Los datos recopilados en el informe revelan que el 87% murió mientras estaban internos en los centros penitenciarios, Izalco 43%, Mariona 29%, Apanteos 9%, Quezaltepeque 4%, otros centros penales 4%, en las bartolinas de la PNC (El Penalito, Moncagua, Soyapango y San Miguel) un 4% y el 9% no se logró recabar el lugar de reclusión.

Escobar denunció que un sindicalista que no pertenecía a grupos delincuenciales murió por falta de medicinas y atención médica. Además, una mujer fue llevada tardíamente a un hospital, por lo que perdió la vida.

La muerte violenta es la principal causa de fallecimientos al interior de los penales, durante el régimen de excepción.

126 personas fallecidas durante el régimen de excepción entre el 28 de marzo de 2022 y 22 de marzo de 2023, es por muerte violenta. Así lo revela el Informe Anual acerca de Víctimas Mortales del régimen de excepción en El Salvador, presentado por Socorro Jurídico Humanitario.

La representante de esta organización, Ingrid Escobar, explica que las personas capturadas arbitrariamente murieron por violencia, atención médica, enfermedad terminal y un 19% por causas desconocidas.

La población mayormente afectada son hombres, con un 83.55% y el 14.62% son mujeres. Los departamentos con mayor cantidad de vulneraciones son: San Salvador, con un total de 1,897 víctimas; seguido de la Libertad, con 566 y Sonsonate, con un total de 462. Otros departamentos afectados son Usulután, con 388 víctimas; Santa Ana, con 357; y Ahuachapán con un total de 280 víctimas. Sin embargo, el régimen ha vulnerado los derechos humanos en todo el territorio nacional.

El 95% de las denuncias documentadas por las seis organizaciones revelan que la característica del régimen de excepción es la detención arbitraria. Dichas violaciones han sido acompañadas de otras, como: amenazas, acoso policial; malos tratos crueles y degradantes, tortura; falta al debido proceso, limitación ilegal a la libre circulación; violencia sexual, entre otras.

Las organizaciones señalaron que no hay claridad en el caso de las muertes ocurridas en los centros penales. Revelan que muchas han sido violentas y otras naturales, pero no se han realizado los procesos, indicó Verónica Reyna, del Servicio Social Pasionista.

A un año de la implementación del régimen de excepción, siete organizaciones de la sociedad civil presentaron el informe sobre violaciones de derechos humanos.

Según el registro de las organizaciones, durante el régimen de excepción han identificado 4 mil 723 casos de violaciones de derechos humanos y 111 personas han fallecido bajo custodia del Estado salvadoreño.

De acuerdo con Gabriela Santos, directora del Instituto de Derechos Humanos de la UCA, Idhuca, los datos homologados de las instituciones revelan más de 5 mil víctimas directas de presuntas violaciones a los derechos humanos.

En los casos de emprendimientos, los salvadoreños tienen la oportunidad de optar a un capital semilla para iniciar sus negocios. Además, hay un seguimiento de sus casos con el fin de capacitarlos en nuevos conocimientos, explicó Elio Guevara, especialista en emprendimiento de Swisscontact.

Por más de 6 años, el proyecto Géne-sis Nuevas Oportunidades de Swisscontact ha apoyado a salvadoreños que retornan al país mediante  diferentes componentes de trabajo, en busca de contribuir a su inserción laboral y la obtención de ingresos. 

Juan Ramón Rivas, asesor técnico del proyecto Géne-Sis de Nuevas Oportunidades de Swisscontact, dijo que el apoyo para los migrantes retornados son varios, entre ellos dar herramientas para que el proceso de empleabilidad sea más fácil y para quienes han tenido experiencia  con negocios en Estados Unidos les apoyan a seguir desarrollando sus emprendimientos. 

A la fecha, han beneficiado a unos 500 migrantes retornados, pero según sus proyecciones, hace falta incorporar al proyecto a unas 700 personas.

Lilian Portillo, alcaldesa del municipio San Esteban Catarina, señala la importancia de resguardar la memoria histórica. Por eso, plasmar los nombres de salvadoreños inocentes en una placa es conmemorar su martirio. 

Por otra parte, percibe que actualmente hay libertades que se están restringiendo como sucedía en la época del conflicto armado. El odio y la división han regresado, dice la alcaldesa.

Vargas compara la época dura de la guerra con la actual y percibe hechos similares. Los soldados vuelven a generar terror al torturar a los jóvenes, como sucedía durante el conflicto armado. De nuevo, vuelve a vivir la represión, ahora bajo el régimen de excepción.

La placa  contiene más de 500 nombres de salvadoreños y salvadoreñas que durante la guerra civil en El Salvador fueron asesinados por la Fuerza Armada. Todos eran habitantes de comunidades de la zona norte de San Vicente. 

La placa se instaló en el cantón Los Cerros de San Pedro, San Esteban Catarina, San Vicente, donde en agosto de 1982, inició la huida de cientos de salvadoreños tras el operativo de la Fuerza Armada que provocó la masacre del Calabozo.

Dos años antes, Buenaventura Vargas, a sus 4 años presenció el asesinato de su madre a manos de soldados, el 07 de agosto de 1980. Aún le conmueve recordar aquellos momentos.

Según la encuesta de Fundaungo, la disminución de compra de alimentos se ha producido desde noviembre del año pasado, esto es grave ya que ahora hay más hogares en inseguridad alimentaria.

Este panorama ha revelado que ahora el 42.9% de las familias reportó que la situación económica ha empeorado, por diferentes motivos, como por ejemplo los aumentos de precio en los productos de la canasta básica o la pérdida de empleo de algún miembro del hogar.