Muñoz insiste que a los cinco líderes buscan aplicarles el régimen de excepción, cuando no es válido por ser hechos que ocurrieron hace más de 30 años.

El abogado destaca irregularidades en el proceso, como presentar el requerimiento en su contra  extemporáneamente. También dijo que no se puede vulnerar el derecho a la salud. Con dichas acciones debe anularse la acusación por vulnerar derechos y garantías fundamentales, manifestó Muñoz.

Desde hace más de un mes, el abogado particular de los cinco líderes comunitarios de Santa Marta, Cabañas, asegura no ha podido contactar y visitar a los acusados. 

De acuerdo con el abogado del caso, Denis Muñoz, las autoridades están aplicando medidas del régimen de excepción en el caso, cuando el proceso en contra de los cinco líderes está relacionado a la guerra civil salvadoreña. 

Muñoz dijo que los acusados son personas adultas mayores, con enfermedades crónicas y no se les está dando la atención médica debida.  Además se les está vulnerando el derecho a la defensa técnica, es decir a preparar el caso a la hora de presentarse a la audiencia.

Ante las irregularidades, el abogado presentó este viernes, ante el Juzgado Quinto de Vigilancia Penitenciaria, un recurso en el que solicita poder hablar con sus representantes, además de acceder a un peritaje médico para verificar sus condiciones de salud, dijo Muñoz.

Según Reyes, a este grupo de oficiales de la PNC también se le debe aplicar la Ley de Compensación Para Retiro de Policías Mayores de 60 años, la cual sería aplicable el próximo año. 

El peligro que se corre, señala el representante del Movimiento de Trabajadores de la Policía, es que estos oficiales no quieran dejar sus espacios, y busquen quedarse como asesores de la corporación policial para no perder sus beneficios.

Marvin Reyes dice que estos oficiales deben dar cabida a nuevas generaciones.

Desde abril del año pasado hasta la fecha, unos tres mil policías han tenido que retirarse de la corporación policial de manera forzosa, luego que el mismo director policial Mauricio Arriaza Chicas aprobara una resolución conocida popularmente como “jubilación forzosa”.

Para fortalecer el acuerdo político, en mayo del año pasado, los diputados aprobaron la Ley de Compensación Para Retiro de Policías Mayores de 60 años, según explicó Marvin Reyes del Movimiento de Trabajadores de la Policía, en la entrevista de YSUCA. 

Sin embargo, con estos procesos se han eliminado los contrapesos de la policía, dice Reyes, ya que se han despedido a oficiales del nivel superior que provenían de la exguerrilla del FMLN y a los militares que ingresaron a la policía, después de los Acuerdos de Paz, que se conocen como la “tandona”, no se les ha tocado y siguen protegidos. Este grupo está formado por unos 40 policías.

Estos oficiales siguen gozando de muchos beneficios, ya que además del salario de la PNC, tienen una pensión del IPSFA. Además, tienen otros beneficios económicos como dobles salarios, bonificaciones, dijo Marvin Reyes.

Reyes denuncia que estos altos mandos de la policía se han lucrado por más de 30 años.

Por su parte, Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana, dijo que instituciones importantes como la FGR, encargadas de la persecución del delito, no tienen recursos para ejecutar su trabajo.

Además, Escobar lamentó que haya instituciones que no ejecutan el 100% del presupuesto y aun así se les aumenta. Mientras otras no tienen refuerzo presupuestario.

Acción Ciudadana presentó el resultado del seguimiento al monitoreo de las asignaciones presupuestarias a las instituciones de control 2023.

Las instituciones de control sujetas de estudio en el informe son: La Fiscalía General de la República, Procuraduría General de la República; Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, Instituto de Acceso a la Información, IAIP; Tribunal de Ética; Corte de Cuentas y Órgano Judicial. 

Graciela Ayala, coordinadora del Centro de Monitoreo Institucional de Acción Ciudadana, explicó que instituciones como la FGR invierte más en remuneraciones o pago de salarios. En el rubro como capital humano no ha habido mayor inversión y en la Dirección en la Defensa de los intereses de la sociedad, que investiga los delitos comunes, hay una reducción de presupuesto. 

Otras instituciones como la PGR, PDDH son instituciones que más personal urgió en el marco del régimen de excepción y el Ministerio de Hacienda les aprobó un presupuesto bajo. En cuanto al IAIP, no se refleja mayor aumento en su presupuesto y no se ven mejoras en el servicio que presta. Tampoco el Tribunal de Ética Gubernamental, precisó Ayala. Mientras que el Órgano Judicial por constitución presenta anualmente un aumento. Sin embargo, no se ejecuta el 100% de los fondos. En 2021 y 2022 no se ejecutaron 67 millones. Ayala añadió que El Salvador, Honduras y Nicaragua son los países que menos invierten en las instituciones de control.

El profesor Óscar de la Torre dijo que hay que considerar, que al menos 40% de todos los conflictos internos de los países en los últimos 60 años, han tenido un vínculo con los recursos naturales. Los países enfrentan la depredación y explotación de recursos no renovables y renovables.

Debido a esto, dice De la Torre, las consecuencias ambientales negativas suelen afectar más a los pobres que dependen directamente de los recursos naturales para su supervivencia. Ya que se les destruyen sus fuentes de alimento y junto a esto aparecen enfermedades. Por otro lado se relegan a las comunidades campesinas e indígenas.

El profesor Óscar de la Torre dijo que hay que considerar, que al menos 40% de todos los conflictos internos de los países en los últimos 60 años, han tenido un vínculo con los recursos naturales. Los países enfrentan la depredación y explotación de recursos no renovables y renovables.

Debido a esto, dice De la Torre, las consecuencias ambientales negativas suelen afectar más a los pobres que dependen directamente de los recursos naturales para su supervivencia. Ya que se les destruyen sus fuentes de alimento y junto a esto aparecen enfermedades. Por otro lado se relegan a las comunidades campesinas e indígenas.

Las formas en que las sociedades han venido desarrollándose no ha sido la correcta, ya que se ha priorizado la distribución urbana y esto ha aumentado los patrones de consumo alimentarios y energéticos, lo que según Óscar de la Torre, profesor de Biodiversidad en la maestría en Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, tiene un impacto muy negativo en la naturaleza. 

Según dijo el profesor universitario, existe un interés económico de algunos grupos de la sociedad. 

A raíz de ello, se han simplificado o incluso devastado hábitats y ecosistemas para generar monocultivos, desarrollar la ganadería y la pesca comercial. Si bien dicha simplificación tiene ciertas ventajas de “eficiencia” y económicas, también ha generado grandes costos.

Esta semana han sido capturados un total de doce jóvenes entre mujeres y hombres en Masahuat, municipio del departamento de Santa Ana. Se les acusa de ser miembros de estructuras delincuenciales, dijo el profesor de la localidad José Garay.

Según Garay, a los capturados se los han llevado de manera arbitraria e injusta, ya que no se les ha comprobado que pertenezcan a ninguna pandilla. Muchos de ellos estudian y trabajan para poder mantener a sus familias, añadió.