¿Cuál es la apuesta de un Estado en el tema de justicia? Esa es la pregunta que plantea Silvia Juárez, coordinadora del Programa hacia una vida libre de violencia para las mujeres, de la Organización Mujeres Salvadoreñas por la Paz, ORMUSA.

De acuerdo con Juárez, actualmente las instituciones estatales que trabajan el tema de los derechos de las mujeres no están realizando su labor y no se está haciendo nada para evitar que más mujeres sean asesinadas.

La Asociación Pro-Búsqueda demanda que se estudie y se apruebe el proyecto de Ley de Reparación de Víctimas del Conflicto Armado Salvadoreño, elaborado a partir de consultas con colectivos de víctimas. Piden además que se propicien procesos que determinen las responsabilidades específicas que permitan avanzar en la justicia y que se respeten las garantías fundamentales para continuar en la construcción de un Estado democrático.

La directora ejecutiva de la asociación, Ana Julia Escalante, dice que en el marco de la conmemoración del Día de la Niñez Desaparecida, debe recordarse que el hecho implicó graves violaciones a los derechos humanos, durante la guerra salvadoreña.

Asociación Pro Búsqueda pide al Estado acceso a archivos que permitan encontrar a menores desaparecidos

La Asociación Pro-Búsqueda de Niñas y Niños Desaparecidos se pronunció, en el marco del Día de la Niñez Desaparecida, que se conmemora cada 29 de marzo.

La justicia salvadoreña sigue sin dar respuesta a las familias víctimas de la desaparición de menores durante el conflicto armado salvadoreño, quienes desde 1994 emprendieron una lucha por saber dónde están, quién se los llevó y por qué lo hicieron.

La Asociación Pro-Búsqueda reporta que ha tomado 1033 casos de menores desaparecidos durante la guerra . De éstos y hasta 2022, ha resuelto 465 casos, logrando el reencuentro de 287 personas, pero tiene pendiente 568 niños y niñas aún sin ubicar su paradero.

El jurídico de la asociación, Helí Hernández, dice que el acceso a archivos de las instituciones involucradas en el conflicto armado es necesario para esclarecer las desapariciones. Sin embargo, es bloqueado.

La evaluación y confianza de los salvadoreños en las instituciones de justicia y seguridad han tenido una reducción importante si se comparan con los resultados que se han obtenido hace seis meses, dijo la directora del IUDOP Laura Andrade.

La última encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública, de la UCA, IUDOP, también evaluó el desempeño de varias instituciones de gobierno, dijo Laura Andrade, directora del IUDOP.

Andrade dijo en la entrevista de Radio YSUCA que el presidente de la República, la Fuerza Armada y la Policía Nacional Civil son las entidades que reciben los porcentajes más altos de confianza ciudadana así como las calificaciones más elevadas por su labor en este año de vigencia del régimen.

Sin embargo, Laura Andrade dijo que el nivel de confianza baja cuando se le pregunta a la población si creen que estas entidades les ayudarían a aclarar su inocencia al llevarse a cabo una detención injustificada o arbitraria.

La Mesa Frente a la Minería Metálica manifestó que están en alerta ante las amenazas de reactivar la minería, debido a que el actual gobierno está recibiendo presiones de las empresas internacionales para darle apertura nuevamente a la minería.

Incluso la mesa denunció que ambientalistas que lucharon por la prohibición de la minería, hace algunos años, han sido capturados en un proceso irregular por parte de los operadores de justicia. 

Las organizaciones ambientales enfatizan que ellos han presentado una propuesta de reglamento de ley con las recomendaciones para hacer efectivo el cierre de las minas y la limpieza de los espacios contaminados.

La Mesa señala que a pesar de la prohibición, el Estado no ha cumplido con el mandato de ley. Se cuenta con estudios y elementos probatorios sobre el peligro que persiste en las minas abandonadas. A eso se suma el daño que ocasionará la mina transfronteriza Cerro Blanco, en Guatemala, que amenaza el 70% del agua de San Salvador.

Ariela González, integrante de la Mesa, emitió las recomendaciones al Estado salvadoreño.

El Salvador cumplió 6 años de haber prohibido la minería metálica y, a pesar de su prohibición, organizaciones aseguran que el Estado salvadoreño poco o nada ha hecho por darle cumplimiento a la normativa.

La misma ley manda al Estado salvadoreño al cierre técnico de los 15 pasivos mineros en abandono, llevar a cabo los procesos de remediación ambiental en las comunidades afectadas, además de concretar la minería artesanal.

La Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica cuestionó el poco avance por alcanzar en su totalidad la prohibición de la minería y señala que como comunidades siguen luchando su cumplimiento y su prohibición, señala Vidalina Morales.

Con respecto al régimen de excepción y, según la encuesta de la UCA, es aceptado por la población, a tal punto que para esta ocasión 85.7% de los consultados dicen sentirse seguros con esta medida. 

Según dijo el abogado constitucionalista Enrique Anaya, la aceptación se da debido a que hay un efecto producido en materia de seguridad pública.

Desde hace un año El Salvador está viviendo bajo un régimen de excepción que ha suprimido derechos. Sin embargo, los salvadoreños desconocen, luego de un año de vigencia, cuáles son las garantías y los derechos suspendidos por esta medida.

Desde marzo del año pasado los salvadoreños no tienen derecho a la inviolabilidad de la correspondencia y las telecomunicaciones, además se ha perdido el derecho de defensa, la suspensión del plazo máximo de detención administrativa ha cambiado y se ha perdido la libertad de reunión y asociación.

El abogado constitucionalista Enrique Anaya señala que a la mayoría de salvadoreños les hace falta educación en materia cívica, prueba de ello es el desconocimiento de sus derechos. Anaya dice que es preciso seguir denunciando los atropellos que el régimen de excepción causa, ya que esta podría ser una forma en la que las personas podrían ir teniendo una mejor percepción acerca de lo que se viola en el régimen de excepción.

Ante esto, los representantes del Sindicato de CONAMYPE se reunieron con la procuradora adjunta para derechos económicos sociales y culturales, Yanira Díaz, quien les dijo que próximamente darán una resolución para buscar reivindicar los derechos violentados.

Zelaya dice que desde el año pasado han solicitado a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos que establezca una mesa de diálogo entre los sindicalistas y la presidencia de CONAMYPE. Una vez más volvieron a solicitarla.