La directora del Instituto de Derechos Humanos de la UCA -Idhuca-, Gabriela Santos, dijo que el régimen de excepción ha suspendido derechos de los salvadoreños y ahora trascendió a la violación de derechos, tanto así, que ha llevado a presuponer que una persona es culpable, cuando no se le ha comprobado un delito. Santos dijo que es obligación del Estado probar que una persona ha cometido un ilícito.

Golpizas, violaciones sexuales, falta de alimento son algunas vulneraciones que se cometen en el penal de Apanteos

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A los despedidos no se les ha dado la oportunidad de defenderse ante un tribunal, dijo Patricia de Claudio. Pese a que se presentaron los casos documentados a la procuraduría General de la República, esta entidad no se pronunció al respecto.

Los trabajadores también acudieron al Tribunal del Servicio Civil, sin embargo nunca les recibieron la documentación en la que denunciaban los casos.

Patricia de Claudio, de la Mesa Permanente por la Justicia Laboral, dijo que debido a esta inoperancia de las instituciones nacionales han buscado apoyo a nivel internacional.

Patricia de Claudio, de la Mesa Permanente por la Justicia Laboral, dice que los despidos iniciaron el 3 de junio de 2019, a pesar que el presidente, en su discurso de toma de posesión, dijo que daría trabajo digno.

De Claudio dijo que un despido, sobre todo cuando no está justificado, significa violentar derechos humanos.

Desde que llegó el actual mandatario al poder, en el año de 2019, 19 mil 25 empleados han sido despedidos, del sector público, alcaldías y Asamblea Legislativa. 

Salomón Alfaro, del Movimiento de Trabajadores Despedidos, dijo que esto es grave ya que significa que estas familias se han quedado sin poder comprar alimento. Hay casos en los que no se puede pagar ni la educación de los hijos, entre otras repercusiones, al no tener una fuente de ingreso.

Muchos de los despedidos no han encontrado un trabajo estable, el despido significa perder calidad de vida, dijo Alfaro.

Las personas que se concentraron señalaron que el cierre de la única entrada pública, es una inminente privatización del lago de Coatepeque y afectará a familias de 20 comunidades.

Una turista que ingresó al lago por la entrada conocida como “El bajadero”, dice que si cumplen con el cierre del lugar, afectarán a familias que no pueden pagar entradas privadas al lago de Coatepeque.

El único acceso público que queda para el lago de Coatepeque también se usa para que beba agua el ganado del que viven unas familias, pescadores y lancheros

El cierre del “Bajadero”, como se conoce la entrada pública al lago de Coatepeque, afectará a familias de 20 colonias y a turistas que llegan de otros lugares, manifestaron las personas que se concentraron en el lugar.

La gente de la zona dice que han sido notificadas por personas particulares sobre el cierre del único acceso que ha quedado al lago, ubicado al sur de la ciudad de Santa Ana.

Una de las afectadas pidió la intervención de autoridades para evitar el cierre, porque las familias se abastecen de agua de esa parte del lago, agua que es de mucha utilidad para las casas que no disponen de ese servicio.