Integrantes de la Asociación de Trabajadores Retirados de la PNC (ASORES-PNC) señalan que a los adultos mayores se les despidió cuando tenían enfermedades crónicas, discapacidades y otros problemas de salud, por lo que consideran que es un atentado contra los derechos humanos.
Ante las dificultades que enfrentan, la asociación tiene tres propuestas: una es modificar este decreto para que haya una indemnización de ley, lo cual puede hacerse a través de la Asamblea Legislativa.
Reconocen que ya hicieron algunos intentos, pero los diputados del partido oficialista se niegan a dar los votos para modificar el artículo cuatro de la Ley Especial para el Retiro y el Otorgamiento de Compensación Económica del personal de la Policía Nacional Civil y de la Academia Nacional de Seguridad Pública (ANSP) mayores de 60 años.
Otra de las medidas que no descartan es presentar una inconstitucionalidad de la ley porque contradice la Ley de Protección al Adulto Mayor.
Y otra de las medidas que tienen en agenda es presentar una queja ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por la violación a los derechos laborales a los adultos mayores.
Marvin Reyes, del Movimiento de Trabajadores de la Policía, espera que la procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos se pronuncie, ya que la Presidencia de la República, el Ministerio de Trabajo y la Asamblea Legislativa no resuelven los problemas de los elementos policiales retirados forzosamente. Además, asegura que siguen los retiros forzosos en la corporación policial.