticas para nuevamente impulsar acciones de minería metálica. Es por eso que el gobierno busca desmantelar y amedrentar a las comunidades organizadas, dicen los representantes de las organizaciones.

Por otra parte, Rodolfo Calles, representante de la Asociación para el Desarrollo de El Salvador -CRIPDES- y Vidalina Morales de ADES Santa Marta, explicaron que la familia y amigos de los líderes comunitarios capturados están preocupados por su estado de salud , pues algunos tienen enfermedades crónicas y no se les ha dado el tratamiento debido, lo que pone en riesgo la vida de los acusados.

Organizaciones defensoras de derechos humanos anunciaron una movilización internacional por la liberación de los cinco líderes comunitarios de Santa Marta y contra la amenaza de la industria minera en El Salvador.

Desde hace más de tres meses los cinco ambientalistas fueron capturados por las autoridades policiales. Según las organizaciones y familiares de los detenidos, su captura no responde al interés del gobierno en hacer justicia por a las víctimas de la guerra, sino a una campaña sistemática de criminalización para desmovilizar a las comunidades organizadas de Cabañas y nuevamente impulsar la minería metálica.

De acuerdo con Pedro Cabezas, coordinador regional del Programa de Minería y Derechos Humanos de la Asociación para el Desarrollo de El Salvador (CRIPDES), se impulsará una campaña permanente, tanto nacional como internacional, para pedir el apoyo en cuanto a la liberación de los cinco líderes comunitarios.

Unas 700 familias de la Asociación Cooperativa de Producción Agropecuaria Hacienda Normandía de R.L, luchan desde 1996 por no perder sus tierras, ante una demanda interpuesta por personas particulares que aseguran ser los propietarios de los inmuebles que ellos habitan y trabajan.

Esta lucha data desde hace 16 años aproximadamente, cuando tres supuestos dueños reclamaron las tierras. Una de ellas,  Elba Josefina Peña viuda de Flores. Por este caso un juez resolvió en 2014  que la cooperativa debía pagarle más de 300 mil dólares, monto que no pagaron porque apelaron la resolución, pues aseguran ser dueños legítimos de las tierras. 

Los asociados interpusieron una demanda de nulidad, ya que dichas tierras fueron entregadas a la cooperativa tras la Reforma Agraria. Los afectados pagaron préstamos por muchos años para saldar el costo de las tierras que ahora les quieren arrebatar.

Para el jueves 20 de abril se tenía previsto que el juzgado de Jiquilisco, en Usulután, realizara la audiencia definitiva, pero se suspendió.

Isaías Blanco, de la cooperativa Normandía pide que la audiencia se realice a la brevedad y no retrasar más la resolución.

A las violaciones de derechos humanos se suma el empoderamiento de la Fuerza Armada, dice el coordinador del OUDH y llama la atención, enfatiza Rodríguez, que la mayoría de abusos de los militares se situé en Chalatenango, dado que es un departamento que siempre ha presentado los menores índices de violencia.

Cabe resaltar dice Jorge Rodríguez, que la práctica de la detención no es nueva, sin embargo, hoy ha tomado otras dimensiones. El tema del hacinamiento tampoco es nuevo, ya que el problema viene desde gobiernos anteriores, dice el representante del OUDH. Pero a partir de la vigencia del régimen de expedición ha aumentado significativamente.

El sistema penitenciario nunca ha garantizado la reinserción de las personas a la sociedad; sin embargo, lo que ahora hace la diferencia es el aumento exponencial de los patrones de no investigar y detener a personas que se presumen inocentes, dice Rodríguez.

Junto a ello se ha anulado el derecho a la defensa técnica y material, con ello se ha llegado a la cooptación de instituciones del Estado, frenando la defensa de las personas mediante un debido proceso.

En El Salvador se sigue violentando a los ciudadanos de diversas maneras, indica el más reciente informe denominado “El estado de los derechos humanos en El Salvador 2022” del Observatorio Universitario de Derechos Humanos, OUDH.

Jorge Rodríguez, coordinador del OUDH, dice que preocupa que más del 80% de la población no denuncia la violencia que recibe.

Esto contribuye a que no se revele los niveles de victimización a los que se está llegando. Rodríguez dice que esto es lamentable ya que se invisibilizan los problemas y se brindan cifras inexactas desde el Estado y con ello no se obtiene una visión real de las violaciones a derechos humanos.

El informe también revela que desde el año 2020 a 2022 el principal agente que genera desplazamiento forzado ahora es el Estado y no las pandillas, señala Jorge Rodríguez.

Esto demuestra que hay inercia social, sobre todo de parte de agentes de seguridad del Estado, dice Rodríguez y esto queda evidenciado cuando se hacen detenciones arbitrarias.

El Salvador se ha convertido en un país en el que no se gestiona el riesgo, sino que se favorece el desastre, enfatiza Magdalena Cortez.

Las construcciones no cesan. Un ejemplo de ello es el anuncio de la construcción de un estadio en el predio de la Escuela Militar en Antiguo Cuscatlán, a pesar que la zona es de recarga acuífera, advirtió Cortez.

Esto reduciría la impermeabilidad de los suelos y vulneraría a las zonas bajas de San Salvador. Sin embargo, no se cuentan con estudios al respecto y sobre el manejo de desechos sólidos en esta zona. Cortez enfatiza que las construcciones desordenadas favorecen los desastres.

Cortez lamenta que en el país no se deje de lado la visión emergencista en temas de protección civil y vulnerabilidad. Al momento de las emergencias no se cuenta con planes, diagnósticos y mapas sobre los riesgos de las comunidades, dijo la experta.

El Salvador debe prepararse debidamente para enfrentar las vulnerabilidades

El Salvador es un país altamente vulnerable. Un 95% de la población reside en zona de riesgo, señala Magdalena Cortez, de la Mesa Permanente para la Gestión de Riesgos. Cada día las zonas urbanas son más vulnerables, lo cual queda demostrado con cada tormenta que azota al país, indica la especialista.

Esto muestra que la vulnerabilidad ha incrementado, señala Cortez. Ahora se prioriza la obra gris en el país y se ha dejado de lado a la naturaleza y junto a ello se ha ignorado la vulnerabilidad que se pueda crear.

Las autoridades están listas para atender la emergencia y no para educar en la prevención y esto no es correcto, expresa la representante de la Mesa Permanente para la Gestión de Riesgos.

Para el concejal capitalino Héctor Silva, es momento de sentarse y buscar renegociar todo el contrato y no solo el concepto del alquiler, ya que los tiempos a los cuales la Alcaldía de San Salvador está atada, no le favorecen.