En enero de 2022, periodistas y defensores de derechos humanos denunciaron el uso del software Pegasus en sus teléfonos, esto indica que el aparato móvil había sido infectado para que un tercero tuviese acceso a sus mensajes, correos electrónicos, fotos, videos, micrófono, cámara, llamadas y contactos telefónicos. Esto fue confirmado por una investigación conjunta de 4 organizaciones internacionales.

El abogado de Cristosal Jonathan Sisco dijo que es evidente que estos actos de espionaje son ilegales y que al no ser investigados el Estado se vuelve cómplice.

En El Salvador, cada día que pasa la población tiene menos derechos, y esto sucede cuando las instituciones que deben investigar casos de corrupción se quedan de brazos cruzados. Así lo dijo Jonathan Sisco, abogado anticorrupción y justicia de Cristosal.

Cristosal ha pedido ante la Cámara de lo Contencioso Administrativo, una demanda contra la Corte de Cuentas de la República por negarse a investigar si hubo o no, uso de fondos públicos en la contratación del software espía Pegasus, de la empresa israelí NSO Group.

Según el abogado, la respuesta que ahora da la Cámara es que no se puede investigar, ya que la fiscalización de la hacienda pública no constituye violación a un derecho humano.Esto es lamentable ya que las instituciones se han convertido en “tapadera” de la corrupción, señaló Sisco.

La familia identificó los restos de la víctima por la vestimenta que tenía porque físicamente no era posible reconocerlo, explicó el vocero de Cruz Verde.

El Instituto de Medicina Legal trasladó el cuerpo para la respectiva autopsia, verificar la causa de la muerte y su identidad, ya que no portaban el Documento Único de Identidad (DUI).

Atilio Urias, vocero de Cruz Verde Salvadoreña, dijo que ante los riesgos que causan las lluvias, los ganaderos y agricultores deben tomar medidas de precaución.

Cruz Verde Salvadoreña recuperó el cadáver de un hombre que flotaba en río Lempa, en "El embarcaje valle nuevo" en el cantón San Rafael Los Turcos de El Paisnal, San Salvador.

Por ser un lugar de difícil acceso, la Policía Nacional Civil, PNC solicitó apoyo a los socorristas para realizar la recuperación del cadáver.

El fallecido de nombre Santos Hernández Trigueros, de 47 años de edad, desapareció la noche del pasado domingo durante la tormenta. Según la información de Cruz Verde, Santos Hernández, salió a pastear unas vacas, la lluvia lo sorprendió y fue arrastrado por la corriente del río.

Tras ese hecho, la familia organizó grupos de búsqueda y hasta la mañana del martes 18 de abril fue localizado manifestó Atilio Urias, vocero de Cruz Verde Salvadoreña.

En cuanto a las desapariciones, la PNC informó sobre 306 personas desaparecidas no localizadas durante el 2022. Sin embargo, este número podría ser mayor, ya que no sé brindó información sobre la totalidad de denuncias recibidas.

Otro de los problemas que continúan afectando a los salvadoreños son los desplazamientos forzados. En los últimos tres años se registraron 2,237 víctimas de desplazamiento forzado interno a nivel nacional, según datos de Cristosal, el Servicio Social Pasionista e Idhuca.

Los departamentos en los que se registran mayores desplazamientos forzados son: San Salvador, Usulután, San Miguel, Morazán y la Libertad.

La PNC reportó también 5,920 denuncias por violencia sexual, siendo los cinco delitos más denunciados la violación en menor e incapaz, estupro, agresión sexual en menor incapaz, acoso sexual y violación. Por otra parte, el Instituto de Medicina Legal (IML) realizó 3,838 reconocimientos médicos a las personas víctimas de violencia sexual, lo que significa un promedio de 319 cada mes. Las víctimas fueron 3,448 mujeres y 2,945 niños, niñas y adolescentes.

El informe anual 2022: El Estado de los derechos humanos en El Salvador, presentado por el Observatorio Universitario de Derechos Humanos, OUDH revela que el régimen de excepción impulsado por el gobierno salvadoreño, desde hace más de un año, ha invisibilizado otros delitos que siguen ocurriendo en el país.

El gobierno salvadoreño reportó al menos 400 casos de muertes violentas en el año 2022. Sin embargo, Jorge Rodríguez, coordinador del OUDH, dijo que los datos oficiales excluye de las muertes violentas las osamentas encontradas o las muertes al interior de los centros penitenciarios, como las 102 reportadas por organizaciones defensoras de derechos humanos, durante las medidas excepcionales.

Luego de los daños provocados por las últimas lluvias, en varios puntos del país, YSUCA entrevistó a salvadoreños en diferentes lugares del centro de San Salvador y les preguntó ¿Qué debería hacer el gobierno central y las alcaldías para evitar daños durante las lluvias?

Estas fueron algunas de las respuestas.

En cuanto al sistema judicial salvadoreño, hasta el 13 de diciembre de 2022 se decretó la detención provisional de 53,156 personas en el marco del régimen de excepción. Hubo 110 audiencias masivas en las que se procesaron a 19, 235 imputados y solo a 12 personas se les decretaron medidas sustitutivas a la detención provisional.

Durante el año 2022, se reportaron 3,396 habeas corpus, de los cuales sólo 27 fueron admitidos. Frente a los resultados del informe anual, el OUDH emitió una serie de recomendaciones.

Por ejemplo, el IDHUCA recibió un total de 628 casos de detenciones arbitrarias, de estos casos, solo el 16.4 % fueron informados que su detención se debía a algún delito. En el 38.2%, las autoridades no especificaron los motivos de su captura.

También en Chalatenango se han reportado, según la Procuraduría de Derechos Humanos, una serie de violaciones a los derechos humanos a pobladores ejercidas por elementos de la Fuerza Armada, principalmente en los municipios de Nueva Concepción, el Carrizal y El Paraíso.

También durante las medidas excepcionales en 2022 se reportaron desapariciones forzadas, calificadas de corta duración, donde las familias no recibieron información sobre su familiar detenido.

El Observatorio Universitario de Derechos Humanos de la UCA, OUDH presentó los resultados del informe anual 2022: “El estado de los derechos humanos en El Salvador”. El año 2022 se caracterizó por la implementación del régimen de excepción con una serie de graves violaciones y retrocesos en materia de derechos humanos, señala el informe.

De acuerdo con Jorge Rodríguez, coordinador del OUDH, durante el 2022 se registró un aumento desproporcionado del 174.89 % de las detenciones. Reportando, según datos de la PNC, un total de 86,046 detenciones a nivel nacional, cuando en 2021 se registraron 31,302.

El informe señala que de los 86,046, unos 61,300 han sido parte del régimen de excepción, entre ellas figuran las detenciones arbitrarias, explicó Rodríguez.