La Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos, hasta el 03 de marzo de 2023, reporta un total de 22,136 encuentros de salvadoreños con la autoridad migratoria. De ellos, 13,322 corresponden a adultos, 4,634 son niños no acompañados y 4,180 individuos en unidad familiar.

Por otra parte, 8,713 salvadoreños han sido detenidos en la frontera sur entre enero y hasta el 03 de marzo de este año. La mayoría, unos 6,807 fueron detenidos en Río Grande Valley. De los detenidos, 4,633 corresponden a adultos que iban solos, 2,596 son personas en familia, y 1,484 menores de edad no acompañados.

Para Celia Medrano, defensora de derechos humanos, esto significa un aumento de un 20% si se compara con años anteriores, ya que solo en el primer trimestre de 2023 han sido detenidos 8,713. La cifra en solo tres meses casi supera los totales anuales de salvadoreños detenidos en 2021 y 2022.

Los estudiantes del caserío San Juan La Minas, del municipio y departamento de Santa Ana, han sido beneficiados con computadoras y tablets de parte del Ministerio de Educación. Sin embargo, en sus casas no tienen energía eléctrica, por lo que deben bajar a una zona donde haya energía para poder cargar los equipos. 

Esta situación afecta a los estudiantes para realizar sus tareas, ya que además de buscar cómo cargar los equipos, deben hacer sus tareas alumbrarse con velas y candiles. 

Guillermo Gómez,  del caserío  San Juan La Minas asegura que a todos los alcaldes que llegan a la comuna de Santa Ana les han solicitado ayuda para poder tener energía eléctrica, pero no los escuchan.

Todo migrante que entra a otro territorio internacional goza, como cualquier otra persona, de derechos y garantías y el Estado donde llega está en la obligación de cumplir, explica Gabriela Figueroa.

Los factores que más inciden en la decisión de migrar a otro país son factores económicos como el desempleo y la falta de seguridad ciudadana, dice Gabriela Figueroa, abogada del Servicio Jesuita a Migrantes.

La migración en El Salvador no es nueva. Hace años uno de los motivos fue la guerra civil, ahora la gente sigue emigrando y aunque algunas causas siguen siendo las mismas, se han sumado otras.

Ariela González, de FESPAD, señala un evidente retroceso en materia de justicia ambiental, dado el debilitamiento del aparato de justicia con la remoción de los magistrados de las cámaras ambientales. González destaca, además, el acelerado crecimiento urbanístico en Valle El Angel y en Tacushcalco en Sonsonate, que ha impactado en el patrimonio cultural y ambiental.

El Acuerdo de Escazú es un instrumento que brinda asistencia y protección a las personas que contribuyen a combatir de manera pacífica los delitos que afectan al medio ambiente.

Es una herramienta que facilita mecanismos como acceso a la información, participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales. Pese a su importancia, El Salvador no ha firmado ni ratificado dicho acuerdo.

Sin embargo, para Ariela González, abogada de la Dirección de Cultura de Derechos Humanos de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho, FESPAD, esto no debe ser un impedimento para no exigir la justicia en temas de medio ambiente.

Agrega que es responsabilidad de la sociedad civil, Estado y empresa privada exigir medidas de protección al medio ambiente y la no mercantilización de la tierra.

El viernes 14 de abril, habitantes de las colonias Santa Rosa 1, 2, 3 y 4 y los caseríos San Juan las Minas y Santo Domingo, llegaron a la zona a esperar al supuesto dueño de la propiedad y a delegados de la alcaldía de Santa Ana, ya que llegarían a realizar mediciones.

Únicamente llegaron los delegados de la alcaldía, quienes aseguraron que han iniciado una investigación.

“Están privatizando todo el lago” dice turista

Los turistas no ven bien la medida de cierre que se quiere hacer al acceso al lago. “Uno ya no puede disfrutar de lo que hay aquí”, dice un turista ante la decisión.

“Vino el CAM a desalojarnos, que dicen que estamos invadiendo propiedad privada del lago y la orilla es libre”, dice uno de los vendedores, a quien elementos del CAM le obligaron a quitar su venta de la orilla del lago de Coatepeque.

El miércoles 12 de abril, elementos del Cuerpo de Agentes Metropolitanos llegaron a la zona del Lago de Coatepeque para hacerles saber a los vendedores y habitantes de la zona que no podían estar ahí, ya que ese acceso al lago será cerrado. Es conocido como el bajadero El Manguito, ubicado en Los Planes de la Laguna, departamento de Santa Ana.

El bajadero el Manguito es el único acceso de ese lado del lago para algunos turistas y lugareños. Por ahí bajan los vendedores y lancheros que ofrecen sus productos y servicios. El bajadero funciona desde hace 50 años aproximadamente, dice uno de los habitantes, quien lamenta que el propietario de esa parcela quiera cerrar.

Al cerrar el paso, dejarán sin agua a las comunidades que se abastecen del lago, a los lancheros que viven del turismo y a los turistas que llegan de Opico, El Congo, Sonsonate y otras zonas del país, dice con preocupación uno de los afectados.

Por lo menos unas 50 familias de unas 20 colonias serán afectadas con el cierre.

Milton Rivas, familiar de uno de los detenidos, lamentó que ni el abogado tenga acceso a visitarlos. Dijo que ellos también tienen derecho a verlos.