Integrantes del Sindicato de Trabajadores de la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (CONAMYPE) se presentaron a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos para dejar una serie de denuncias contra el presidente de CONAMYPE, Paul David Steiner, por una marcada cultura antisindical, según manifestaron.

Erick Zelaya, secretario de organización y estadística del sindicato, manifiesta que Steiner aplica medidas antisindicales -en su gestión- a tal punto que descuentan parte del salario a quien acude a las actividades del sindicato.

Presentan iniciativas para prevenir feminicidios y proteger a las mujeres que han sido víctimas de violencia. 

Las iniciativas fueron presentadas en la Asamblea Legislativa por la diputada del partido VAMOS, Claudia Ortiz. Las propuestas buscan reformar la Ley Integral para una Vida Libre de violencia para las Mujeres (LEIV).

La diputada Ortiz dice que debe crearse una alerta temprana para la prevención de feminicidios, que la Policía Nacional Civil pueda acceder a un registro para saber si la mujer que denuncia ya había alertado a las autoridades.

El colectivo solicitó medidas cautelares a la CIDH para que frene la destrucción de Valle El Ángel y suspenda los permisos ambientales otorgados a las empresas urbanizadoras.

La lucha por parte de las comunidades y las organizaciones viene desde 2018 y, hasta la fecha, las instituciones estatales no le han dado respuesta. El Estado le ha dado la espalda a la justicia ambiental, lamentan las organizaciones.

El colectivo asegura que las instituciones que tienen que impartir justicia han favorecido a los grupos de la oligarquía al rechazar la demanda de inconstitucionalidad, dijeron Dalia González y Judith Barrera del Colectivo Valle El Ángel.

El Colectivo Salvemos Valle El Ángel y el Foro del Agua aseguran que han agotado todas las instancias nacionales para frenar la destrucción que al menos seis proyectos de la zona Norte de San Salvador pueden causar, poniendo en peligro el abastecimiento de agua para todo El Salvador.

Ante la falta de justicia por parte de las instituciones nacionales, las organizaciones acudieron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CIDH y denunciaron al Estado por su "complicidad" para la construcción del proyecto Valle El Ángel, explicó Dalia González del Foro del Agua.

Por otro lado, integrantes de Bases Magisteriales manifiestan que el Ministerio de Educación violenta la Ley de la Carrera Docente porque los maestros que renuncian voluntariamente deben recibir una compensación y no parte de esta, como ocurre actualmente.

La organización pone como ejemplo que el 24 de marzo del presente año, el Ministerio de Educación depositó en las cuentas bancarias de los docentes que se pensionaron a partir del 1 de enero del presente año, sólo el 30% que les corresponde a cada uno. Esto violenta el artículo 36-D de la Carrera Docente.

Otro de los cuestionamientos es que la cartera educativa no ha entregado el presupuesto escolar a ningún centro educativo del país, denunció Villegas.

Integrantes de la coordinación nacional de Bases Magisteriales anunciaron que acudirán al Tribunal de la Carrera Docente, de los departamentos de La Libertad y Usulután, para solicitar la remoción de los presidentes de las Juntas de la Carrera Docente de esos departamentos. 

Según los representantes de Bases Magisteriales, los presidentes de la carrera docente de dichos departamentos supuestamente ejercen su cargo cometiendo abuso de autoridad y se atribuyen funciones que la ley no les confiere.

Jorge Villegas, secretario general de Bases Magisteriales, dice que estos presidentes realizan actos que atentan contra los docentes, es por eso que pedirán de manera formal su  destitución.

Patricio Pineda señala que los grupos etarios consultados por los encuestadores son jóvenes y aducen que la reforma hecha el año pasado es positiva, ya que no han experimentado en carne propia lo difícil que es vivir con un monto bajo de salario.

Es urgente educar en materia financiera a la población

La reciente encuesta coyuntural marzo 2023, realizada por la Fundación Guillermo Manuel Ungo, FundaUngo, ha dado a conocer que la percepción de la población sobre la reforma a las pensiones, hecha en el Legislativo el año pasado, goza de aceptación. El 68.4% de la población las considera muy positivas y solo el 14.0% las considera negativas.

Según Patricio Pineda, de la Mesa de Trabajo por una Pensión Digna, el apoyo en este tema se da porque hay mucho desconocimiento y, por ello, se propone educar en materia financiera a la población.

Por su parte, Stanley Quinteros, del Socorro Jurídico Humanitario, dijo que han documentado más de 20 mil personas capturadas que no tienen ningún vínculo con estructuras criminales, pero que han servido a las autoridades para hacer números.

Quinteros dice que esto es grave, ya que sobre el Gobierno recaen las muertes de inocentes; y esto se sustenta con el testimonio y pruebas presentadas por 126 familias que han tenido que vivir la muerte de un familiar.

Durante la entrevista de Radio YSUCA se dieron a conocer datos sobre violaciones de Derechos Humanos en el marco del Estado de Excepción. Según Verónica Reyna, del Servicio Social Pasionista, se han documentado casos desde el 27 de marzo del año pasado hasta el 15 de marzo de este año.

Reyna señaló que se han identificado a 5 mil 82 víctimas directas, luego de registrar un total de 4 mil 723 casos de presuntas violaciones de derechos humanos. 

La representante del Servicio Social Pasionista señaló que el informe contabiliza un total de 111 muertes de personas privadas de libertad, sin que a la fecha existan investigaciones independientes, a través de las cuales se determinen las responsabilidades penales que individualicen a los responsables de dichas muertes.

De acuerdo con lo expresado por Verónica Reyna, del Servicio Social Pasionista, el hecho violatorio que ha caracterizado al régimen de excepción ha sido la detención arbitraria, el cual predomina en un 95% de las denuncias documentadas. 

Este hecho vulnerador no puede verse aislado; y en gran medida las denuncias reflejan que ha estado acompañada de otras vulneraciones como el allanamiento de morada, las amenazas, el acoso policial, malos tratos, tratos crueles inhumanos o degradantes, limitación ilegal a la libre circulación, intimidación, la falta al debido proceso, entre otras afectaciones que establecen escenarios que dan pauta al desplazamiento forzado interno dijo Verónica Reyna, quien lamentó que en este contexto haya muy poco que hacer en términos legales.