Otras madres aseguran que la inteligencia del Estado sabe quienes son los delincuentes, y se preguntan ¿Por qué han capturado a personas trabajadoras y con hijos? Algunas personas han calificado como una “burla” esa estrategia de seguridad que, a su juicio, no garantiza la captura de los verdaderos criminales.

Familiares de personas detenidas arbitrariamente, aglutinadas en el Movimiento de Víctimas del Régimen, MOVIR, marcharon el martes tras cumplirse un año del régimen de excepción.

En el marco de la guerra contra las pandillas —como le denomina el Ejecutivo— hay salvadoreños que han sido capturados de manera arbitraria, según lo han denunciado sus familiares.

Muchas madres, abuelas, hermanos, que se unieron a la marcha aseguran que sus seres queridos no pertenecen a grupos pandilleriles y lamentan que, luego de un año y de haber comprobado la inocencia de sus parientes, aún no obtengan su libertad, señalan las familias.

Opinan que el régimen de excepción solo ha traído paz para algunos, mientras otros están sufriendo la omisión de la investigación de los casos y la injusticia del sistema judicial. 

Algunas madres dicen que han perdido hasta el derecho de saber sobre sus hijos, por ello piden al Gobierno corregir los errores y liberar a los capturados injustamente, enfatizan los familiares.

Por otra parte, a pesar de no conocer los derechos suspendidos, entre quienes respaldan el régimen hay críticas al mismo. El 43.1% de los consultados señaló que el mayor fracaso del régimen de excepción es la captura de personas inocentes. El número de salvadoreños que dijo conocer personas inocentes víctimas del régimen de excepción aumentó. Del 16.5% pasó al 34%.

Además, en un caso hipotético en que los consultados fueran denunciados mediante una llamada anónima, la mayoría de los salvadoreños dijeron que no confiaban en que la Policía, Fiscalía y jueces  les ayudarían a aclarar su inocencia y a ponerlos en libertad. Sin embargo, califican bien a estas instituciones. 

Según Omar Serrano, estas aparentes contradicciones obedecen a  que existe una dicotomía equivocada. Las autoridades han hecho creer a la población que hay que elegir entre tener paz o respetar los derechos humanos.

La encuesta del Instituto de Opinión Pública de la UCA, Iudop, revela que la gran mayoría de salvadoreños consultados no sabe qué derechos se han suspendido a raíz de la vigencia del régimen de excepción.  El derecho que menos conocen es el de la inviolabilidad de la correspondencia y las telecomunicaciones. Más del 86% desconoce que este derecho está suspendido. 

Pero además, desconocen que bajo el régimen de excepción está suspendido el derecho a la libertad de reunión y asociación,  el plazo de la detención administrativa y el derecho a la defensa. 

En total, 77.7% de consultados no sabe qué derechos se le han suspendido. Sin embargo, en medio de ese desconocimiento respaldan el régimen de excepción que lleva un año de vigencia. 

Este aspecto es lo más llamativo de la encuesta, opina Omar Serrano, vicerrector de Proyección Social de la UCA, ya que está vinculado a la aceptación o rechazo del régimen de excepción.

El régimen de excepción dejó en evidencia el fallo del Plan Control Territorial, a través  del cual el Estado aseguraba tener bajo control la situación de violencia que vive el país, dijeron los representantes del Foro Nacional de Salud.

Además, se han eliminado controles legales sobre procesos administrativos para el uso de fondos públicos y contrataciones gubernamentales, fomentando la corrupción, la falta de transparencia y rendición de cuentas, sobre el manejo de los recursos públicos en materia de seguridad y justicia, una práctica que se extiende en todo el aparato de Estado, agregó Murillo y Claudia Pérez, integrantes del Foro Nacional de Salud.

Terror, represión, persecución y estigmatización. Durante 12 meses, bajo la figura del régimen de excepción, el Ejecutivo ha utilizado a las fuerzas de seguridad del Estado para implementar una política en contra de las comunidades históricamente excluidas y vulneradas, señala el Foro Nacional de Salud.

Morena Murillo manifestó que en un año se han generado violaciones sistemáticas de derechos humanos en las comunidades, incluyendo el derecho a la movilidad y el derecho a la organización comunitaria.

Asimismo, el régimen de excepción ha reprimido y acallado voces de los defensores y defensoras de derechos humanos en los territorios, indicó Murillo.

El Foro Nacional de la Salud dijo que ve positiva la persecución contra los criminales, un mal que por décadas ha golpeado al país. Sin embargo, las medidas de excepción se han extendido a comunidades y poblaciones en pobreza, precisó Murillo.

Una de las abogadas de la cooperativa, Dalia González, explicó algunos delitos de los que acusan a Palomo.

Según Cantarero, Palomo estafó a la cooperativa con más de $700,000.00, además, señala que se habría apropiado de la maquinaria que había en la cooperativa. Y, con el fin de lotificar, taló árboles en unas 30 manzanas de cafetal.

Cristobal Toledo, habitante del Cantón El Triunfo señala que hay una subasta de las tierras y asegura que las más de 293 familias no se moverán de esa propiedad.

Integrantes de la Cooperativa El Bosque de R.L., ubicada en el Cantón El Triunfo de Santa Tecla, acompañados por la Mesa Territorial del Foro del Agua, de la Cordillera del Bálsamo, denuncian al señor Luis Antonio Palomo Urbina, por los delitos de estafa agravada, administración fraudulenta y delito de falsedad material.

Durante la conferencia, los denunciantes portaron pancartas en las que se leía “Cooperativa El Bosque exige justicia”.

Juan Cantarero, habitante del Cantón El Triunfo, asegura que fueron víctimas de estafa cuando Luis Antonio Palomo, les prometió cancelar la deuda que tenían como cooperativa, con un banco y ahora les quita propiedades.

Organizaciones indígenas se pronunciaron en la Iglesia Luterana Salvadoreña y denunciaron que, desde hace un año, han sido sometidos y sometidas a un régimen de excepción que anula las libertades y garantías que como seres humanos tienen en el territorio que cohabitan.

Las organizaciones señalaron que en virtud de los valores que han heredado de sus ancestros, están seguros que sólo la solidaridad y la empatía les devolverá a sus seres queridos detenidos, según dicen injusta y arbitrariamente.

Manuel Fernández, representante de la Federación de Pueblos Originarios del Sur, pidió libertad para los detenidos en sus comunidades y que no se prorrogue el régimen de excepción.